CE - Sentencia 54001233300020220005801 de 2025

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Título
CE - Sentencia 54001233300020220005801 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares1

Tema: Reconocimiento de asignación de retiro a soldado profesional con menos de 20 años de servicio.

Sentencia de segunda instancia

Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes 1.1. La demanda2 1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, Diel Augusto Bustamante Camargo demandó la nulidad de las resoluciones 5662 del 30 de mayo de 2019, por medio de la cual el director general de Cremil le negó el reconocimiento y pago de una asignación de

Contencioso - Administrativo3, Diel Augusto Bustamante Camargo demandó la nulidad de las resoluciones 5662 del 30 de mayo de 2019, por medio de la cual el director general de Cremil le negó el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, y 10164 del 3 de octubre del mismo año, que atendió en forma desfavorable los recursos interpuestos contra la anterior.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reconocimiento de la asignación de retiro en calidad de soldado profesional (r) del Ejército Nacional a partir del 9 de febrero de 2015; (ii) los reajustes legales de las anteriores sumas; (iii) el pago de los intereses moratorios causados; (iv) ; vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del CPACA; y (v) el pago de las costas del proceso.

1 En adelante Cremil 2 Índice 2 de Samai, documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_1292023(.zip) NroActua 2». 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. El demandante narró los siguientes hechos:

3.1. Una vez cumplió con el requisito mínimo de 20 años de servicio, previsto en el

www.consejodeestado.gov.co

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. El demandante narró los siguientes hechos:

3.1. Una vez cumplió con el requisito mínimo de 20 años de servicio, previsto en el Decreto 4433 de 2004, le solicitó a Cremil el reconocimiento y pago de una asignación de retiro.

3.2. Mediante Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 , la entidad le negó lo pretendido, por considerar que solo tenía 19 años, 9 meses y 24 días de servicio activo en el Ejército Nacional, con novedad fiscal el 9 de noviembre de 2014. Para calcular el tiempo efectivamente laborado, Cremil no computó los 3 m eses de alta «que se entienden como de servicio activo».

3.3. El 10 de julio de 2019, el peticionario interpuso los recursos de reposición y apelación en contra del anterior acto, los cuales fueron resueltos « en forma desfavorable» a través de la Resolución 10164 del 3 de octubre de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 90 de la Constitución Política; 1, 7 [numerales 2, 3, 4 y 5] y 16 del Decreto 4433 de 2004.

5. En el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. La Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 afirmó que el demandante acreditó 19 años, 9 meses y 24 días de tiempo de servicio. Sin embargo, omitió computar

5. En el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. La Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 afirmó que el demandante acreditó 19 años, 9 meses y 24 días de tiempo de servicio. Sin embargo, omitió computar los 3 meses de alta que, de conformidad con el artículo 7.5 del Decreto 4433 de 2004, se t enían como tiempo efectivo de servicio. De haber tenido en cuenta el mencionado lapso, se habría podido determinar que laboró en la institución por un total de 20 años y 24 días, que eran suficientes para acceder a la asignación de retiro.

5.2. En efecto, el artículo 16 del mismo Decreto 4433 de 2004 señaló «[l]os soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro […]». De la norma transcrita era posible inferir que los 3 meses de alta se entendían como de servicio activo.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Caja de retiro de las Fuerzas Militares se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:

6.1. Según el expediente administrativo del peticionario, su retiro de la institución se dispuso por la causal de « inasistencia al servicio por más de diez días », con novedad fiscal del 19 de noviembre de 2014. El tiempo de servicios que acumuló fue de 19 años, 9 meses y 24 días.3

dispuso por la causal de « inasistencia al servicio por más de diez días », con novedad fiscal del 19 de noviembre de 2014. El tiempo de servicios que acumuló fue de 19 años, 9 meses y 24 días.3

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

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6.2. Por lo anterior, a través de la Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 le negó el reconocimiento de la prestación, en atención a que no cumplió con el requisito establecido en el Decreto 4433 de 2004.

6.3. Los 3 meses de alta previstos por el artículo 16 del mencionado decreto «son un tiempo efectivo luego de cumplidos los 20 años de servicio activo».

6.4. En consecuencia, el derecho a la asignación de retiro surgía una vez se cumplían los 3 meses de alta, luego del retiro con 20 años de servicio. Este término se computaba con la orden administrativa de retiro. En el caso objeto de debate, el demandante no c umplió con el tiempo exigido para acceder a la prestación que reclamó.

6.5. Se configuraron las excepciones de «legalidad de las actuaciones efectuadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes» y de « no procedencia de la causal de falsa motivación en las actuaciones de Cremil», comoquiera que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con las disposiciones que regían la materia.

vigentes» y de « no procedencia de la causal de falsa motivación en las actuaciones de Cremil», comoquiera que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con las disposiciones que regían la materia.

1.3. La sentencia apelada

7. Mediante sentencia proferida el 1 8 de mayo de 2023, e l Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto, se pronunció sobre el régimen especial de retiro de los soldados. Después, resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

7.1. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, los soldados profesionales tienen derecho al reconocimiento de una asignación de retiro cuando cumplan 20 años de servicio «a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta».

7.2. Sobre los 3 meses de alta, el Consejo de Estado 4 señaló que se trataba de un período para conformar el expediente prestacional de los uniformados que se retiraran, a efectos de tramitar la asignación de retiro y «aun cuando su reconocimiento lleva consigo el pago de una prestación económica, su naturaleza en principio no es patrimonial; por esto supone […], que el oficial o el suboficial tenga derecho a la asignación, para que los tres meses de alta tengan lugar a partir del ret iro y así cumplan la finalidad administrativa para que fueron creado» [sic]. Esta consideración era aplicable al asunto en estudio.

7.3. De acuerdo con lo anterior, como el solicitante no alcanzó el derecho a la asignación de retiro, tampoco tenía derecho al reconocimiento de los 3 meses de alta que pretendía le fueran sumados como tiempo de servicio.

en estudio.

7.3. De acuerdo con lo anterior, como el solicitante no alcanzó el derecho a la asignación de retiro, tampoco tenía derecho al reconocimiento de los 3 meses de alta que pretendía le fueran sumados como tiempo de servicio.

7.4. En suma, como solo se acreditaron 19 años, 9 meses y 24 días de servicio, no cumplió con la exigencia contenida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Por

4 Citó: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018, radicado: 11001 -03-15-000-2018-02843-00 (AC), en concordancia con la sentencia de la citada Subsección del 11 de marzo de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2014-00342-01(4311-15)»4

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo tanto, no había lugar a conceder la prestación reclamada.

1.4. El recurso de apelación

8. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso y sustentó recurso de

apelación en los siguientes términos:

8.1. El Tribunal negó las súplicas de la demanda, en consideración a que no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para

apelación en los siguientes términos:

8.1. El Tribunal negó las súplicas de la demanda, en consideración a que no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para acceder a la asignación de retiro. Ello por cuanto solamente acreditó un total de 19 años, 9 meses y 24 días , según lo informado en la hoja de servicios . Es decir, el estudio se limitó a la normativa enunciada y no tuvo en cuenta que, en los alegatos de conclusión, invocó el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004, que permitía conceder la prestación con un menor tiempo de servicio (entre 15 y 18 años).

8.2. El citado artículo 3 de la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de transición de acuerdo con el cual el derecho a la asignación de retiro se causaba « con no menos de 15 o 18 años de servicios », para los soldados profesionales que, para su entrada en vigor [30 de diciembre de 2004] se encontraban en servicio activo. Para es a época, el demandante cumplía con aquel supuesto, pues se había mantenido activo por más de 10 años.

8.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado accedió al reconocimiento de la asignación de retiro, conforme con el Decreto 1212 de 1990 5. Tal norma exigía 15 años para el reconocimiento de la prestación, cuando el retiro se produjera por una causa diferente de la voluntad del uniformado « en atención de los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del parágrafo 2.º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del

causa diferente de la voluntad del uniformado « en atención de los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del parágrafo 2.º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, lo que conducía a aplicar la transición señalada en el artículo 3.º, ordinal 3. 1.º inc iso 2.º de la Ley 923 de 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública» [sic].

1.5. Trámite de la segunda instancia

9. En auto del 23 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el

Tribunal Administrativo de Norte de Santander6.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

10. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as

5 Citó: «CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCION SEGUNDA, Sentencia 2017 -00469 de 2021. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019) y Sentencia 2014-00243 de 2020» [sic] 6 Índice 4 de Samai.5

Radicación: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019) y Sentencia 2014-00243 de 2020» [sic] 6 Índice 4 de Samai.5

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

11. Antes de definir el problema jurídico , es importante poner de presente que, de acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda instancia se delimita por el alcance del recurso de apelación. En ese contexto se advierte que, en este asunto, la parte actora no insistió en que tenía derecho a la asignación de retiro por haber completado más de 20 años de servicio, con el cómputo de los 3 meses de alta de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. La discusión que propuso en esta instancia estuvo dirigida a cuestionar la sentencia de primer grado al dejar de analizar el derecho a la luz del « régimen de transición» instaurado por el artículo 3 de la Ley 923 de 2004.

12. Al respecto, se observa que, este último planteamiento no se expuso en el escrito

grado al dejar de analizar el derecho a la luz del « régimen de transición» instaurado por el artículo 3 de la Ley 923 de 2004.

12. Al respecto, se observa que, este último planteamiento no se expuso en el escrito inicial. Tal y como el apelante lo indicó en su escrito, lo abordó en los alegatos de primera instancia, en los mismos términos en los que ahora pretende su análisis.

Sin emb argo, esta situación no impide que en esta providencia se adelante el estudio propuesto por la parte demandante, por las razones que pasan a exponerse:

13. En este asunto, el objeto de la pretensión recae en el reconocimiento de una asignación de retiro. Esta prestación es uno de los componentes de la seguridad social propio del personal de la Fuerza Pública, según lo ha reconocido la jurisprudencia. En atenc ión a su naturaleza prestacional, se ha equiparado a la pensión de vejez7. Para el análisis en sede judicial de esta materia, la Sección

Segunda definió la siguiente regla:

«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 20118.»9

14. La regla se sustentó en los siguientes argumentos:

  • la flexibilización del carácter rogado de la jurisdicción de lo contenciosoconformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 20118.»9

14. La regla se sustentó en los siguientes argumentos:

  • la flexibilización del carácter rogado de la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, a partir del hito contenido en la sentencia C-197 de 1999, en especial, cuando se advierta la vulneración de un derecho fundamental10;

7 Al respecto, se puede n consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 85001 -33-33-002-2013-00237-01 (1701 -2016) SUJ -015-CE-S2-2019, demandante: Julio César Benavides Borja y Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004. 8 Citó: «”dame el hecho y te daré el derecho”». 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado: 810012333000201400012 01(1321-2015) SUJ-010-S2, demandante: Pastora Ochoa Osorio. 10 En la sentencia C -197 de 1999, la Corte sostuvo: «cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las6

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - el objeto de los procesos ante esta jurisdicción es la efectividad de los derechos, por mandato del artículo 103 del CPACA; - la naturaleza irrenunciable del derecho fundamental a la seguridad social implica que no se pueda entender que la falta de invocación de una norma conlleva la renuncia a su aplicación; y - no se vulnera del derecho al debido proceso de la entidad responsable, por cuanto en la reclamación se solicitó el reconocimiento de la misma prestación con fundamento en los mismos hechos.

15. En efecto, en este caso se constata que los hechos litigiosos sobre los cuales habrá de decidirse han sido objeto de debate probatorio. La petición que desató los actos administrativos demandados fundó su pretensión de manera genérica en « el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 y demás normas concordantes», dentro de las cuales se encuentra la Ley 923 de 2004. De hecho, la parte demandada también se refirió al punto en los alegatos de primera instancia11, para sostener que el régimen de transición de que trata la Ley 923 de 2004, no cobijaba a los soldados profesionales. Además, la sentencia de primera instancia identificó tales argumentos, aunque no se ocupó de su análisis.

16. En ese orden, el problema jurídico s e circunscribe a resolver el siguiente

interrogante:

¿Diel Augusto Bustamante Camargo tiene derecho a que se le reconozca una asignación de retiro como soldado profesional del Ejército Nacional con

16. En ese orden, el problema jurídico s e circunscribe a resolver el siguiente

interrogante:

¿Diel Augusto Bustamante Camargo tiene derecho a que se le reconozca una asignación de retiro como soldado profesional del Ejército Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004?

17. Con miras a resolver el anterior planteamiento, la Sala analizará la normativa que rige el derecho a la asignación de retiro de los soldados profesionales.

2.2.1. Régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales

18. Para comenzar, conviene tener como referente normativo de la categoría de soldados profesionales el Decreto 1793 de 2000 «por el cual se expide el Régimen de

Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares », expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1 de la Ley 578 de 2000 . El artículo 1 del citado decreto definió este personal en los siguientes términos:

«Los soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la

normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución» 11 En los alegatos de conclusión de primera instancia, la parte demandada sostuvo: «[…] sea lo primero despejar las dudas sobre la norma aplicable, para lo cual esta Honorable Unidad Judicial, respetuosamente sugiero tener en cuenta: i) El rango del actor; ii) La inaplicabilidad del régimen de

primero despejar las dudas sobre la norma aplicable, para lo cual esta Honorable Unidad Judicial, respetuosamente sugiero tener en cuenta: i) El rango del actor; ii) La inaplicabilidad del régimen de transición que dispone la Ley 923 de 2004, artículo 3 Numeral 3.8; y, iii) Consecuente aplicación del Decreto 4433 de 2004. […] En este sentido, se concluye claramente a juicio de la suscrita que, con ocasión de la modificación normativa efectuada al régimen de asignaciones de retiro y pensión de los miembros de la fuerza pública, por medio de la Ley 932 de 2004, únicamente ingresarán o serán beneficiarios los oficiales, suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo del Ministerio de Defensa Nacional, sin tener contemplado en el mismo a los soldados profesionales. […]»7

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas. […]»

19. Luego, la Ley 797 de 2003 otorgó facultades al Ejecutivo para reformar el régimen pensional de las Fuerzas Militares12. Con fundamento en ello se expidió el Decreto 2070 de 200313, que incluyó dentro de su campo de aplicación a los soldados, para

pensional de las Fuerzas Militares12. Con fundamento en ello se expidió el Decreto 2070 de 200313, que incluyó dentro de su campo de aplicación a los soldados, para quienes se reguló la asignación de retiro. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004 declaró inexequibles tanto la norma habilitante [numeral 3 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003] como aquella que la desarrolló [Decreto 2070 de 2003].

20. En las consideraciones del pronunciamiento en cuestión , la Corte reveló la necesidad de que se expidiera una ley marco que señalara los elementos básicos del régimen pensional y de asignación de retiro de la Fuerza Pública. Para el efecto, el legislador debía determinar, entre otros aspectos, los requisitos de edad, tiempo de servicio, monto, ingreso base de liquidación, régimen de transición, indemnizaciones sustitutivas y demás condiciones que asegur aran el reconocimiento de una asignación de retiro y de otras prestaciones relacionadas.

Con fundamento en ello, el gobierno debía reglamentar los elementos «accidentales y variables de dicho régimen».

21. En línea con lo anterior, la Ley 923 de 2004 señaló las normas, objetivos y criterios que debía observar el gobierno para la fijación del régimen de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Uno de los elementos mínimos que

señaló fue el siguiente:

«3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho

«3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.

12 Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

3. Expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas

10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

3. Expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de Policía y DAS de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política. 13 Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares8

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

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[…]

3.9. Un régimen de transición que reconozca las expectativas legítimas de quienes se encuentren próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro. En todo caso el régimen de transición mantendrá como mínimo los tiempos de servicio exigidos en la presente ley para acceder al derecho de asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Fuerza Pública que se encuentren en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

[…]»

22. El Decreto 4433 de 2004 desarrolló la Ley 923 de 2004 y reguló el derecho a una asignación de retiro de los soldados profesionales, en los siguientes términos:

«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20)

asignación de retiro de los soldados profesionales, en los siguientes términos:

«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»

23. Las partidas computables a las que se refiere la norma citada son las descritas

en el artículo 13 ibidem, de la siguiente forma:

«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así: […] 13.2 Soldados Profesionales: 13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto-ley 1794 de 2000. 13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,

presente decreto.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.»

24. En este punto, se destaca que el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 estableció para los oficiales y suboficiales en servicio activo para la fecha de su entrada en9

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)

Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vigor, unos tiempos mínimos de 1514 y 1815 años para la asignación de retiro. Para los soldados profesionales no se previó una transición semejante.

25. No obstante, el mencionado artículo 14 fue declarado nulo en la sentencia del 23 de octubre de 2014 16, para lo cual se remitió a los fundamentos jurídicos que sustentaron la nulidad parcial de los artículos 24 del mismo decreto en la sentencia del 28 de febrero de 201317, teniendo en cuenta que su texto era idéntico «pero con variación únicamente de los destinatarios de la norma en cuestión, como quiera que en el artículo 24 son los Oficiales Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad y en el artículo 14 los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad», así:

artículo 24 son los Oficiales Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad y en el artículo 14 los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad», así:

«La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como fundamento común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser incluidos en el régimen de asignaci ón de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo citado en la cual se preceptúa que: […] Como puede observarse, en la norma acaba de transc

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