CE - Sentencia 68001233300020150119202 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: MARTHA CECILIA CHACÓN MONSALVE

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Y OTRO

Tema: Denuncia penal por el delito de abuso de confianza agravado.

Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de noviembre de 2005, La Previsora S.A. presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Martha Cecilia Chacón Monsalve por el delito de abuso de confianza calificado, argumentando que esta “no entregaba, voluntariamente como debía hacerlo, dentro de los plazos establecidos, los dineros recaudados de los tomadores de las pólizas colectivas”, aunado al hecho que había sido declarada responsable fiscalmente por la Contraloría General de la República. Posteriormente, el 1° de junio de 2007, la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces

sido declarada responsable fiscalmente por la Contraloría General de la República. Posteriormente, el 1° de junio de 2007, la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga profirió resolución de acusación en contra de Chacón Monsalve, como presunta autora del delito de abuso de confianza calificado y agravado. No obstante, mediante sentencia del 8 de febrero de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Depuración de Bucaramanga absolvió a Martha Cecilia Chacón Monsalve del delito imputado. Decisión que, a su turno, fue confirmada a través de sentencia del 16 de mayo de 2013, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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La parte actora considera que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y La Previsora S.A. son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados a su buen nombre, así como por la afectación patrimonial sufrida por someterla injustificadamente a una investigación penal , la cual “se dio solo por el desorden que esta entidad tenía en su cart era y que conllevó a que tuvieran el faltante de dinero por el cual le endilgaron a mí representada el delito de abuso de confianza”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de octubre de 20151, Martha Cecilia Chacón Monsalve, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de octubre de 20151, Martha Cecilia Chacón Monsalve, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y La Previsora S.A., para que fueran declarados patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados al someterla injustificadamente a una investigación penal.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la s entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, “de 100 a 300 SMLMV”; por daño emergente, la suma de $300.000.000; y por lucro cesante, $1.922.117.580.

En apoyo a sus pretensiones, la parte demandante afirma que el 5 de abril de 2001, la Previsora S.A. notificó a Martha Cecilia Chacón Monsalve , en su calidad de representante legal de la sociedad Castillo y Monsalve Cía. Ltda ., que daba por terminados los vínculos comerciales de intermediación de seguros que mantenían y, por tanto, cancelaba el código C346-3063.

Advierte que, e n fecha indeterminada, la Previsora S.A. le manifestó a Chacón Monsalve que entre el 21 de agosto de 1999 y el 14 de diciembre de 2000 no se registraron pagos por parte de la sociedad Castillo y Monsalve Cía. Ltda. respecto de las pólizas colectivas de seguro que tenían a su cargo.

1 Fl. 400, C. 1.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

de las pólizas colectivas de seguro que tenían a su cargo.

1 Fl. 400, C. 1.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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Señala que, e n fecha indeterminada, la Previsora S.A. y Martha Cecilia Chacón Monsalve celebraron un acuerdo conciliatorio, en el cual se acordó que esta última pagaría $56.962.302 por la póliza colectiva de los vehículos tipo taxi.

Indica que, entre el 9 de agosto y el 29 de noviembre de 2001, Chacón Monsalve pagó a la Previsora S.A. la suma de $64.214.580.

Sostiene que el 9 de noviembre de 2005, el gerente de la Previsora S.A. instauró denuncia penal contra Martha Cecilia Chacón Monsalve, por la conducta punible de abuso de confianza.

Argumenta que, mediante sentencia del 8 de febrero de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Depuración de Bucaramanga absolvió a Chacón Monsalve del delito de abuso de confianza calificado y agravado.

Manifiesta que, mediante sentencia del 16 de mayo de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la providencia del 8 de febrero de 2013.

Finalmente, refiere que, en proveído del 5 de agosto de 2013, la mencionada autoridad judicial declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la Previsora S.A.

La parte actora considera que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

autoridad judicial declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la Previsora S.A.

La parte actora considera que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y La Previsora S.A. son patrimonialmente responsable s por los perjuicios ocasionados a su buen nombre , así como por la afectación patrimonial sufrida por someterla injustificadamente a una investigación penal, la cual “se dio solo por el desorden que esta entidad tenía en su cartera y que conllevó a que tuvi eran el faltante de dinero por el cual le endilgaron a mí representada el delito de abuso de confianza”.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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2. Contestaciones

El 14 de diciembre de 2015 2 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 manifestó que el daño no le resultaba imputable , argumentando que La Previsora S.A. es una entidad que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que ejerce sus funciones de manera autónoma, conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998 4. Por lo anterior, propus o la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Previsora S.A. 5 se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que la Fiscalía General de la Nación era la titular de la acción penal y fue dicha entidad la que resolvió continuar con el proceso penal objeto de debate , razón por la cual

2.2. La Previsora S.A. 5 se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que la Fiscalía General de la Nación era la titular de la acción penal y fue dicha entidad la que resolvió continuar con el proceso penal objeto de debate , razón por la cual carecía de legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, alegó que no existió temeridad o mala fe en la denuncia penal presentada por La Previsora S.A. contra Martha Cecilia Chacón Monsalve.

3. Audiencia inicial

Los días 27 de marzo de 20176 y 15 de agosto de 2018 7 el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, se pronunció sobre las excepciones propuestas , declarando la falta de legitimación en la causa por activa de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

2 Fl. 401, C. 1. 3 Fl. 419 a 426, C. 1. 4 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones." 5 Fl. 448 a 483, C. 1. 6 Fl. 750 a 754, C. 1. 7 Fl. 785 a 787, C. 1.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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6 Fl. 750 a 754, C. 1. 7 Fl. 785 a 787, C. 1.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “La Previsora S.A. Compañía de Seguros es responsable de los perjuicios causados a la demandante MARTHA CECILIA CHACÓN MONSALVE con ocasión de la interposición de la denuncia penal en su contra por el delito de abuso de confianza calificado, trámite que culminó mediante sentencia absolutoria que cobró ejecutoria el día 16 de agosto de 2013”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 23 de abril de 2019 8, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante9 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. La Previsora S.A. 10 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de demanda. Adicionalmente, sostuvo que, aunque Martha Cecilia Chacón Monsalve fue absuelta en el proceso penal, ello obedeció a que, pese a la existencia de indicios suficientes para su procesamiento, persistió una duda razonable que llevó al operador jurídico a aplicar el principio de in dubio pro reo.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024 11, el Tribunal Administrativo de

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024 11, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda . Al efecto, sostuvo que en el sub examine no se configuró un daño antijurídico, dado que el hech o que se hubiese adelantado un proceso penal en contra d e Martha Cecilia Chacón Monsalve resultaba una carga que ésta tenía el deber jurídico de soportar.

En línea con lo anterior, señaló que la denuncia penal presentada por La Previsora S.A. contra Chacón Monsalve no tuvo un carácter temerario ni se formuló de mala

8 Fl. 894 a 895, C. 1. 9 Fl. 897 a 922, C. 1. 10 Fl. 923 a 948, C. 1. 11 Samai, índice 92 de primera instancia.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

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fe. Por el contrario, dicha denuncia se fundamentó en los fallos de responsabilidad fiscal emitidos en el marco del trámite adelantado como consecuencia del hallazgo consignado en el formulario de irregularidades No. 35-07-009 de 2002 y cinco actas suscritas entre La Previsora S.A. y la señora Martha Cecilia Chacón Monsalve en calidad de representante legal de la sociedad Castillo Monsalve Cia. Ltda.

6. Recurso de apelación

El 29 de febrero de 2024 12 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

calidad de representante legal de la sociedad Castillo Monsalve Cia. Ltda.

6. Recurso de apelación

El 29 de febrero de 2024 12 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de abril de 202413 y admitido el 10 de mayo de 202414.

6.1. La parte demandante manifestó que con las pruebas allegadas al proceso, especialmente con las sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Depuración de Bucaramanga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucar amanga, se acreditó la te meridad y mala fe de la denuncia interpuesta por La Previsora S.A . Asimismo, sostuvo que se demostraron los perjuicios ocasionados como consecuencia de la referida denuncia.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)15, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. En esta instancia procesal La Previsora S.A. 16 se pronunció

12 Samai, índice 96 de primera instancia. 13 Samai, índice 98 de primera instancia. 14 Samai, índice 3. 15 Artículo 247. “ El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

12 Samai, índice 96 de primera instancia. 13 Samai, índice 98 de primera instancia. 14 Samai, índice 3. 15 Artículo 247. “ El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentenc ia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 16 Samai, índice 11.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

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respecto del recurso interpuesto por la parte accionante reiterando que no le era imputable un daño antijurídico. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 17, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 17, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, conviene precisar que, de conformidad con el artículo 1.2.2.4. del Decreto 1068 de 201518, la Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa y está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público . De igual forma, se precisa que, de acuerdo con los estados financieros de dicha sociedad19, para el 31 de diciembre de 2015 “el capital d e La Previsora S.A. Compañía de Seguros pertenecía en el 99,5323%, a La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el 0,4677% a otros accionistas”.

17 La pretensión mayor es de $1.922.117.580, por lucro cesante, lo cual es mayor a $322.175.000, que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda. 18 “ARTÍCULO 1.2.2.4. La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A. La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nac ional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El objeto de la Sociedad es el de celebrar y ejecutar contratos de Seguro, Coaseguro y Reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las personas naturales o jurídicas privadas, así como los que directa o indirectamente tengan la Nación, el Distrito Capital de Bogotá, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas de cualquier orden, asumiendo todos los riesgos que de acuerdo con la ley puedan ser materia de estos contratos”. 19 Al respecto, se puede consultar: https://previsora.gov.co/documents/d/guest/notas-a-los-estadosfinancieros-separados_0.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contr ato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14020 del CPACA.

En vista de lo expuesto, se evidencia que el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un os daños por hechos imputables a la Previsora S.A.

3. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

reparación directa, porque se reclama la reparación de un os daños por hechos imputables a la Previsora S.A.

3. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunida des legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

20 “Artículo 140. Reparación directa . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u om isión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabaj os públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesi dad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controvers iales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el oper ador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, res ultando como una sanción ipso iure 23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más allá d el tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción

legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá present arse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine se estima que la pretensión de reparación directa se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que mediante sentencia del 16 de mayo de 201325, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el proveído del 8 de febrero de 2013, a través del cual se absolvió a Martha Cecilia Chacón Monsalve del delito de abuso de confianza calificado y agravado ; ii) que dicha decisión cobró ejecutoria con la firmeza del auto del 5 de agosto de 2013 26, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

dicha decisión cobró ejecutoria con la firmeza del auto del 5 de agosto de 2013 26, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por La Previsora S.A., esto es, el 16 de agosto de 201327; iii) que el 23 de julio de 2015 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 20 de octubre de ese mismo año por falta de ánimo conciliator io entre las partes 28; iv) que la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015 29, esto es, dentro del término de dos (2) años previstos para el vencimiento del medio de control.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30.

25 Fl. 37 a 57, C. 1. 26 Fl. 58 a 60, C. 1. 27 De conformidad con la constancia expedida por el secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga (Fl. 60, C. 1). 28 Fl. 344 a 345, C. 1. 29 Fl. 400, C. 1. 30 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo delcaso”.

analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo delcaso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760 -18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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4.1. Martha Cecilia Chacón Monsalve es la persona sobre quien recae el interés jurídico debatido en este proceso y se encuentra legitimada en la causa por activa, pues fue el sujeto pasivo del proceso penal identificado con el radicado No. 680013104-002-2008-00178-00, el cual fue tramitado ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Depuración de Bucaramanga en primera instancia, y en segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

4.2. La Previsora S.A. se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues se alega en la demanda que incurrió en la producción del daño por la denuncia penal presentada en contra de Martha Cecilia Chacón Monsalve por el punible de abuso de confianza calificado.

4.3. Finalmente, conviene precisar que , en el trámite de la audiencia inicial 31, el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la excepción de falta de

de confianza calificado.

4.3. Finalmente, conviene precisar que , en el trámite de la audiencia inicial 31, el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decisión que no fue impugnada.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de Martha Cecilia Chacón Monsalve.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico, es menester hacer algunas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

31 Fl. 750 a 754, C. 1.Radicado: 68001233300020150119202 (71186)

Demandante: Martha Cecilia Chacón Monsalve

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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 19 9132 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda