CE - Sentencia 66001233300020190037102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 66001233300020190037102 (5768-2024)[[1]](#footnote-1) | | Demandante | : | Genny Alexandra Arenas González | | Demandado | : | Municipio de Pereira | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011 | | Tema | : | Relaciones laborales encubiertas tras contratos de prestación de servicios. | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra la sentencia dictada el Primero (1º) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda[[2]](#footnote-2)

1.1 Pretensiones

1. ANTECEDENTES

1. La demanda[[2]](#footnote-2)

1.1 Pretensiones

La señora Geny Alexandra Arenas González, por conducto de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición del 12 de julio de 2016, radicada bajo el No. 31855-2016, mediante la cual se solicitó el reconocimiento y pago de unos derechos laborales a su favor.

A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó:

(i) que se declare que, entre Geny Alexandra Arenas Gonzáles y el Municipio de Pereira, existió una relación laboral entre el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996) y el veintiuno (21) de septiembre de dos mil catorce (2014); ii) que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar a favor de la señora Geny Alexandra Arenas González, las prestaciones sociales, tales como: cesantías y sus intereses, primas de navidad y vacaciones, bonificación por servicios prestados, subsidio de transporte, recargos nocturnos y horas extras, dominicales y trabajo en días festivos; así como, la sanción moratoria por no consignación oportuna de cesantías, cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales; todo ello, conforme a los derechos laborales reconocidos a los empleados púbicos de planta de la entidad territorial que realizan las mismas funciones o similares; (iii) que lo adeudado sea reconocido debidamente indexado y,(iv) se dé cumplimiento a la sentencia en términos de los artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011, además se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.2 Hechos

La señora Genny Alexandra Arenas González prestó sus servicios al municipio de Pereira, en calidad de formadora, en el centro de atención Marceliano Ossa «CREEME», desde el 1º de enero de 1996, cumpliendo una jornada laboral ordinaria, incluso en ocasiones en horario nocturno, dominicales, festivos y horas extras.

Como retribución de su servicio la demandante percibía un ingreso mensual de $1.909.000, el cual era inferior al salario que devengaban los servidores nombrados en la planta de la entidad demandada que cumplían las mismas labores que ella.

Durante la relación laboral nunca se le reconocieron ni pagaron las prestaciones sociales a que tenía derecho, como tampoco se le cancelaron al momento de la terminación del vínculo.

Expone que, presentó reclamación administrativa el día 12 de julio de 2016, por intermedio de apoderado, con el fin que se le reconociera y pagara las prestaciones y salarios a que consideraba tenía derecho; la cual no fue resuelta y como tal, surgió el acto ficto acusado.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Citó como violadas las siguientes normas: preámbulo y artículos 1, 2,13, 25, 53 y 122 de la Constitución Política; Ley 1429 de 2010; Ley 909 de 2004; Ley 50 de 1990; Ley 4.a de 1992; Decreto 1042 de 1978 y Decreto 1919 de 2002.

Aduce que, el municipio de Pereira vinculó a la demandante mediante órdenes y contratos de prestación de servicios, para realizar funciones permanentes de la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales ordinariamente eran asignadas a los cargos de planta de la entidad; propinando con ello un trato desigual y discriminatorio frente a los demás empleados que realizaban las mismas tareas. Tal situación, además, comportó el desconocimiento de los principios fundamentales rectores de la relación laboral, en especial el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, junto con los derechos mínimos fundamentales de la trabajadora, al no habérsele reconocido las prestaciones sociales y demás emolumentos que devenga un servidor público de planta.

2. Contestación de la demanda[[3]](#footnote-3)

El municipio de Pereira, a través de apoderada judicial, manifestó su oposición a las pretensiones controvirtiendo los hechos de la demanda.

Adujo que, la demanda se había interpuesto por fuera de los términos de prescripción, comoquiera que, la relación finalizó el 20 de agosto de 2014 y la demanda se interpuso el 4 de junio del año 2019.

Adujo que la vinculación se dio por medio de contratos u órdenes de prestación de servicios regidas por la Ley 80 de 1993, artículo 32; no existiendo pruebas de la subordinación, requisito necesario para que surja una relación laboral; aclarando que, el cumplimiento de horarios o el acatamiento de instrucciones no conlleva la citada subordinación; dado que, aquellos hacen parte de la coordinación de labores a ejecutar.

3. Sentencia de primera instancia[[4]](#footnote-4)

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante sentencia emitida el Primero (1º) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente, sin condena en costas, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de los derechos causados en los períodos entre el 17 de abril 2008 al 29 de diciembre de 2008 y del 30 de enero de 2012 al 29 de marzo de 2012 propuesta de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acto Administrativo FICTO O PRESUNTO que tuvo origen en la reclamación laboral elevada el día 12 de julio de 2016 y radicada con el número 31855-2016, por la cual se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al Municipio de Pereira el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y las prestacionales de orden legal a las cuales tiene derecho un formador, vigilante y guardián (custodio) de la planta de personal de la entidad,excluyendo las prestaciones extralegales, tomando como base el salario devengado por un empelado de planta que ejercía las funciones de formador, vigilante y guardián (custodio) para el mismo período; es decir, desde el 19 de octubre de 2012 al 20 de septiembre de 2014, cuando no se demuestre la existencia de un cargo igual en la planta de personal o el valor de los honorarios y los salarios pactados en los contratos en misión sea inferior.

CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al Municipio de Pereira el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por lo cual, la entidad accionada deberá completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el período en los que se demostró la existencia de la relación laboral (del 17/04/2008 al 29/12/2008, del 30/01/2012 al 29/03/2012 y del 19/10/2012 y el 20/09/2014) tomando como base el valor de lo devengado por un formador, vigilante y guardián (custodio) de planta de la ESE cuando no se demuestre la existencia de un cargo igual en la planta de personal o el valor de los honorarios o salarios pactados sea inferior.

El municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, se debe computar para efectos pensionales.

QUINTO: Se NIEGA, la tacha de los testigos por las razones detalladas en la parte considerativa de esta providencia.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia».

El tribunal de primera instancia dio por acreditados que entre las partes en contienda se suscribieron contratos u órdenes de prestación de servicios entre el diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008) y el veinte (20) de septiembre de dos mil catorce (2014), cuyo objeto consistió en el apoyo a la gestión, para desarrollar actividades de formación y asistencia integral dirigida a los adolescentes infractores de la ley penal, en el Centro de Reeducación de Menores – CREEME - del municipio de Pereira, involucrando no sólo actividades de formación, sino también de «guianza» y custodia.

Las funciones que cumplía la demandante, en virtud de los contratos de prestación de servicios que suscribió, comportaban una mixtura entre los roles o cargos de: formador, custodio y vigilante; en los cuales debía haber un direccionamiento y control por parte del jefe directo de la señora Arenas González, el cumplimiento de un horario y unas directrices específicas. Por tanto, se verificó el elemento de la subordinación que se exige para declarar la existencia de una relación de carácter laboral encubierta en la forma de un contrato de prestación de servicios.

También analizó el punto de la prescripción de los derechos reclamados, a la luz del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, declarando prescritos los derechos causados en los períodos del 17/04/2008 al 29/12/2008 y del 30/01/2012 al 29/03/2012; sin embargo, el fenómeno en cita no operó para las vinculaciones del 19/10/2012 al 20/09/2014.

Ordenó el pago de las prestaciones sociales que debió devengar la demandante, así como, las diferencias salariales entre los honorarios que percibió y los salarios devengados por los servidores de la entidad, la diferencia en los aportes pensionales, tomando como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollará funciones de formador, vigilante y guardián (custodio) y solo en caso de no existir aquel cargo, se tendrán como base de liquidación de aportes los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

Finalmente, expuso que la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías no era procedente, dado que, el derecho a percibir tal emolumento surgió con esa sentencia.

4. Recurso de apelación[[5]](#footnote-5)

Finalmente, expuso que la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías no era procedente, dado que, el derecho a percibir tal emolumento surgió con esa sentencia.

4. Recurso de apelación[[5]](#footnote-5)

La apoderada del ente territorial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, por considerar que no estaba demostrado el elemento de la subordinación, pues lo que se evidenció con la documentación recaudada fue que la relación estuvo regida mediante contratos de prestación de servicios interrumpidos, atendiendo lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Por último, expuso que en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se consagraron unos indicios de subordinación, a saber: el lugar de trabajo; horario de labores; la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar; que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta; lo cuales no se acreditaron en este proceso, lo que se evidenció en el expediente fue la coordinación, necesaria para la buena ejecución de los contratos estatales.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)[[6]](#footnote-6), el consejero ponenteadmitió el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se prescindió de la etapa de alegaciones.

1. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

1. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1[[7]](#footnote-7) el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[[8]](#footnote-8), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar si, durante el período en que la señora Geny Alexandra Arenas González prestó sus servicios a la entidad demandada se configuró una verdadera relación laboral, especialmente, si se acreditó el elemento de la subordinación, necesario para que se configure la relación laboral encubierta.

Para tal efecto, se procederá a analizar el marco normativo y jurisprudencia, para luego resolver el caso en concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, destacando el elemento de subordinación o dependencia como determinante en la diferencia del contrato laboral, frente al de prestación de servicios[[9]](#footnote-9).

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968[[10]](#footnote-10), dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones».

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos».

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales16.

De igual manera, la subsección B de esta sección segunda17 recordó que (i) la subordinacióno dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público; elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

2.2.2. Caso concreto

La demanda tiene por objeto la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre la demandante y la entidad llamada a juicio.

El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad del acto administrativo acusado y la existencia de la relación laboral, ordenó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y las prestacionales de orden legal, incluidos los aportes en pensión desde el 19 de octubre de 2012 al 20 de septiembre de 2014, por prescripción trienal.

La entidad demandada se manifestó inconforme con la decisión de primera instancia, al considerar que no se acreditó el elemento de la subordinación.

En este punto, debe indicarse que, para que surja una relación laboral es necesario que se cumplan con tres requisitos a saber: i) prestación del servicio y ii) remuneración y, iii) subordinación. Cabe indicar que, en este asunto, no hay objeción sobre los dos primeros, siendo la inconformidad con el fallo lo referente a la subordinación.

No obstante, respecto a la prestación personal del servicio, a juicio de la Sala, se encuentra acreditado que Geny Alexandra Arenas González fue quien ejecutó directamente los contratos suscritos; siendo estos, según la certificación de la entidad de fecha trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023)[[11]](#footnote-11) los siguientes:

| | | | | --- | --- | --- | | No. Contrato | Plazo de ejecución | Adición | | 294 | 08/02/2007 a 23/09/2007 | 24/09/2007 a 30/12/2007 | | 625 | 17/04/2008 a 29/12/2008 | | | 137 | 30/01/2012 a 29/03/2012 | | | 1272 | 19/04/2012 a 18/10/2012 | | | 2748 | 19/10/2012 a 18/11/2012 | | | 3097 | 21/11/2012 a 30/12/2012 | | | 121 | 18/01/2013 a 17/03/2013 | | | 1136 | 18/03/2013 a 17/07/2013 | | | 1858 | 18/07/2013 a 17/12/2013 | 18/12/2013 a 29/12/2013 | | 461 | 21/01/2014 a 20/08/2014 | 21/08/2014 a 20/09/2014 |

La anterior relación de contratos y lapsos de ejecución, junto con las actas de inicio de los contratos 825 del 15 de abril de 2008, 137 del 30 de enero de 2012, 2748 del 19 de octubre de 2012, 3097 del 21 de noviembre de 2012, 121 del 18 de enero de 2013, 1136 del 18 de marzo de 2013 y 461 del 21 de enero de 2014[[12]](#footnote-12), demuestran que la demandante ejecutó unas labores particulares mediante sucesivos contratos de prestación de servicios para el municipio de Pereira, con algunas interrupciones.

Durante el trámite de primera instancia se escuchó la declaración de los señores: Orlando Restrepo[[13]](#footnote-13) y Luis Elimeleth Palacio Maturana[[14]](#footnote-14), quienes manifestaron que compartieron labor con la señora Geny Alexandra Renas González, son testigos de su asistencia al lugar de trabajo y del cumplimiento de las funciones asignadas, sin delegarlas.

Las actividades propias del objeto de los contratos de prestación de servicios que suscribió la señora Arenas González con la administración municipal de Pereira, involucraban la prestación personal del servicio, debiéndose precisar que el objeto contractual en ellos se basó en «prestar los servicios de apoyo a la gestión en la asistencia integral de los y las adolescentes infractores de la ley penal colombiana institucionalizados en el centro de atención especializado CREEME del municipio de Pereira».

El análisis de estas pruebas en conjunto permite concluir que la actora prestaba personalmente los servicios para los que fue contratada.

En cuanto al elemento de la remuneración, se encuentra acreditado que en los contratos suscritos por la señora Geny Alexandra Arenas Martínez se pactó el pago de unos honorarios, entendiéndose así cumplido este elemento.

Ahora bien, en cuanto al elemento subordinación tenemos que, las labores para las cuales fue contratada la demandante involucran la atención integral de menores de edad, quienes son sujetos de especial protección constitucional, en un contexto tan particular y sensible, como es el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes. Este sistema es eminentemente reglado conforme a los postulados del Código de Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, la Resolución 400 del 8 de marzo de 2007 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Decreto 2383 de 2015, entre otros, lo cual implica una dirección, control, vigilancia, orientación y seguimiento a cargo del ICBF de todas las actividades que se desarrollan en los lugares dispuestos para la atención de los menores infractores de la ley penal.

De modo que, el contrato que ejecutó la señora Geny Alexandra Arenas González de entrada obedece a la ejecución de unas políticas públicas en materia de atención integral a los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes; no puede concebirse como una actividad que esté sujeta al concepto o autonomía de quien la ejecuta, se trata de actividades regladas, que tienen un propósito concreto el cual es el brindar atención integral a los menores y garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, teniendo como centro el interés superior del menor.

En cuanto a las pruebas del elemento en estudio la Sala le da valor probatorio a las declaraciones rendidas por los señores Orlando Restrepo[[15]](#footnote-15) y Luis Elimeleth Palacio Maturana[[16]](#footnote-16), dado que, al ser compañeros de trabajo de la demandante conocen de forma directa la situación de aquella; además, sus dichos coinciden con los demás elementos probatorios. En este punto, debe recordarse que la entidad demandada propuso tacha de falsedad sobre estas declaraciones, bajo el argumento que, ambos declarantes presentaron demandas contra el municipio de Pereira por los mismos motivos y con las mismas pretensiones que la demandante; no obstante, aquella no tiene ánimo de prosperidad.

El rigor que exige la norma procesal a la hora de valorar los testimonios de quienes se encuentran en circunstancias que podrían afectar su imparcialidad, no implica que se deseche de plano su dicho, a lo que alude es a que, se apliquen las reglas de la sana critica probatoria, que se contraste con los demás elementos de juicio y se valoren en detalle esas circunstancias que podrían afectar su imparcialidad, esta Subsección se ha pronunciado en ese sentido[[17]](#footnote-17) y así mismo lo hizo la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad[[18]](#footnote-18).

En el sub examine la Sala considera que la imparcialidad de los testigos no se encuentra comprometida, sus afirmaciones en la audiencia de pruebas fueron seguras, libres espontaneas, no se advierte de su contenido que lo hubieran hecho con el interés de favorecer a la demandante y por consiguiente a sí mismos. Sus relatos fueron detallados, claros, amplios y específicos en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conocieron a la demandante y desempeñaron labores junto con ella.

Aclarado lo anterior, tenemos que, el señor Orlando Restrepo explicó que sus servicios, como los de la demandante, consistían en acompañamiento permanente, supervisión e impartición de talleres formativos a los menores de edad que se encontraban en el «Centro de Reeducación para Menores Marcelino Bosa», cumplían horarios desde las 07:00 a.m. hasta las 05:30 p.m., en el turno de día, así como, en el turno de noche de 05:30 p.m. a 07:00 a.m., es decir, se trataba de un servicio que se prestaba de manera permanente durante 12 horas, de forma ininterrumpida todos los días de la semana.

El aludido testigo explicó que, su jefe directo y el de todos sus compañeros de trabajo era el director operativo del centro, quien les daba órdenes y directrices directas para ejecutar su labor. Los contenidos de los talleres los fijaba el pedagogo de la institución, participaban otros profesionales en el proceso formativo de los jóvenes e incluso se realizaban actividades externas. Tanto a él como a la demandante los citaban a reuniones periódicas, con una frecuencia que dependía del director operativo de turno. Incluso afirmó que por planeación de la entidad trabajaron durante algunos periodos sin contrato.

Por su parte el señor Luis Elimeleth Palacio Maturana[[19]](#footnote-19), ratificó lo que el anterior testigo afirmó, detalló que los talleres que impartían se relacionaban con convivencia pacífica, autoestima, farmacodependencia, entre otros. Explicó que la dirección operativa del centro daba órdenes directas a cada persona, de manera verbal y también por escrito mediante memorandos. La referida dirección, también fijaba el cronograma de actividades semanalmente, asimismo, los turnos que cumpliría cada uno de los involucrados en la actividad.

Luis Elimeleth Palacio Maturana también refirió que el transporte para ir a cumplir sus funciones se lo suministraba el municipio o la alcaldía de Pereira, todos debían llegar a un sitio denominado como «Turín» y de ahí se movilizaban a su lugar de trabajo, en busetas oficiales, conducidas por servidores del ente territorial o contratados por este.

En síntesis, la Sala considera que, de los testimonios escuchados, en conjunto con los documentos recaudados y tomando en especial consideración las labores desempeñadas por la demandante, no cabe duda que, realizaba una actividad subordinada, sujeta a las reglamentaciones del Gobierno nacional y a la dirección, control, vigilancia y supervisión del centro de atención de menores donde cumplía sus funciones.

En este punto, se considera importante indicar que la Organización Internacional del Trabajo –OIT– expidió la Recomendación No. 198 de 2006, la cual justamente establece la nec