CE - Sentencia 54001233300020250027401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 54001-23-33-000-2025-00274-01

Accionante: Fabio Antonio Rojas Granados

Accionado: Juzgado Once Administrativo de Cúcuta

Tema: Tutela contra sentencia de igual nat uraleza. Subsidiariedad. CONFIRMA

IMPROCEDENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta po r la parte accionante en contra de la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor Fabio Antonio Rojas Granados pretende que se proteja n sus derechos fundamentales a la salud, petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta con la sentencia del 10 de octubre de 2025, en la acción de tutela, a la que se le asignó el radicado 54001-33-33-011-2025-00278-00.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

se le asignó el radicado 54001-33-33-011-2025-00278-00.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

El accionante narra que el 3 de septiembre de 2025 instauró acción de tutela en contra de la médica Yaneth David de Soto de la IPS Clinical House y la ARL Positiva Compañía de Seguros1, por la falta de respuesta a la solicitud que presentó ante la primera de las mencionadas para obtener un diagnóstico completo, claro y preciso, de conformidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el Decreto 780 de 2016, y por

1 Aunque la parte actora afirmó que solo dirigió la acción contra la primera, se observa que también se accionó admitió respecto a la segunda.Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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la contestación efectuada por la última de las mencionadas, pese a que no tenía competencia para ello y con la cual no le otorgó una respuesta de fondo.

Que el 10 de octubre de 2025 el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta profirió sentencia, en la que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado porque estimó que la solicitud había sido resuelta y negó el amparo frente a los demás aspectos discutidos.

Considera que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que la ARL Positiva i) nunca le comunicó la respuesta, sino que únicamente lo hizo ante el Juzgado y ii) no era

aspectos discutidos.

Considera que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que la ARL Positiva i) nunca le comunicó la respuesta, sino que únicamente lo hizo ante el Juzgado y ii) no era la destinataria de la petición , sumado a que la médica ante quien la radicó no le contestó.

Que además el Juzgado incurrió en una contradicción, pues inicialmente afirmó que el médico no estaba obligado a dar un diagnóstico, pero luego indicó que era la persona idónea para brindar un concepto válido al paciente.

Adujo que el envío de la notificación de la sentencia se efectuó a un correo electrónico «diferente (“samay”), el cual no corresponde al correo oficial del Juzgado 11 Administrativo, lo que generó confusión y pérdida de oportunidad procesal para ejercer los recursos de reposición y apelación».

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida por la autoridad judicial accionada y ordenar a esta última que admita nuevamente la acción, la tramite conforme a la Constitución y la ley y reconozca que la médica Yaneth de Soto guardó silencio y que la respuesta emitida por la ARL Positiva no satisface el derecho de petición y, en consecuencia, ordene a la primera de las señaladas a responder de fondo su solicitud.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 30 de octubre de 2025, se admitió la acción; y se corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Once Administrativo de Cúcuta afirmó que atendió cada una de las pretensiones de tutela del accionante, distinto es que este no apruebe los

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Once Administrativo de Cúcuta afirmó que atendió cada una de las pretensiones de tutela del accionante, distinto es que este no apruebe los argumentos expuestos en la providencia discutida, por lo cual debió impugnarla.

Señaló que en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, todas las providencias se notifican mediante el aplicativo SAMAI, pero no es cierto que esa situación le haya generado una confusión al actor , pues en el mismo encabezado de la notificación se enuncia el Juzgado de origen, las partes del proceso y su radicado.

Que no se le imposibilitó al actor recurrir la sentencia , pues ha atendido cada uno de los memoriales del actor a través del correoRadicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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j11admincuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, incluso de manera reiterada y en horarios no laborales y pese a que ese buzón no corresponde al medio dispuesto para ese efecto.

Indicó que la tutela es improcedente para cuestionar los argumentos de fondo consignados en la sentencia del 10 de octubre de 2025 y que no comparte las afirmaciones realizadas por el actor, las cuales no se acompasan con los deberes y responsabilidades que les asisten a las partes.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 13 de noviembre de 202 5, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander

afirmaciones realizadas por el actor, las cuales no se acompasan con los deberes y responsabilidades que les asisten a las partes.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 13 de noviembre de 202 5, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró improcedente la acción porque lo pretendido era dejar sin efectos la sentencia de tutela del 10 de octubre de 2025 y no se trataba de un caso de fraude, sino un desacuerdo respecto a la decisión adoptada, la cual se resolvió conforme a lo demostrado en el proceso.

Expuso que la supuesta indebida notificación de la providencia no era válida para considerar alguna vulneración al debido fundamental al debido proceso, pues el actor recibió el correo electrónico, donde el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta le inform ó sobre la expedición de dicha sentencia y le remitió un link para su consulta.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia , al considerar que solamente se analizó si existía fraude, pero no tuvo en cuenta los defectos procedimental y fáctico, la notificación irregular de la sentencia discutida , la violación del derecho de petición ni la protección reforzada a que tiene derecho, dada su condición de adulto mayor y persona con discapacidad.

Manifestó que se presentó un fraude procesal y una falsedad documental, pues la IPS produjo una comunicación que simulaba ser una respuesta válida, lo que indujo en error al Juzgado.

En consecuencia, solicitó revocar la decisión recurrida y acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes

En consecuencia, solicitó revocar la decisión recurrida y acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar laRadicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa jud icial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 3 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa

de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»4

Frente al último requisito general de procedencia, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU1219/01, estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las sentencias de tutela 5, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de los derechos fundamentales 6. Sin embargo, en la Sentencia SU627/157, consideró que, de manera excepcional, procede en los siguientes casos:

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T -528 de 2004; T -368 y T-944 de 2005; T -059 y T -237 de 2006; T -104 de 2007; T -1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también la sentencia SU-627 de 2015. 6 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T -162 de 1997 y T-1009 de 1999. 7 La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, se refirió al tema en los siguientes términos: «4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con

debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión. 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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«[C]uando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos ge néricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud

cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos ge néricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en l a sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Así las cosas, por regla general, no procede la acción de tutela contra sentencia de tutela; empero, existe la excepción de la cosa juzgada fraudulenta, la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir inicialmente si en el presente asunto se cumplen los requisitos fijados por la Corte Constitucional que permiten excepcionalmente cuestionar sentencias proferidas en sede de tutela a través de esta acción de igual naturaleza, pues solo en ese evento habría lugar a realizar un estudio de fondo de los reparos expuestos.

De las pruebas obrantes en el expediente, se observa que en la acción de tutela que dio lugar a la instauración de la presente, el hoy accionante pretendió que se ordenara i) a la médica fisiatra Yaneth David de Soto que , de un lado, consignara

que dio lugar a la instauración de la presente, el hoy accionante pretendió que se ordenara i) a la médica fisiatra Yaneth David de Soto que , de un lado, consignara en su historia clínica un diagnóstico sobre su estado de salud, incluyendo una patología específica (síndrome de Popeye) y la persistencia del túnel carpiano bilateral severo y, de otro, le brindara respuesta a la petición que presentó el 3 de agosto de 2025; y ii) a la ARL Positiva Compañía de Seguros que le practicara los exámenes de diagnóstico pertinentes.

Igualmente, se advierte que mediante la sentencia de tutela discutida en esta oportunidad la autoridad judicial accionada declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el derecho fundamental de petición porque evidenció que la solicitud que fue radicada ante la IPS Clinical House fue resuelta y negó el amparo respecto a la inclusión del diagnóstico pretendido por tratarse de un aspecto que correspondía definir al médico tratante y frente a la realización de exámenes médicos, pues la ARL los autorizó..

En esa medida, se encuentra que la acción de la referencia no comparte identidad procesal con las solicitudes de amparo previas, esto es, aquellas cuyas decisiones se cuestiona, pues no existe identidad de partes, de objeto ni de causa petendi, si se tiene en cuenta que los accionados no son los mismos; las pretensiones en este caso se dirigen a dejar sin efectos el fallo de la tutela primigenia; y el fundamento de la presente acción es el yerro cometido en la acción constitucional inicial.Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

caso se dirigen a dejar sin efectos el fallo de la tutela primigenia; y el fundamento de la presente acción es el yerro cometido en la acción constitucional inicial.Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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Sin embargo, no se observa el cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales de procedencia de la tutela para discutir una providencia judicial, concretamente, el de la relevancia constitucional y el de subsidiariedad , ya que frente al primero se advierte que lo pretendido es revivir una discusión que ya fue definida en otra acción de igual naturaleza a la presente con base en argumentos subjetivos, con lo cual se desconoce la autonomía e independencia judicial; y frente al segundo, el actor no interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, a pesar de que est a fue notificada en debida forma el 14 de octubre de 2025 a su correo electrónico, con el encabezado del despacho judicial y el número de radicado del proceso, como consta en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Adicionalmente, como la parte actora pretende cuestionar una sentencia de tutela, también debe verificarse si la decisión adoptada fue producto de un fraude y, por tanto, existe cosa juzgada fraudulenta. Sin embargo, no se advierte que se haya configurado esta, pues no se encuentra que la decisi ón se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y

configurado esta, pues no se encuentra que la decisi ón se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial, sino que, en cambio, atendió a los supuestos fácticos, así como a las normas aplicables y a la jurisprudencia sobre la materia.

Lo que sí se encuentra es que el accionante no está de acuerdo con la conclusión de la autoridad judicial, lo cual no puede servir de justificante para intentar reabrir la discusión a través de otra acción de tutela. Tampoco puede aceptarse que la edad del actor o su situación de salud posibilite continuar un debate debidamente definido sobre la respuesta a una petición, sin que se cumplan los requisitos para ese efecto, pues ello iría en contra del principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual declaró improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.Radicado: 54001 -23 -33 -000 -2025 -00274 -01

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente