CE - Sentencia 68001233300020140081002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: MIREYA GALVIS ROA

Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y OTROS

Tema: Disfonía y dolor intenso en cuello por fonastenia con dolor irradiado a oído y cefalea migrañosa. Enfermedad profesional de docente oficial. Evaluación del dictamen rendido por la junta regional de calificación de invalidez. Pérdida de capacidad laboral. Acaecimiento del daño como extremo inicial para computar el término de caducidad. Caducidad del medio de control de repa ración directa. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Desde el 23 de mayo de 1977, Mireya Galvis Roa se desempeñó como docente de básica - primaria en diferentes instituciones educativas del municipio de Bucaramanga (Santander). Durante ese periodo, la señora Galvis Roa le refirió a una médica auditora en salud ocupacional que padecía “disfonía y dolor intenso en

básica - primaria en diferentes instituciones educativas del municipio de Bucaramanga (Santander). Durante ese periodo, la señora Galvis Roa le refirió a una médica auditora en salud ocupacional que padecía “disfonía y dolor intenso en cuello por fonastenia con dolor irradiado a oído y cefalea migrañosa”. Por ello, el 31 de octubre de 2011, la médico tratante valoró a la docente y la diagnosticó con “disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal”. Posteriormente, el 23 de febrero de 2012, dicha afección fue calificada como una enfermedad de origen profesional. Finalmente, el 23 de marzo de 2013, la Junta Regional de CalificaciónRadicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

2 de Invalidez de Santander le dictaminó a Mireya Galvis Roa una incapacidad laboral permanente del 53.67%.

Mireya Galvis Roa considera que el departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son patrimonialmente responsables por la af ección física que sufrió, pues afirma que esta se produjo por su actividad como docente en varias instituciones educativas oficiales.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de septiembre de 20141, Mireya Galvis Roa, mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra del departamento de Santander, del municipio de Bucaramanga y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante el “FOMAG”), para

ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra del departamento de Santander, del municipio de Bucaramanga y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante el “FOMAG”), para que se les declarara patrimonialmente responsables por la afección física que sufrió como docente de básica – primaria en varias instituciones oficiales.

Como pretensiones de su demanda, Mireya Galvis Roa solicita condenar a las entidades accionadas a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la salud, 100 SMLMV; y por lucro cesante, la suma de $450.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que, desde el 23 de mayo de 1977, Mireya Galvis Roa se desempeñó como docente de básica - primaria en diferentes instituciones educativas del municipio de Bucaramanga (Santander).

Refiere que, durante ese periodo, la s eñora Galvis Roa le refirió a una médica especialista en salud ocupacional que padecía “disfonía y dolor intenso en cuello por fonastenia con dolor irradiado a oído y cefalea migrañosa”.

1 Fl. 1 a 17, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

3 Destaca que, por lo anterior, el 31 de octubre de 2011, la médico tr atante valoró a la docente y la diagnosticó con “disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal”.

Aduce que, el 23 de febrero de 2012, la profesional en salud calificó tal afección

la docente y la diagnosticó con “disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal”.

Aduce que, el 23 de febrero de 2012, la profesional en salud calificó tal afección como una enfermedad de origen profesional.

Concluye que, el 23 de marzo de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander le dictaminó a Mireya Galvis Roa una incapacidad laboral permanente del 53.67%.

Mireya Galvis Roa considera que el departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga y el FOMAG son patrimonialmente responsables por la afección física que sufrió, pues afirma que esta se produjo por su actividad como docente en varias instituciones educativas oficiales.

2. Contestaciones

El 4 de noviembre de 2014 2, el Tribunal Administrativ o de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante la “ ANDJE”) y al ministerio público.

2.1. El municipio de Bucaramanga 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentado que el daño alegado no le era imputable toda vez que no tuvo injerencia en su causación. En esta oportunidad formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de los presupuestos axiológicos de la acción de reparación directa”, “ausencia de legitimación en la causa por pasiva” y la genérica.

2 Fl. 30 a 31, C.1. 3 Fl. 40 a 45, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

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2 Fl. 30 a 31, C.1. 3 Fl. 40 a 45, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

4 2.2. La Previsora S.A. 45 en su calidad de “ vocero y administrador del FOMAG” , se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que el daño alegado por la demandante no le era atribuible, toda vez que no tiene a cargo la prestación de servicios médicos que por ley están reservados a las entidades que conforman el sistema general de seguridad social. En sustento, afirmó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, el FOMAG es una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por la fiduciaria La Previsora S.A., la cual actúa como re presentante del patrimonio autónomo y que, como funciones, entre otras, tiene la de celebrar los contratos para garantizar el servicio de salud de los afiliados. En esta oportunidad, formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y la genérica.

2.3. El departamento de Santander y la ANDJE guardaron silencio.

3. Audiencia inicial

El 23 de mayo de 2019 6, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría

excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “se produjo el daño alegado en la demanda, traducido en los perjuicios de orden material y moral reclamados; si ese daño le es imputable a los demandados ante la omisión en el desarrollo y cabal cumplimiento de sus funciones; y si, en virtud de algunos de los régimen de responsabilidad reconocidos por la

4 Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…) Artículo 3: Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable det erminada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.” 5 Fl. 148 a 160, C.1. 6 Fl. 505 a 506, C.2.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

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5 Fl. 148 a 160, C.1. 6 Fl. 505 a 506, C.2.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

5 jurisprudencia del Consejo de Estado, las demandadas están llamadas a reparar el daño que se les imputa. O, sí, por el contrario, las entidades no están llamadas a responder por el daño que se les endilga, o si se presentó alguna causal eximente de responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 18 de julio de 2019 7 se corrió traslado a las partes, a la ANDJE y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante 8 y el FOMAG 9 reiteraron lo expuesto en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

4.2. El departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga, la ANDJE y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 octubre de 2021 10 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño alegado no era imputable a las demandadas, toda vez que “no se demostró que el origen de la enfermedad hubiese resultado de una acción u omisión de la Administración, pues se desconoce la forma como esta surgió o las condiciones en que progresivamente se desarrolló”.

6. Recurso de apelación

El 4 de noviembre de 202111, la parte demandante interpuso recurso de apelación,

se desconoce la forma como esta surgió o las condiciones en que progresivamente se desarrolló”.

6. Recurso de apelación

El 4 de noviembre de 202111, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de febrero 202212 y admitido el 24 de junio siguiente13.

7 Fl. 516 a 518, C.2. 8 Fl. 520 a 522, C.2. 9 Fl. 523 a 530, C.2. 10 Índice No. 130, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander. 11 Índice No. 134, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander. 12 Índice No. 138, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander. 13 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

6 6.1. La parte demandante 14 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda. Por otra parte, afirmó que el a quo erró al negar las pretensiones pues, a su juicio, las pruebas obrantes en el expediente permitían acreditar con suficiencia los elementos que integran la obligación resarcitoria.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 15 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trá mite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión16.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

decretaron pruebas en el trá mite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión16.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 17, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

14 Índice No. 134, SAMAI – Tribunal Administrativo de Santander. 15 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 16 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.

habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 16 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado. 17 El valor de la pretensión se estima en la suma de $450.000.000.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

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2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrat o estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al departamento de Santander, al municipio de Bucaramanga y al FOMAG.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

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5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni el la fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar , así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 21, ofrecer estabilidad del

19 Se advierte que el juez tiene la facultad par a declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota a l juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius

declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala elRadicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

9 derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de caráct er bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iu re22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más

como una sanción ipso iu re22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley p rocesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que imp one al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja tran scurrir los plazos fijados

procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja tran scurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídi ca y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

10 El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo24, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub-lite Mireya Galvis Roa pretende que se declare patrimonialmente responsables al departamento de Santander, al municipio de Bucaramanga y al FOMAG por la afección física que sufrió como docente de básica – primaria en varias

En el sub-lite Mireya Galvis Roa pretende que se declare patrimonialmente responsables al departamento de Santander, al municipio de Bucaramanga y al FOMAG por la afección física que sufrió como docente de básica – primaria en varias instituciones educativas oficiales.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

6.1. Hechos probados

6.1.1. Se probó que, desde el 23 de mayo de 1997, Mireya Galvis Roa se desempeñó como docente de básica – primaria en diversos centros educativos del municipio de Bucaramanga (Santander). De esta información da cuenta la Resolución No. 2860 del 8 de octubre de 2012, expedida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga25.

6.1.2. Se acreditó que, en fecha indeterminada, la señora Galvis Roa le refirió a una médica auditora en salud ocupacional que padecía “disfonía y dolor intenso en cuello por fonastenia con dolor irradiado a oído y cefalea migrañosa”. De esta información da cuenta el certificado de “calificación de origen” del 23 de febrero de

24 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 d e 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 d e 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. 25 Fl. 16, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

11 2012, suscrito por Ana Victoria Plazas Esguerra, profesional adscrita a la UT Avanzar Médico Región No. 126.

6.1.3. Se acreditó que, el 31 de octubre de 2011, la médico tratante valoró a la docente y la diagnosticó con “disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal”. De esta información da cuenta el certificado de “calificación de origen” del 23 de feb rero de 2012, suscrito por Ana Victoria Plazas Esguerra, profesional adscrita a la UT Avanzar Médico Región No. 1 27. En este documento se lee lo siguiente:

“[…] paciente que se encuentra en regular condiciones generales con disfonía y dolor intenso en cuello por gran fonastenia complicado con dolor faríngeo irradiado a oído y cefalea migrañosa severa. Trae valoración del 31/10/11 con diagnóstico de disfonía asociada a abuso vocal con pliegues móviles sin lesiones glóticas por gran tensión muscular por mal uso y abuso bocal […] Diagnóstico: Disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal […] Fecha de estructuración 31 de octubre de 2011” (Se resalta).

tensión muscular por mal uso y abuso bocal […] Diagnóstico: Disfonía funcional crónica asociada al uso y abuso vocal […] Fecha de estructuración 31 de octubre de 2011” (Se resalta).

6.1.4. Consta que, el 23 de febrero de 2012, la médico laboral calificó la afección física padecida por la docente como una enfermedad de origen profesional. De esta información da cuenta el certificado de “calificación de origen” del 23 de febrero de 2012, suscrito por Ana Victoria Plazas Esguerra, profesional adscrita a la UT Avanzar Médico Región No. 128. En este documento se lee lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2566 de 2009, existen en el trabajo de la docente factores d e riesgo como el uso y abuso de la voz, asociado al tiempo de exposición durante más de 35 horas. Se declara la enfermedad como de origen profesional”

6.1.5. Se demostró que, el 3 de septiembre de 2012, la señora Galvis Roa radicó ante las autoridades competentes el formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez. De esta información da cuenta copia auténtica del referido documento29.

6.1.6. Está acreditado que, mediante Resolución No. 2860 del 8 de octubre de 2012,

26 11 a 12, C.1. 27 11 a 12, C.1. 28 11 a 12, C.1. 29 Fl. 14 y 15, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

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28 11 a 12, C.1. 29 Fl. 14 y 15, C.1.Radicado: 68001233300020140081002 (68554)

Demandante: Mireya Galvis Roa

12 expedida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, se reconoció a Mireya Galvis Roa una “pensión mensual de invalidez” y se ordenó pagarle por dicho concepto la suma de $2.858.492. De esta información da cuenta copia auténtica del referido acto administrativo30.

6.1.7. Finalmente, se constató que, el 23 de marzo de 2013, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander le dictaminó a Mireya Galvis Roa una incapacidad laboral permanente del 53.67%. De esta información da cuenta copia auténtica del dictamen No. 4402013 de esa fecha, suscrito por los miembros de la referida junta de calificación.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la afección física sufrida por la docente Mireya Galvis Roa, la cual le ocasionó una incapacidad permanente (hecho probado 6.1.7).

Ahora bien, una vez valorados los medios de prueba obrantes en el plenario, debe s