CE - Sentencia 68001233300020150112001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: LUZ DARY CLARO Y OTRO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Tema: Falla en la prestación del servicio médico asistencial. Daño neurocerebral por asfixia neonatal. Caducidad del medio de control de reparación directa. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 6 de diciembre de 2012, Luz Dary Claro dio a luz a Gabriela Aceros Claro en el Hospital Militar Regional de Bucaramanga. La recién nacida presentó un puntaje de Apgar de 2/10, por lo que fue necesario practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y remitirla a la unidad de cuidados intensivos. Como consecuencia de dicho episodio, la menor fue diagnosticada con “asfixia perinatal – convulsión neonatal”. Meses después, esto es, el 25 de julio de 2013, Gabriela Aceros Claro

de dicho episodio, la menor fue diagnosticada con “asfixia perinatal – convulsión neonatal”. Meses después, esto es, el 25 de julio de 2013, Gabriela Aceros Claro fue diagnosticada con retardo del neurodesarrollo , asociado a la asfixia neonatal que sufrió al nacer.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Hospital Militar Regional de Bucaramanga es patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por laRadicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

2 menor, pues afirman que ellas se produjeron debido a una inadecuada e inoportuna prestación del servicio médico.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 14 de octubre de 20151, Luz Dary Claro, en nombre propio y en representación de Gabriela Aceros Claro, mediante apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Hospital Militar Regional de Bucaramanga (en adelante el “Hospital Militar Regional de Bucaramanga”), para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro causadas al nacer.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar , por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por “perjuicios morales subjetivos” , 100 SMLMV a cada uno de los

accionada a pagar , por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por “perjuicios morales subjetivos” , 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por “perjuicios al proyecto de vida y de relación”, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes ; y por lucro cesante, la suma de $ 457.740.000, para los demandantes.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de diciembre de 2012 Luz Dary Claro dio a luz a Gabriela Aceros Claro en el Hospital Militar Regional de Bucaramanga. Afirma que el parto fue atendido por el personal de enfermería, toda vez que el ginecólogo encargado se encontraba atendiendo una cesárea.

Señala que, durante el parto, la recién nacida presentó asfixia neonatal con convulsiones y un puntaje Apgar de 2/10, por lo que fue necesario practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y , posteriormente, remitirla a la unidad de cuidados intensivos.

Sostiene que el 25 de julio de 2013 la paciente A ceros Claro fue valorada por el doctor Fabian Fernández en la Clínica M édico Sinapsis, dado que la menor

1 Fl. 102 a 118, 126 a 144, C. 1.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

3 presentaba retraso en el desarrollo . El especialista la diagnosticó con retardo del neurodesarrollo, asociado al antecedente de asfixia neonatal.

Los demandantes consideran que el Hospital Militar Regional de Bucaramanga es

3 presentaba retraso en el desarrollo . El especialista la diagnosticó con retardo del neurodesarrollo, asociado al antecedente de asfixia neonatal.

Los demandantes consideran que el Hospital Militar Regional de Bucaramanga es patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro debido a la inadecuada e inoportuna atención médica prestada a la pacien te durante su nacimiento.

Textualmente, la parte actora expuso: “La negligencia, falta de cuidado y diligencia en un procedimiento médico del HOSPITAL REGIONAL MILITAR DE BUCARAMANGA, configura una FALLA EN EL SERVICIO, al desatender a la menor en el parto y dejar el mismo en manos inexpertas ocasionó que la menor naciera con problemas neonatales, los cuales en principio eran normales, pero las secuelas de los mismos evolucionaron y le fue dictaminado el 25 de Julio de 2013 el verdadero padecimiento por médicos ajenos al HOSPITAL MILITAR REGIONAL

DE BUCARAMANGA”.

2. Contestaciones

El 8 de marzo de 20162, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. El Hospital Militar Regional de Bucaramanga 3 se opuso a las pretensiones, argumentado que no se configuró la falla del servicio que le fue endilgada dado que la atención m édica brindada a la paciente fue oportuna y adecuada. Propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad, ausencia de nexo causal, “obligaciones de los médicos e instituciones de salud son de medio y no de resultado”, no acreditación del lucro cesante y la “genérica”.

3. Audiencia inicial

excepciones de inexistencia de responsabilidad, ausencia de nexo causal, “obligaciones de los médicos e instituciones de salud son de medio y no de resultado”, no acreditación del lucro cesante y la “genérica”.

3. Audiencia inicial

El 19 de octubre de 201 64, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las

2 Fl. 145, C. 1. 3 Fl. 159 a 167, C. 1. 4 Fl. 368 a 374, C.1.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

4 excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que: “Se centra en establecer: (I) Si NaciónMinisterio de DefensaEjército NacionalSanidad Militar SantanderHospital Regional Militar son administrativamente responsables por los perjuicios causados a Gabriela Aceros Claro, por la presunta falla en la prestación del servicio médico. Para ello se debe determinar: 1. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 2. Si las entidades demandadas efectuaron u omitieron aplicar en debida forma el protocolo médico. 3. Si con los hechos sucedidos el día 06 de diciembre del 2012 se constituye una falla en el servicio que generó en la menor Gabriela Aceros Claro el diagnostico de ASFIXIA

DEL NACIMIENTO NO ESPECIFICADA, LEUCOMALACIA NEONATAL,

PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA, RETARDO EN DESARROLLO, TUMOR

servicio que generó en la menor Gabriela Aceros Claro el diagnostico de ASFIXIA DEL NACIMIENTO NO ESPECIFICADA, LEUCOMALACIA NEONATAL, PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA, RETARDO EN DESARROLLO, TUMOR BENIGNO DE LA GLANDULA PINEAL. 4. Si como consecuencia de la presunta falla médica hay lugar a reconocer y pagar los perjuicios causados”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 14 de febrero de 20175 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante 6 y el Hospital Militar Regional de Bucaramanga 7, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4.2. El ministerio público8 rindió concepto en el que sostuvo que se acreditó que la atención médica brindada a Gabriela Aceros Claro fue diligente y oportuna.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de agosto de 20 179 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el Hospital Militar

5 Audiencia de pruebas. Fl. 322 y 323, C. 1. 6 Fl. 342 a 358, C. 1. 7 Fl. 328 a 341, C. 1. 8 Fl. 324 a 327, C. 1. 9 Fl. 360 a 367, C. P.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

5 Regional de Bucaramanga prestó una atención médica adecuada y oportuna a Luz

9 Fl. 360 a 367, C. P.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

5 Regional de Bucaramanga prestó una atención médica adecuada y oportuna a Luz Dary Claro y Gabriela Aceros Claro. Asimismo, señaló que, si bien se probó que el embarazo se desarrolló con normalidad y que la recién nacida sufrió un daño neurocerebral, no se acreditó un vínculo causal entre las lesiones sufridas por la menor y la atención médica brindada.

Al respecto señaló: “Esta Sala considera que dentro del proceso de referencia la parte demandante no probó el nexo causal mediante el cual puede imputarse la responsabilidad del daño generado a la entidad demandada y por el contrario la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - HOSPITAL REGIONAL DE BUCARAMANGA demostró diligencia y cuidado en la atención del procedimiento de parto realizado a la señora LUZ DARY CLARO el 06 de diciembre de 2012”.

6. Recurso de apelación

El 5 de enero de 2017, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de octubre de 201710 y admitido el 15 de febrero de 201811.

6.1. La parte demandante12 reiteró los argumentos expuestos en la demanda, esto es que, contrario a lo establecido por el tribunal, se acreditó que las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro fueron consecuencia de la indebida atención médica. En sustento, afirmó que la asfixia neonatal que sufrió la menor Aceros Claro, que derivó

es que, contrario a lo establecido por el tribunal, se acreditó que las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro fueron consecuencia de la indebida atención médica. En sustento, afirmó que la asfixia neonatal que sufrió la menor Aceros Claro, que derivó en el daño neurológico permanente que ella padece, pudo haberse evitado mediante la práctica de un monitoreo fetal y la elaboración del partograma , procedimientos que fueron omit idos por el personal de enfermería que atendió el parto.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de mayo de 201813 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

10 Fl. 380, C. P.

11Fl. 391, C. P. 12 Fl. 373 a 379, C. P. 13 Fl. 396, C. P.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

6

7.1. La parte demandante 14 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera instancia.

7.2. La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación 15, exigidos para que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera

de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación 15, exigidos para que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

14 Fl. 398 a 405, C. P. 15 La pretensión mayor es de $457.740.000 por lucro cesante, lo cual es mayor a $322.175.000, que corresponden a 500 SMLMV en el 2015, fecha de presentación de la demanda. 16 “Artículo 140. Reparación directa . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u om isión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabaj os públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado

responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabaj os públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuaci ón de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño” .Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

7

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de perju icios por hechos imputables a omisiones en la prestación del servicio médico-asistencial por parte del Hospital Militar Regional de Bucaramanga.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El estableci miento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para ev itar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

8 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducid ad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintame nte de quien realiza la proposición judicial,

cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintame nte de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 20,

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado e l empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el l itigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazo s fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés g eneral. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, porRadicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

9 cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto

de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 30 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, esto es que, contrario a lo establecido por el tribunal, se acredit ó que las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro fueron consecuencia de la indebida atención médica. En sustento, afirmó que la asfixia neonatal que sufrió la menor Aceros Claro, que derivó en el daño neurológico permanente que ella padece, pudo haberse evitado mediante la práctica de un monitoreo fetal y la elaboración del partograma, procedimientos que fueron omitidos por el personal de enfermería que atendió el parto.

No obstante, antes de estudiar si el daño alegado es atribuible a la demandada, se

procedimientos que fueron omitidos por el personal de enfermería que atendió el parto.

No obstante, antes de estudiar si el daño alegado es atribuible a la demandada, se analizará si el medio de control de reparación directa se presentó en tiempo, pues de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de oficio dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los demás presupuestos procesales ni el fondo del asunto.

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

10

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

6.1. Hechos probados21

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Se probó que a las 3:15 p.m. del 6 de diciembre de 2012 Luz Dary Claro dio a luz a Gabriela Aceros Claro en el Hospital Militar Regional de Bucaramanga. La recién nacida tuvo un puntaje Apgar de 2/10, por lo que fue necesario practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y, posteriormente, remitirla a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Chicamocha . De ello, da cuenta copia simple

maniobras de reanimación cardiopulmonar y, posteriormente, remitirla a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Chicamocha . De ello, da cuenta copia simple de la historia clínica22.

6.1.2. Consta que entre el 13 y el 19 de diciembre de 2012 Gabriela Aceros Claro estuvo hospitalizada en la Clínica Chicamocha, donde fue diagnosticada con “asfixia del nacimiento – no especificada” y “asfixia perinatal – convulsión neonatal”. Al respecto se consignó el siguiente c oncepto médico: “paciente con antecedente de asfixia perinatal quien presento convulsión neonatal al nacer en manejo con fenobarbital, actualmente estable sin nueva convulsión en manejo con fenobarbital, se realizó RNM que tiene cambios de encefalopatía hipóxico isquémica, se continuara manejo y estudios ambulatorios ”. De ello, da cuenta copia simple de la historia clínica23.

6.1.3. Se acreditó que el 25 de julio de 2013 Gabriela Aceros Claro fue valorada por el servicio de neuropediatría del Centro Médico Sinapsis S.A. Allí fue diagnosticada con “Asfixia del nacimiento – no especificada” y “Retardo en desarrollo” . En el análisis se indicó lo siguiente : “lactante menor con retardo del neurodesarrollo por

21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.: 25022. Es necesario precisar que se les otorgará valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Esta do en sentencia de

necesario precisar que se les otorgará valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Esta do en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, sin que ello signifique relevar a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias. 22 Fl. 24, C. 1. 23 Fl. 67, C. 1.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

11 antecedente de asfixia neonatal ”. De ello, da cuenta copia simple de la historia clínica24.

6.1.4. Se demostró que , el 21 de julio de 2015 , los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, según da cuenta el acta del 5 de octubre de 2015 expedida por el Procurador 158 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga25.

6.1.5. Se encuentra probado que el 5 de octubre de 2015 se declaró fallida la conciliación por la falta de ánimo conciliatorio de la convocada . Asimismo, ese mismo día, se expidió el acta por el cual se dio por agotada la etapa conciliatoria. De ello, da cuenta el acta del 5 de octubre de 2015 expedida por el Procurador 158 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga26.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine, se tiene que el daño alegado consiste en las lesiones

Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga26.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine, se tiene que el daño alegado consiste en las lesiones sufridas por Gabriela Aceros Claro como consecuencia de las supuestas omisiones en que incurrió el personal médico del Hospital Militar Regional de Bucaramanga al atender su nacimiento.

Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Asimismo, resulta del caso señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que

24 Fl. 76, C. 1. 25 Fl. 100, C. 1. 26 Fl. 100, C. 1.Radicado: 68001233300020150112001 (60614)

Demandante: Luz Dary Claro y otro

12 el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo

Demandante: Luz Dary Claro y otro

12 el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero”.

Descendiendo al caso concreto, se tiene probado que, el 6 de diciembre de 2012 Luz Dary Claro dio a luz a Gabriela Aceros Claro en el Hospital Militar de Bucaramanga. La menor tuvo un puntaje Apgar de 2/10, por lo que fue necesario practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y remitirla a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Chicamocha . Como consecuencia del anterior episodio, la recién nacida fue diagnosticada con “asfixia del nacimiento – no especificada” y “asfixia perinatal – convulsión