CE - Sentencia 66001233300020250024401 de 2025

La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 66001-23-33-000-2025-00244-01

Demandante: JUAN ESTEBAN CALVO LÓPEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema:

Modifica decisión de primera instancia. Las disposiciones constitucionales no son susceptibles de cumplimiento . La norma invocada no contiene un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la demandada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia

inobjetable a cargo de la demandada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El ciudadano Juan Esteban Calvo López, obrando en nombre propio, promovió demanda1 en ejercicio de la acción de cumplimiento establecida en el artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado a través de la Ley 393 de 1997, en contra del Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitó el acatamiento de los artículos 86 de la Constitución Política y 1.º del Decreto 2591 de 1991.

En ese sentido, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1 Ver índice 2 de Samai – Cuaderno de primera instancia.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura dar inmediato cumplimiento a la disposición constitucional señalada.

2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que suprima la facultad de los Consejos Seccionales de la Judicatura de establecer los horarios de recepción de tutelas.

3. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura expedir una disposición nacional que expresamente autorice la recepción de tutelas en todo momento, como lo dispone la constitución.2

1.2. Hechos

En concreto, la parte actora reprochó que los Consejos Seccionales de la Judicatura gozan de una prerrogativa contraria al ordenamiento jurídico, pues establecen los horarios de atención y recepción de tutelas.

Conforme lo anterior, el hecho que el portal implementado para la recepción de trámites en línea posibilita la interposición de una acción de hábeas corpus en cualquier momento, situación que no aplica al caso del amparo establecido en el artículo 86 superior.

Por lo anterior, el 8 de agosto de 2025 presentó escrito de constitución en renuencia ante el Consejo Superior de la Judicatura, en el que solicitó el acatamiento del artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991 y, como consecuencia de ello, habilitar la interposición de acciones de tutela en días y horas que no sean consideradas hábiles.

artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991 y, como consecuencia de ello, habilitar la interposición de acciones de tutela en días y horas que no sean consideradas hábiles.

A su turno, la accionada, mediante comunicado del 21 de agosto de 2025, le indicó al señor Calvo López que su solicitud fue remitida al Centro de Documentación Judicial – Cendoj, el cual, según afirma el accionante, guardó silencio.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Por auto del 6 de octubre de 20253, la Magistrada Ponente encontró cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 393 de 1997, por lo que admitió la demanda y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura.

2 Transcripción original del texto con posibles errores. 3 Ver índice 3 de Samai – Cuaderno de primera instancia.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La autoridad demandada, una vez notificada de la anterior decisión4, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito de contestación5 en el que solicitó «[…] negar por improcedente la pretensión invocada en la acción de cumplimiento].

Como punto de partida, puso de presente que, con ocasión a la interposición de múltiples solicitudes de amparo por fuera de días y horas hábiles, se empezó a afectar el normal funcionamiento de los despachos judiciales, pues dicha situación repercutió directamente en el bienestar de los empleados de la Rama Judicial. Dicha situación dio lugar a que la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura estableciera lo siguiente:

[…] bajo la premisa que deberá ser acorde a los diversos horarios de cada Distrito Judicial, los cuales varían con HORARIOS EN JORNADA CONTINUA de 8.00 A.M. a 4:00 P.M. de 7:00 A.M. a 3:00 P.M. y HORARIO INTERCALADO de 8:00 a.m. A 12:00 y de 2:00 PM a 6:00 P.M.

Precisado lo anterior, acotó que el mandato cuya fin se busca satisfacer en el presente asunto, se encuentra acatado si se tiene en cuenta que actualmente existen mecanismos que permiten a cualquier ciudadano en el territorio colombiano promover la acción de tutela.

En suma, concluyó que no es posible enrostrar un desconocimiento o incumplimiento de la ley, cuando resulta claro que, contrario a lo planteado por el

promover la acción de tutela.

En suma, concluyó que no es posible enrostrar un desconocimiento o incumplimiento de la ley, cuando resulta claro que, contrario a lo planteado por el actor, cuenta con la posibilidad de acceder al sistema judicial a través de los distintos canales fijados para tal efecto.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de octubre de 20256, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, negó las súplicas de la demanda. Al respecto, acotó lo siguiente:

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 11567 del 05 de junio de 2020, dispuso institucionalmente el «Aplicativo Web de recepción de tutelas y hábeas corpus» el cual empezó a regir a partir del 1º de julio de 2020 y, en cumplimiento de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante la Circular PCSJC20-20 del 23 de junio de 2020 implementó el mismo. Este sitio web, conforme a lo indicado por el Director de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encuentra habilitado acorde a los diversos horarios de cada Distrito Judicial, además cuenta con una línea de atención al público de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., en caso de presentar el usuario inconvenientes para el acceso o funcionamiento de dicho aplicativo. 4 Mediante Oficio No. 102075 y 102076 del 7 de octubre de 2025, remitido a los buzones de correo

inconvenientes para el acceso o funcionamiento de dicho aplicativo. 4 Mediante Oficio No. 102075 y 102076 del 7 de octubre de 2025, remitido a los buzones de correo electrónico: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co y presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co. 5 Ver índice 8 de Samai – Cuaderno de primera instancia 6 Ver índice 12 de Samai – Cuaderno de primera instanciaLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…]

Bajo este contexto, de la lectura de la norma que se dice incumplida, infiere la Sala en lo aquí relevante, luego de efectuada una interpretación mesurada e integral de lo regulado en dicho precepto normativo, que lo allí establecido se circunscribe, contrario a como lo interpreta el actor, exclusivamente a la oportunidad que tiene el ciudadano de interponer/radicar las acciones de tutela en cualquier día y hora, lo cual puede hacer a través de los distintos canales atrás referidos; sin que corresponda en modo alguno a la intervención del juez constitucional fuera de los horarios definidos para la

de interponer/radicar las acciones de tutela en cualquier día y hora, lo cual puede hacer a través de los distintos canales atrás referidos; sin que corresponda en modo alguno a la intervención del juez constitucional fuera de los horarios definidos para la prestación del servicio, como lo sugiere el actor, ya que la norma nada dice al respecto, por lo que las tutelas que se alleguen en el horario inhábil deberán ser tramitadas en el horario o día hábil siguiente.

La anterior decisión se notificó el 24 de octubre de 2025 7, a través de correo electrónico remitido a las partes e intervinientes.

1.5. Impugnación8

La parte actora, dentro de la oportunidad procesal correspondiente 9, presentó escrito en el que reprochó el estudio realizado en primera instancia, dado que, en su sentir, no se está atendiendo la finalidad de la disposición legal establecida en el artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 superior.

Precisó que, dada la naturaleza de los derechos que se protegen a través de la acción de tutela, es imperativo contar con turnos judiciales que permitan acudir al mecanismo 24 horas 7 días a la semana.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de primera instancia del 23 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley

Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

7 Ver índice 15 de Samai – Cuaderno de primera instancia. 8 Ver índice 16 de Samai – Cuaderno de primera instancia. 9 El escrito se radicó el 28 de octubre de 2025 a través de correo electrónico.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se

www.consejodeestado.gov.co

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente planteamiento:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura incumplió los artículos 86 de la Constitución Política y 1.º del Decreto 2591 de 1991?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficaciaLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)10

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este

o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser 10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial paraLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial paraLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [11] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»12, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,

finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»13.

En el presente asunto, se encuentra demostrado que el señor Calvo López, mediante comunicado del 8 de agosto de 2025, dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, elevó las siguientes solicitudes:

1. Darle cumplimiento a el decreto 2591 de 1991 en su artículo 1, el cual establece que “Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.”

2. Permitir la interposición de acciones de tutela en horarios y días que no se consideren hábiles.

3. Asignar jueces que tengan competencia para conocer de acciones de tutela interpuestas en días y horas no hábiles.

Por otro lado, se tiene que, mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2025, dicha solicitud fue remitida al CENDOJ, dependencia del Consejo Superior de la Judicatura, la cual guardó silencio.

Conforme lo anterior, en criterio de la Sala, se encuentra superado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 y, por ende, corresponde abordar los requisitos de procedencia y, en el evento de superarlos, definir si efectivamente hay un mandato incumplido. 11 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

corresponde abordar los requisitos de procedencia y, en el evento de superarlos, definir si efectivamente hay un mandato incumplido. 11 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»] 12 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 13 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001 -33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 1500123-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

9

encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 66001-23-33-000-2025-00244-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.3.3. Caso concreto

Sea lo primero indicar que el actor invocó el artículo 86 de la Constitución Política como norma pasible de cumplimiento. Al respecto, la Sala anticipa que dicha norma no es susceptible del mecanismo constitucional, pues no se trata de una ley o acto administrativo, lo cual hace improcedente la acción. Al respecto, la Corte

Constitucional indicó:

Cuando dicha disposición señala que el objeto de la acción es hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley, está indicando que se trata de hacer efectivos mandatos del legislador, provenientes del Congreso o del Gobierno en ejercicio de funciones legislativas, cuyo contenido corresponde a normas de carácter general, impersonal y abstracto. También expresa la referida disposición que la acción en referencia está diseñada para hacer efectivo el cumplimiento de actos administrativos, sin especificar si son de contenido general o particular; por ello hay que entender que aquella procede contra toda clase de actos administrativos, en las condiciones que la misma ley prescribe.14

En ese sentido, se modificará parcialmente el numeral primero de la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento respecto al artículo 86 de la Constitución Política.

las condiciones que la misma ley prescribe.14

En ese sentido, se modificará parcialmente el numeral primero de la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento respecto al artículo 86 de la Constitución Política.

Ahora bien, en cuanto al artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991, se tiene que dicha disposición si puede ser alegada como incumplida, por lo que conviene precisar su contenido:

DECRETO 2591 DE 1991

(noviembre 19) por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

Artículo 1º Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela. La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por los menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción.

14 Sentencia C-157 de 1998. MP. BARRERA CARBONEL, Antonio y HERRERA VERGARA, HernandoLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

14 Sentencia C-157 de 1998. MP. BARRERA CARBONEL, Antonio y HERRERA VERGARA, HernandoLa parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el iden0ficador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Demandante: Juan Esteban Calvo López

Demandado: Consejo Superior de la Jud