CE - Sentencia 54001233300020160028301 de 2025

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Radicado: 54 001 2333 000 2016 00283 01

Demandante: Gilberto Garavito Ramírez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación: 54 001 2333 000 2016 00283 01

Demandante: Gilberto Garavito Ramírez

Demandado: Departamento Norte de Santander – Asamblea

Departamental

Tema: Es competente la Asamblea Departamental para facultar al gobernador a participar a nombre de la entidad territorial departamental junto con otras entidades públicas en la creación y constitución de una empresa de servicios públicos domiciliarios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el 11 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A., el ciudadano Gilberto Garavito Ramírez, actuando en nombre propio,

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A., el ciudadano Gilberto Garavito Ramírez, actuando en nombre propio, demandó al Departamento del Norte de Santander, con el objeto de que se acceda a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“Declarar la nulidad La Ordenanza 02 del 4 de abril de 2016 cuya copia anexo, Por la cual se Otorgan Facultades al Gobernador para participar en nombre del2

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Departamento y en asocio con los Municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, y Municipio de los Patios y otras entidades públicas, en la constitución de una empresa metropolitana de servicios públicos domiciliarios, sociedad por acciones, acorde c on lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y realizar los trámites presupuestales a que haya lugar. […]”

1.1.2. El acto acusado

En este proceso se pretende la nulidad de la Ordenanza número 002 del 4 de abril de 2016 expedida por la Asamblea Departamental de Norte de Santander, la cual dispuso lo siguiente:

“POR LA CUAL SE OTORGA FACULTADES AL GOBERNADOR PARA PARTICIPAR A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Y EN CONJUNTO CON LOS MUNICIPIOS DE

Santander, la cual dispuso lo siguiente:

“POR LA CUAL SE OTORGA FACULTADES AL GOBERNADOR PARA PARTICIPAR A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Y EN CONJUNTO CON LOS MUNICIPIOS DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y OTRAS ENTIDADES, EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SOCIEDAD POR ACCIONES ACORDE CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY 142 DE 1994 Y REALIZAR LOS TRÁMITES

PRESUPUESTALES A QUE HAYA LUGAR”.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER, en uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 300 y 356 de la constitución política de 1991, ley 819 de 2003, ley 142 de 1994 artículo 7.

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al señor Gobernador de Norte de Santander para participar a nombre del Departamento Norte de Santander, en conjunto con los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y de Los Patios y otras entidades, en la creación y constitución de una empresa me tropolitana de servicios públicos domiciliarios, sociedad por acciones de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y las demás normas que regulan la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al señor Gobernador para realizar traslados, adiciones, movimientos presupuestales, aportes y autorizar los gastos que se requieran de conformidad con las normas presupuestales para cumplir con las facultades aquí otorgadas.

traslados, adiciones, movimientos presupuestales, aportes y autorizar los gastos que se requieran de conformidad con las normas presupuestales para cumplir con las facultades aquí otorgadas.

ARTÍCULO TERCERO: Las facultades que se confieren por medio de la presente ordenanza al Gobernador del Norte de Santander tendrán un término treinta y seis (36 meses), contados a partir de la fecha de la sanción y publicación de esta ordenanza.

PARÁGRAFO UNICO: El Gobierno informará a la Honorable corporación, durante el periodo de sesiones ordinarias el estado en el que se encuentra la aplicación del proceso de facultades conferidas en la presente ordenanza.3

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ARTÍCULO CUARTO: La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dada en San José de Cúcuta, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil diez y seis (2016)”. (Negrita texto original)

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora afirma que el proyecto de ordenanza que se demanda fue presentado por iniciativa d el Gobernador a la Asamblea Departamental, corporación que lo aprobó después de agotar 3 debates reglamentarios sin observaciones. Agrega que el citado proyecto fue sancionado por el Gobernador el 4 de abril de 2016.

corporación que lo aprobó después de agotar 3 debates reglamentarios sin observaciones. Agrega que el citado proyecto fue sancionado por el Gobernador el 4 de abril de 2016.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión del demandante el acto acusado infringe los artículos 300, 319 y 367 de la Constitución Política; Ley 142 de 1994 y la Ley 1625 de 2013.

Señala que el artículo 300 de la Constitución Política en ninguno de sus numerales indica que las Asambleas Departamentales puedan mediante ordenanza otorgar facultades al Gobernador. Destaca que el numeral 7 de la citada disposición no establece la posibi lidad de otorgar facultades para participar en la constitución de una empresa metropolitana de servicios públicos por acciones, ya que dicha norma únicamente prevé la creación de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento. Precisa que el numeral 9 establece las autorizaciones pro tempore de las funciones que corresponden a la asamblea; sin embargo, el acto demandado pretende sustituir dichas autorizaciones por facultades para participar, figura que no está prevista en dicha norma.

Considera que la ordenanza demandada, también vulnera el artículo 319 de la Constitución Política, al usurpar las competencias propias del Área Metropolitana de Cúcuta, máxime cuando la Constitución sólo permite a los4

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departamentos el apoyo financiero en materia de prestación de servicios públicos de acueducto y demás domiciliarios.

Estima que el acto acusado desconoce el artículo 367 Superior, que fijó las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y que ordenó que se prestarán por cada municipio. Resalta que los municipios que involucra el acto demandado tienen su propia empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado lo que implica desconocer los contratos de operación y mantenimiento de dichas empresas.

Asegura que, de acuerdo con los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7° de la Ley 142 de 1994 , las competencias de los departamentos en relación con los servicios públicos corresponden a funciones de apoyo financiero y coordinación, por lo que salirse de ese marco, constituye una usurpación de las competencias de los municipios señaladas en la Constitución y la ley.

Aduce que la empresa no creada y en la que se pretende participar , viola flagrantemente la Ley 1625 de 2013, ya que usurpa funciones de creación que solo pueden darse mediante un acuerdo metropolitano y no mediante una ordenanza departamental, para lo cual cita los artículos 6° (literal b. ), 7° (literal f.), 9º, 18, 20 (literales a. y b.), 32 y 33 de la citada normativa.

una ordenanza departamental, para lo cual cita los artículos 6° (literal b. ), 7° (literal f.), 9º, 18, 20 (literales a. y b.), 32 y 33 de la citada normativa.

1.2. Contestación de la demanda.

El Departamento de Norte de Santander contestó la demanda en la que se opone a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que dicho ente territorial no desconoció ninguna de las normas invocadas en el escrito introductorio.

Manifestó que en atención al principio de unidad de materia el gobernador puede recibir pro tempore facultades por parte de la Asamblea5

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Departamental, entre las cuales se encuentra la autorización para determinar la estructura de su administración, crear establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento , así como autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

Señaló que, en la ordenanza acusada, se otorgan facultades al gobernador para participar en nombre del departamento y en asocio con otros municipios y entidades públicas, en la constitución de una empresa metropolitana de servicios domiciliarios, sociedad por acciones, conforme con la Ley 142 de 1994, lo que significa que dicha entidad es equivalente en su régimen jurídico a los establecimientos públicos. Indicó que, si las Asambleas Departamentales están facultadas para crear establecimientos públicos del orden departamental, no existe impedimento constitucional, ni

su régimen jurídico a los establecimientos públicos. Indicó que, si las Asambleas Departamentales están facultadas para crear establecimientos públicos del orden departamental, no existe impedimento constitucional, ni legal para crear y revestir pro tempore al gobernador para que cree la constitución de una empresa metropolitana de servicios públicos domiciliarios, sociedad por acciones, de acuerdo con la Ley 142 de 1994.

Insistió en que de los numerales 7 y 9 del artículo 300 de la Constitución Política se infiere que las Asambleas Departamentales pueden autorizar al gobernador para ejercer pro tempore precisas facultades que le correspondan a ella, entre las cuales se encuentra la de crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento, así como autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en audiencia celebrada el 11 de julio de 2017 dictó sentencia 1 en la que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1 Folios 56 a 61.6

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Señaló que, de conformidad con los numerales 7° y 9° del artículo 300 de la Constitución, la Asamblea Departamental puede autorizar al Gobernador para ejercer pro tempore precisas facultades que le corresponden a dicha

Señaló que, de conformidad con los numerales 7° y 9° del artículo 300 de la Constitución, la Asamblea Departamental puede autorizar al Gobernador para ejercer pro tempore precisas facultades que le corresponden a dicha corporación, entre las cuales se encuentran la creación de establecimientos públicos y de empresas industriales o comerciales del departamento, así como la autorización para la formación de sociedades de economía mixta.

Precisó que para que el gobernador pueda ejercer la citada facultad debe cumplir estrictamente con los siguientes condicionamientos: i) que se otorgue por un tiempo preciso; ii) que las funciones sean las que corresponden a la Asamblea; y iii) que sean precisas, esto es, que no existan dudas sobre su contenido.

Resaltó que el acto censurado cumple con los mencionados requisitos, ya que, i) las facultades fueron conferidas por un término de 36 meses; ii) la creación de una empresa metropolitana de servicios públicos es de competencia de la Asamblea Departamental; y iii) la permisión otorgada al gobernador es precisa, clara y no genera duda.

Indicó que no se puede realizar una interpretación restrictiva del artículo 300 Superior, pues, si bien no señala expresamente “otorgar facultades”, lo cierto es que utiliza el verbo autorizar, el cual según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “dar o reconocer a alguien faculta o derecho para hacer algo” y sus sinónimos son “permitir, consentir, conceder, acceder, asentir, aprobar, tolerar, facultar, otorgar, licenciar, agraciar,

derecho para hacer algo” y sus sinónimos son “permitir, consentir, conceder, acceder, asentir, aprobar, tolerar, facultar, otorgar, licenciar, agraciar, apoderar, delegar, acreditar, capacitar, comisi onar, confirmar, homologar, comprobar, legalizar, visar”.

Señaló, después de citar los artículos 2 88 y 2 98 de la Constitución, que tratándose de la prestación de servicios públicos domiciliarios, las funciones de apoyo y coordinación de los departamentos no deben entenderse como simples aportes económicos aislados, pues, como en el caso concreto, si se7

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cumplen los requisitos de que el gobernador pueda asumir temporalmente funciones de la Asamblea Departamental para la atención de las necesidades del servicio, es posible la creación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, conforme la Ley 142 de 1994.

Concluyó que no puede entenderse que el objetivo de la ordenanza demandada sea usurpar las funciones asignadas a las Áreas Metropolitanas según lo previsto en el literal g) del artículo 7 de la Ley 1625 de 2013, dado que están dadas las condiciones para que se cumpla la facultad extraordinaria de la cual revistió la Asamblea Departamental al gobernador en el acto enjuiciado.

Finalmente, indicó que se abstiene de pronunciarse sobre la presunta

que están dadas las condiciones para que se cumpla la facultad extraordinaria de la cual revistió la Asamblea Departamental al gobernador en el acto enjuiciado.

Finalmente, indicó que se abstiene de pronunciarse sobre la presunta vulneración de los artículos 6, 9, 18, 20 y 32 de la Ley 1625 de 2013, ya que sólo se hizo referencia a su contenido literal, sin plantear un reproche claro, cierto, específico y suficiente que posibilite análisis alguno.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos:

Manifestó que el artículo 300 de la Constitución utiliza los verbos determinar, crear, autorizar y formar, más no facultar ni participar. Indicó que la Constitución cuando utiliza el verbo facultar lo hace de manera taxativa, por ejemplo, en los artículos 150.10, 212, 213 o 215.

Aseguró que no es posible aceptar la flexibilidad que propone la sentencia recurrida al citar la definición del verbo autorizar y sus sinónimos, pues ello rompe con las competencias fijadas por la Constitución y la ley.8

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Resaltó que la Constitución Política separó los niveles territoriales porque en

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Resaltó que la Constitución Política separó los niveles territoriales porque en el ejercicio práctico de la descentralización administrativa Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma unitaria y descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, lo cual significa que lo municipal es municipal, lo departamental es departamental y el régimen especial de las áreas metropolitanas es metropolitano.

Señaló que no es posible mediante ordenanza departamental crear una empresa municipal o una empresa metropolitana, toda vez que los municipios las crean mediante acuerdos municipales y las áreas metropolitanas mediante acuerdos metropolitanos.

Destacó que no comparte la argumentación para afirmar que no hay usurpación de las competencias territoriales exclusivas con fundamento en el artículo 298 Superior, relativo a las funciones administrativas y de coordinación de complementariedad municipal, ya que dicha disposición nada tienen que ver con el planteamiento de las violaciones a las normas constitucionales y legales.

Enfatizó que no es acertado pretextar que, con los principios de concurrencia y subsidiaridad, se puede hacer camino a la modificación de las competencias territoriales de prestación de servicios públicos domiciliarios en cabeza exclusiva de los municipios, cuando el artículo 367 Superior le indica los límites hasta donde puede ir las competencias departamentales y que se reduce al apoyo financiero y a la coordinación.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante auto de 8 de noviembre de 20172, el despacho sustanciador del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación formulado por la parte

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante auto de 8 de noviembre de 20172, el despacho sustanciador del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación formulado por la parte actora.

2 Cuaderno de segunda instancia, folio 4.9

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4.2. Por medio de providencia de 12 de enero de 2018 3, se corrió traslado a las partes para que aleguen de conclusión, término dentro del cual la parte actora4 y el Departamento de Norte de Santander 5 presentaron escritos reiterando sus posiciones.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. El a quo negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el acto censurado se expidió con fundamento en los numerales 7° y 9° del artículo 300 de la Constitución, los cuales facultan a la Asamblea Departamental para autorizar al gobernador para ejercer , de manera temporal, atribuciones específicas que corresponden a dicha corporación. Entre estas atribuciones se incluye la creación de establecimientos públicos y de empresas industriales o comerciales del departamento , así como la autorización para constituir sociedades de economía mixta. Precisó que las funciones de apoyo y coordinación asignadas a los departamentos por los artículos 288 y 298 de la

comerciales del departamento , así como la autorización para constituir sociedades de economía mixta. Precisó que las funciones de apoyo y coordinación asignadas a los departamentos por los artículos 288 y 298 de la Constitución no deben entenderse como s imples aportes económicos, sino como mecanismos orientados a atender las necesidades del servicio, como lo es la creación de una empresa de servicios públicos domiciliarios.

Por su parte, el recurrente considera que la anterior decisión desconoce y flexibiliza las competencias constitucionales, toda vez que el artículo 300 Superior no indica el verbo facultar, el cual se utiliza de manera taxativa en la Constitución Política y, por tanto, no se puede ampliar con su definición y sinónimos. Asegura que la Carta Política separó los niveles territoriales, los cuales tienen autonomía y no pueden invadir sus competencias, por lo que no es posible que mediante una ordenanza departamental se cree una empresa

3 Ibidem, folio 10. 4 Ibidem, folio 19 a 21. 5 Ibidem, folio 16 a 18 y 22 a 2610

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municipal o metropolitana. Resalta que no se pueden invocar las funciones administrativas y de coordinación de complementariedad municipal, para modificar las competencias territoriales de prestación de servicios públicos domiciliarios en cabeza exclusiva de los municipios.

5.2. En el anterior contexto, corresponde establecer si la Asamblea

administrativas y de coordinación de complementariedad municipal, para modificar las competencias territoriales de prestación de servicios públicos domiciliarios en cabeza exclusiva de los municipios.

5.2. En el anterior contexto, corresponde establecer si la Asamblea Departamental tenía la competencia para facultar al gobernador para participar a nombre de la entidad territorial departamental junto con otras entidades públicas en la creación y constitución de una empresa metropolitana de servicios públicos por acciones.

5.3. Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que en la sentencia recurrida se indica que el acto enjuiciado se fundamentó en los numerales 7° y 9° del artículo 300 Superior, según los cuales la Asamblea Departamental puede autorizar al gobernador para ejercer, de manera temporal, facultades precisas que le corresponden a dicha corporación, entre las cuales se encuentra la de crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento , así como autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Concretamente, las citadas disposiciones señalan:

“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: […]

7°. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. […]

9°. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas

9°. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)

Pues bien, la Sala no comparte lo afirmado en la sentencia recurrida, pues en la citada interpretación el a quo olvida que las empresas de servicios públicos domiciliarios hacen parte de un régimen especial introducido por la Ley 14211

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de 1994, con fundamento en el artículo 365 de la Constitución Política, por lo que dichas empresas no deben ser asimiladas a las previstas en el numeral 7 del artículo 300 Superior6. En efecto, en sentencia C -376 de 2007 sobre la naturaleza de las empresas de servicios públicos domiciliarios se señaló:

“[…] después de haber estudiado los conceptos de sociedad de economía mixta y de empresa de servicios públicos, la Corte estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de los servicios públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de la Carta impiden considerar que las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de s ociedades por acciones, en las cuales concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, sean “sociedades de economía mixta”. A juicio de la Corporación, y por

empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de s ociedades por acciones, en las cuales concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, sean “sociedades de economía mixta”. A juicio de la Corporación, y por lo dicho anteriormente, se trata de entidades de tipología especial expresamente definida por el legislador en desarrollo de las normas superiores antes mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad.

Ahora bien, dentro de esa categoría especial diseñada por el legislador y llamada “empresa de servicios públicos” , resulta obvio que la ley puede establecer diferencias de regulación que atiendan a distintos factores o criterios de distinción, uno de los cuales puede ser el porcentaje de la participación accionaria pública presente en las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones. Estas diferencias de régimen están constitucionalmente justificadas, en cuanto hacen posibles las condiciones jurídicas que favorecen la asociación de los particulares con el Estado a fin a lograr la adecuada prestación de los servicios públicos. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)

En este punto, cabe mencionar que conforme el artículo 365 Superior los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Esta disposición autorizó al legislador para que estableciera un régimen especial para su prestación, por lo que, en desarrollo de la anterior facultad, el legislador expidió la Ley 142 de 1994, normativa que indicó que

6 Sobre la naturaleza de las empresas de servicios públicos domiciliarios el Consejo de Estado, Sección Quinta – Descongestión en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp.

6 Sobre la naturaleza de las empresas de servicios públicos domiciliarios el Consejo de Estado, Sección Quinta – Descongestión en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 25000-23-24-000-2004-00042-02 señaló: “[…] la Sala debe agregar que en el fallo censurado se entendió que las empresas de servicios públicos domiciliarios de capital mixto deben ser asimiladas a las sociedades de economía mixta, razón por la que para su constitución se requiere autorización del res pectivo Concejo Municipal. || Al respecto se debe advertir que contrario a lo afirmado en primera instancia, las empresa s de servicios públicos mixtas no deben ser asimiladas con las sociedades de economía mixta, pues las primeras hacen parte de una nueva tipología societaria introducida por la Ley 142 de 1994, creación que encuentra sustento en el artículo 365 de la Constitución Política. […]”12

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las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden ser oficiales, mixtas o privadas. Específicamente, se lee:

“Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

[…]

14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.

[…]

14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.

14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares. […]”

Acto seguido, el artículo 17 al referirse a la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios precisó que son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata dicha Ley.

Así las cosas, esta Sala no comparte lo expuesto por el juez de instancia, ya que como se explicó la naturaleza de las empresas de servicios públicos domiciliarios no corresponde a las empresas que prevé el numeral 7 del artículo 300 Superior, por lo que no es con fundamento en dicha competencia que la Asamblea otorga las facultades al gobernador.

Aclarado lo anterior, de la revisión de la exposición de motivos que fue presentada a la Asamblea Departamental para la aprobación del proyecto de ordenanza que hoy se controvierte y, que obra en el expediente, se advierte lo siguiente:

“[…] El artículo 385 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad Social del Estado: Es deber del

ordenanza que hoy se controvierte y, que obra en el expediente, se advierte lo siguiente:

“[…] El artículo 385 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad Social del Estado: Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del Territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.”13

Radicado: 54 001 2333 000 2016 00283 01

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Por su parte el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, “Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos, son las siguientes funciones de apoyo y coordinación , que ejercerán en los términos de la Ley y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:

7.2. Apoyar fina