CE - Sentencia 66001233300020250025001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira y otros

Temas: Impugnación. Tutela contra acción u omisión de a utoridad pública. Acoso laboral. Traslado. Teletrabajo.

Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

La Sala decide la impugnación presentada por Nathalia Cano Rodríguez contra la Sentencia del 24 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la cual amparo el derecho a la salud.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 9 de octubre de 2025, Nathalia Cano Rodriguez interpuso una acción de tutela contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control garantías de Pereira y el Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira. Señaló que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al

Judicatura de Risaralda , el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control garantías de Pereira y el Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira. Señaló que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, salud y acceso al mérito , así como los principios de confianza legitima y buena fe.

2. Como medida de amparo, solicitó que (i) se resolviera el recurso interpuesto ante el Juzgado 3 Penal con función de control de garantías de Pereira contra la decisión de negar su traslado a dicho despacho, (ii) se atendiera su solicitud de teletrabajo y (iii) el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda se pronunciara sobre su traslado definitivo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud , la accionante manifestó que ejerce en propiedad el cargo de oficial mayor en el Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira, desde el 12 de febrero de 2024.

4. Manifestó haber sido víctima de acoso laboral sistemático y de agresiones físicas por parte del secretario del despacho, además de haber sido excluida del grupo de WhatsApp institucional. Afirmó que esta situación fue denunciada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, mediante la queja No. 202400319 y, pese a que se surtieron actuaciones por parte d el Comité de Convivencia Laboral en mayo y julio de 2024, no se adoptaron medidas efectivas.Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

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Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

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5. Indicó que la calificación de servicios realizada en enero de 2025 estuvo influenciada por los conflictos descritos. Señaló que, aunque pidió medidas preventivas ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , únicamente fue remitida al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual manifestó no tener competencia y la remitió a consulta psicológica, a la que no asistió por considerar que no había garantías de imparcialidad. En la ARL consultó la posibilidad de traslado temporal, pero no obtuvo respuesta formal y el Comité de Convivencia negó la solicitud sin justificación suficiente.

6. Ante la falta de acciones por parte de las autoridades, interpuso una primera acción de tutela en la que solicitó el traslado temporal, la cual fue declarada improcedente y luego negada en segunda instancia1.

7. Afirmó que también solicitó traslado ante el Consejo Seccional, pero su petición fue rechazada.

8. Debido a su diagnóstico de trastorno de ansiedad y otros riesgos laborales, elevó una nueva solicitud de traslado al Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira, obteniendo concepto favorable por parte del Consejo Seccional2. Sin embargo, la jueza titular del despacho no concedió el traslado, por lo que la accionante interpuso recurso de reposición, sin que el haya sido resuelto.

9. Agregó que, ante las agresiones del secretario, interpuso denuncia penal

lo que la accionante interpuso recurso de reposición, sin que el haya sido resuelto.

9. Agregó que, ante las agresiones del secretario, interpuso denuncia penal por lesiones personales y amenazas y solicitó medidas de protección. No obstante, la titular del Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira la obliga a asistir presencialmente al despacho.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no se ha resuelto el recurso presentado contra la decisión del Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira, no existe pronunciamiento del sobre su traslado por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y no se ha atendido su solicitud de teletrabajo.

Intervenciones3

11. El Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira señaló que no conocía la situación de acoso y/o agresiones por parte del secretario del despacho contra la hoy accionante. Añadió que no existe medida que impida la presencia de los funcionarios en el despacho y desconocía la supuesta exclusión del grupo de WhatsApp por tratarse de equipos personales . Afirmó que revocó el teletrabajo a la accionante con base en un informe del secretario en el que se aduce falta de atención a las solicitudes relacionadas con sus funciones. Por lo anterior,

1 Proceso con radicado No 66001-23-33-000-2025-00061-00/01 2 El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda mediante Oficio CDJRI025 - 0840 del 13 de agosto de 2025 emitió

1 Proceso con radicado No 66001-23-33-000-2025-00061-00/01 2 El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda mediante Oficio CDJRI025 - 0840 del 13 de agosto de 2025 emitió concepto favorable para el traslado de la servidora al juzgado 003 Penal Municipal con función de control de garantías. 3 Mediante Auto de 17 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el juez 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira, el Juez 3 Penal Municipal con función control de garantías de Pereira, el director Seccional de Administración Judicial de Pereira y el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda.Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitó declarar la improcedencia de la acción. Indicó que, para facilitar el trabajo de la accionante, el secretario ha asumido funciones de sustanciación y administración para disminuir su carga laboral.

12. El Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira manifestó que, el 2 de septiembre de 2025 , el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda emitió concepto de traslado desfavorable a Nathalia Cano Rodríguez, para ese despacho. Señaló que, mediante Resolución No. 11 del 15 de septiembre de 2025, decidió no acceder a dicha solicitud4, decisión contra la cual la accionante

para ese despacho. Señaló que, mediante Resolución No. 11 del 15 de septiembre de 2025, decidió no acceder a dicha solicitud4, decisión contra la cual la accionante interpuso recurso de reposición, el cual aún se encuentra dentro del término legal para ser resuelto . En ese orden, adujo que no exist ió vulneración atribuible a es a autoridad y s olicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por subsidiariedad.

13. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda solicitó declarar improcedente la acción, al no existir relación entre sus actuaciones y la vulneración alegada. Expuso los trámites surtidos frente a las solicitudes de la accionante y precisó que ha actuado dentro de sus competencias. Destacó que mediante Resolución CSJRIR24-0192 de 13 de marzo de 2024, corrigió el error en el número de cédula consignado en la resolución que formalizó la inscripción de la funcionaria en el escalafón judicial.

14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira señaló que carece de facultad para efectuar traslados y que las pretensiones de la accionante recaen en entidades distintas. Añadió que la resolución del recurso presentado ante el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira corresponde exclusivamente a dicho despacho, al igual que la decisión sobre el teletrabajo solicitad o ante el Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira.

15. Respecto del Comité de Convivencia Laboral, afirmó que ha realizado las actuaciones dentro de sus competencias. Finalmente, frente al área de Seguridad y

conocimiento de Pereira.

15. Respecto del Comité de Convivencia Laboral, afirmó que ha realizado las actuaciones dentro de sus competencias. Finalmente, frente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, indicó que fue la propia accionante quien manifestó que no asistiría a la asesoría psicológica.

Sentencia impugnada

16. Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda concedió el amparo del derecho a la salud de la accionante y ordenó a la nominadora (esto es, a la titular del Juzgado 12 Penal Municipal de Pereira) expedir

4 Argumentando que dentro de la historia clínica de la accionante no se desprende la necesidad del traslado por razones médicas, así: «Nótese, la historia clínica se limita a consignar un diagnóstico general de trastorno de ansiedad y otros problemas mentales o físicos relacionados con el trabajo” y “trastorno de ansiedad no especificado”, sin que se determine de manera expresa e inequívoca la necesidad de traslado como única medida para salvaguardar su salud. La recomendación genérica de “reubicación en otro despacho” no permite establecer cuál es la imposibilidad concreta que tendría la solicitante para desempeñar sus funciones actuales, ni explica por qué continuar en el cargo actual genera un riesgo cierto, real y actual que no pueda ser mitigado de otra manera; máxime que, en los documentos allegados por la aspirante, se menciona únicamente malestares vinculados con el entorno laboral, mas no de una incapacidad objetiva para desempeñar sus funciones en el despacho en el que actualmente labora », y de acceder al traslado se generaría una situación más gravosa para la

únicamente malestares vinculados con el entorno laboral, mas no de una incapacidad objetiva para desempeñar sus funciones en el despacho en el que actualmente labora », y de acceder al traslado se generaría una situación más gravosa para la accionante por la ya que «un Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías presenta condiciones de trabajo significativamente más exigentes que aquellas que se desarrollan en los Juzgados Penales Municipales con Función de Conocimiento».Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un acto administrativo para restablecer la modalidad de teletrabajo en días alternos, con el fin de garantizar el contacto cero entre los funcionarios en conflicto y asegurar la continuidad del servicio.

17. Lo anterior, como medida provisional para evitar nuevos episodios de confrontación mientras las autoridades competentes determinan si existen responsabilidades penales o disciplinarias.

Impugnación

18. La accionante impugnó la decisión y sostuvo que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda debe adoptar medidas para garantizar su alejamiento del presunto agresor o el teletrabajo diario, e intervenir frente a las irregularidades que se presentan en el juzgado. Solicitó además que se autorice su traslado, aunque sea provisional, a un despacho donde se le asigne carga laboral y se le aseguren condiciones mínimas de respeto y colaboración.

19. Agregó que solicita al Consejo de Estado: (i) ordenar su traslado provisional

sea provisional, a un despacho donde se le asigne carga laboral y se le aseguren condiciones mínimas de respeto y colaboración.

19. Agregó que solicita al Consejo de Estado: (i) ordenar su traslado provisional al Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira mientras se tramita el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones que negaron su traslado o hasta que se autorice uno definitivo; y que la calificación de servicios sea realizada por el nominador del despach o al que sería trasladada; (ii) ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda la reubicación de la actual oficial mayor nombrada en provisional del Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira , que se encuentra en estado de embarazo; (iii) en subsidio de lo anterior, autorizar teletrabajo diario; (iv) compulsar copias a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina Judicial respecto de la Juez 12

Penal Municipal con función de cocimiento de Pereira y Nelson Julián Valencia , secretario de ese despacho , por presuntas actuaciones que afectarían su evaluación y la posibilidad de avanzar en las denuncias presentadas ; y (v) instar a la Fiscalía para que emita una orden de alejamiento a su favor, dado el riesgo que representan las amenazas del señor Valencia para ella y su familia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

21. No se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira debido a que, por la materia de que trata la presente acción de tutela, la decisión que aquí se imparta podría tener incidencia respecto de dicha autoridad, das sus funciones.Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

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Problema jurídico

22. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante al no emitir un pronunciamiento del sobre su traslado (incluido el recurso contra la Resolución No. 11 del 15 de septiembre de 2025) y no atender su solicitud de teletrabajo.

Procedibilidad de la acción de tutela

23. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, salud y acceso al mérito, así como de los principios de confianza legitima y buena fe ; (2) se tiene acredita la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Nathalia Cano Rodríguez es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como violadas , y la Dirección

así como de los principios de confianza legitima y buena fe ; (2) se tiene acredita la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Nathalia Cano Rodríguez es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como violadas , y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pereira – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira y Juzgado 12 Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira son las autoridades que presuntamente vulneraron los mencionados derechos fundamentales; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela , si se tiene en cuenta que el sustento fáctico de la acción aún persiste.

Análisis de vulneración alegada

24. La Sala confirmará la decisión de primera, por las siguientes razones:

25. La accionante sostuvo que sus derechos fundamentales se han visto afectados debido a que aún no se ha resuelto su solicitud de traslado y no se ha atendido su petición de teletrabajo. Situaciones que ocurren en un contexto de presunto acoso laboral.

26. En cuanto a la pretensión relacionada con el traslado, se advierte que está ya fue resuelta, tal como lo reconoce la propia accionante en el escrito de impugnación, al señalar que el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira negó dicha solicitud5, así como el recurso contra la misma6. En consecuencia, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre este aspecto

impugnación, al señalar que el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira negó dicha solicitud5, así como el recurso contra la misma6. En consecuencia, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre este aspecto comoquiera la accionante dispone de los medios de control pertinentes para controvertirlo ante el juez de lo contenciosos administrativo (nulidad y

5 Resolución No 11 del 15 de septiembre de 2025 «Por la cual no se acoge solicitud de traslado» 6 En el escrito de impugnación la accionante no menciona el número del acto administrativo que decidió el recurso de reposición sin embargo afirma que: «Octubre 28 del 2025, la demandante recibe resolución mediante la cual no se repone la decisión de la Juez Tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Pereira, nombrada de manera posterior a que se concediera y se notificara, concepto favorable de t raslado de la demandante en el puesto de oficial mayor en propiedad, aduciendo que la empleada que ocupa la vacante la provisionalidad en este despacho comunicó estar en estado de embarazo, situación que de manera particular se enteró la semana anterior a la cual se debía resolver el recurso, así también señaló el requisito de evaluación por medicina laboral como obligatorio para que las recomendaciones médicas de traslado, en su concepto sean válidas».Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho) e, incluso, podría hacer uso de las medidas cautelares

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho) e, incluso, podría hacer uso de las medidas cautelares a la luz del artículo 229 y siguientes del CPACA.

27. En lo que respecta a la solicitud de teletrabajo, la Sala recuerda que el análisis de situaciones que involucran posibles actos de acoso laboral y afectaciones a la integridad de una mujer exige incorporar una perspectiva de género. Ello implica reconocer que, en entornos laborales jerarquizados, las mujeres pueden verse expuestas a dinámicas de hostigamiento, silenciamiento o represalias que no siempre se manifiestan mediante conductas explícitas, pero que sí pueden configurar patrones de violencia que deben ser evaluados de manera integral, libre de estereotipos y sin imponer cargas probatorias desproporcionadas

28. La Corte Constitucional ha señalado que, en casos de violencia contra la mujer, no es exigible la prueba directa de cada conducta, dado que estos hechos suelen presentarse en escenarios de intimidación o desigualdad 7. Por ello, resulta válido reconstruir el contexto a partir de: (i) las declaraciones de la víctima, (ii) comunicaciones internas, (iii) actuaciones ante el comité de convivencia laboral, (iv) quejas disciplinarias, (v) diagnósticos médicos y (vi) indicios de aislamiento, represalias o silenciamiento.

29. Del material probatorio se advierte que la accionante ha reportado agresiones físicas y verbales, acoso sistemático por parte del secretario del juzgado,

represalias o silenciamiento.

29. Del material probatorio se advierte que la accionante ha reportado agresiones físicas y verbales, acoso sistemático por parte del secretario del juzgado, exclusión del grupo de WhatsApp, afectación en la calificación de servicios presuntamente vinculada a los conflictos laborales, negativa de traslado temporal, persistencia del ambiente hostil pese a múltiples intervenciones institucionales, diagnóstico de trastorno de ansiedad asociado al entorno de trabajo y una denuncia penal por lesiones personales y amenazas.

30. Valorados de manera integral, estos elementos permiten identificar un patrón consistente de riesgo y presunto acoso laboral. Por lo que la medida adoptada por el juez de primera instancia es adecuada para garantizar un entorno seguro y además se encuentra acorde con lo dispuest o en el Acuerdo PC SJA2412151 del 28 de febrero de 2025, esto es, ordenar a la nominadora del Juzgado 12

Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira que emita un acto administrativo en el cual autorice nuevamente la modalidad de teletrabajo para los servidores en conflicto en días diferentes a fin de que haya contacto cero entre estos y se garantice la continuidad del servicio sin afectar la función judicial. Medida cuya vigencia estará vigente, en principio, hasta que se resuelvan las denuncias de acoso laboral vinculadas a los hechos expuestos en la acción de tutela.

31. En consecuencia, con el fin de asegurar una medida efectiva, oportuna y suficiente, la Sala confirmara la sentencia del 24 de octubre de 2025 proferida por

el Tribunal Administrativo de Risaralda.

32. En lo que respecta a la solicitud de reubicación de la servidora judicial que

suficiente, la Sala confirmara la sentencia del 24 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

32. En lo que respecta a la solicitud de reubicación de la servidora judicial que ostenta el cargo de oficial mayor en el Juzgado 3 Penal Municipal con función de garantías de Pereira, es preciso señalar que se tratan de derechos ajenos a los de

7 Corte Constitucional. Sentencia T-338 de 2018Radicación: 66001-23-33-000-2025-00250-01

Demandante: Nathalia Cano Rodríguez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la hoy accionante y, en consecuencia, mal haría el operador judicial en resolver o disponer sobre los mismos a parir de la petición de quien no resulta ser su titular , en un proceso del cual no fue vinculada. Asimismo, no puede perderse de vista que dicha solicitud de reubicación solo fue presentada en el escrito de impugnación, por lo que sería improcedente resolver sobre la misma en esta instancia, pues ello implicaría una violación de las garantías del debido proceso respecto de las autoridades accionadas y terceros.

33. Finalmente, frente a las peticiones relacionadas con la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como la relativa a que se dicte una orden de alejamiento por parte de la primera de aquellas autoridades, se recuerda que la acción de tutela no está concebida para encausar y/o impulsar tramites de orden sancionatorio o penales, razón por la cual la Sala se sustrae de hacer cualquier pronunciamiento al respecto.

aquellas autoridades, se recuerda que la acción de tutela no está concebida para encausar y/o impulsar tramites de orden sancionatorio o penales, razón por la cual la Sala se sustrae de hacer cualquier pronunciamiento al respecto.

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de primera instancia que concedió el amparo dentro de la acción de tutela solicitada por Nathalia Cano Rodríguez de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

SEGUNDO. REMITIR la anterior decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.