CE - Sentencia 66001233100020080007802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

Demandantes: María Esperanza Sánchez Agudelo y otros

Demandados: Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE y otros

Referencia: Reparación directa

Temas: Reparación directa – responsabilidad extracontractual – prestación del servicio de salud – tratamiento médico – relación de causalidad – carga de la prueba

Síntesis del caso: los demandantes solicitaron la declaratoria de la responsabilidad patrimonial por la muerte de su familiar, causada por una supuesta negligencia médica.

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 15 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de marzo de 2008 , María Esperanza Sánchez Agudelo , Arnoldo Marín

1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de marzo de 2008 , María Esperanza Sánchez Agudelo , Arnoldo Marín Marín y Martín Alonso Sánchez presentaron una demanda de reparación directa2 en contra de l Hospital San Jorge de Pereira ESE, de S alud Total SA y de la Clínica Los Rosales SA, con las siguientes pretensiones (se trascribe):

“1. Decl árase [que las entidades demandadas] son administrativamente responsables de las lesiones y posterior muerte [de] Juan Camilo Marín Sánchez y [de] los consecuentes daños y perjuicios de los demandantes.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas: […]”.

2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:

3. 1) El 25 de julio de 2003, María Esperanza Sánchez Agudelo acudió a la Clínica Los Rosales “por hemorragia vaginal y dolor abdominal ”. Allí se le diagnosticó “embarazo de 11 semanas + amenaza de aborto ”, fue dada de

1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). 2 Folios 3 al 38 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

Demandantes: María Esperanza Sánchez Agudelo y otros

Demandados: Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE y otros

Referencia: Reparación directa

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alta y se le indicó que regresara el día siguiente. En esta última fecha, se le diagnosticó “embarazo de 11.1 semanas + desprendimiento placentario”.

4. 2) El 1 de agosto de 2003, la señora Sánchez Agudelo “inici[ó] su control de embarazo en su EPS Salud Total ”, y en su historia clínica se registró “hemoclasificación materna A ( -) […]. Observaciones: paciente con desprendimiento placentario, síndrome anémico y posible incompatibilidad Rh (nuevo compañero no conoce su hemoclasificación)”.

5. 3) Tras hacer un recuento de los controles de embarazo realizados el 29 de agosto, 6 de noviembre y 30 de diciembre de 2003, se indicó que “la paciente fue diagnosticada como un caso de incompatibilidad Rh y amenaza de aborto con desprendimiento de placenta y hematoma retrocoriónico […]”.

6. 4) El 1 de febrero de 2004, a las 9:12, la señora Sánchez Agudelo fue hospitalizada de nuevo en la Clínica Los Rosales, y se le “indu[jo] el trabajo de parto por haber roto sus membranas ovulares una hora antes ”. A las 16:20 nació su hijo, Juan Camilo Marín Sánchez , a quien “se le toma[ron] muestras de sangre para hemoclasificarlo […] el cual fue reportado como Rh positivo”. “Pocas horas después del nacimiento”, la paciente notó que su hij o “estaba

nació su hijo, Juan Camilo Marín Sánchez , a quien “se le toma[ron] muestras de sangre para hemoclasificarlo […] el cual fue reportado como Rh positivo”. “Pocas horas después del nacimiento”, la paciente notó que su hij o “estaba amarrillo”, frente a lo cual el personal médico le informó a la madre que “ era normal y que tenía que poner el niño al sol 3 veces al día por 15 minutos”.

7. 5) El 2 de febrero de 2004, la paciente fue dada de alta . El 3 de febrero “notó al beb[é] cada vez más amarillo a pesar de la exposición al sol”. El 4 de febrero, “en la madrugada”, “el niño se quejaba mucho ya no quería recibir seno y [su madre] lo notaba raro ”, por lo que ella acudió a la Clínica Los Rosales, donde atendieron a su hijo y le practicaron “exámenes de bilirrubina porque estaba muy amarillo y le salió en 31”; el mismo día, a las “6 de la tarde”, el menor fue remitido al Hospital Universitario San Jorge de Pereira , donde los médicos tratantes le diagnosticaron “incompatibilidad RH + Kernicterus”.

8. 6) El menor “ presentó una neumonía que ameritó una prolongada hospitalización en el Hospital Universitario San Jorge ”. El 11 de marzo de 2006, fue remitido “por una supuesta mejoría ” a la Clínica Los Rosales, donde el personal médico indicó que “sus condiciones de salud eran muy graves y ameritaban una institución con mayor tecnología y recursos […], por ello se intentó devolver al paciente [al] Hospital San Jorge pero […] no lo aceptaron alegando que ya habían ocupado la cama […] se intentó ubicar al paciente

ameritaban una institución con mayor tecnología y recursos […], por ello se intentó devolver al paciente [al] Hospital San Jorge pero […] no lo aceptaron alegando que ya habían ocupado la cama […] se intentó ubicar al paciente […] en otra clínica de la ciudad o inclusive en otra ciudad pero ello no fue posible”. El 12 de marzo de 2006, Juan Camilo Marín Sánchez falleció.

9. En la demanda se identificaron estas fallas médicas : (a) en las consultas realizadas en la Clínica Los Rosales el 25 y 26 de julio de 2003, se “omiti[ó] solicitarle a la paciente la hemoclasificación ”, pese a que este examen “ era muy importante porque de haberse establecido que la paciente era Rh negativa, su par eja Rh positivo y ante el hecho de una amenaza de aborto con desprendimiento de placenta era necesario haber suministrado a la paciente el medicamento (inmunoglobulina antiD) que protegía a su bebé enRadicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

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formación de una posible reacción de rechazo a su sangre (isoinmunización)”. Dicho medicamento tampoco se suministró en las siguientes consultas que tuvo durante su embarazo, tanto en la Clínica Los Rosales como en Salud Total.

10. (b) Durante el embarazo, ningún médico le informó a la paciente “acerca de su estado de incompatibilidad Rh con su pareja, de los riesgos que

tuvo durante su embarazo, tanto en la Clínica Los Rosales como en Salud Total.

10. (b) Durante el embarazo, ningún médico le informó a la paciente “acerca de su estado de incompatibilidad Rh con su pareja, de los riesgos que esta situación generaba para su bebé y de la posibilidad de proteger a su hijo

[con] una vacuna de inmunoglobulina antiD ”. (c) En la Clínica Los Rosales, cuando Juan Camilo Marín Sánchez nació, “ pudo haberse detectado su estado rápidamente si se solicita[ba] el examen […] coombs directo3, cuadro hemático, reticulocitos [y] bilirrubinas”; s in embargo, “ nadie revisó al niño después de nacido […] nadie le realizó un examen detallado antes de autorizar su salida ”. (d) El Hospital Universitario remitió a Juan Camilo Marín Sánchez a la Clínica Los Rosales “ valiéndose de engaños ”, y pese a tener conocimiento de que esta última entidad “no tenía [los] recursos técnicos y profesionales que él requería” y que el paciente “fallecería si no permanecía en una unidad que tuviera los elementos adecuados para su atención”.

1.2. Posición de la parte demandada4

11. Salud Total contestó la demanda 5 y llamó en garantía al Hospital Universitario San Jorge de Pereira 6 y a la Clínica los Rosales 7-8. Se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en distintas excepciones, de las cuales se extrae lo siguiente: (a) “[Salud Total] cumplió estrictamente con todas las obligaciones derivadas del Plan Obligatorio de Salud”; (b) las IPS son

pretensiones de la demanda con fundamento en distintas excepciones, de las cuales se extrae lo siguiente: (a) “[Salud Total] cumplió estrictamente con todas las obligaciones derivadas del Plan Obligatorio de Salud”; (b) las IPS son quienes responden por “los servicios de salud de los usuarios”; (c) los “controles prenatales” fueron “la única actuación de […] Salud Total”, y no hay prueba de que esta hay a sido negligente ; (d) no hay causalidad entre la conducta de Salud Total y la muerte del paciente; (e) la acción caducó, pues “el hecho que dio lugar al […] fallecimiento [de] Juan Camilo tuvo lugar el día 4 de febrero [de] 2004, cuando se diagnosticó […] la enfermedad que padecía”.

12. La Clínica Los Rosales contestó la demanda9 y el llamamiento en garantía que Salud Total formuló en su contra 10, y llamó en garantía a Seguros del Estado SA 11. Se opuso a las pretensiones de la demanda con base en estas excepciones: “inaplicabilidad […] de la falla del servicio a las entidades de derecho privado”; “inexistencia de […] causalidad”, pues “la entidad de la patología […] y la data de la misma se const ituyen en los extremos que

3 Al respecto, cuando se hizo referencia a la consulta de 1 de febrero de 2004, se indicó (se trascribe): “al niño se le toman muestras de sangre para hemoclasificarlo […] el cual fue reportado como rh positivo, al parecer también se le realizó en forma equivocada una prueba de Coombs indirecto, pues debió tomársele un Coo mbs directo para determinar si el recién nacido se encontraba afectado por la isoinmunización. El Coombs indirecto se le debe

se le realizó en forma equivocada una prueba de Coombs indirecto, pues debió tomársele un Coo mbs directo para determinar si el recién nacido se encontraba afectado por la isoinmunización. El Coombs indirecto se le debe tomar es a la madre y el Coombs directo al recién nacido, equivocadamente se le tomó el Coombs indirecto al niño el cual fue reportado como negativo lo que llevó a los médicos a pensar que estaba libre de todo riesgo”. 4 Por la decisión que se adoptará en esta sentencia, la Sala se abstiene de relacionar los argumentos expuestos por cada entidad en las contestaciones a los llamamientos en garantía formulados en este proceso. 5 Folios 130 al 173 del cuaderno 1 del Tribunal. 6 Folios 280 al 284 del cuaderno 1-1 del Tribunal. 7 Folios 313 al 317 del cuaderno 1-1 del Tribunal. 8 En el Auto de 6 de agosto de 2009, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió revocar el Auto del Tribunal de 6 de noviembre de 2008, a través del cual se habían rechazado los llamamientos en garantía formulados por Salud Total SA, y, en su lugar, los admitió. (Folios 416 al 422 y 436 al 441 del cuaderno 1-2 del Tribunal). 9 Folios 62 al 84 del cuaderno 1 del Tribunal. 10 Folios 492 al 496 del cuaderno 1-2 del Tribunal. 11 Folios 117 al 120 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

Demandantes: María Esperanza Sánchez Agudelo y otros

Demandados: Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE y otros Referencia: Reparación directa Decisión: Confirmar la sentencia apelada

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permiten construir la causalidad con relación a [su] muerte”; “excesiva tasación de perjuicios ”; “caducidad de la acción ”, ya que las supuestas omisiones causantes del daño se dieron entre 2003 y 2004; y la “genérica”.

13. El Hospital Universitario San Jorge de Pereira contestó la demanda 12 y el llamamiento en garantía que Salud Total formuló en su contra 13, y llamó en garantía a La Previsora SA14. Se opuso a las pretensiones de la demanda con base en estas excepciones: “ inexistencia […] de falla del servicio […]”; “falta de legitimación ”, porque no intervino en las supuestas omisiones de 2003 y 2004; “inexistencia de nexo causal”, pues la “causa determinante del deceso” fue “ la patología de bas e”, no la remisión, la cual se realizó cuando “el paciente se encontraba en condiciones estables […]”; “caducidad […]”, pues las omisiones identificadas como causa del daño se habrían dado entre 2003 y 2004; “valoración exagerada de los perjuicios”; y “la genérica”.

14. Seguros del Estado contestó la demanda y el llamamiento en garantía que la Clínica Los Rosales formuló en su contra15. Se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual, además de remitirse a la contestación de la Clínica a la demanda, propuso estas excepciones: “[…] inexistencia del nexo causal ”

la Clínica Los Rosales formuló en su contra15. Se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual, además de remitirse a la contestación de la Clínica a la demanda, propuso estas excepciones: “[…] inexistencia del nexo causal ” entre el daño y las actuaciones de la Clínica; y “ caducidad […]”, pues las omisiones alegadas como causa del daño se habían dado en 2003 y 2004.

15. La Previsora contestó la demanda y el llamamiento en garantía que el Hospital Universitario formuló en su contra 16. Se opuso a las pretensiones con base en la excepción de “falta de legitimación en la causa [del Hospital]”, pues los hechos objeto del proceso tuvieron lugar en otras entidades.

1.3. Sentencia de primera instancia17

16. El 15 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió la Sentencia recurrida, en la que negó las pretensiones de la demanda. Indicó que el daño consistió en el fallecimiento de Juan Camilo Marín Sánchez. Sin embargo, consideró que el daño no fue causado por una falla en el servicio de las demandadas: (a) Las atenciones brindadas a la señora Sánchez Agudelo el 18, 25 y 26 de julio se ajustaron a “las guías del Ministerio de Salud”.

(b) Lo mismo indicó respecto del hecho de habérsele realizado a la paciente un coombs indirecto el 18 de septiembre de 2003, a las 22.4 semanas de gestación, luego de tener “ conocimiento [de] que el compañero […] tenía Rh+”; también se refirió al coombs indirecto realizado el 7 de enero de 2004, a

un coombs indirecto el 18 de septiembre de 2003, a las 22.4 semanas de gestación, luego de tener “ conocimiento [de] que el compañero […] tenía Rh+”; también se refirió al coombs indirecto realizado el 7 de enero de 2004, a la semana 35.4 de gestación, cuyo resultado fue negativo, lo cual, según el perito Carlos Alberto Villegas Isaza, “no daba muestras de isoinmunizacion”.

17. (c) Las demandadas no eran r esponsables por no haber realizado la hemoclasificación para la aplicación de inmunoglobulina antiD, pues “ en nada incidió en la producción del daño”. Esto se sustentó en que “la guía del

12 Folios 365 al 385 del cuaderno 1-1 del Tribunal. 13 Folios 461 al 483 del cuaderno 1-2 del Tribunal. 14 Folios 389 al 390 del cuaderno 1-1 del Tribunal. 15 F. 520 al 546 del cuad. 1-2 del Tribunal. Admitido el 6 de noviembre de 2008 (f. 416-422 del cuad. 1-2 del Tribunal). 16 F. 501 al 518 del cuad. 1-2 del Tribunal. Admitido el 6 de noviembre de 2008 (f. 416-422 del cuad. 1-2 del Tribunal). 17 Folios 792 al 814 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

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Ministerio es clara al señalar que en casos de amenaza de aborto inferior a 12 semanas, no se recomienda la aplicación de la inmunoglobulina anti D […] máxime cuando la paciente no presentaba sangrado abundante ni dolor severo”18; y en que, según la perito Luisa Fernanda Restrepo Rendón, “ la urgencia presentada por la [paciente] con la amenaza de aborto no se relaciona con el tipo de Rh materno y que la s hemoclasificaciones estaba indicada para el evento de existir hemorragia obstétrica que requiera manejo con hemoderivados”. (d) Consideró que hubo una “falta de adherencia a las instrucciones y tratamiento ordenados ” de la paciente, pues, por ejemplo, tardó para acudir a un centro médico tras presentar signos de alarma y para entregar los resultados de los exámenes ordenados a los médicos tratantes.

18. (e) El menor no presentó ictericia al nacer, pues en las notas de enfermería y en la historia clínica no se realizó dicha anotación; por el contrario, se indicó que el paciente estaba en “condiciones normales”, “sonrojado y activo ”. (f) En vista de lo anterior , no se debían realizar los exámenes de “ cuadro hemático, reticulocitos, bilirrubinas y coombs directo ”, pues, según el dictamen pericial de Carlos Alberto Villegas Isaza, dichos exámenes “ deben realizarse en casos de ictericia del menor ”. No obstante, “una vez ingresó [el

dictamen pericial de Carlos Alberto Villegas Isaza, dichos exámenes “ deben realizarse en casos de ictericia del menor ”. No obstante, “una vez ingresó [el paciente] con esta patología de manera inmediata le fueron practicados”.

19. (g) Sobre la remisión del menor a la Clínica Los Rosales, indicó que esta decisión se adoptó por parte de la junta médica, en vista de que el paciente se encontraba en condiciones estables. Asimismo, consideró que no podía perderse de vista el hecho de que el estado de salud del paciente “era crítico y los pronósticos eran de alta probabilidad de muerte por fallas respiratorias y pese a innu merables tratamientos que recibió nunca logró recuperarse ”. (h) Por último, concluyó, con sustento en lo indicado en el dictamen pericial de l señor Villegas Isaza, en la declaración de Jaime Ramírez Granados y en la literatura médica, que “ la patología que presentó el menor JCSM se dio a consecuencia de una sepsis neonatal y no por la incompatibilidad Rh”.

1.4. Recurso de apelación

20. La parte actora presentó un recurso de apelación 19. Además de reiterar los hechos y las fallas identificadas en la demanda, indicó que se debía declarar la responsabilidad de las demandadas “ por falta de un diagnóstico oportuno” y por no haber “prest[ado] el servicio médico de manera eficiente, emplea[n]do los recursos necesarios”, comoquiera que, “de haberse realizado el examen correctamente y en la forma oportuna, el recién nacido habría podido tener acceso a los procedimientos necesarios y oportunos para el

emplea[n]do los recursos necesarios”, comoquiera que, “de haberse realizado el examen correctamente y en la forma oportuna, el recién nacido habría podido tener acceso a los procedimientos necesarios y oportunos para el tratamiento de su incompatibilidad sanguínea ”. Asimismo, adujo que la paciente no “incurri[ó] en culpa grave o desatención de su embarazo”.

21. Citó extractos del dictamen de la perita Restrepo Rendón, en los que, a su juicio, se indicó que sí se le debía suministrar inmunoglobulina antiD a una paciente con un diagnóstico como el de la señora Sánchez Agudelo, pues

18 Agregó que, en la semana 28 de gestación, tampoco se suministró inmunoglobulina anti D, “tal como lo ordenan los protocolos del Ministerio de Salud cuando el resultado del coombs indirecto es negativo”. 19 Folios 816 al 847 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

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“hace parte del manejo profiláctico de la incompatibilidad Rh [y] protege al bebé contra la enfermedad hemolítica y anemias fetales”. Con base en este dictamen y en el rendido por el perito Villegas Isaza, pretendió demostrar que al recién nacido se le debió realizar un coombs directo, y no un indirecto.

2. CONSIDERACIONES

dictamen y en el rendido por el perito Villegas Isaza, pretendió demostrar que al recién nacido se le debió realizar un coombs directo, y no un indirecto.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Condena en costas

2.1. Análisis sustantivo20

22. La Sala confirmará la Sentencia recurrida. Esta decisión obedece a que no se probó que el daño, consistente en la muerte de Juan Camilo Marín Sánchez, hubiera sido causado por alguna de las actuaciones identificadas y calificadas en la demanda como fallas en la prestación del servicio de salud.

23. En el expediente obran las siguientes pruebas relacionadas con la atención médica brindada a María Esperanza Sánchez Agudelo y a Juan Camilo Marín Sánchez: las historias clínicas de ambos pacientes, así como las respectivas epicrisis 21; el registro de “ control recién nacido ” de Juan Ca milo Marín Sánchez en la Clínica Los Rosales22; los dictámenes periciales rendidos por José Fernando Serna Ríos 23, Luisa Fernanda Restrepo Rendón 24 y Carlos Alberto Villegas Isaza 25, últimos dos en calidad de ginecóloga y pediatra del Departamento Materno Infantil de la Universidad de Caldas, respectivamente; la aclaración y complementación del dictamen pericial de Carlos Alberto Villegas Isaza26; y los testimonios de Jaime Ramírez Granada27, Luz Estela López

Cortés28, Álvaro Andrés Sáenz Pinto29 y Sonia Amparo Daza Pabón30.

24. Previo al análisis de las pruebas referidas, es pertinente señalar que, en

Cortés28, Álvaro Andrés Sáenz Pinto29 y Sonia Amparo Daza Pabón30.

24. Previo al análisis de las pruebas referidas, es pertinente señalar que, en eventos de responsabilidad médica, por el desconocimiento natural del juez de los protocolos que deben seguirse frente a determinado cuadro clínico, para que pueda corroborar si la atención médica fue idónea, el juez debe aproximarse a cada caso a través de pruebas técnicas, como dictámenes periciales, testigos técnicos o documentos, entre otr as, mediante l as cuales personas versadas sobre la materia lo ilustren con suficiencia, sin que esto signifique una precisa tarifa probatoria . La literatura médica no suple las pruebas técnicas que deban ser practicadas31.

25. Frente al dictamen pericial rendido por José Fernando Serna Ríos, en calidad de perito del Instituto Nacional de Medicina L egal, la Sala considera

20 La demanda fue oportuna, pues el daño cuya reparación se pretende, consistente en la muerte de Juan Camilo Marín Sánchez, ocurrió y pudo ser conocido por la parte actora el 12 de marzo de 2006, por lo que a partir del día siguiente comenzó a computarse el término de 2 años (artículo 136.8 del CCA), que finalizó el 13 de marzo de 2008. 21 Historias clínicas en Salud Total (f. 179 al 222 de los cuad. 1 y 1 -1 del Tribunal), en la Clínica Los Ro sales (f. 512 al 704 del cuad. 2-2 del Tribunal) y en el Hospital Universitario San Jorge (f. 733 al 988 de los cuad. 2-3 y 2-4 del Tribunal). 22 Folios 86 del cuaderno 1 y 81 del cuaderno 2 del Tribunal.

704 del cuad. 2-2 del Tribunal) y en el Hospital Universitario San Jorge (f. 733 al 988 de los cuad. 2-3 y 2-4 del Tribunal). 22 Folios 86 del cuaderno 1 y 81 del cuaderno 2 del Tribunal. 23 Folios 1007 y 1008 del cuaderno 2 – 4 del Tribunal. 24 Folios 1201 y 1202 del cuaderno 2 – 5 del Tribunal. 25 Folios 1203 al 1205 del cuaderno 2 - 5 del Tribunal. 26 Folios 723 y 724 del cuaderno 1 - 3 del Tribunal. 27 Folios 468 al 475 del cuaderno 2 -1 del Tribunal. 28 Folios 476 al 479 del cuaderno 2 – 1 del Tribunal. 29 Folios 480 al 482 del cuaderno 2 – 1 del Tribunal y 998 al 1003 del cuaderno 2 – 4 del Tribunal. 30 Folios 994 al 997 del cuaderno 2 – 4 del Tribunal. 31 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de agosto de 2019 (NI. 43266).Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

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que este no reúne los requisitos del artículo 237.6 del CPC32, pues, como puede notarse de su contenido 33, no es preciso ni detallado en las respuestas a los interrogantes formulados y tampoco contiene una explicación de las investigaciones realizadas para resolver el cuestionario, por lo que no es

notarse de su contenido 33, no es preciso ni detallado en las respuestas a los interrogantes formulados y tampoco contiene una explicación de las investigaciones realizadas para resolver el cuestionario, por lo que no es posible identificar el fundamento técnico y científico de las conclusiones. De igual forma, no es posible analizar la competencia del perito -artículo 241 del CPC-, pues se desconocen las calidades profesionales del señor Serna Ríos.

26. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que, en todo caso, por los interrogantes formulados al perito, el dictamen solo se enfocó en identificar y definir en términos abstractos la patología que presentó Juan Camilo Marín Sánchez, así como en señalar sus consecuencias. Sin embargo, el perito no se ocupó de analizar la causa de esa patología ni la atención médica brindada a los pacientes, que es, precisamente, lo que ilustraría a la Sala en orden de establecer si hubo una relación de la causalidad entre el daño acreditado en el proceso y la actuación de las entidades demandadas.

27. Precisado lo anterior, la Sala procede a señalar las razones por las cuales considera que no está acreditado que las actuaciones identificadas en la demanda hubieran causado el fallecimiento de Juan Camilo Marín Sánchez.

28. (1) Según lo afirmado por la parte demandante en el proceso, se “omiti[ó] solicitarle a la paciente la hemoclasificación ”, pese a que este examen “ era muy importante porque de haberse establecido que la paciente era Rh negativa, su pareja Rh positivo y ante el hecho de una amenaza de aborto con desprendimiento de placenta era necesario haber suministrado a la

muy importante porque de haberse establecido que la paciente era Rh negativa, su pareja Rh positivo y ante el hecho de una amenaza de aborto con desprendimiento de placenta era necesario haber suministrado a la paciente el medicamento (inmunoglobulina antiD) que protegía a su bebé en formación de una posible reacción de rechazo a su sangre (isoinmunización)”; además, se señaló que ninguno de los médicos tratantes le informó a la señora Sánchez Agudelo sobre el estado de incompatibilidad RH que presentaba.

29. Sobre la hemoclasificación y la determinación de la incompatibilidad RH, la Sala encuentra probado que, durante los controles de embarazo realizados en Salud Total, los médicos tratantes sí analizaron el resultado del examen de la hemoclasificación de la paciente y establecieron la incompatibilidad RH.

30. En el mismo escrito de la demanda, luego de hacer un recuento de algunos controles de embarazo realizados, se reconoció, de forma contradictoria, que “en resumen la paciente fue diagnosticada como un caso de incompatibilidad RH y amenaza de aborto con desprendimiento de placenta y hematoma retrocoriónico desde la semana 11 de gestación”.

31. Tanto la hemoclasificación de la señora Sánchez Agudelo como el estado de incompatibilidad RH quedaron consignados en la historia clínica de la paciente. En especial, se destacan las anotaciones de 13 de agosto de 2003,

32 Norma vigente para la fecha en la que el dictamen pericial se decretó como prueba. 33 Se trascribe la respuesta del cuestionario formulado: “III. Respuesta al cuestionario. 1. Kernicterus. 2. Kernicterus

32 Norma vigente para la fecha en la que el dictamen pericial se decretó como prueba. 33 Se trascribe la respuesta del cuestionario formulado: “III. Respuesta al cuestionario. 1. Kernicterus. 2. Kernicterus neonatal con secuelas neurológicas severas, síndrome convulsivo, múltiples cuadros de n eumonías con hospitalizaciones y cuadros virales a repetición. 3. Ya respondida en el numeral anterior e ilustrada en el ítem discusión del caso. 4. El compr omiso neurológico severo del menor no era compatible ni siquiera con el autocuidado de una persona, además, el 50 y el 75% de los niños con kernicterus mueren precozmente”.Radicación: 66001-23-31-000-2008-00078-02 (64398)

Demandantes: María Esperanza Sánchez Agudelo y otros

Demandados: Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE y otros Referencia: Reparación directa Decisión: Confirmar la sentencia apelada ________________________________________________________________________________ 8 de 14

donde se indicó que la paciente “ en el m