CE - Sentencia 68001233300020130000502 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramón Francisco Tamayo Peñuela

Demandados: Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena

(Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Temas: reparación directa - daño - prueba del daño - falla del servicio - contenido obligacional - carga de la prueba - ausencia de prueba de la falla del servicio - objeto de la declaración de tercero - testigo técnico - fuerza mayor

Síntesis del caso: El demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado por el daño y los perjuicios producidos por la inundación de su predio, derivada de unos boquetes que abrió el r ío Magdalena, en el marco de la ola invernal de finales de 2010 , en una obra pública (jarillón), presuntamente, construida y mantenida defectuosamente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la Sentencia de 17 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de diciembre de 20 12, Ramón Francisco Tamayo Peñuela (en adelante, el demandante) present ó demanda2, en ejercicio del medio de control de reparación directa , en contra de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (en adelante, CORMAGDALENA); del departamento de Bolívar (en adelante, el Departamento) y del municipio de Hatillo de Loba (en adelante, el Municipio), con las siguientes (se trascribe):

“PRETENSIONES: PRIMERA. - La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), (…) [el] Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, (…), [el] Departamento de Bolívar, (…) son responsables administrativamente de los perjuicios materiales y morales causados a los predios de mi poderdante Señor RAMON FRANCISCO TAMAYO PEÑUELA, los cuales fueron gravemente afectados, incluidos sus cultivos, ganados, maquinaria, cercas y demás bienes, por omisiones, fallas y daños por causas de los trabajos públicos ocasionados al construir y no efectuar mantenimiento debido tanto en forma como en tiempo el farillón sobre el cual se construyó la carretera que conduce del

por omisiones, fallas y daños por causas de los trabajos públicos ocasionados al construir y no efectuar mantenimiento debido tanto en forma como en tiempo el farillón sobre el cual se construyó la carretera que conduce del Municipio de Hatillo de Loba al Municipio de La Victoria y obras anexas en la

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 1 a 12.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

2 de 12

Isla de Mompox, a la altura del predio de Propiedad del Señor RAMON

FRANCISCO TAMAYO PEÑUELA.

SEGUNDA. - Como consecuencia de la declaración anterior se condene a y/o La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, Departamento de Bolívar, a pagar a mi defendido o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, objetivos y subjetivos, actuales y futuros, integrados por daño emergente y lucro cesante causados desde el 5 de diciembre de 2010 y hasta que se produzca su pago compensación (sic) (…).

los perjuicios de orden material y moral, objetivos y subjetivos, actuales y futuros, integrados por daño emergente y lucro cesante causados desde el 5 de diciembre de 2010 y hasta que se produzca su pago compensación (sic) (…). TERCERO. - Que se condene igualmente a y/o La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Municipio de Hatillo de loba - Bolívar, Departamento de Bolívar, a pagar a mi mandante, por concepto de perjuicios morales, la suma en pesos colombianos, equivalente a mil (1000) gramos oro, al momento de la ejecutoria del fallo, según cotización del Banco de la Republica. Los anteriores dos (2) conceptos constituyen la fuente de resarcimiento por el daño material y el lucro cesante se deriva de los intereses corrientes y moratorios al aplicar sobre los anteriores valores y de acue rdo con la certificación de la certificación (sic) de la tasa de intereses para créditos corrientes u ordinarios que certifique la Superintendencia Bancaria. CUARTA. - La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el C.C.A., y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos; esto es, desde el 05 de diciembre de 2010, hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso. QUINTO. - La parte demandada dará cumplimiento a la sen tencia, en los términos del artículo 192 del C.C.A.”

2. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes

afirmaciones y hechos:

3. 1) El demandante es dueño de un predio denominado “ Santa Isabel ”,

términos del artículo 192 del C.C.A.”

2. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes

afirmaciones y hechos:

3. 1) El demandante es dueño de un predio denominado “ Santa Isabel ”, ubicado en el Municipio de Hatillo de Loba e identificado con folio de matrícula inmobiliaria 064-8557 de la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Magangué.

4. 2) El 5 de diciembre de 2010, “[e]l río Magdalena hizo tres (3) boquetes [en el jarillón] con más de 300 metros de boca cada uno, ocasionando en predios de mi mandante, destrucción de pastos mejorados, ganado ahogado y desaparecidos, cultivos, vías, infraestructuras (cercas, corrales de varetas, establos, etc.) (…)”.

5. Los daños y perjuicios sufridos, producto del “boquete”, se debieron “(…) únicamente a negligencia, error y obras o trabajos directos realizados por parte de Cormagdalena, por cuanto si bien comenzaron trabajos en el mes de julio de 2010 , aproximadamente, en el lugar donde se produjo el rompimiento del Jarillón; Cormagdalena llev [ó] maquinarias y obreros y labor[ó] por un periodo de tres d ías y de una forma intempestiva y solo por factores aún desconocidos, se llevaron la maquinaria y empleados al casco urbano del Municipio de Hatillo de Loba, para empezar desde ese lugar trabajos, dejando empezado trabajos (sic) y debilitado el Jarillón a la altura del predio de mi mandante, el cual con la primera creciente como era obvio se rompió (…)”.

trabajos, dejando empezado trabajos (sic) y debilitado el Jarillón a la altura del predio de mi mandante, el cual con la primera creciente como era obvio se rompió (…)”.

6. Igualmente, exist ió negligencia del Departamento porque “(…) sobre el Jarillón está la carretera que comunica las poblaciones de Hatillo de Loba y de La Victoria, la cual fue diseñada y construida por el Departamento y desdeRadicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

3 de 12

su construcción , hace más de 15 años, jamás se ha efectuado trabajo de mantenimiento, por lo menos hasta la fecha del desastre 5 de diciembre de 2010. (…)”. Mientras que el Municipio fue negligente porque “(…) pese a las diferentes comunicaciones y circulares de orden Nacional y ante los reclamos de la comunidad, la Alcaldía jamás gestionó, ni efectuó trabajos preventivos.”

1.2. Posición de la parte demandada3

7. El Municipio contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones. Alegó que no era responsable porque los trabajos públicos realizados, en dicha obra del jarillón, fueron ejecutadas por el Departamento. Indicó que (se trascribe) “(…) durante el fenómeno de la niña 2010 -2011 (…) [en el Municipio] más del 50% de la población se vio afectada (…)”, situación que no se había presentado

durante el fenómeno de la niña 2010 -2011 (…) [en el Municipio] más del 50% de la población se vio afectada (…)”, situación que no se había presentado con anterioridad, por lo que el fenómeno de “La Niña”, ocurrido en la época de los hechos, generó lluvias difíciles de prever, lo cual configuró una fuerza mayor o un caso fortuito . Propuso como excepción la caducidad de la acción.

8. CORMAGDALENA contestó la demanda 5 y se opuso a las pretensiones.

Alegó que no existían pruebas suficientes que demostraran la realización de las obras públicas referidas en la demanda , y que causaron el boquete, o la existencia de los contratos que sirvieron de fundamento para su ejecución . Igualmente, alegó que no se demostró la preexistencia de cultivos, ganados, maquinaria y cercas que, supuestamente, se perdieron con la inundación. Propuso como excepciones la ausencia de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito; la inexistencia de daño antijurídico; el cumplimiento diligente de las funciones de CORMAGDALENA; la “ falta de determinación de los hechos u omisiones” y la ausencia de nexo causal.

1.3. Sentencia recurrida

9. El 17 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia6, en la que decidió (se trascribe):

“Falla: Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada.

Segundo: CONDENAR en costas a la parte demandante. (…) Tercero: En firme este proveído, archívese el expediente, previas constancias de rigor.”

Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada.

Segundo: CONDENAR en costas a la parte demandante. (…) Tercero: En firme este proveído, archívese el expediente, previas constancias de rigor.”

10. El Tribunal, con base en las pruebas obrantes en el expediente , encontró demostrado el daño, consistente en las afectaciones patrimoniales al predio del demandante , que resultó inundado por el desbordamiento del río Magdalena, en el marco de la ola invernal de finales de 2010.

11. En relación con la atribución del daño a las demandadas, por fallas en la construcción o el mantenimiento del dique o por su estado inconcluso, consideró que (se trascribe) “(…) a pesar de estar acreditado que las entidades demandadas conocían la situación particular del caudal de río

3 El Departamento no contestó la demanda. 4 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 55 a 57. 5 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 58 a 74. 6 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 314 a 320.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

4 de 12

Magdalena, de la falta de obras de adecuación de las estructuras y de la

la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

4 de 12

Magdalena, de la falta de obras de adecuación de las estructuras y de la inexistencia de trabajos preventivos, la ocurrencia del fenómeno de la niña , para finales del año 2010 y principios de 2011, configuró una situación generalizada en el país, sin precedentes que, al conjugarse con la dinámica propia del río Magdalena, produjo consecuencias imprevisibles e irresistibles para las demandadas ”. Lo anterior generó un incremento excesivo en las precipitaciones en la zona , superior en promedio en un 200% al registro histórico, lo cual generó la inundación y, por lo tanto, se configuró una fuerza mayor que eximía de responsabilidad a las demandadas.

1.4. Recurso de apelación

12. El demandante presentó recurso de apelación 7. Alegó que en su demanda atribuyó negligencias y errores en la construcción y mantenimiento del jarillón, pero el Tribunal encontró configurada la fuerza mayor, la cual no podía confundirse con “(…) la negligencia o la incompetencia (…) [pues] solo p[odía] calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible (…)”.

Contrario a lo concluido por el Tribunal, la ruptura del jarillón se produjo exactamente por el mismo lugar en el que fue intervenido por las demandadas. Entonces, “ (…) de haberse realizado un buen trabajo en el jarillón, este no se hubiese roto, como ocurrió. (…) el demandante probó la

exactamente por el mismo lugar en el que fue intervenido por las demandadas. Entonces, “ (…) de haberse realizado un buen trabajo en el jarillón, este no se hubiese roto, como ocurrió. (…) el demandante probó la existencia de un hecho y es el rompimiento del jarillón, igualmente pr [obó] que este rompimiento se produ[jo] por el mismo lugar donde se efectuaron los trabajos efectuados (sic) por los demandados y dem [ostró] con testimonios que los trabajos realizados por los demandados fueron de mala calidad , por haber tomado materiales del mismo lecho del río”.

13. En línea con lo anterior, alegó que el Tribunal se equivocó al concluir que el fenómeno de “La Niña” fue la causa del daño, sin que este hecho estuviera probado, pues ello ni siquiera fue propuesto por las demandadas. Contrario a ese análisis del Tribunal, sostuvo que “(…) e[ra] innegable que [fue CORMAGDALENA] la que con las obras que adelantó al intervenir el jarillón , produ[jo] el debilitamiento en el mismo, el jarillón se romp [ió] precisamente por el lugar donde laboró CORMAGDALENA, [fue] esta entidad la que cre[ó] el riesgo y esto hace que se predique sobre ella la responsabilidad”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Decisión que se adoptará. - 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Condena en costas

2.1. Decisión que se adoptará8

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, porque el demandante no cumplió con su

7 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 143.

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, porque el demandante no cumplió con su

7 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 143. 8 En relación con los hechos del 5 de diciembre de 2010, el término de caducidad empezó a correr el 6 de diciembre de 2010 y, en principio, culminaba el 6 de diciembre de 2012. Sin embargo, el término estuvo suspendido entre el 31 de octubre de 2012, fecha en la que el demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial, y el 10 de diciembre de 201 2, fecha en que se expidió la constancia de la audiencia celebrada (Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 40). De este modo, el término de caducidad estuvo suspendido por 27 días y la demanda, radicada el 19 de diciembre de 2012, fue oportuna, según el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

5 de 12

carga probatoria de demostrar la falla del servicio (fallas en la construcción de una obra pública o su mantenimiento defectuoso) que les atribuyó a las demandadas.

2.2. Análisis sustantivo

15. Según las pruebas documentales 9, obrantes en el expediente, la Sala

de una obra pública o su mantenimiento defectuoso) que les atribuyó a las demandadas.

2.2. Análisis sustantivo

15. Según las pruebas documentales 9, obrantes en el expediente, la Sala coincide con el Tribunal y considera que quedó demostrado el daño alegado por el demandante, esto es, la s afectaciones que sufrió el predio de su propiedad, denominado “ Santa Isabel ” y ubicado en la zona rural del municipio de Hatillo de Loba – Bolívar, producto de la inundación ocurrida el 5 de diciembre de 2010, en el marco de la Ola Invernal de finales de ese año.

16. En relación con la atribución del daño , si bien en la apelación no se discriminaron los cargos que concretaban las discrepancias, se puede n derivar dos reparos relativos a la configuración de : i) primero, la falla del servicio de las demandadas ; y ii) la fuerza mayor , como eximente de responsabilidad. La Sala pasa a analizar los cargos por separado:

17. i) El apelante, a fin de demostrar la falla del servicio, alegó “negligencia” e “incompetencia” de las demandadas , pues la ruptura de l jarillón fue “exactamente por el mismo lugar donde intervi no con obras civiles ” Cormagdalena; “de haberse realizado un buen trabajo en el jarillón, este no se hubiese roto, como ocurrió ” y que los trabajos públicos “fueron de mala calidad, por haber tomado materiales del mismo lecho del río ”. Al respecto, la Sala considera que se trata, al igual que en la demanda, de una relación abstracta y genérica de presunt as omisiones , pero carentes de soporte probatorio.

calidad, por haber tomado materiales del mismo lecho del río ”. Al respecto, la Sala considera que se trata, al igual que en la demanda, de una relación abstracta y genérica de presunt as omisiones , pero carentes de soporte probatorio.

18. El Tribunal encontró demostrada “la falta de obras de adecuación de las estructuras y de la inexistencia de trabajos preventivos”, en relación con la ola invernal de finales de 2010. No obstante, contrario a esa conclusión, la Sala considera que no se solicitaron o aportaron pruebas tendientes a demostrar acciones u omisiones de las demandadas contrarias o de incumplimiento de su contenido obligacional, pues el demandante limitó su actividad probatoria a la configuración del daño y de los eventuales perjuicios, lo cual se constata con el decreto de pruebas hecho por el Tribunal10.

9 Folio de matrícula inmobiliaria No. 064-8575 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Magangué, del predio denominado “Santa Isabel”, de propiedad del demandante, según la anotación 5. (Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 35 y 36); Certificado de afectación del predio “Santa Isabel” proferido por el presidente del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del municipio de Hatillo de Loba (Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 37). 10 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, las pruebas aportadas con la

demanda y decretadas fueron: “5.1. Documental (sic) aportada con la demanda. i) Dictamen pericial “para evaluar pérdidas económicas en la finca Santa Isabel del Propiedad del señor Ramón Francisco Tamayo Peñuela, ocasionada por inundaciones del río Magdalena en el 2010 -2011”, de fecha 04 de septiembre de 2012 (…) ii) Fotocopia simple del certificado de paz y salvo de impuestos del predio denominado “Santa Isabel”, (…) iii) Fotocopia simple del Certificado de tradición del predio “ Santa Isabel” con No. de Matricula Inmobiliaria 064 -8557 (…) iv) Certificación suscrita por del coordinador del CLORAD del Municipio de Hatillo de Loba el 15 de mayo de 2012, donde manifiesta que el predio “Santa Isabel” fue afectado por el fenómeno de la niña 2010-2011 conforme a visita realizada por esa dependencia al predio mencionado (…), v) fotocopia simple del registro único de vacunación de fecha 30 de noviembre de 2011 donde se especifica el censo de animales a vacunar, suscrito por el Comité de Ganaderos del Banco Magdalena -COGABAN- (…) 5.4. DECLARACIÓN DE TERCEROS. Solicitada por la parte demandante, se restringe a 4 testigos para ser oídos seguidamente al perito, dichas personas se identifican en el folio 11 del expediente, con una secuencia 30 minutos cada uno. (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 129 y 130.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela

Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de

118, Samai. Folios 129 y 130.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

6 de 12

19. No obstante , tal y como lo reconoció el Tribunal 11, en el expediente reposan otras pruebas que evidencia n gestiones realizadas por las demandadas para atender la ola invernal de finales de 2010, sin que ellas permitan concluir circunstancias específicas de incumplimiento de sus competencias12 por omisiones o fallas en las obras públicas de construcción o de mantenimiento de la vía-dique. A saber, se tiene:

20. i) El convenio interadministrativo de cooperación No 1 -0027-2009 celebrado entre CORMAGDALENA y el Municipio de Hatillo de Loba, en 2009, con el objeto de diseñar y de construir obras de control de inundación y erosión en el Municipio, por un periodo de 12 meses 13; ii) el informe de visita CM-582, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, denominado “Obras para el control de inundaciones en el Municipio de Hatillo de Loba, Departamento de Bolívar”, de junio 2009, aportado en cumplimiento de la prueba de oficio ordenada por el Tribunal14, en donde se relacionó el estado de avance de ciertas obras “de control de inundaciones (…) con el propósito de observar las condiciones de posible riesgo y su estado de vulnerabilidad frente a fenómenos de inundación que se presentan en el municipio ” y se

de avance de ciertas obras “de control de inundaciones (…) con el propósito de observar las condiciones de posible riesgo y su estado de vulnerabilidad frente a fenómenos de inundación que se presentan en el municipio ” y se efectuaron algunas recomendaciones para los 2 sectores priorizados, uno de los cuales e ra “la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento La Victoria, donde se proyecta realzar y reconformar el diquevía (…)”15; obras que el demandante reconoció que se realizaron en el diquevía e n cuyo trayect o se encuentra ubicado su predio16; iii ) el informe de l Departamento, de 15 de abril de 2015, en cumplimiento de la prueba de oficio que ordenó el Tribunal 17, en donde se señaló, primero, que la intervención de la carretera, en donde se ubica el dique, e ra de competencia del municipio de Hatillo de Loba y que las obras de prevención en los márgenes del río Magdalena eran de competencia de CORMAGDALENA y, segundo, que el ente territorial celebró 2 contratos (941

11 En el acápite de la sentencia de primera instancia denominado “2. análisis de la imputación del daño”. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de octubre de 2024, Exp. 64.798; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de noviembre de 2023, Exp. 59.618, entre otras. 13 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 80 a 98.

B, sentencia de 20 de noviembre de 2023, Exp. 59.618, entre otras. 13 Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folios 80 a 98. 14 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, se ordenó “Oficiar a Cormagdalena, para que dentro de los 10 diez días siguientes a la necesaria comunicación copia hábil del informe de visita CM-582 de junio de 2009 elabora do por la Universidad Nacional de Colombia (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 130. 15 “4. Conclusiones y recomendaciones. La Alcaldía presentó y priorizó dos sectores y obras, el primero localizado e n la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento La Victoria donde se proyecta realzar y reconformar el dique-vía, y el segundo sector en el corregimiento de San Miguel, lugar donde actualmente se están realizando obras de protección y cont rol de inundación y erosión en el sector de la orilla del Brazo de Loba, se pretende realizar una obra complementaría que consiste en construir un dique de protección hacia la parte posterior con material de préstamo lateral, pero esto implica la construcción de obras de recolección, almacenamiento y evacuación de aguas lluvia inundarían a la población en el momento que se realicen los cierres de protección. El LEH -UNC, recomienda mejor cerrar los rompederos ubicados hada aguas abajo en el casco urbano, esta sería una posible solución más practica y menos costosa. (…) Se recomienda la realización de estudios más detallados que permitan determinar con un mayor grado de

rompederos ubicados hada aguas abajo en el casco urbano, esta sería una posible solución más practica y menos costosa. (…) Se recomienda la realización de estudios más detallados que permitan determinar con un mayor grado de aproximación las dimensiones y cantidades finales de las obras proyectadas, las c uales se consideran importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. (…)” Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 159. 16 En el hecho primero de la demanda se indicaron los linderos del predio “Santa Isabel” y, en relación con las vías de acceso, se indicó “(…) Por vía terrestre, partiendo de Hatillo de Loba – vía La Victoria, a unos 4 a 5 kilómetros de la cabecera municipal. La vía se encuentra recién arreglada con una corona de más de 6 metros de ancho. (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 8. 17 Según el acta de la reanudación de la audiencia inicial, de 24 de marzo de 2015, se ordenó de oficio requerir “al Departamento de Bolívar y al Municipio de Hatillo de Loba, Bolívar para que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta decisión, remitan con destino a este proceso copia hábil de los documentos, proyectos y todos los antecedentes de obras ejecutadas, que dentro del marco de sus competencias ejecutaron en el jarillón ubicado en jurisdicción del Municipio de Hatillo de Loba, cuya ruptura se dice por la p. actora inundó el predio de su propiedad y que origina este proceso (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio

en jurisdicción del Municipio de Hatillo de Loba, cuya ruptura se dice por la p. actora inundó el predio de su propiedad y que origina este proceso (…)”. Expediente Digital del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 118, Samai. Folio 130.Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-02 (69.599)

Demandante: Ramon Francisco Tamayo Peñuela Demandados: Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y otros Referencia: reparación directa

Decisión: Confirma la Sentencia

7 de 12

de 2011 y 1035 de 2011) para conjurar los efectos de la emergencia generada por el fenómeno de “La Niña”, derivado de la ola invernal de finales de 201018. Respecto de esta información , que no demuestra las omisiones que se alegaron en la demanda, la parte actora no efectuó manifestación alguna, ni se opuso a su contenido.

21. Por lo tanto, para la Sala es claro que el demandante no demostró la s acciones y omisiones que le endilgó a las deman dadas, en particular a CORMAGDALENA y al Municipio, en relación con la construcción y el mantenimiento de la vía-dique, ubicada en la zona en donde, también según la demanda, se desbordó el río Magdalena e inundó su predio. En relación con esto último, la Sala destaca que de los medios de prueba obrantes en el proceso no es posible determinar el lugar exacto de ubicación de los 3 boquetes que, presuntamente, se abrieron en el jarillón, con el fin de verificar,

con esto último, la Sala destaca que de los medios de prueba obrantes en el proceso no es posible determinar el lugar exacto de ubicación de los 3 boquetes que, presuntamente, se abrieron en el jarillón, con el fin de verificar, en concreto, que la vía-dique se rompió, precisamente, en el lugar en donde se realizaron trabajos públicos, esto es, la falla del servicio que se alegó19.

22. Igualmente, en relación con la falla del servicio, el apelante cuestionó la valoración hecha por el Tribunal de los testimonios rendidos20, pues de ellos se deducía que los materiales usados en el jarillón “fueron de mala calidad, por haber tomado materiales del mismo lecho del río ”. Al efecto, l a Sala encuentra que e n el proceso se recibieron 4 testimonios, solicitados por el demandante: i) Víctor Manuel Vásquez Martínez21, quien afirmó ser m édico veterinario y zootecnista, residir en El Banco - Magdalena y haber presenciado, en varias oportunidades, que el convenio de CORMAGDALENA y el Municipio, que buscaba solventar los problemas de sedimentación del río, se ejecutó de forma antitécnica porque para levantar el muro se usó material de préstamo, de uno de los costados del río y, en otros tramos, se reutilizaron los escombros, por lo tanto, el río hizo galerías y rompió el muro , además, las obras quedaron inconclusas. ii) Néstor Darío Restrepo Jiménez22, quien afirmó tener estudios secundarios sin termin