CE - Sentencia 66001233300020180043001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

Demandado: La Nación – Rama Judicial y Colpensiones1

Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación formulados por los apoderados de las partes demandante y demandada contra la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda 2 se solicitó la nulidad de las Resoluciones DESAJPER17-926 de 4 de diciembre de 2017 y 4304 de 23 de mayo de 2018 3, proferidas, en su orden, por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira y la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial..

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió condenar al ente accionado

proferidas, en su orden, por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira y la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial..

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió condenar al ente accionado reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas en favor del actor con ocasión a su retiro del servicio, así como la indemnización moratoria contenida en las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y en el Decreto 1582 de 1998.

4. Igualmente, peticionó el cumplimiento de la sentencia en los términos ordenados en el C.P.A.C.A. y la condena en costas y agencias en derecho de la accionada.

5. Hechos. El señor José Mauricio Escalante Arias prestó sus servicios a la demandada en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 1991 y el 30 de septiembre de 2014 , como auxi liar judicial grado IV del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Pereira.

1 Institución que fue vinculada al trámite judicial como tercera interesada en el resultado del proceso, a través del auto de fecha 5 de noviembre de 2019 (fls 141 -142 del expediente digital que obra en el índice 28 de la plataforma SAMAI de primera instancia). 2 La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el 7 de noviembre de 2018, según lo evidencia el acta de reparto visible a folio 99 del expediente digital. 3 Folios 23-26 y 27-32 del expediente digital arriba referenciado.Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

evidencia el acta de reparto visible a folio 99 del expediente digital. 3 Folios 23-26 y 27-32 del expediente digital arriba referenciado.Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. El 23 de noviembre de 2013 sufrió un accidente cerebro vascular que lo imposibilitó para trabajar. Por tanto, a partir de entonces le fueron conferidas diversas incapacidades médicas ininterrumpidas que superaron los 180 días.

7. El 9 de junio de 2014, la J unta Regional de Calificación de Invalidez determinó que el actor perdió el 70.39% de su capacidad laboral, lo que conllevó a que Colpensiones, mediante Resolución 424550 de 15 de diciembre de ese año, le reconociera su pensión de invalidez.

8. El día 30 de septiembre de ese año, el demandante renunció a su empleo, luego de lo cual le exigió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira el pago de las prestaciones sociales causadas a la fecha de su retiro del servicio.

9. Como respuesta, le fue indicado que se realizaría un cruce de cuentas con la administradora de pensiones, quien no le había devuelto a la Rama Judicial las incapacidades que esta le pagó al accionante con posterioridad al día 180 del hecho dañoso.

10. Motivado por ello, el actor solicitó a Colpensiones que le pagara a la Rama

incapacidades que esta le pagó al accionante con posterioridad al día 180 del hecho dañoso.

10. Motivado por ello, el actor solicitó a Colpensiones que le pagara a la Rama Judicial los aludidos dineros; ante lo cual le manifestaron que el empleador no está facultado para reconocer, pagar ni tramitar el cobro de las incapacidades que superen los 180 días, pero que el af iliado puede darle poder a aquel para que adelante en su nombre el cobro del subsidio por incapacidad.

11. El 30 de mayo de 2017 -petición que reiteró el 11 de octubre de ese año -, el señor Escalante Arias solicitó a la demandada el pago de las prestaciones sociales adeudadas a la fecha de su retiro del servicio.

12. Mediante la Resolución DESAJPER17 -926 de 4 de diciembre de 2017, la accionada negó lo peticionado y, además, le ordenó al demandante reintegrar la suma de $102.596. Esta decisión fue confirmada en sede de apelación a través de la Resolución 4304 de 23 de mayo de 2018 y notificada a la mandataria del accionante el día 15 de junio de esa anualidad.

13. Fundamentos de derecho y concepto de violación . Para la abogada de la parte actora, la s decisiones demandadas vulneraron los artículos 2.°, 4.°, 6.°, 13, 23, 25, 29, 53, y 209 de la Constitución Política; 206 de la Ley 100 de 1993; 9.° del Decreto 783 de 2000, 121 del Decreto 019 de 2012, 2.° de la Ley 244 de 1995 y e l Decreto 1804 de 1999.

Decreto 783 de 2000, 121 del Decreto 019 de 2012, 2.° de la Ley 244 de 1995 y e l Decreto 1804 de 1999.

14. Sostuvo la jurista que la entidad accionada desconoció la ley vigente, pues no estaba autorizada para retener los salarios y prestaciones sociales adeudados al demandante y compensarlos con las sumas de dinero que por concepto de incapacidades laborales posteriores al día 180 fueron pagadas a aquel.

15. Que, en lugar de ello, la Dirección Ejecutiva Seccional de AdministraciónRadicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Judicial de Pereira debió recobrar los dineros ante Colpensiones, y no desconocer los derechos del trabajado r -miembro más débil de la relación laboral - que, al padecer una incapacidad laboral superior al 70% se encuentra catalogado como una persona de especial protección constitucional.

16. Contestación de la demanda.

17. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira4, contestó la demanda en los siguientes términos:

18. No se vulneraron los derechos del demandante pues, de acuerdo con la ley, no es procedente que, con posterioridad al día 180 de incapacidad, el empleador reconozca y pague al trabajador los salarios y prestaciones sociales. Por tanto, la decisión adoptada en los actos demandados se encuentra ajustada al orden jurídico,

es procedente que, con posterioridad al día 180 de incapacidad, el empleador reconozca y pague al trabajador los salarios y prestaciones sociales. Por tanto, la decisión adoptada en los actos demandados se encuentra ajustada al orden jurídico, pues el demandante debía devolver a la entidad los dineros que le fueron reconocidos por concepto de incapacidades para trabajar.

19. La Rama Judicial no fue negligente frente al caso del actor , pues según la respuesta emitida por Colpensiones, el empleado es el directamente obligado a adelantar los trámites de recobro ante aquella.

20. Con sustento en lo expresado, formuló la excepción de cobro de lo debido.

21. Dentro del término legal, Colpensiones5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con tal propósito, luego de referenciar el régimen legal de las incapacidades dimanadas de las enfermedades y accidentes de origen común, argumentó que las sumas de dinero causadas con posterioridad al día 180 de incapacidad, debe ser pagada por la EPS a la que se encuentra afiliado el actor.

22. Lo anterior, por cuanto, esa promotora de salud no cumplió con los plazos contenidos en el Decreto 019 de 2012, para emitir y enviar a Colpensiones el respectivo concepto de rehabilitación, lo que la hace responsable de los subsidios por incapacidad previstos en la ley.

23. Con base en ello, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad responsable del pago que ahora se reclama. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción.

24. Sentencia de primera instancia 6. El 3 de febrero de 2022 , el Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia en la que concedió parcialmente las

excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción.

24. Sentencia de primera instancia 6. El 3 de febrero de 2022 , el Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia en la que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

4 Folios 107-113, ejusdem. 5 Folios 146-160, ib. 6 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI - ED_4100123330002015(.zip) NroActua 2 - archivo <001Sentencia.pdf>>Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

25. Con tal propósito, y después de referenciar algunos conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública 7 y del Ministerio del Trabajo 8, pregonó que, con ocasión de una incapacidad laboral emanada de un accidente y/o enfermedad de origen común y/o profesional, el empleador no puede considerar que el vínculo laboral que tiene con su trabajador se suspende o termina, por lo que el tiempo que perdure aquella no puede ser descontado p ara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

26. El Decreto 3135 de 1968 no autoriza la suspensión de pago de las prestaciones sociales a partir del día 181 de incapacidad laboral, pues el contexto constitucional y legal vigente -Leyes 100 de 1993 y 361 de 1991 y el Decreto 2463 de 2001tiene

sociales a partir del día 181 de incapacidad laboral, pues el contexto constitucional y legal vigente -Leyes 100 de 1993 y 361 de 1991 y el Decreto 2463 de 2001tiene como objeto proteger a los discapacitados, como personas vulnerables con derecho a una estabilidad laboral reforzada.

27. En consecuencia, durante todo ese tiempo, el empleador debe reconocer a su trabajador las respectivas prestaciones sociales, salvo las vacaciones, las cuales tienen un límite definido en el artículo 22 del Decreto 1045 de 1978.

28. En el caso concreto, se dem ostró que la Rama Judicial le reconoció y pago al demandante las incapacidades para laborar que se generaron con posterioridad al día 180, cuando tal obligación debió ser cumplida por Colpensiones.

29. Se probó asimismo que, mediante uno de los actos enjuiciados, esto es, la Resolución DESAJPER17-926 de 4 de diciembre de 2017, la accionada, sin ningún sustento legal, compensó las prestaciones sociales a las que tenía derecho el accionante -cuyo valor ascendió a $5.434.523-, con los dineros que previamente le había pagado por concepto de incapacidades para trabajar causadas luego de los 180 días de esas restricciones médicas -por valor de $5.537.119-; lo que arrojó una diferencia en contra del demandante del orden de $102.596.

30. Por consiguiente, y atendiendo a que el presente debate gira en torno al reconocimiento de las prestaciones sociales del actor y no sobre los subsidios de incapacidad causados con posterioridad al día 180 , deviene proced ente declarar fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de

Colpensiones.

reconocimiento de las prestaciones sociales del actor y no sobre los subsidios de incapacidad causados con posterioridad al día 180 , deviene proced ente declarar fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones.

31. Por lo que sigue, las prestaciones sociales reconocidas en el acto demandado, esto es, la Resolución DESAJPER17-926 de 4 de diciembre de 2017, deberán ser pagadas al actor pues, se reitera, durante el tiempo que perduraron las incapacidades no se suspendió el vínculo laboral entre el demandante y la Rama

Judicial.

7 El identificado con el número 20156000181825 del 27 de octubre de 2015. 8 Conceptos 36773 de 13 de febrero de 2008 y 100198 de 16 de junio de 2014.Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

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32. No procede el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues sus disposiciones no son aplicables a los empleados públicos.

33. Tampoco es viable reconocer la sanción moratoria reclamada frente a las cesantías, pues se demostró que, oportunamente, la Rama Judicial las liquidó, solo que su pago no se materializó por que el empleador compensó su valor con los dineros cancelados al demandante por conce pto de incapacidades para laborar superiores al día 18 0. Es decir, las pruebas recopiladas no evidenciaron el

que su pago no se materializó por que el empleador compensó su valor con los dineros cancelados al demandante por conce pto de incapacidades para laborar superiores al día 18 0. Es decir, las pruebas recopiladas no evidenciaron el incumplimiento de la obligación denunciada como insatisfecha, «ya que la entidad pública pagadora tendrá un plazo a partir de la cual quede en fir me el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social.»

34. No operó la prescripción de derechos, pues las prerrogativas reclamadas se hicieron exigibles el 30 d e septiembre de 2014 y la reclamación administrativa fue presentada el 30 de mayo de 2017, antes de los tres años previstos en la normativa vigente.

35. Recursos de apelación . Oportunamente, los apoderados de las partes en contienda recurrieron la anterior decisión, en los siguientes términos:

36. Parte demandante9. Alegó que en la demanda no pidió la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sino la de las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, en tanto son las que regulan la sanción moratoria para los empleados públicos.

37. Por tanto, la entidad demandada debía, dentro de los 45 días siguientes a la renuncia al cargo prese ntada por el actor, reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas a la fecha del retiro del servicio. Sin embargo, tal y como quedó demostrado en el expediente, la Rama Judicial, tres años después de ese suceso y previa solicitud del accionante, rec onoció esos estipendios, pero, de manera

sociales causadas a la fecha del retiro del servicio. Sin embargo, tal y como quedó demostrado en el expediente, la Rama Judicial, tres años después de ese suceso y previa solicitud del accionante, rec onoció esos estipendios, pero, de manera arbitraria, decidió compensar su valor con los dineros reconocidos a partir del día 181 de incapacidad laboral, cuando la ley no la autorizaba a ello.

38. Así las cosas, la tardanza comprobada en el pago de las prestaciones sociales da lugar al reconocimiento de la sanción moratoria -en los términos de la sentencia 0188 de 2018, proferida por el Consejo de Estado-, por lo que debe ser reconocida en esta oportunidad.

39. Parte demandada 10. De conformidad con lo previsto e n la ley, no era procedente que la Rama Judicial reconociera y pagara al actor las incapacidades posteriores al día 180 , razón suficiente para efectuar la compensación con los dineros dimanados de las prestaciones sociales reconocidas en la Resolución

9 Ver índice 33 de la plataforma SAMAI de primera instancia. 10 Ver índice 32 de la plataforma SAMAI de primera instancia.Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DESAJPER17-926 de 4 de diciembre de 2017. Por tanto, la operación efectuada en este último decisorio se encuentra ajustada a la ley.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

www.consejodeestado.gov.co DESAJPER17-926 de 4 de diciembre de 2017. Por tanto, la operación efectuada en este último decisorio se encuentra ajustada a la ley.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

40. La admisión del recurso 11. Mediante auto de fecha 13 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación. Dentro de los términos establecidos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 del C.P.A.C.A., no se registraron intervenciones de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta corporación.

41. Control de legalidad 12. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna causal de nulidad que p ueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que

se resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. Esta sala de subsección es competente para resolver el aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.13

43. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, 14 el juez de segunda instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente, salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá resolver sin limitaciones. En esta oportunidad , solo se resolverán lo s cuestionamientos vertidos en los recursos de apelación, en tanto sus reproches no abarcaron todas las determinaciones adoptadas en la sentencia de primer grado.

44. Problemas jurídicos. Atendiendo lo señalado por los recurrentes , se debe

determinar si:

cuestionamientos vertidos en los recursos de apelación, en tanto sus reproches no abarcaron todas las determinaciones adoptadas en la sentencia de primer grado.

44. Problemas jurídicos. Atendiendo lo señalado por los recurrentes , se debe

determinar si:

45. ¿La falta de pago de las prestaciones sociales adeudadas al demandante, motivada por la compensación efectuada por la entidad demandada frente a los subsidios por incapacidad cancelados con posterioridad al día 181 de restricción médica, genera en su favor el derecho a la sanción moratoria?

46. ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira se encontraba habilitada para compensar las prestaciones sociales a las que tenía derecho el actor con los dineros que le había reconocido y pagado por concepto de incapacidades laborales causadas con posterioridad al día 180 de restricci ón para

11 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI de segunda instancia. 12 El artículo 207 de l a Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes». 13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 14 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trabajar?

47. El caso concreto – la resolución de los interrogantes planteados.

48. Primer interrogante: ¿La falta de pago de las prestaciones sociales adeudadas al demandante, motivada por la compensación efectuada por la entidad demandada frente a los subsidios por incapacidad cancelados con posterioridad al día 181 de restricción médica, genera en su favor el derecho a la sanción moratoria?

49. Dos son los regímenes que gobiernan la s sanciones moratorias que pueden emanar de las cesantías. El primero de ellos, establecido en la Ley 50 de 1990 y, el segundo, contemplado en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

50. Lo anterior, en razón a que, a través del primer dispositivo, el legislador concibió la aludida sanción -consistente en el pago de un día de salario por cada día de retardo-, para aquellos eventos en los que el empleado r incumpla con el deber de consignar en el fondo al que se encuentre afiliado el trabajador y antes del 15 de febrero de cada año, el valor de las cesantías causadas en la anualidad inmediatamente anterior15.

consignar en el fondo al que se encuentre afiliado el trabajador y antes del 15 de febrero de cada año, el valor de las cesantías causadas en la anualidad inmediatamente anterior15.

51. Por su parte, con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el Congreso de la República dio vida a una tipología sancionatoria que surge a partir del no pago y/o pago extemporáneo de esa prestación. El artículo 1.° de la primigenia disposición

en cita prevé:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (El énfasis es de la subsección)»

52. Seguidamente, e n el artículo 2.° de la citada normativa se concibió el plazo máximo con que cuenta la entidad para pagar la aludida prestación, así como la sanción que se genera a partir de su incumplimiento, veamos:

52. Seguidamente, e n el artículo 2.° de la citada normativa se concibió el plazo máximo con que cuenta la entidad para pagar la aludida prestación, así como la sanción que se genera a partir de su incumplimiento, veamos:

15 El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establece que «El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo […]»Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo

www.consejodeestado.gov.co «Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta pre stación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.» (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previ sto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (Énfasis fuera del texto)

53. En sentencia de 18 de julio de 201816, esta corporación unificó la jurisprudencia en torno a las fechas a partir de las cuales se entiende estructurada la sanción moratoria. En lo que aquí interesa, esto es, cuando la petición de cesantías carece de respuesta y/o tal misiva es tardía, fijó la siguiente regla de unificación:

«En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que

«En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.»

54. Al compás de lo expuesto, es evidente que la s sanciones moratorias a las que aquí se ha hecho referencia, aplica n única y exclusi vamente frente a dos claros supuestos fácticos a saber: i) la no consignación y/o la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas del trabajador y; ii) el no pago y/o el pago inoportuno de las cesantías parciales y definitivas del empleado.

55. Sin embargo, y de acuerdo con lo expresado en la demanda y en la alzada, se concluye que la sanción moratoria reclamada por el actor es la prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, en tanto reprochó la falta de pago de las prestaciones sociales -entre ellas las cesantías definitivas - causadas a partir de la fecha en que se produjo su retiro del servicio.

56. Siguiendo este derrotero, se dirá que la aludida sanción solo se aplica a las aludidas cesantías, y no a las demás prestaciones sociales, por lo que sus reglas y efectos serán contrastadas de cara a ese emolumento.

57. Aclarado lo anterior, se resolverá el interrogante planteado, de acuerdo con las siguientes situaciones fácticas , que fueron debidamente probadas en el decurso

procesal:

57. Aclarado lo anterior, se resolverá el interrogante planteado, de acuerdo con las siguientes situaciones fácticas , que fueron debidamente probadas en el decurso

procesal:

58. El 30 de mayo de 2017 17, el demandante solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira «[…] el reconocimiento y pago de

16 Sala Plena de la Sección Segunda, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15) CE-SUJ2-01218, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 17 Ver folios 37-38 del expediente digital que reposa en el índice 28 de la plataforma SAMAI de primera instancia.Radicado: 66001-23-33-000-2018-00430-01 (3049-2022)

Demandante: José Mauricio Escalante Arias

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las acreencias laborales que hasta la fecha no me han sido reconocidas por haber laborado hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en la que presenté renuncia por el reconocimiento de PENSION DE INVALIDEZ , mediante Resolución No. GNR424550 del 15 de diciembre de 2014 […]» . Esta petición fue reiterada el 11 de octubre siguiente, según da cuenta el folio 39 del expediente digital.

59. El 12 de diciembre de 2017, el demandante recibió el oficio DESAJPE17 -1170 del día 6 de ese calendario -folios 52 y 53 del expediente digital -, a través del cual se le comunica la Resolución DESAJPER17 -926 de 4 de diciembre de ese mismo

del día 6 de ese calendario -folios 52 y 53 del expediente digital -, a través del cual se le comunica la Resolución DESAJPER17 -926 de 4 de diciembre de ese mismo año -folios 23 a 26-. A través de esta resolución, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira concluyó lo siguiente:

«[…] La Administración judicial le canceló directamente a través de la cuenta de nómina por incapacidades a partir del día 181 de incapacidad, o sea a partir del 23 de mayo de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2014 el valor de cinco millones quinientos treinta y siete mil ciento diecinueve pesos ($5.537.119.00), así […]

La liquidación de contrato a la cual tiene derecho el señor JOSE MAURICIO ESCALANTE ARIAS, es por la suma de cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro quinientos veintitrés pesos ($5.434.523.00) así […]

Como el valor que le adeuda a la Administración Judicial es mayor que el valor que le corresponde por liquidación de contrato, usted le queda debiendo a la Administración Judicial de Pereira la suma de CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS ($102.596.00)»

60. Inconforme con esa decisión,