CE - Sentencia 63001233300020250009401 de 2025

Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de cumplimiento Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Tema: Confirma improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por las autoridades demandadas contra la sentencia de 30 de octubre de 2025 de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, los señores Julio Néstor Gómez Ramírez, Julio Néstor Gómez Orrego, Jorge Gómez Orrego, Adriana Gómez Orrego, Luz Patricia Gómez Orrego y Nathalie Jaramillo Azcárate, actuando a través de apoderado, demandaron a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, en

Gómez Orrego, Luz Patricia Gómez Orrego y Nathalie Jaramillo Azcárate, actuando a través de apoderado, demandaron a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, en adelante SAE, para que se le ordene el cumplimiento de la Resolución de fecha 27 de enero de 2025, de la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio , proferida en el proceso con radicación 11001-60-99-067-2024-00229.

En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

a. DECLARAR que la ACCION DE CUMPLIMIENTO es procedente en el caso de estudio.

b.- ORDENAR a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. – SAE S.A.S que, cumpla inmediatamente la Resolución de fecha 27 enero/2025, por la cual la Fiscalía Séptima (7 E) profirió ARCHIVO - EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO y levantó Medidas Cautelares sobre inmuebles y Sociedades Comerciales que en su momento habían sido impuestas, adoptando las medidas que se requieren para la efectivización del fallo, muy en especial se ordenará la entrega de los diez y ocho (18) bienes inmuebles identificados por su matrícula inmobiliaria en el HECHO A PRUEBA 2, para lo cual estamos plenamente legitimados. […]1.

1 Se transcribe tal cual consta en la demanda.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

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2. Hechos

En resumen, la parte actora señaló que la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, adscrita a la Dirección de Fiscalía Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, con sede en Bogotá, mediante Resolución del 27 de enero de 2025 (radicado 11001 -60-99-067-2024-00229), ordenó archivar la acción de extinción de dominio respecto de 43 bienes inmuebles y levantó las medidas cautelares ordenadas , algunos de esos bienes, refieren son de propiedad de los accionantes.

Luego, el 17 de febrero de 2025, la m encionada Fiscalía expidió el oficio 10255400013791 dirigido a la SAE, con el asunto «levanta medidas cautelares de embargo y secuestro », pidiéndole que se dispusiera la entrega de los bienes implicados en el proceso . El oficio se envió electrónicamente a la SAE el 18 de febrero de 2025.

Se indicó que, esos bienes llevaban afectación con medidas cautelares, desde el 1.º de junio de 2005. Sin embargo, aunque la SAE quedó informada oficialmente de la decisión, no habría hecho la entrega inmediata a los propietarios.

Los accionantes sostienen que, han pasado más de 7 meses desde que la SAE

1.º de junio de 2005. Sin embargo, aunque la SAE quedó informada oficialmente de la decisión, no habría hecho la entrega inmediata a los propietarios.

Los accionantes sostienen que, han pasado más de 7 meses desde que la SAE conoció el levantamiento de las cautelares y, en general, 20 años desde que los bienes quedaron afectados con las medidas cautelares ; afirman que se estaría ejerciendo una administración indebida, sin estar la accionada legitimada para mantener los inmuebles bajo su manejo.

Los accionantes indican que, el 20 de mayo y 31 de julio de 2025 , solicitaron a la SAE la entrega de sus inmuebles , en cumplimiento de la Resolución del 27 de enero de 2025 . L a entidad contestó que estaba en los trámites administrativos pertinentes, pero no han realizado la entrega de los bienes.

3. Admisión de la demanda En auto de 1.º de octubre de 202 5, la ponente del Tribunal Administrativo de l Quindío admitió2 la demanda y ordenó notificar a la demandada . La SAE guardó silencio, así como el Ministerio Público. Luego, el 17 de octubre de esa anualidad , el ponente decretó las pruebas pertinentes, conducentes y útiles al proceso.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 30 de octubre de 202 5, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío declaró improcedente la acción de cumplimento al concluir que lo perseguido no era el cumplimiento de un acto administrativo, sino de una providencia judicial proferida por la Fiscalía en ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro del proceso de extinción de dominio, ámbito en el cual la

concluir que lo perseguido no era el cumplimiento de un acto administrativo, sino de una providencia judicial proferida por la Fiscalía en ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro del proceso de extinción de dominio, ámbito en el cual la

2 Previa inadmisión realizada por medio de auto de 22 de septiembre de 2025.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

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acción de cumplimiento (Ley 393 de 1997) no es el mecanismo idóneo; agregó que, aun si existiera algún acto de ejecución atribuible a la SAE, su discusión correspondería al medio de control ejecutivo y no se acreditó un supuesto de perjuicio grave e inminente que habilitara la procedencia excepcional.

6. Impugnación

La parte accionante, en síntesis, solicitó revocar la sentencia del Tribunal porque, a su juicio, la primera instancia erró al declarar improcedente la acción de cumplimiento por considerar jurisdiccionales los actos de la Fiscalía en la etapa de indagación previa de extinción de dominio, pues el apelante afirma que el trámite de la Ley 1708 de 2014 distingue una fase inicial o preprocesal, a cargo de la Fiscalía, de naturaleza administrativa (orientada a ubicar bienes, establecer titularidad y recaudar elementos para decidir si se presenta o no el requerimiento

de la Ley 1708 de 2014 distingue una fase inicial o preprocesal, a cargo de la Fiscalía, de naturaleza administrativa (orientada a ubicar bienes, establecer titularidad y recaudar elementos para decidir si se presenta o no el requerimiento ante juez), y una fase jurisdiccional que solo se activa con la admisión de la demanda por el juez especializado; por ello, como en este caso la Fiscalía profirió decisión de archivo y ordenó el levantamiento de medidas/devolución de bienes, tales determinaciones serían actos administrativos susceptibles de ser exigidos vía acción de cumplimiento, sin que ello desconozca la separación entre investigación (FGN) y decisión jurisdiccional (juez), ni el debido proceso; en consecuencia, solicita revocar la sentencia y declarar procedente la acción, ordenando a la SAE la entrega real y material inmediata de los inmuebles conforme a la resolución fiscal de 27 de enero de 2025 comunicada el 18 de febrero de 2025.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 30 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 30 de octubre de 2025. Para lo anterior, la sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en renuencia a la accionad a, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

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¿En el presente caso se superan los presupuestos de procedencia?

3. Razones jurídicas de la decisión

La sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad

Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte

Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este

incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.

3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001 -23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000 -23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra. 4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

Vergara.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

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Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado8.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional11.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-20040047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-0002011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-20004673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-0002015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro. 11 Sentencia antes citada. 12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l] a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

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precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

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Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a

expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo

constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en

13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011 -01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-0002011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia. 15 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

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8 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o

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renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.

En el caso concreto, los accionantes acompañaron con la demanda escritos del 20 de mayo y 31 de julio de 2025, en los que solicitaron a la SAE la entrega de sus inmuebles, en cumplimiento de la Resolución del 27 de enero de 2025. La entidad contestó que estaba en los trámites administrativos pertinentes, pero no han realizado la entrega de los bi enes; circunstancia que resulta suficiente para entender agotado el requisito de procedibilidad en este caso.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente (artículo 1 de la Ley 393 de 1997).

La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se cumpla por parte de la SAE la Resolución del 27 de enero de 2025, emitida por la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, adscrita a la Dirección de Fiscalía Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, con sede en Bogotá; decisión en la cual se ordenó archivar la acción de extinción de dominio con

Séptima Seccional de Extinción de Dominio, adscrita a la Dirección de Fiscalía Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, con sede en Bogotá; decisión en la cual se ordenó archivar la acción de extinción de dominio con radicado 11001-60-99-067-2024-00229, respecto de 43 bienes inmuebles y levantó las medidas cautelares ordenadas. Sin embargo, lo pedido en cumplimiento escapa al objeto de este medio de control , pues no procura el obedecimiento de una decisión adoptada en ejercicio de la función administrativa sino judicial.

La Sala debe partir de que los accionantes reconocen que la extinción de dominio es un trámite de naturaleza jurisdiccional, pero pretenden segmentar el trámite para afirmar que la fase inicial a cargo de la Fiscalía sería administrativa o preprocesal y que, por eso, las decisiones de archivo serían actos administrativos exigibles en este mecanismo , incluso para ordenar la entrega real y material inmediata de los inmuebles que indican que son de su propiedad.

Esa tesis no es de recibo a la luz del criterio funcional que la Sala de Consulta de esta Corporación17 ha precisado y en la que se recalca que la acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y que, en ese contexto, las actuaciones de la Fiscalía se entienden como jurisdiccionales, lo cual impide tratarlas como

16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001 -33-33-000-2016-00690-01 (ACU) ; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001 -23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras. 17 Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado, pronunciamiento de 12 de diciembre de 2012, Radicado 11001-03-06-000-2012-00102-00. M. P. Augusto Hernandez Becerra.Demandante: Julio Néstor Gómez Ramírez y otros

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00094-01

9 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

simples actos administrativos para ser exigidos a través del mecanismo desarrollado por la Ley 393 de 1997.

Aun si se aceptara la denominación preprocesal y la postura doctrinal invocan los impugnantes, lo cierto es que la Ley 1708 de 2014 desvirtúa que el archivo sea un acto administrativo ejecutable por acción de cumplimiento: (a) primero, el Código define la acción como pública y jurisdiccional (art ículo 17) y estructura el procedimiento en dos etapas, una inicial o preprocesal a cargo de la Fiscalía y