CE - Sentencia 68001233300020150046402 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Demandante: Andrés Felipe Pardo Vivas

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio disciplinario. Nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Andrés Felipe Pardo Vivas instauró demanda en contra de l a NaciónMinisterio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia, expedidas el 14 y 29 de agosto de 2013, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general de diez (10) años; y de la Resolución 03987 del 11 de octubre de 2013, mediante la cual fue ejecutada la sanción.

Que, en consecuencia, se ordene su reintegro, el pago de los emolumentos dejados de percibir; el lucro cesante ocasionado ; los perjuicios morales; y la indexación de las sumas objeto de condena.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 10 de octubre de 2012 fue vinculado a una indagación preliminar, originada en e l presunto déficit por valor de $18.998.047,30, representados en aceites y lubricantes objeto del contrato de suministro Nro. 37-8-10006-2012; insumos destinados al mantenimiento y funcionamiento de los vehículos y motocicletas de la entidad.

Que el 22 de enero de 2013 le fue formulado el cargo consistente en « apropiarse

destinados al mantenimiento y funcionamiento de los vehículos y motocicletas de la entidad.

Que el 22 de enero de 2013 le fue formulado el cargo consistente en « apropiarse de bienes de la Institución con intención de obtener beneficio propio » (subrayas y negrillas de la demanda), con fundamento en el numeral 14 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Que, agotado el procedimiento sancionatorio, la autoridad disciplinaria declaró probado el anterior cargo, sancionándolo el 12 de agosto de 2013 con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años ; correctivo que, una vez apelado, fue confirmado el 29 del mismo mes y año, siendo retirado del servicio mediante Resolución Nro. 03987 del 11 de octubre de 2013, notificada el 23 del mismo mes y año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Ley 734 de 2002: artículos 6, 92, 140, 141, 143 numerales 2 y 3 y 177, inciso segundo.

Que en la actuación disciplinaria se incurrió en nulidad por violación al debido proceso, por existencia de irregularidades al momento de la práctica y valoración de las pruebas, pues , aunque quedó acreditado que su cargo y funciones correspondían a las de mecánico diagnosticad or del departamento de policía de Santander, no era el directo responsable de la administración y custodia de los combustibles y lubricantes asignados a la entidad.

Que la autoridad disciplinaria omitió de forma deliberada l a confrontación de las pruebas documentales y testimoniales, porque un análisis minucioso del contrato

combustibles y lubricantes asignados a la entidad.

Que la autoridad disciplinaria omitió de forma deliberada l a confrontación de las pruebas documentales y testimoniales, porque un análisis minucioso del contrato de suministro 37 -8-10006-2012 habría llevado a concluir que su interventoría correspondía al jefe de grupo de movilidad y no a él.

Que no obra prueba documental que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato , ni consta la entrega por parte del contratista de los bienes objeto de este , ni la posterior remisión de los insumos al almacén de la entidad y que, en ese orden, resulta incierta la cantidad de bienes sobre la cual se tomó la decisión de declarar su sustracción.

Que era el almacén de la entidad la dependencia encargada de administrar, custodiar y manejar los bienes muebles e inmuebles de la Institución y que no obraRadicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 prueba que permita concluir que dicha área hubiese realizado auditoría alguna al inventario de la sección del taller de mecánica, para verificar la existencia y uso de los lubricantes supuestamente desaparecidos.

Que, por el contrario, según prueba documental, el almacén entregó al jefe del área de movilidad una cantidad determinada de lubricantes , no al mecánico diagnosticador, pero la responsabilidad de los funcionarios de esa dependencia no fue analizada, máxime teniendo en cuenta que no se aportaron soportes de entrada

de movilidad una cantidad determinada de lubricantes , no al mecánico diagnosticador, pero la responsabilidad de los funcionarios de esa dependencia no fue analizada, máxime teniendo en cuenta que no se aportaron soportes de entrada y salida de los bienes del almacén.

Que en su versión libre indicó que si bien era el mecánico diagnosticador de la entidad, frecuentemente era comisionado para cumplir tareas en otras dependencias y que ello le impedía entregar o recibir el inventario puesto a disposición del taller. Que sobre esa solicitud probatoria nada dijo la autoridad disciplinaria, quien fundamentó la responsabilidad únicamente en unos testimonios que no tienen relación directa con él y que, de evaluarse de forma integral, conducirían a la duda sobre la existencia de los bienes sustraídos, el procedimiento para retirarlos de la entidad y el destino que se les dio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 18 de agosto de 2015 1, notificándosele a la entidad , quien se opuso a las pretensiones indicando que no existe en los actos demandados ningún vicio que conduzca a su nulidad , pues fueron expedidos con estricto apego a las normas especiales que los rigen.

Que el demandante no explicó en qué consiste la falsa motivación de la que acusó la actuación disciplinaria, pues su escrito no contiene elementos fácticos o normativos que permitan concluir que lo dicho en los actos demandados tiene un acervo probatorio falso, inexistente o viciado de ilegalidad.

Que no se demanda el acto que realmente modificó su situación jurídica, pues únicamente se pretende la nulidad del que lo retiró del servicio y que su

acervo probatorio falso, inexistente o viciado de ilegalidad.

Que no se demanda el acto que realmente modificó su situación jurídica, pues únicamente se pretende la nulidad del que lo retiró del servicio y que su cuestionamiento radica en la presunta vulneración del debido proceso , argumento que implica solo una discrepancia sobre la apreciación de los medios de prueba , cuestión que es propia de las instancias del procedimiento disciplinario.

Que, no cualquier reparo es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, máxime teniendo en cuenta que contó con las oportunidades procesales para intervenir activamente en la actuación disciplinaria y que la decisión sancionatoria se fundó en las pruebas regular y legalmente aportadas y fue expedida por la autoridad competente.

1 Véanse folios 236-237 del expediente. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, el cual por auto del 17 de junio de 2014 declaró la falta de competencia y ordenó su remisión al Consejo de Estado (véanse folios 189 a 192 del expediente ). Esta Corporación, en providencia del 7 de noviembre de 2014, ordenó la remisión de la demanda al Tribunal Administrativo de Santander (véanse folios 208 a 212 del expediente).Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

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Propuso como excepciones la caducidad y la inepta demanda.

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Propuso como excepciones la caducidad y la inepta demanda.

Se celebró audiencia inicial el 22 de mayo de 2016 2, en la que se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. Esta decisión fue apelada por el demandante y revocada por el Consejo de Estado mediante auto del 19 de abril de 20183.

En cumplimiento de la providencia de esta Corporación, se reanudó la audiencia el 29 de abril de 2019 4, en la que se declaró no probada la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio, se agotó el periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 29 de abril de 20195 negó las pretensiones, tras concluir que en la expedición de los actos demandados no se vulneró el debido proceso , porque la valoración probatoria no fue parcializada ni subjetiva.

Que si bien en el contrato de suministro 31 -8-10006-2012, la orden de entrega del almacenista al jefe de movilidad y el acta de apertura del libro de suministro de aceites y lubricantes dan cuenta de que el demandante no era el supervisor del referido contrato, lo cierto es que quedó acreditado que le correspondía el ejercicio

almacenista al jefe de movilidad y el acta de apertura del libro de suministro de aceites y lubricantes dan cuenta de que el demandante no era el supervisor del referido contrato, lo cierto es que quedó acreditado que le correspondía el ejercicio de las funciones de mecánico, siendo quien usaba este tipo de bienes en los vehículos de la entidad, de lo cual dio cuenta en su versión libre.

Que su responsabilidad disciplinaria quedó acreditada con la declaración del señor Tony Pedraza, propietario del taller «Tony», quien relató conocerlo, porque , en compañía de otro uniformado, lo buscó para ofrecerle una caneca de 55 galones de aceite de motor y que, al no aceptar el negocio, ambos policías se dirigieron a la serviteca «Cootrander», con la intención de venderlo allí.

Que el anterior testimonio fue controvertido en el trámite disciplinario, pero no se solicitó ni su corroboración, ni fue tachado y que por ello no resulta procedente alegar una afectación al debido proceso cuando en el transcurso de la actuación disciplinaria no se emplearon los mecanismos para desvirtuar la prueba.

Que también debía tenerse en cuenta lo manifestado por la empleada de «Cootrander», quien relató que se percató de movimientos sospechosos en dicha empresa, como el descargue de canecas de lubricantes de marca distinta a la de

2 Véanse folios 291 a 294 del expediente y CD en folio 1 del expediente. 3 Véanse folios 309 a 313 del expediente. 4 Véanse folios 339 a 346 del expediente.

2 Véanse folios 291 a 294 del expediente y CD en folio 1 del expediente. 3 Véanse folios 309 a 313 del expediente. 4 Véanse folios 339 a 346 del expediente. 5 Véase CD en folio 347 del expediente, a partir del minuto 47 y folios 342 (reverso) a 346 del expediente.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 sus proveedores.

Condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante6 interpuso recurso de apelación insistiendo en que la administración y custodia de los combustibles y lubricantes correspondía al almacén de la entidad y que, aunque el Tribunal indicó que le asiste razón en este punto, no concluyó que las pruebas de esta situación no fueron valoradas en el procedimiento disciplinario.

Que nada se dijo en relación con la solicitud probatoria que realizó en su versión libre, cuando pidió que se analice y evalúe como prueba las constantes comisiones de las que era objeto y que le impedían entregar o recibir el inventario de los bienes muebles e inmuebles puestos a disposición de la sección del taller de mecánica.

Que a los testimonios que sirvieron de fundamento para sancionarlo se les dio plena validez, pese a que los declarantes no tuvieron relación directa con él y que respecto de ellos no se pudo ejercer el derecho de contradicción.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

validez, pese a que los declarantes no tuvieron relación directa con él y que respecto de ellos no se pudo ejercer el derecho de contradicción.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de febrero de 2020 7 fue admitido el recurso apelación y el 25 de septiembre del mismo año8 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

El demandante9 reiteró lo expuesto en el recurso de apelación, insistiendo que no se encuentra acreditado ni el procedimiento que debió llevar a cabo el almacén de la entidad para la administración de los bienes, ni que dicha dependencia hubiese auditado el inventario del taller de mecánica para verificar la existencia y utilización de los lubricantes supuestamente desaparecidos.

Que era el jefe del grupo de movilidad quien debía supervisar el contrato de suministro de los lubricantes, pero que las pruebas que daban cuenta de ello no fueron valoradas por el operador disciplinario.

Que su versión libre tampoco fue valorada, porque en ella relató que constantemente era comisionado para desarrollar otras actividades propias de la entidad y que su labor como mecánico era totalmente ajena a su condición de agente de la Policía; de allí q ue lo que ocurriese con los insumos era responsabilidad exclusiva del almacén.

6 Véanse folios 348 a 354 del expediente. 7 Véase folio 365 del expediente. 8 Véase índice 00010 de SAMAI y constancia en folio 372 del expediente.

9 Véanse índices 00015 y 00016 de SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 La demandada10 insistió en que el demandante no expuso las razones por las cuales los actos demandados incurrieron en falsa motivación y que sus cuestionamientos se dirigen a la valoración probatoria de la entidad , lo que refleja su discrepancia en relación con los medios de prueba, asunto que hizo parte del debate argumentativo del procedimiento disciplinario.

Que, al analizar la actuación disciplinaria, se puede concluir que se probó la responsabilidad del demandante y que la sanción se impuso con fundamento en las pruebas regular y legalmente aportadas y por quien era competente para ello.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por violación al debido proceso; o, si como lo afirma la demandada, en su expedición se respetaron las garantías sustanciales y formales del demandante y, por tanto, no hay lugar a desvirtuar su legalidad.

Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, n o ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa » de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas

10 Véase índice 00014 de SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 disciplinarias11.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»12.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control judicial integral » por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, or ientado por el prisma de los derechos fundamentales»13, y se indicó además que:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede

la de cualquier acto administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica

11 Consejo de Estado . Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno. 12 Véanse: Consejo de Estado . Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado . Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver , entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustifi cadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas14.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 15 señaló que, tanto de las

forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas14.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 15 señaló que, tanto de las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando

aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre

14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001 -23-31-000-200002324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 15 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)”16»17.

Caso concreto

Del examen del expediente de la actuación disciplinaria18, la Sala destaca:

• Que el 13 de julio de 2012 el jefe del área administrativa del departamento de

Caso concreto

Del examen del expediente de la actuación disciplinaria18, la Sala destaca:

• Que el 13 de julio de 2012 el jefe del área administrativa del departamento de policía de Santander informó que, luego de un balance del consumo de aceites y lubricantes adquiridos mediante el contrato Nro. 37 -8-1000 de 2012 con la empresa Lubrigras S.A., para el primer semestre de 2012, realizado el cruce de información con las órdenes de suministro suscritas por el mecánico automotriz Andrés Felipe Pardo Vivas, las salidas de los bienes del almacén, la facturación del proveedor y los libros de control de suministro, se encontró un défic it en cantidad de galones de los diferentes aceites adquiridos (20W50, 15W40, 4T

20W50 y dos tiempos), transmisión y líquido refrigerante.

Que lo anterior se debía a que no se realizaban la totalidad de los registros para las salidas de los cambios de aceite y que el mecánico de la unidad no llevaba un control sobre los líquidos adquiridos y utilizados, de lo cual se derivaba la falta de grandes cantidades de lubricantes que no estaban relacionados con los consumos a la fecha19.

Lo anterior se acompañó de: i) el informe de ejecución del contrato 20; ii) el balance de consumo de aceite para el primer semestre de 201221, iii) solicitudes de orden de suministro de aceites, refrigerante y transmisión, la respectiva orden, la salida de bienes del almacén y las facturas del proveedor 22; iv) comunicación a Lubrigras S.A. relacionada con el inicio de la ejecución del contrato de suministro 23; y v) las actas de apertura del libro de control de

orden, la salida de bienes del almacén y las facturas del proveedor 22; iv) comunicación a Lubrigras S.A. relacionada con el inicio de la ejecución del contrato de suministro 23; y v) las actas de apertura del libro de control de suministro de aceites lubricantes para el primer semestre de 201224.

• Que el 17 de julio de 201225 se ordenó la apertura de una indagación preliminar, en el marco de la cual fue recibido un informe anónimo que daba cuenta de que el déficit de los lubricantes se debía presuntamente a que unos uniformados, usando un vehículo particular y uno institucional, sustrajeron unas canecas de aceite de la entidad y las llevaron a dos empresas, «Cootrander» y «Tony», con

16 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 17 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 18 Disponible en el archivo en formato .zip «38RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241028zip(.zip)», visible en el índice 00027 de SAMAI. 19 Véanse páginas 5 a 7 del archivo «DESAN-2013-4T1». 20 Véase página 9 del archivo «DESAN-2013-4T1» 21 Véase página 11 del archivo «DESAN-2013-4T1». 22 Véanse páginas 13 a 37 del archivo «DESAN-2013-4T1». 23 Véase página 39 del archivo «DESAN-2013-4T1» 24 Véanse páginas 41 a 94 del archivo «DESAN-2013-4T1».

23 Véase página 39 del archivo «DESAN-2013-4T1» 24 Véanse páginas 41 a 94 del archivo «DESAN-2013-4T1». 25 Véanse páginas 95 a 99 del archivo «DESAN-2013-4T1».Radicado: 68001-23-33-000-2015-00464-02 (3634-2019)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 la intención de venderlos26, información con fundamento en la cual se ordenó la práctica de pruebas testimoniales el 25 de septiembre de 201227.

• Que el demandante fue vinculado a la indagación preliminar el 10 de octubre de 201228 y el 22 de enero de 2013 fue citado a audiencia, providencia en la cual le

fueron formulados dos cargos:

• Falta gravísima del artículo 34 numeral 14 de la Ley 1015 de 2006: « (…) Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la institución, de los superiores, subalternos compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero »29 (subrayas y negrillas en el texto original), ejecutada en la modalidad de acción y a título de dolo.

• Falta gravísima del artículo 34 numeral 21 de la Ley 1015 de 2006: «Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas: (…) d) (…)

«Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros p