CE - Sentencia 63001233300020200037301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dante contra la sentencia del 1 de julio de 202 1 emanada del Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda , anunciando desde ya que será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 9 de septiembre de 2020, la demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 030282 del 8 de octubre de 2019 y RDP 035396 del 25 de

y restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 030282 del 8 de octubre de 2019 y RDP 035396 del 25 de noviembre de 2019, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó : i) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 13 de septiembre de 2015; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA ; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) pagar las costas procesales.

4. Como sustento de sus pretensiones expuso qu e nació el 10 de agosto de 1956 y prestó sus servicios como maestra seccional urbana por el término de 2 meses, en el municipio de Armenia (Quindío) mediante nombramiento realizado por la gobernadora

1 En adelante UGPP. 2 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 002DemandaMarthaLuciaValencia.2

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Quindío a través del Decreto 0119 del 7 de marzo de 1977, cargo que ejerció a partir

www.consejodeestado.gov.co del Quindío a través del Decreto 0119 del 7 de marzo de 1977, cargo que ejerció a partir del 7 de marzo de 1977.

5. Mencionó que f ue nombrada docente de básica en el IDEM del municipio de Amalfi (Antioquia) por medio del Decreto 0959 del 6 de julio de 1980, suscrito por el gobernador de Antioquia, cargo del cual tomó posesión el 10 de junio de 1980 con efectos desde el 27 de febrero de 1980 hasta el 6 de agosto de 1980. Después se vinculó al Centro Auxiliar de Servicios Docentes «CASD» de Armenia a través de la Resolución 17060 del 19 de septiembre de 1980 , afirmando que el vínculo nacional lo sostuvo hasta el 21 de abril de 1996.

6. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a territorialdepartamental por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber se certificado el departamento del Quindío para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 6001 del 20 de diciembre de 1995 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual se le entregó la educación al departamento (acta del 22 de abril de 1996). Como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio entre el 22 de abril de 199 6 y el 28 de diciembre de 1998 ostentan el carácter de territorial – departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

7. El 16 de julio de 2019 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia, argumentando que «del tiempo

departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

7. El 16 de julio de 2019 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia, argumentando que «del tiempo certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el prestado desde el 22 de abril de 1996, fecha de entrega de la educación , que consta en acta suscrita entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional - y el Departamento del Quindío (…) por ser este tiempo de carácter Departamental.»

8. Por medio de la Resolución RDP 030282 del 8 de octubre de 2019, confirmada por la Resolución RDP 035396 del 25 de noviembre de 2019 , la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de servicios aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional.

Contestación de la demanda3

9. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demand a al considerar que a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no cumplir con uno de los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913, esto es, acreditar los 20 años en la docencia oficial de carácter territorial o nacionalizado.

10. Señaló que los actos administrativos están fundados en las certificaciones que dan cuenta del vínculo nacional, tiempos que no se pueden computar para efectos de la prestación pretendida. Además, advirtió que con la expedición de la Ley 60 de 1993 no se puede entender que el vínculo como docente nacional de la demandante haya mutado a territorial, por lo que este tiempo no es apto para ser contabilizado en el

la prestación pretendida. Además, advirtió que con la expedición de la Ley 60 de 1993 no se puede entender que el vínculo como docente nacional de la demandante haya mutado a territorial, por lo que este tiempo no es apto para ser contabilizado en el reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

3 Ibidem, ver archivo 010.1ContestacionUnidadUGPP.pdf.3

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

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11. Propuso las excepciones de fondo que tituló como «inexistencia del derecho reclamado», «cobro de lo debido», «legalidad del acto administrativo acusado», «buena fe» y «prescripción».

II. SENTENCIA APELADA4

12. El Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la sentencia de 1 de julio de 2021, negó las pretensiones de la demanda por no acreditarse los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de la pensión gracia. Señaló que la demandante ostentó una vinculación como docente nacionalizada entre el 27 de febrero y el 6 de agosto de 1980; sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 1980 ostentó la condición de docente del orden nacional, razón por la cual no cumple con la totalidad de los requisitos legales para obtener la prestación.

13. Explicó que lo realmente relevante a efectos de establecer la vinculación de los docentes no es la procedencia de los recursos con los cuales se cancelas sus salarios,

requisitos legales para obtener la prestación.

13. Explicó que lo realmente relevante a efectos de establecer la vinculación de los docentes no es la procedencia de los recursos con los cuales se cancelas sus salarios, sino a quién corresponde la plaza ocupada que, en el caso de la actora, se demostró con suficiencia -e incluso, se admitió en la demandacorresponde a una plaza nacional.

14. Encontró que , si bien la demandante tuvo una vinculación como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y que el pago de los salarios lo realizó el Fondo Educativo Regional con recursos del situado fiscal, el tiempo que laboró a partir del 19 de septiembre de 1980 ostent a el carácter de nacional, lo cual le impide cumplir con la totalidad de los requisitos para gozar de la pensión gracia.

15. Señaló que no puede entenderse que la Ley 60 de 1993 modificó el tipo de vinculación de los docentes por haberse cedido la administración de los recursos del situado fiscal o incorporado estos en los fondos educativos regionales toda vez que para establecer el tipo de vinculación docente es necesario establecer la plaza a la cual pertenece y no el origen de los recursos con los cuales se cancela el salario.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

16. La demandante presentó recurso de apelación al considerar que el tiempo de servicio acreditado a partir del 22 de abril de 1996 mut ó a departamental y posteriormente a municipal, esto es, el comprendido desde el 29 de diciembre de 1998 hasta el 29 de agosto de 2018, como consecuencia de la descentralización de la educación; siendo apto el reconocimiento de la pensión gracia.

posteriormente a municipal, esto es, el comprendido desde el 29 de diciembre de 1998 hasta el 29 de agosto de 2018, como consecuencia de la descentralización de la educación; siendo apto el reconocimiento de la pensión gracia.

17. Consideró que desconocerle el derecho a la pensión gracia a aquellos docentes que con vinculación de carácter territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 y con tiempos de servicio que al inicio fueron nacionales, pero que luego del proceso de descentralización adquirieron el carácter de docentes territoriales, se constituye en una trasgresión a la Constitución y a la ley.

18. Señaló que, si la Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación, ésta pasó a cargo de

4 Ibidem, ver archivo 025Sentencia1ªInstancia.pdf. 5 Ibidem, ver archivo 027.1RecursoApelacionMarthaLucia.pdf.4

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Nación y , en consecuencia , los docentes pasaron a cargos nacionalizados, sin necesidad de realizar nuevos nombramientos en el entendido de que la nacionalización y el cambio de vínculo actuó por mandato de la ley. Además, consideró que se configuró una sustitución patronal implica el cambio de plaza docente nacional a territorial y alegó un defecto probatorio porque el Tribunal dejó de apreciar y valorar las pruebas referentes al Decreto 1191 del 29 de diciembre de 1998, suscrito por el gobernador del

una sustitución patronal implica el cambio de plaza docente nacional a territorial y alegó un defecto probatorio porque el Tribunal dejó de apreciar y valorar las pruebas referentes al Decreto 1191 del 29 de diciembre de 1998, suscrito por el gobernador del Quindío, por medio del cual hizo entrega al alcalde de Armenia la planta de personal docente, directivos docentes y docentes de los centros educativos.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto de 3 de noviembre de 20226 se admitió el recurso de apelación y se informó a la demandada que tenía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada. Asimismo, se indicó que el agente del Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes que el expediente ingresara al despacho para fallo.

19. El demandado y el Ministerio Público se abstuvieron de realizar pronunciamiento en esta etapa.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en pri mera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación es abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

21. La UGPP7 solicita se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones que debe reunir la

21. La UGPP7 solicita se emita sentencia de unificación jurisprudencial en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.

22. Al respecto, l a Sala precisa que de manera insistente la demandada ha presentado las mismas solicitudes en otros procesos adelantados en esta instancia judicial con similares argumentos, las que fueron decididas a través del auto del 20 de octubre de 20228, reiterado en autos del 26 de octubre de 2022 9, en los que se indicó

6 Índice 7 registrado en Samai, ver archivo 7_630012333000202000373011AUTOQUEADMITE20221108231525. 7 Índice 4 registrado en Samai, ver archivo 4_630012333000202000373011RECIBEMEMORIAL20220513151135, con fecha de radicación 28 de abril de 2022. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez mediante auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001 -23-31-000-201001800-01 (40702013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 68001 -23-33-000-2012-00350-01 (2113 -2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.5

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que en virtud del artículo 271 10 del CPACA , «el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación.»

23. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que

23. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no están dados los presupuestos para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia.

24. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo dispuesto en el auto del 20 de octubre de 2022 11, reiterado en providencias del 26 de octubre de

2022.

Problema jurídico

25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, le corresponde a la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó la demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación , en virtud de la Ley 60 de 1993 . En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia y si se acreditaron los demás requisitos para el reconocimiento conforme a la Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

y si se acreditaron los demás requisitos para el reconocimiento conforme a la Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

26. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

10 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento de la solicitud de unificación 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001 -23-33-000-201300344-01 (40532015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia. 12 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.6

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Demandante: Martha Lucía Valencia García

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27. Esta Corporación13 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades

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27. Esta Corporación13 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

28. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio estipulado.

29. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

30. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

31. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma mencionada, en el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

32. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S -699 del 26 de agosto de 199714, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

33. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o

nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

33. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-01113 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.7

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 del 21 de junio de 201815, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo

gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados

Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

34. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202216, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden

situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

34. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202216, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).8

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

35. El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no acreditó los supuestos de la norma para ser acreedora de la pensión gracia, en especial, por no acreditar 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizada.

36. Previo a analizar la controversia puesta en conocimiento de la Sala, se procederá a realizar un análisis de lo probado en el curso del proceso, así:

1. La señora Martha Lucía Valencia García nació el 10 de agosto de 195617, es decir, que cumplió 50 años el 10 de agosto de 2006.

1. A través del Decreto 0119 del 7 de marzo de 1977, la gobernadora del

es decir, que cumplió 50 años el 10 de agosto de 2006.

1. A través del Decreto 0119 del 7 de marzo de 1977, la gobernadora del departamento del Quindío nombró en interinidad a la demandante como maestra seccional urbana de Armenia por el término de dos (2) meses, mientras dura la licencia voluntaria renunciable concedida a Luz Amparo García Cruz 18. Tomó posesión el 7 de marzo de 197719.

1. El gobernador de Antioquia a través del Decreto 0959 del 6 de junio de 198020 nombró a la demandante en el municipio de Amalfi «como profesora de tiempo completo en el Idem, núcleo 2-A, a partir del 24 de marzo del presente año y en reemplazo de Margarita Ramírez Castaño quien pasa al Idem del municipio de Barbosa. Nueva. Normalista con cursos en Pequeñas Industria. Vocacionales», cargo que según consta en el Formato Único para la Expedición de Historia Laboral ejerció entre el 27 de febrero de 1980 y el 6 de agosto de 1980 cuando se le aceptó la renuncia a través del Decreto 1410 del 12 de agosto de 1980.

1. La Secretaría de Educación de Antioquia expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 31 de agosto de 2018 21, en el que consta la condición de docente nacionalizada de la demandante.

1. A través de la Resolución 17060 del 19 de septiembre de 1980 fue nombrada profesora en el CASD Quindío – Hermógenes Mara en el municipio de Armenia desde el 1 de noviembre de 1980 hasta el 28 de abril de 2005. Después,

nombrada profesora en el CASD Quindío – Hermógenes Mara en el municipio de Armenia desde el 1 de noviembre de 1980 hasta el 28 de abril de 2005. Después, por medio de la Resolución 1548 del 29 de abril de 2005 fue trasladada al Instituto Docente El Caimo entre el 29 de abril de 2005 y el 26 de enero de 2006 . Finalmente, mediante la Resolución 0119 del 27 de enero de 2006 regres ó al CASD Hermógenes Maza.

1. El 16 de julio de 2019 la demandante radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión22.

17 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 002DemandaMarthaLuciaValencia.pdf, folios 152 y 153. 18 Ibidem, folios 165 a 167. 19 Ibidem, folio 178. 20 Ibidem, folios 154 a 159. 21 Ibidem, folios 82 a 83. 22 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 030282 del 8 de octubre de 2019.9

Radicado: 63001 23 33 000 2020 00373 01 (2259-2022)

Demandante: Martha Lucía Valencia García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Mediante la Resolución RDP 030282 del 8 de octubre de 201923, la UGPP resolvió negó la solicitud con fundamento en que los tiempos de servicio aportados por la interesada fueron prestados con nombramiento del orden nacional. Decisión

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