CE - Sentencia 54001233300020250022801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00228-01

Accionante: Jhon Jairo Moreno Fuentes y otros Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante la cual se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la providencia judicial del 18 de diciembre de 2024, proferida en el curso de un proceso iniciado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , por medio de la cual se rechazó la demanda al no encontrar acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial de acuerdo con lo exigido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. La Sala confirmará la decisión que declaró la improcedencia de la demanda , pero por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 09 de septiembre de 20252, Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes,

requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 09 de septiembre de 20252, Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes, María Fernanda Galván Ayala y el menor MAM G3, mediante apoderada, presentaron una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito Cúcuta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Según los accionan tes, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la providencia proferida el 18 de diciembre de 2024 , dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se rechazó la demanda por no subsanar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en el término legal, sin valorar las circunstancias de fuerza mayor que impidieron su cumplimiento,

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Requisito de inmediatez. 2 Índice 00003 Samai, archivo 1ED_001ActaRep.pdf 3 Se omite el nombre del menor por respeto a sus derechos.Radicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

Accionante: Jhon Jairo Moreno Fuentes y otros Se confirma la decisión de primera instancia

específicamente el secuestro de la apoderada por parte de un grupo armado, lo que imposibilitó materialmente la subsanación en tiempo. Los accionantes consideran que la decisión constituye una vía de hecho judicial que les impidió acceder a un

específicamente el secuestro de la apoderada por parte de un grupo armado, lo que imposibilitó materialmente la subsanación en tiempo. Los accionantes consideran que la decisión constituye una vía de hecho judicial que les impidió acceder a un pronunciamiento de fondo y vulneró sus derechos fundamentales.

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia del accionante.

2. Que se deje sin efectos el auto que archivó fechado diciembre 18 de 2024 el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Que se ordene al Juzgado accionado admitir y tramitar de fondo la demanda interpuesta.

4. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales del accionante

B. Hechos

3. Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes, María Fernanda Galván Ayala y el menor MAMG, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Los Patios – Instituto Municipal de Tránsito y Transporte , cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta4.

4. El despacho judicial inadmitió la demanda mediante auto de 18 de diciembre de 2024, con fundamento en la falta de acreditación oportuna del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, y ordenó el archivo del proceso por no haberse subsanado dicho requisito dentro del término legal.

5. No fue posible subsanar la demanda, pues en el término legal concedido, l a

y ordenó el archivo del proceso por no haberse subsanado dicho requisito dentro del término legal.

5. No fue posible subsanar la demanda, pues en el término legal concedido, l a apoderada designada, abogada María Caicedo Osma, se encontraba en imposibilidad absoluta de cumplir con el requisito de conciliación extrajudicial, toda vez que fue víctima de secuestro por parte de un grupo armado organizado (GAO), permaneciendo privada de la libertad hasta después del 30 de septiembre de 2024, lo que le ocasionó graves secuelas de salud.

6. La solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 29 de mayo de 2024, “antes del vencimiento del plazo legal ”, lo que, conforme a la parte demandante, debió suspender los términos de caducidad en virtud de lo dispuesto por la ley . La audiencia de conciliación fue aplazada por solicitud de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Los Patios y reprogramada para el 30 de agosto de 2024, fecha en la que la apoderada aún se encontraba en cautiverio, circunstancia que constituyó fuerza mayor.

7. El juzgado sostuvo que la parte actora estaba obligada a agotar de manera previa la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, conforme al artículo 161 del CPACA y a la finalidad constitucional y legal que dicho trámite cumple como mecanismo para promover acuerdos, evitar litigios y descongestionar la jurisdicción.

8. Explicó que la conciliación solo es válida cuando se presenta antes de la demanda,

4 Proceso radicado bajo el número 54001-33-33-011-2023-00460-00.Radicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

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que no es susceptible de subsanación posterior, y que su presentación previa es la que interrumpe el término de caducidad. En consecuencia, al haber sido presentada la solicitud de conciliación tardíamente -lo que además ocasionó la extemporaneidad del medio de control - y al no haber corregido la demanda en los términos ordenados, el despacho concluyó que procedía rechazar la demanda.

C. Fundamentos de la vulneración

9. Los accionantes sostienen que el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) e igualdad (art. 13 C.P.), al rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

10. La decisión judicial constituye una vía de hecho, pues impidió un pronunciamiento de fondo y desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228

C.P.)

11. No se valoró la fuerza mayor y que la exigencia del requisito procesal debe interpretarse con flexibilidad, conforme a la jurisprudencia constitucional (Sentencias C893 de 2001 y T-438 de 2018).

12. La c onciliación extrajudicial sí fue agotada, pero en fecha posterior, debido a la situación de fuerza mayor que afectó a la apoderada de los accionantes.

D. Trámite procesal

12. La c onciliación extrajudicial sí fue agotada, pero en fecha posterior, debido a la situación de fuerza mayor que afectó a la apoderada de los accionantes.

D. Trámite procesal

13. Por auto del 9 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, admitió la demanda presentada en el ejercicio de la acción de tutela. Ordenó notificar al Juzgado Once Administrativo del Circuito de C úcuta, al que le solicitó informar si la decisión adoptada mediante providencia del 18 de diciembre de 2024 , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 54001 -3333-011-2023-00460-00, fue recurrida por la parte demandante.

14. Finalmente, requirió a la apoderada de la parte demandante para que ap ortara el documento que acreditara el carácter con el cual actuaba en el presente trámite, pues el poder allegado no cumplía con las exigencias ni del artículo 74 del Código General del Proceso – CPG, ni del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 , y tampoco había determinado si actuaba en calidad de agente oficioso.

E. Oposición

15. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta se refirió a los hechos de la demanda, a los requisitos de la acción de tutela y al fondo del asunto. 15.1. En relación con los hechos precisó i) la inadmisión de la demanda den tro del proceso radicado No. 54001 -33-33-011-2023-00460-00 se efectúo el 17 de junio de 2024 y solo con posterioridad a ello , esto es, el 28 de junio de 2024 , la demandante

proceso radicado No. 54001 -33-33-011-2023-00460-00 se efectúo el 17 de junio de 2024 y solo con posterioridad a ello , esto es, el 28 de junio de 2024 , la demandante intentó la conciliación extrajudicial ; ii) el rechazo de la demanda se fundó en que el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial se adelantó con posterioridad a la presentación de la demanda, circunstancia que ocurrió el 17 deRadicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

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octubre de 2023. Aseguró que esta posición se ajusta a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado; iii) no le consta la circunstancia de fuerza mayor alegada dentro del proceso de tutela, la cual no se acreditó ni en el proceso ordinario ni en el sub lite; y iv) el auto del 18 de diciembre de 2024, por el cual se rechazó la demanda, fue notificado mediante estado del día 19 del mismo mes y año, cobró ejecutoria el 15 de enero de 2025 y contra el mismo no fue interpuesto recurso alguno. 15.2. Frente a los requisitos de la acción de tutela, el juzgado demandado consideró que no c oncurren los necesarios para la procedencia d el amparo deprecado . En particular, señaló que no se cumplen los requisitos de inmediatez, dado que la demanda se presentó 9 meses después de la firmeza de la providencia enjuiciada , ni de subsidiariedad, pues la parte accionante no interpuso los recursos procedentes contra

particular, señaló que no se cumplen los requisitos de inmediatez, dado que la demanda se presentó 9 meses después de la firmeza de la providencia enjuiciada , ni de subsidiariedad, pues la parte accionante no interpuso los recursos procedentes contra la providencia que rechazó la demanda . Aseguró, también, que no se acreditó la legitimación en la causa activa, pues la apoderada no aportó el poder que la facultara para representar a Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes, María Fernanda Galván Ayala y al menor MAMG. 15.3. En cuanto al fondo de la controversia, indicó que el rechazo de la demanda obedeció a que el trámite de la conciliación extrajudicial no fue atendido de manera previa a la presentación de la demanda, exigencia que se sujeta tanto a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 , como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Reiteró que la fuerza mayor alegada por la apoderada no se encuentra acreditada y que, por el contrario, la circunstancia alegada no se predica que la época en la cual debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

F. Fallo impugnado

16. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró improcedente la acción de tutela porque “no se evidenciaron actuaciones judiciales ostensiblemente arbitrarias que hagan necesaria la intervención del juez de tutela”. 16.1. En primer lugar, aunque no se acreditó de manera inequívoca que la abogada

actuaciones judiciales ostensiblemente arbitrarias que hagan necesaria la intervención del juez de tutela”. 16.1. En primer lugar, aunque no se acreditó de manera inequívoca que la abogada María Caicedo Osma contara con poder otorgado conforme al artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, el Tribunal , en aplicación del principio de buena fe , aceptó la información suministrada por la accionante. 16.2. El Tribunal determinó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional, ya que el debate planteado por la accionante se desarrolló desde una perspectiva estrictamente legal, pretendiendo imponer su interpretación sobre el requisito de conciliación extrajudicial, sin que se evidenciara la afectación directa de derechos fundamentales. 16.3. Además, la circunstancia de fuerza mayor alegada -el secuestro de la apoderada judicialno fue demostrada ni en el proceso ordinario ni en el trámite de la presente acción de tutela. 16.4. El Tribunal advirtió que la parte demandante no interpuso recurso alguno contraRadicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

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la decisión de rechazo de la demanda, omitiendo el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

G. Impugnación

17. Mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2025, la accionante impugnó la sentencia del 23 de septiembre de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda de tutela y los fundamentos jurídicos de su solicitud. Solicitó la revocatoria de la decisión impugnada.

sentencia del 23 de septiembre de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda de tutela y los fundamentos jurídicos de su solicitud. Solicitó la revocatoria de la decisión impugnada. 17.1. La impugnante alegó que el fallo de primera instancia incurre en errores de hecho y de derecho, al concluir que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales y que el requisito de procedibilidad no fue cumplido. 17.2. Sostuvo que la subsanación de la demanda se realizó en debida forma y dentro del término legal, aportando pruebas documentales y electrónicas que fueron ignoradas por el despacho judicial accionado. Indicó que la omisión en la valoración de dichas pruebas constituye un defecto fáctico y vulnera el derecho fundamental al debido proceso. 17.3. Reiteró lo indicado en la demanda en relación con la interpretación restrictiva del requisito de conciliación extrajudicial al exigir acta previa a la demanda, cuando la normativa y la jurisprudencia establecen que basta con la presentación de la solicitud para suspender los términos de caducidad. Señaló que el juzgado accionado incurrió en defecto sustantivo al aplicar , erróneamente, la norma sobre conciliación y en defecto procedimental al rechazar la demanda contrariando el principio de acceso a la justicia. 17.4. Expuso que la negativa infundada de tramitar la demanda por supuesta falta de subsanación constituye un obstáculo indebido al acceso a la justicia, en contravía de los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política. Invocó el principio pro actione y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

subsanación constituye un obstáculo indebido al acceso a la justicia, en contravía de los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política. Invocó el principio pro actione y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. 17.5. Señaló que la fuerza mayor derivada del secuestro sufrido por la apoderada judicial fue debidamente acreditada en el expediente, lo que imposibilitó materialmente la actuación procesal dentro de los plazos legales. Sostuvo que desconocer esta circunstancia configura una violación directa al debido proceso y a la buena fe procesal. 17.6. Indicó que la improcedencia declarada en primera instancia desconoce el daño actual y real sufrido por el agenciado Jhon Jairo Moreno Fuentes, afectando sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo y libre movilidad.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

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I. Sentido de la decisión

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto declaró improcedente la demanda de tutela , pero lo hará por no encontrar acreditado el requisito general de inmediatez. En ese sentido, por razones metodológicas, en esta providencia no se hará

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto declaró improcedente la demanda de tutela , pero lo hará por no encontrar acreditado el requisito general de inmediatez. En ese sentido, por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la acción5.

J. Caso concreto

20. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues los accionantes interpusieron la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado como razonable para cuestionar providencias judiciales en sede de tutela, que es seis meses a partir de la notificación de la providencia objeto de tutela6.

21. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, su ejercicio sí está condicionado por el principio de inmediatez, entendido como una exigencia de presentar la demanda en un plazo razonable contado desde la ocurrencia del hecho que origina la vulneración o amenaza alegada7. Este requisito es esencial para determinar si la situación que afecta el derecho realmente es apremiante. Cuando existe un retraso excesivo e injustificado, puede concluirse que ni siquiera el titular del derecho percibe su situación como urgente, lo que desvirtúa la necesidad de una intervención inmediata del juez constitucional y la naturaleza expedita propia de la acción de tutela8.

22. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada,

porque:

a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, porque:

La firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus

5 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe queda r claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C -590 de 2005)

la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C -590 de 2005) 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.Radicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

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derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica9.

23. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional10 ha reconocido que, de manera excepcional, la acción de tutela puede ser procedente incluso cuando ha transcurrido un periodo amplio entre el hecho generador de la vulneración y su interposición cuando se demuestra: (i) la existencia de un motivo válido qu e explique la inactividad del accionante, como situaciones de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o una incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el núcleo esencial de los derechos de terceros afectado s con la decisión; (iii) que existe

o una incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el núcleo esencial de los derechos de terceros afectado s con la decisión; (iii) que existe un nexo causal entre la presentación tardía de la acción y la vulneración alegada; o (iv) que la afectación es permanente y actual, de modo que, aunque el hecho que la originó sea antiguo, los efectos lesivos persisten y continúan vulnerando los derechos del accionante.

24. En este caso, del análisis del escrito de tutela se advierte que la inconformidad de los accionantes surge a partir del auto proferido el 18 de diciembre de 2024, notificado por estado el 19 del mismo mes y año, el cual adquirió firmeza el 15 de enero de 2025.

No obstante, la presente acción fue interpuesta el 9 de septiembre de 2025, por lo que transcurrieron más de seis meses desde la notificación de la providencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; en consecuencia, es evidente que se superó el término que la jurisprudencia ha considerado razonable para la presentación de una acción de tutela contra providencias judiciales.

25. Se precisa, además, que en la demanda de tutela no se acreditó ni se alegó circunstancia alguna que hubiera imposibilitado su presentación dentro de un término prudencial. La apoderada de los demandantes, pese al requerimiento efectuado por el Tribunal, no aportó evidencia que permitiera tener por demostrado el secuestro que afirmó haber sufrido y, en todo caso, dicha situación fue mencionada únicamente por la impugnante al alegar una fuerza mayor que le habría impedido cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

afirmó haber sufrido y, en todo caso, dicha situación fue mencionada únicamente por la impugnante al alegar una fuerza mayor que le habría impedido cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

26. En conclusión, la Sala encuentra que el presente asunto no satisface el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela fue presentada de manera extemporánea y no se acreditó justificación alguna para su interposición tardía.

27. Conforme lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, no porque se hubieran descartado actuaciones judiciales ostensiblemente arbitrarias que ameritaran la intervención del juez constitucional, sino porque la demanda no superó el requisito de inmediatez, tal como se explicó.

9 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de abril de 2015, Sentencia T -246 de 2015, MP Martha Victoria Sáchica Méndez. 10 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.Radicado: 54001-23-33-000-2025-00228-01

Accionante: Jhon Jairo Moreno Fuentes y otros Se confirma la decisión de primera instancia

28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado Magistrado