CE - Sentencia 66001233300020210009501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023)

Demandante: Noé Arcesio Invachi López

Demandados: Municipio de Pereira

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Noé Arcesio Invachi López presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 47008 del 11 de diciembre de 2020 , mediante el cual la directora administrativa de talento humano del municipio de Pereira le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por sus servicios

se declarara la nulidad del Oficio 47008 del 11 de diciembre de 2020 , mediante el cual la directora administrativa de talento humano del municipio de Pereira le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por sus servicios prestados a esa entidad entre el 9 de mayo de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023)

Demandante: Noé Arcesio Invachi López

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo reclamado ; ii) el pago de los conceptos salariales y prestacionales que de ello se derivaran, t ales como salario, trabajo suplementario en horarios nocturnos, domingos y festivos, auxilio de transporte, vestido y calzado de labor, cesantías y sus interese s, vacaciones y las primas de junio y diciembre; iv) el reconocimiento de la sanción moratoria, así como de los intereses a los que hubiera lugar; v) la indemnización por despido injusto prevista por el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo2; vi) el reajuste e indexación de la sumas reconocidas según la variación del IPC ; vii) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA; y viii) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

artículo 192 del CPACA; y viii) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Noé Arcesio Invachi López se vinculó con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, mediante contratos de prestación de servicios para ejercer la labor de «apoyo a la gestión y realizar actividades operativas en uno de los establecimientos educativos oficiales del municipio», entre el 9 de mayo de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, de manera continua e ininterrumpida.

3.2. Durante su vinculación con la entidad , se le exigió la prestación personal del servicio en los establecimientos educativos del municipio o «donde la Secretaría municipal de Educación lo requi [ri]era por necesidad del servicio» (sic) dentro de un horario impuesto en igualdad de condiciones «que los demás conserjes que trabajan en el municipio, siendo estos de planta de persona [l]» (sic); y como contraprestación recibió una remuneración mensual.

3.3. Pese a cumplir con funciones y responsabilidades específicas, las que también eran desarrolladas en igual forma por los trabajadores vinculados directamente con el municipio, nunca le fueron reconocidas su prestaciones legales y sociales.

3.4. Cumplió turnos de 12 horas diarias distribuidos así: de 6:00 am, a 6:00 pm; y de 6:00 pm, a 6:00 am.

3.5. En el ejercicio de sus funciones recibió órdenes e instrucciones relacionadas con la misión «de cualquier ente que preste los servicios de educación», tales como prestar seguridad, oficios varios y los que el empleador a bien tenía.

3.5. En el ejercicio de sus funciones recibió órdenes e instrucciones relacionadas con la misión «de cualquier ente que preste los servicios de educación», tales como prestar seguridad, oficios varios y los que el empleador a bien tenía.

2 En lo que sigue CST.3

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López 3.6. El 30 de septiembre de 2020 solicitó a la entidad el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios y el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la directora administrativa del talento humano del municipio de Pereira a través del acto administrativo demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 25, 48, 53 y 93 de la Constitución Política; 23 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993; 5 del Decreto 2418 de 1999; 25 del Decreto 254 de 2000; 6 y 7 del Protocolo de San Salvador; la Ley 589 de 1998 y el Decreto 1582 de esa anualidad.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. La entidad demandada inaplicó el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera

5.1. La entidad demandada inaplicó el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal, permanente y subordinado o dependiente, en la medida en que la entidad contratante le impartió órdenes y directrices en relación con la labor contratada, le fijó un horario de trabajo para la prestación de sus servicios y le pagó una remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

5.2. El municipio de Pereira, Secretaría de Educación utilizó la figura contractual para ocultar la real vinculación laboral a través de la celebración consecutiva de contratos de prestación de servicios, en los que se evidencia el ánimo de emplear de forma permanente y continua sus servicios como «conserje».

5.3. Las funciones ejecutadas no pueden considerarse como esporádicas, sino que, en su generalidad, llevaban implícito el carácter de permanencia, por cuanto hacen parte del giro ordinario de la misión «de cualquier ente que preste los servicios de educación, razón por la cual es claro que la labor desarrollada como conserje» era necesaria para la prestación eficiente y eficaz del servicio público.

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:

3 Samai del tribunal, índice 1, 1_001DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 1, folios 1 al 31.

demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:

3 Samai del tribunal, índice 1, 1_001DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 1, folios 1 al 31. 4 Samai del tribunal, índice 7, 8_008CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 7, folios 2 al 8.4

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López 6.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades permanentes, y las que de manera excepcional se requi rieran relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y no pudieran realizarse con el personal de planta.

6.2. Como contraprestación por sus servicios le fueron pagados los honorarios pacados, los cuales no constituyen salario.

6.3. La contratación celebrada entre el ente territorial y el demandante fue por un «periodo corto».

6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral; ii) inexistencia de causa para demanda r y cobro de lo no debido ; iii) prescripción de los derechos y caducidad de «la acción»; y iv) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en consecuencia

dispuso lo siguiente:

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en consecuencia

dispuso lo siguiente:

«1. NO SE DECLARAN PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO Y CADUCIDAD propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del Oficio 47008 de fecha 11 de diciembre de 2020, mediante el cual fue negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales correspondientes, solicitadas por la parte demandante, proferido por el municipio de Pereira, conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante Noé Arcesio Invachi López las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de transporte y primas legales a que haya lugar incluida la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y en los cuales no operó el fenómeno de la prescripción, es decir, del 11 de mayo de 2017 al 30 de diciembre de 2017, del 03 de enero de 2018 al 02 de noviembre de 2018, del 03 de

no operó el fenómeno de la prescripción, es decir, del 11 de mayo de 2017 al 30 de diciembre de 2017, del 03 de enero de 2018 al 02 de noviembre de 2018, del 03 de noviembre de 2018 al 30 de diciembre de 2018, del 04 de enero de 2019 al 03 de septiembre de 2019 y del 04 de septiembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019, de acuerdo con las consideraciones de este fallo.5

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023)

Demandante: Noé Arcesio Invachi López

4. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquella como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.

Para ta les efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que

consideraciones de esta providencia.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se observará lo señalado en la parte motiva de este fallo.

7. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos en el artículo 192 del CPACA.

8. Se niegan las demás súplicas de la demanda, por lo razonado en la parte motiva de este proveído.

9. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al

asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:

8.1. Las pruebas allegadas al plenario evidencian que, desde 11 de mayo de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2019, entre el demandante y el municipio de Pereira se suscribieron 3 contratos de prestación de servicios cuyo objeto era la «[p]restación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en uno de los Establecimientos educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría Municipal de Educación lo requiera, por necesidades del servicio» (sic).

8.2. En virtud de tales contratos cumplía el horario de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm, durante el cual debía atender público, controlar la salida y entrada de los

8.2. En virtud de tales contratos cumplía el horario de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm, durante el cual debía atender público, controlar la salida y entrada de los estudiantes, y realizar oficios de aseo y jardinería. Incluso debía asistir algunos sábados, domingos y festivos.

8.3. Pese a vincularse con la entidad mediante contratos, la ejecución de su actividad implicó la prestación directa del servicio y sin independencia en el desarrollo de su labor, pues todo el tiempo tuvo que cumplir con el horario y las directrices fijadas

5 Samai del tribunal, índice 61, 40_040SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 61.6

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López por el rector o coordinador de la institución educativa.

8.4. Las labores para las que fue contratado el demandante demuestran «su falta de libertad para llevar a cabo las funciones de vigilancia en la institución educativa del municipio de Pereira, e igualmente que no se trataba de labores de carácter científico o que requirieran conocimientos especializados ajenos a la función administrativa, siendo necesaria además la prestación personal del servicio dentro de los horarios establecidos por la misma entidad» (sic).

8.5. Las características del contrato de prestación de servicios se desvirtuaron, pues las actividades que desarrollaba no eran temporales, en tanto la vinculación se mantuvo por 2 años y 7 meses , no contaba con autonomía e independencia en la medida en que estaba sometido a horarios y turnos, debía seguir las directrices de

las actividades que desarrollaba no eran temporales, en tanto la vinculación se mantuvo por 2 años y 7 meses , no contaba con autonomía e independencia en la medida en que estaba sometido a horarios y turnos, debía seguir las directrices de los directivos de las instituciones educativas y prestar el servicio con las herramientas de trabajo que le asignaran.

8.6. Aceptada la existencia de la relación laboral encubierta, también debe consentir como válido el pacto que hicieron las partes sobre la remuneración ; por tanto las prestaciones se liquidarán con base en los honorarios contractuales. Lo anterior, según la posición adoptada por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de febrero de 2006, con número de radicación 08001-23-31-000-1996-11550.

8.7. No operó la caducidad del medio de control, por cuanto el acto acusado fue expedido el 11 de diciembre de 2020 y el actor presentó la solicitud de conciliación el 18 de ese mes y año; audiencia que tuvo lugar el 17 de febrero de 2021 y el medio de control se presentó ante la jurisdicción el 14 de abril de 2021, esto es los términos previstos por el artículo 164 del CPACA.

8.8. Al encontrarse demostrado que el municipio de Pereira desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, así como el derecho a la igualdad, fuerza concluir que al actor le asiste el derecho al pago de prestaciones sociales «a que haya lugar y conforme a lo efectivamente ejecutado por el demandante, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral» (sic).

que haya lugar y conforme a lo efectivamente ejecutado por el demandante, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral» (sic).

8.9. No se condenará en costas toda vez que no se evidenció que la entidad hubiese actuado procesalmente con manifiesta carencia de fundamento legal.

1.4. El recurso de apelación

9. El municipio de Pereira interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara7

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López la decisión con fundamento en los siguientes argumentos 6:

9.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de prestación de servicios; no obstante, estos no genera ron un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

9.2. La sola suscripción de contratos de prestación de servicios , recibir honorarios y cumplir un horario no son suficientes para configurar la relación laboral pretendida por el demandante.

9.3. La parte demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada, pues las actividades para las cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una relación coordinada entre el contratista y el contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades.

actividades para las cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una relación coordinada entre el contratista y el contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Noé Arcesio Ivanchi López y el municipio de Pereira se configuró una relación laboral?, y de ser así, ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa

6 Samai del tribunal, índice 65, 42_042RECURSOAPELACIONMUNICIPIODEPEREIRA(.pdf) NroActua 65. 7 Así se dispuso en auto del 20 de octubre de 2023. Índice 7 de Samai. 8 Así se desprende del informe secretarial del 25 de abril de 2024. Índice 14 de Samai. 9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.8

9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.8

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López relación laboral? y ¿si debe declararse la prescripción extintiva frente a los periodos de vinculación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la v oluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C -147 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales» , contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 , estableció que el ejercicio

10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».9

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada

Demandante: Noé Arcesio Invachi López de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para tran sigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 11 que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».

En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» 13 y

11 Aprobada el 11 de abril de 1919. 12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969. 13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.10

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,

Demandante: Noé Arcesio Invachi López que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos

esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligu en al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.11

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00095-01 (1400-2023) Demandante: Noé Arcesio Invachi López «De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral , esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con

de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,