CE - Sentencia 66001233300020250006101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 9 de junio de 2025

Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Solicitud de traslado - subsidiariedad | Solicitud de teletrabajo | Acoso laboral – Revoca – niega | Calificación de servicios – hecho superado.

Síntesis del caso: La accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales, los cuales consideró vulnerados con ocasión del trámite impartido o la mora para resolver una solicitud de teletrabajo y un recurso de apelación contra una calificación de servicios ; y la negativa a concederle una solicitud de traslado.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por Nathalia Cano Rodríguez contra la Sentencia de 18 de marzo de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Risaralda declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 5 de marzo de 2025, Nathalia Cano Rodríguez presentó una acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Risaralda y el Juzgado 4

Penal del Circuito de Pereira , por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, honra y buen nombre, con ocasión del trámite impartido y/o la falta de resolución de una solicitud

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 “DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora NATHALIA CANO RODRIGUEZ Santofimio contra el (I) CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA RISARALDA, (II) DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL RISARALDA – OFICINA JUDICIAL – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (III) el JUZGADO

CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, trámite al que fueron vinculados, (IV) la COMISIÓN SECCIONAL DISCIPLINA JUDICIAL RISARALDA, (V) el JUZGADO DOCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA y (VI) el TRIBUNAL SUSPERIOR DE RISARALDA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 14 de traslado , una solicitud de teletrabajo y un recurso de apelación presentado contra una calificación de servicios.

2. A título de amparo constitucional , la parte demandante solicitó (se

trascribe):

“PRIMERO: TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, HONRA y al BUEN NOMBRE que considero vulnerados por parte CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA RISARALDA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL RISARALDA – OFICINA JUDICIAL – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA.

SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA RISARALDA y

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA.

SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA RISARALDA y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL RISARALDA como medida de preventiva urgente, hasta se resuelva (sic) (incluso la alzada interpuesta por cualquiera de las partes), el proceso de la queja de acoso Laboral contra la Juez Doce Penal con Función de Conocimiento de Pereira, Dra. Eida Yuladis Patiño López, con radicado 2024 00319, que se encuentra tramitándose ante la H. Comisión Seccional de Disciplina Judicial Risaralda o hasta que se me conceda traslado permanente de despacho, mi traslado transitorio a otro despacho judicial, preferiblemente de diferente especialidad, pues es claro que los funcionarios de los despachos de la misma especialidad se conocen, cuentan con una afini dad o coleg aje particular en atención al ejercicio profesional que desarrollan, por lo que es probable que una vez, en caso a que esta corporación acceda a lo acá solicitado, este Consejo elija el juzgado al que esta empleada deberá trasladarse de manera transitoria, la Dra.

Eida Yuladis o persona a fin a ella, establezca comunicación con ese funcionario (a) suministrándole información para el mismo (a) cuente con ideas preconcebidas respecto a mi conducta en el espacio laboral y mi trabajo, como lo ha hech o con otros funcionarios, empleados y personal de servicios generales del edificio donde actualmente laboro, o imposibilite mi gestión, como sucede en el Juzgado Doce (hechos que se han puesto en conocimiento

como lo ha hech o con otros funcionarios, empleados y personal de servicios generales del edificio donde actualmente laboro, o imposibilite mi gestión, como sucede en el Juzgado Doce (hechos que se han puesto en conocimiento dentro de la queja por acoso laboral radicada a nte la H. Comisión Seccional de Disciplina Judicial). Pero en caso de no sea posible acceder a traslado transitorio a un juzgado de otra especialidad, debido al respeto a las reglas de traslado establecidas por el CSJ y el legislador, se pide de manera esp ecial solicitar al funcionario(a) correspondiente, suministrar a esta empleada un trato igualitario e imparcial, como al resto de personal adscrito a ese juzgado.

TERCERO: NOTIFICAR de la decisión de mi traslado provisional, en caso de ser concedido, al Juez Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, Dr. Esteban Escobar Obando, y se ordene dar acceso al trabajo por mi realizado en este nuevo despacho, lo anterior, teniendo en cuenta que es él, el designado por parte del H. Tribunal Superior de Pereira, mediante auto de fecha (31) treinta y uno de julio del 2.024 Mag. Sustanciador Eddier Jimmy Sánchez Calambás, de dar continuidad al proceso de evalu ación de mis servicios. Con ocasión a impedimento presentando por parte de la Dra. Eida Yuladis Patiño, atendiendo a situaciones de índole laboral “como no acatamiento de criterio, cuestionamiento de los conceptos y directrices impartidas sin argumentos, pasar proyectos a Despacho sobre el vencimiento de términos.”, por mi parte.

Folio 01 archivo de la mencionada providencia.

cuestionamiento de los conceptos y directrices impartidas sin argumentos, pasar proyectos a Despacho sobre el vencimiento de términos.”, por mi parte. Folio 01 archivo de la mencionada providencia.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, revocar el auto mediante el cual dispuso declararse impedido para conocer del presente asunto y disponer que la alzada sea resuelta de manera inmediata.

QUINTO: SUBSIDIARIA: En caso de no ser procedente la pretensión anterior ORDENAR DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – OFICINA DERadicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 14 JUDICIAL, repartir de manera adecuada e informar claramente el despacho al que le correspondió, el recurso de apelación por mí interpuesto en contra de la calificación de servicios elaborada por el Juez Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, lo anterior debido a que la misma fue repartida en categoría de tutela al Tribunal Superior de Risaralda y a un correo de tutelas, y no como recurso de apelación.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. 1) Nathalia Cano Rodríguez aseguró que fue nombrada en propiedad, en el cargo de oficial mayor en el Juzgado 12 Penal Municipal

destacan los siguientes:

4. 1) Nathalia Cano Rodríguez aseguró que fue nombrada en propiedad, en el cargo de oficial mayor en el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, e hizo referencia a que, luego de la corrección de errores en la resolución de nombramiento y por instrucción de la titular del despacho, se posesionó en dicho cargo el 12 de febrero de

2024.

5. 2) Indicó que se encuentra bajo múltiples dificultades administrativas y personales que han afectado sus capacidades para cumplir con los plazos para la entrega del trabajo asignado y, de manera general, desarrollar sus funciones. En virtud de ello recibió 2 requerimientos formales por parte de la titular del despacho judicial relacionados con su desempeño, se le adelantaron unas actas de seguimiento de su labor, y se citó a reuniones a todo el equipo de trabajo (despacho) en las que se hizo énfasis en los errores que ha cometido la demandante . Añadió que se creó un ambiente de desconfianza e inseguridad ya que la jueza le envió requerimientos a través de correos electrónicos y un grupo de WhatsApp, y le manifestó que solo podía comunicarse con ella a través de dichos canales.

6. 3) En virtud de lo anterior , la demandante solicitó la presencia de l Comité de Convivencia Laboral y un miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, sin embargo, indicó que no recibió respuesta del primero de estos, y el segundo le informó que no era competente para atender el requerimiento.

7. 4) Agregó que los aspectos referidos han ocasionado que la comunicación con la titular del despacho y los demás compañeros se torne

recibió respuesta del primero de estos, y el segundo le informó que no era competente para atender el requerimiento.

7. 4) Agregó que los aspectos referidos han ocasionado que la comunicación con la titular del despacho y los demás compañeros se torne complicada, que ha experimentado una falta de apoyo respecto de la flexibilidad para la entrega de proyectos, incluso a pesar d e que ha manifestado las situaciones por las que no le ha sido posible entregar el trabajo asignado en el tiempo estimado. El ambiente laboral se ha vuelto tenso y consideró que existía un control autoritario por parte de la jueza pues se le ha exigido que informara cada vez que salía del despacho, se ha controlado su tiempo de manera excesiva y se le ha requerido que permita observar la pantalla de su computador personal, con el fin verificar lo queRadicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 14 hace en este. También puso de presente que se ha condicionado la concesión de permisos y licencias, incluso para adelantar estudios.

8. 5) El 18 de abril de 2024, Nathalia Cano Rodríguez presentó una queja en contra de la jueza 12 penal municipal con función de conocimiento de Pereira ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, en la que solicitó que se investigara a la funcionaria judicial por aparentes actos que constituían acoso laboral.

en contra de la jueza 12 penal municipal con función de conocimiento de Pereira ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, en la que solicitó que se investigara a la funcionaria judicial por aparentes actos que constituían acoso laboral.

9. 6) Del 14 de mayo al 11 de junio de 2024 se llevó a cabo un trámite conciliatorio ante el Comité de Convivencia Laboral y el 24 de junio de 2024 se levantó un acta de reunión en la cual se dejó constancia de los acuerdos entre las partes, tales como la posibilidad de aceptar audios y escritos en el grupo de WhatsApp para mejorar la comunicación, asistir a las actividades realizadas por psicología para la comunicación asertiva y empática, mantener una comunicación educada y gentil, mejorar la metodología de trabajo para no generar retrasos en las labores, realizar una brigada para la reasignación del trabajo que le correspondía a la señora Cano Rodríguez a otras servidoras, recibir y realizar las actividades que psicología consider ara pertinentes, entre otras.

10. 7) El 23 de junio de 2024, la jueza 12 penal municipal con función de conocimiento de Pereira , de un lado, remitió copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda de la demandante y solicitó la calificación anticipada de servicios, y , de otro lado, presentó un impedimento a nte Tribunal Superior de Pereira para realizar dicha calificación, de conformidad con el numeral 5 de artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , pues existía una queja disciplinaria presentada por la señora Cano Rodríguez en su contra.

con el numeral 5 de artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , pues existía una queja disciplinaria presentada por la señora Cano Rodríguez en su contra.

11. 8) El 31 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Pereira declaró fundado el impedimento presentado y designó, como autoridad encargada de la calificación de servicios , al juez 13 penal municipal con función de conocimiento de Pereira.

12. 9) El 23 de diciembre de 2024 , Nathalia Cano Rodríguez envió una solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a través de la que pretendió la aplicación de medidas preventivas por el acoso laboral que, consideró, estaba sufriendo, tales como su traslado transitorio a otro

3 “ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (…) 5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.”Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros

la actuación, su representante o apoderado.”Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 14 despacho judicial y el (se trascribe) “ alejamiento, esto es se [le] permita laborar desde [su] lugar de residencia”.

13. 10) El 2 de enero de 2025, se realizó la calificación integral de servicios de Nathalia Cano Rodríguez , por parte del juez 13 penal con función de conocimiento de Pereira , en la que se le otorgó un puntaje total de 64, lo cual equivale a una calificación satisfactoria – buena.

14. 11) El 17 de enero de 2025, la señora Cano Rodríguez presentó recurso de apelación contra la calificación de servicios con fundamento en que la autoridad calificadora no tuvo en cuenta la denuncia por acoso laboral presentada, ni las (se trascribe) “vicisitudes que se presentaban en el despacho diariamente”, por lo que consideró que el juez ignoró el análisis en contexto de las situaciones planteadas por lo que solicitó que se verificara y modificaran los puntajes asignados dentro de la calificación concedida.

15. 12) Dicho recurso fue repartido al Juzgado 4 Penal del Circuito de Pereira que, mediante Auto de 28 de enero de 2025, y en virtud del alto cúmulo de trabajo que existía en ese despacho y a lo dispuesto en el

15. 12) Dicho recurso fue repartido al Juzgado 4 Penal del Circuito de Pereira que, mediante Auto de 28 de enero de 2025, y en virtud del alto cúmulo de trabajo que existía en ese despacho y a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA -10618 de 7 de diciembre de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, remitió el asunto al Tribunal Superior de Pereira para que asumiera el conocimiento de la apelación.

16. 13) El 5 de marzo de 2025, Nathalia Cano Rodríguez presentó solicitud de teletrabajo, a través del aplicativo dispuesto por la Rama Judicial en la plataforma Teams.

17. Como fundamento de la vulneración , la parte demandante indicó que el hecho de que el juez 4 penal del circuito de Pereira no hubiera emitido un pronunciamiento sobre el recurso presentado respecto de la calificación de servicios , le impidió que solicitara su traslado a otros despachos judiciales.

18. Señaló que presentó la solicitud de teletrabajo, pero que esa medida no era suficiente para lograr el amparo de sus derecho s, pues así la misma se concediera, no se subsanaría el tenso y difícil ambiente laboral al que , a su juicio, se encontraba sometida en el despacho judicial en el que trabaja.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

19. Con Sentencia de 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad. Lo anterior pues encontró que , en relación con la solicitud de traslado, los procedimientos respectivos se encontraban enRadicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

requisito de subsidiariedad. Lo anterior pues encontró que , en relación con la solicitud de traslado, los procedimientos respectivos se encontraban enRadicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 14 desarrollo y no se evidenció una actuación irregular o tardanza injustificada para resolver esa petición.

20. Respecto de la autorización para el desarrollo de trabajo en casa, indicó que de conformidad con el Acuerdo PCSJA24-12151 28 de febrero de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, una vez presentada la solicitud, debía ser verificada por el nominador de ntro del mes calendario siguiente con el fin de que otorgara su anuencia y, con posterioridad a ello, dentro de los 20 días hábiles siguientes se realizaría la evaluación de la ARL con el fin de otorgar el concepto favorable, así evidenció que ese procedimiento estaba en tr ámite, sin que se lograra determinar la existencia de mora respecto de los términos para resolverlo. Por último, indicó que el término para resolver el recurso de apelación contra la calificación de servicios (15 días) no había vencido, por lo que también continuaba en trámite.

21. Concluyó entonces que, en atención a que los procedimientos con los que contaba la demandante para la consecución de sus pretensiones se encontraban en curso y no se evidenció ninguna irregularidad respecto de estos, era necesario que la señora Cano Rodríguez agotara dichos

21. Concluyó entonces que, en atención a que los procedimientos con los que contaba la demandante para la consecución de sus pretensiones se encontraban en curso y no se evidenció ninguna irregularidad respecto de estos, era necesario que la señora Cano Rodríguez agotara dichos medios, como mecanismos idóneos y eficaces de protección de carácter principal, que no podían ser desplazados por la acción de tutela , dado su carácter subsidiario.

22. La parte actora impugnó la providencia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la acción de tutela, con fundamento en que, a su juicio, sí se superaba el requisito de subsidiariedad . Cuestionó que pese a que se superó el término para resolver la apelación contra la calificación de servicios, no ha sido notificada de esa decisión.

23. Adicionalmente, señaló que no se ha dado tr ámite a la solicitud de traslado a las vacantes disponibles en el circuito de Pereira.

24. Refirió que respecto de la solicitud de teletrabajo la titular del despacho concedió la anuencia, pero que ese aspecto debía ser objeto de pronunciamiento por la autoridad constitucional en la medida en que el hecho de tener que presentarse a la oficina durante 2 días implica ba que continuaran los malos tratos y el acoso laboral en el que consideró estaba inmersa, y que los términos para la materialización de sus funciones se acordaron con unas condiciones que le son desfavorables, tales como tiempos más cortos para la entrega de proyectos, y disminución del término para agregar al expediente las actuaciones de las partes.

25. Finalmente cuestionó que el Tribunal Administrativo de Risaralda no la

acordaron con unas condiciones que le son desfavorables, tales como tiempos más cortos para la entrega de proyectos, y disminución del término para agregar al expediente las actuaciones de las partes.

25. Finalmente cuestionó que el Tribunal Administrativo de Risaralda no la tuviera como un sujeto de especial protección constitucional.Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

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26. El 20 de mayo de 2025, la demandante allegó un memorial a través del que aportó el Oficio CSJRIO25-0523 de 14 de mayo de 2025, en el que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda despach ó desfavorablemente la petición de traslado de 8 de mayo de 2025, porque no contaba con una antigüedad de 3 años , y solicitó que , dada su condición de salud y la situación de acoso laboral, se tuviera en cuenta para resolver el asunto la decisión proferida por el Consejo de Estado en la acción de tutela con expediente Rad. 13001-23-33-000-2023-00038-01.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.

Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Actualidad del objeto. 2.5. Conclusión.

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.

Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Actualidad del objeto. 2.5. Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela

27. La Sala confirmará la acción de tutela de primer grado en lo relacionado con la pretensión para que se accediera a una petición de traslado es improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad.

28. Para estudiar el aludido requisito, debe considerarse que la parte demandante pretend ió que, por vía de tutela, se orden ara al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Risaralda que acced ieran a su solicitud de traslado.

29. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86

Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

30. La Corte Constitucional 4 ha sostenido que es un deber de la parte demandante desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autorida des judiciales.

31. En ese orden de ideas, la Sala, al igual que el juez constitucional de primer grado, considera que, en el presente caso, no se configuró el

correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autorida des judiciales.

31. En ese orden de ideas, la Sala, al igual que el juez constitucional de primer grado, considera que, en el presente caso, no se configuró el mencionado requisito (subsidiariedad) porque: a) no se ha ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de los actos que negaron la solicitud de traslado, y, b) no se acreditó un perjuicio irremediable.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-252 de 2021.Radicación: 66001-23-33-000-2025-00061-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica – niega y declara carencia actual de objeto y confirma subsidiariedad ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 14 32. a) La Sala advierte que, como lo solicitado por l a señora Cano Rodríguez fue que se accediera a una solicitud de traslado, dicha pretensión, junto con la nulidad de los actos administrativos que le negaron esa solicitud, conforman las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el mecani smo procesal idóneo y eficaz para la consecución de dichas pretensiones.

33. Habida cuenta de que la accionante no ha agotado ese mecanismo que le otorgó el ordenamiento jurídico, la acción de tutela se torna en improcedente, pues este mecanismo constitucional no fue instituido para

33. Habida cuenta de que la accionante no ha agotado ese mecanismo que le otorgó el ordenamiento jurídico, la acción de tutela se torna en improcedente, pues este mecanismo constitucional no fue instituido para reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el legislador.

34. Adicionalmente, debe mencionarse que, si la demandante consideraba que el referido medio de control no resultaba eficaz, lo cierto es que, al interior de ese mecanismo ordinario, también podría solicitar el decreto de medidas cautelares, tal como lo dispone el artículo 229 del CPACA5, las cuales pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión 6. En el mismo sentido, podría hacer uso de la figura de medidas cautelares de urgencia, contempladas igualmente, en el CPACA, si consideraba que la situación lo ameritaba.

35. b) Además, la actora no alegó y mucho menos probó la configuración de un perjuicio irremediable que, eventualmente, hiciera procedente la acción de tutela sobre ese aspecto.

36. Respecto de los demás reparos , se advierte que la acción de tutela es procedente, pues se orientó a obtener la protección de los derechos fundamentales7 al debido proceso, igualdad, trabajo, honra y buen nombre. Nathalia Cano Rodríguez es la titular de los derechos invocados

5 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia

esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. 6 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:// 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. // 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. // 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. // 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no

o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. // 5. Impa