CE - Sentencia 68001233300020160044001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020)

Demandante: José Ludbin Gómez Martínez

Demandado: Personería de Bucaramanga

Vinculado: Municipio de Bucaramanga

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio disciplinario. Nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia proferida el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José Ludbin Gómez Martínez instauró demanda en contra de la Personería de Bucaramanga, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo

El señor José Ludbin Gómez Martínez instauró demanda en contra de la Personería de Bucaramanga, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 0 28 del 17 de febrero de 2014, expedida en segunda instancia disciplinaria, mediante la cual se modificó la sanción de inhabilidad especial por el término de 1 mes, impuesta mediante auto del 15 de agosto de 2013, por suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 1 mes, convertida en salario (sic).

Que, en consecuencia, sea exonerado del pago de la sanción impuesta, que, al convertirse en salario, asciende a seis millones setecientos setenta y un mil treinta y tres pesos ($6.771.033).Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante auto del 18 de diciembre de 2018 la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa en lo Policivo y Judicial de Bucaramanga le formuló el siguiente cargo disciplinario: «[e]n su condición de secretario de desarrollo social de Bucaramanga (…), omitió injustificadamente el cumplimiento de los plazos

Vigilancia Administrativa en lo Policivo y Judicial de Bucaramanga le formuló el siguiente cargo disciplinario: «[e]n su condición de secretario de desarrollo social de Bucaramanga (…), omitió injustificadamente el cumplimiento de los plazos taxativos fijados en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 890 de 2008, reglamentario de la Ley 743 de 2002 , en el trámite del proceso administrativo adelantado contra los dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Miguel (…)».

Que, como fundamento de o anterior, se indicó que entre la expedición del Auto 001 del 6 de diciembre de 2010 (que abrió las diligencias preliminares en contra de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal) y el Auto 049 del 11 de septiembre de 2011 (que formuló cargos en contra del presidente de la Junta) habían transcurrido 9 meses, superando los plazos que de manera perentoria se regulan en las referidas normas.

Que la primera instancia disciplinaria señaló que se había incurrido en una falta grave dolosa, por lo que fue sancionado con inhabilidad especial por el término de 1 mes, convertida en salario porque ya no ocupaba el cargo para entonces.

Que, apelada la decisión, en segunda instancia se varió la calificación de la forma de culpabilidad a culpa grave y, en consecuencia, se modificó la sanción impuesta, fijándola en suspensión por el término de 1 mes, convertida en salario.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Ley 734 de 2002: artículos 141, 142, 143 numerales 2 y 3 y 171; Ley 743 de 2002; Decreto 890 de 2008.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Ley 734 de 2002: artículos 141, 142, 143 numerales 2 y 3 y 171; Ley 743 de 2002; Decreto 890 de 2008.

Que en la expedición de las decisiones disciplinarias se incurrió en irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso, porque fue sancionado por el incumplimiento de unos plazos taxativos que no existen ni en la Ley 743 de 2002 ni en su decreto reglamentario.

Que la queja en contra de los dignatarios de la JAC del barrio San Miguel fue radicada el 24 de junio de 2009, por lo que las diligencias preliminares de las que trata el artículo 10 del Decreto 890 de 2009 se debieron adelantar antes de que él se posesionara en el cargo de secretario de Desarrollo Social, lo que ocurrió el 4 de noviembre de 2010.

Que, en ese sentido, la expedición del auto del 6 de diciembre de 2010, que abrió las diligencias preliminares, tuvo por cometido sanear una actuación que no se había adelantado por quien lo precedió, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de los dignatarios de la JAC.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Que en las decisiones disciplinarias nada se dijo sobre a quién le correspondía adelantar el procedimiento de la Ley 743 de 2002 , teniendo en cuenta que en esta

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Que en las decisiones disciplinarias nada se dijo sobre a quién le correspondía adelantar el procedimiento de la Ley 743 de 2002 , teniendo en cuenta que en esta y en su decreto reglamentario se dispone que la competencia radica en el Ministerio del Interior para las organizaciones cívicas comunales y, en las entidades territoriales, a las dependencias, oficinas y funcionarios que hacen parte del sistema de gobierno y que si bien la Secretaría de Desarrollo Social tenía como función específica la programación, atención y desarrollo de programas y proyectos de desarrollo comunitario, en los términos del artículo 76.13 de la Ley 715 de 2001, no significaba que fuera la competente para investigar administrativamente a los dignatarios de las JAC.

Que los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 743 de 2002 no contienen plazos taxativos para la expedición de autos, pues el primero se refiere a las diligencias preliminares; el segundo, al plazo que tienen los miembros de la JAC para atender el requerimiento que se les haga de advertirse un incumplimiento de sus obligaciones; y, el tercero, a la procedencia de la formulación de cargos.

Que no se aplicó la sana crítica en el análisis de las pruebas que sirvieron de fundamento para sancionarlo y que en la decisión de segunda instancia se desconoció lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, según el cual en la providencia que resuelve el recurso de apelación no puede agravarse la sanción impuesta, cuando el sancionado sea apelante único; además, los actos se apartaron del artículo 142 de la misma ley, que dispone que no puede proferirse fallo

la providencia que resuelve el recurso de apelación no puede agravarse la sanción impuesta, cuando el sancionado sea apelante único; además, los actos se apartaron del artículo 142 de la misma ley, que dispone que no puede proferirse fallo sancionatorio sin que exista prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 26 de mayo de 20161, notificándosele a la demandada y a la entidad vinculada , quienes se opusieron a las pretensiones, en el siguiente sentido:

La Personería de Bucaramanga indicó que la sanción disciplinaria fue impuesta porque el demandante omitió de manera injustificada el cumplimiento de los plazos taxativos fijados en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 890 de 2008, reglamentario de la Ley 743 de 2002, en detrimento de la Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel, pues el presidente de dicha organización no fue sancionado de manera oportuna.

1 Véanse folios 315-316 del cuaderno principal . La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, el cual por auto del 31 de julio de 2014 la admitió (véanse folios 98 a 100 del cuaderno principal ) Posteriormente, en audiencia inicial 2 de marzo de 2015 declaró no probada s las excepciones de falta de competencia por el factor funcional y falta de vinculación de las personas que por ley corresponde citar (véanse folios 303-304 del cuaderno principal). La demandada interpuso recurso de apelación,

excepciones de falta de competencia por el factor funcional y falta de vinculación de las personas que por ley corresponde citar (véanse folios 303-304 del cuaderno principal). La demandada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander por auto del 23 de febrero de 2016, revocando la decisión del Juzgado y, en su lugar, declarando que la competencia corresponde a dicha Corporación y que se debió vincular al municipio de Bucaramanga como tercero con interés directo (véanse folios 303 a 307 del expediente principal).Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Que la actuación disciplinaria se desarrolló conforme a derecho y con el respeto de todas las garantías procesales y que es necesario tener en cuenta que cuando el artículo 11 del Decreto 890 de 2008 señala un término de 15 días para que la organización comunal atienda el requerimiento que se le haga en el marco de las diligencias preliminares, significa que al cabo de ese plazo se debe iniciar la investigación correspondiente con la formulación de cargos y que este fue desconocido por el demandante, pues en septiembre de 2011 procedió en el sentido descrito.

Que se pretende convertir el ejercicio del medio de control en una tercera instancia disciplinaria, para debatir la valoración probatoria, asunto que ha sido limitado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que el señor José Ludbin Gómez, en su condición de secretario de Desarrollo

disciplinaria, para debatir la valoración probatoria, asunto que ha sido limitado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que el señor José Ludbin Gómez, en su condición de secretario de Desarrollo Social, sí era competente para adelantar la investigación en contra de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, en los términos de los artículos 5 de la Ley 743 de 2002 y 5 del Decreto 890 de 2008 , tanto así que existe un manual de procedimiento para la Unidad de Desarrollo Comunitario, adscrita en el municipio a dicha secretaría.

Que no es cierto que en la segunda instancia se hubiese empeorado su situación, pues en la decisión disciplinaria apelada fue sancionado únicamente con inhabilidad especial por el término de 1 mes y esto fue modificado al resolver su recurso, fijando la sanción en suspensión de 1 mes, convertida en salarios, lo que resultaba en todo caso más beneficioso para él, teniendo en cuenta que la sanción de la primera instancia implicaba la imposibilidad de desempeñar cargos públicos2.

El municipio de Bucaramanga propuso como excepciones la prescripción y la falta de legitimación en la causa por pasiva; esta última, expresando que las personerías gozan de autonomía presupuestal y administrativa en los términos del artículo 186 de la Ley 134 de 19943.

Se celebró audiencia inicial el 28 de marzo de 2017 4, en la que se declar aron no probadas las excepciones de prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva, se fijó el litigio y se decretaron pruebas y, una vez agotado el periodo

probadas las excepciones de prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva, se fijó el litigio y se decretaron pruebas y, una vez agotado el periodo probatorio5, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 6 negó las pretensiones, tras concluir que en la expedición de las decisiones disciplinarias no se incurrió en defectos

2 Véanse folios 327 a 337 del cuaderno principal. 3 Véanse folios 351 a 353 del cuaderno principal. 4 Véanse folios 365 a 369 del cuaderno principal. 5 La audiencia de pruebas se celebró el 10 de mayo de 2017 (véanse folios 431-432 del cuaderno principal. 6 Véanse folios 463 a 474 del cuaderno principal.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 sustanciales que afectaran el debido proceso.

Que según las disposiciones de la Ley 743 de 2002 y del Decreto 890 de 2008 corresponde a las dependencias de las entidades territoriales ejercer la vigilancia, inspección y control de los organismos comunales y que, para el caso del municipio

Que según las disposiciones de la Ley 743 de 2002 y del Decreto 890 de 2008 corresponde a las dependencias de las entidades territoriales ejercer la vigilancia, inspección y control de los organismos comunales y que, para el caso del municipio de Bucaramanga, mediante el Decreto 0090 de 2005, se delegó en el secretario de Desarrollo Social la competencia para el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal y otras organizaciones comunitaria s; mientras que el Decreto 0050 de 2006 , modificatorio del Decreto 0034 del mismo año, dispuso, entre las funciones de la Secreta ría de Desarrollo Social la de formular, dirigir y controlar los planes y programas de desarrollo comunitario.

Que no se desconocieron los derechos al debido proceso y de defensa, pues en la actuación obró prueba suficiente para comprometer la responsabilidad disciplinaria del demandante , quien desconoció sus deberes funcionales y obró de manera negligente y omisiva en la atención de las quejas de los veedores ciudadanos y de la comunidad, sin que su argumento de haber conocido la queja un mes después de su posesión pudiera ser tenido en cuenta, porque aquella fue radicada como derecho de petición y, ante la falta de respuesta, se profirió sentencia de tutela el 2 de noviembre de 2010, mientas que el demandante se posesionó el 4 del mismo mes y año.

Que lo reprochado no es la falta de gestión, sino la gestión inoportuna y negligente, porque a pesar de conocer las múltiples irregularidades que estaban ocurriendo en la Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel, las actuaciones desplegadas no

Que lo reprochado no es la falta de gestión, sino la gestión inoportuna y negligente, porque a pesar de conocer las múltiples irregularidades que estaban ocurriendo en la Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel, las actuaciones desplegadas no fueron oportunas para dar solución a la problemática presentada.

Que según el artículo 11 del Decreto 890 de 2008, una vez se constate que el organismo de acción comunal no cumple con las normas legales y reglamentarias, se le debe requerir para que dentro de los 15 días siguientes cumpla y que este término fue desconocido por el demandante.

Que no se incurrió en reforma en peor al resolver el recurso de apelación, pues en la segunda instancia se varió la calificación de la falta y se disminuyó la sanción impuesta, resultando en una decisión más benéfica para el señor Gómez Martínez.

Finalmente se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante7 interpuso recurso de apelación , insistiendo en que la Secretaría de Desarrollo Social no era la competente para adelantar las labores de inspección y control sobre la Junta de Acción Comunal, pues esta es una función del ministerio del interior y de las entidades territoriales a través de las dependencias que forman parte del sistema de gobierno ; no de la secretaría de la cual hacía parte, pues las funciones de esta provienen del artículo 76.13 de la Ley 715 de 2001.

7 Véanse folios 479 a 489 del cuaderno principal.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020)

funciones de esta provienen del artículo 76.13 de la Ley 715 de 2001.

7 Véanse folios 479 a 489 del cuaderno principal.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Que su situación sí fue reformada en peor al resolver la segunda instancia y que en la actuación disciplinaria no se recaudaron las pruebas pertinentes para determinar qué funciones le correspondía ejecutar a la Secretaría de Desarrollo Social , ni se indagó respecto de la trazabilidad de la queja, que fue radicada e l 24 de junio de 2009.

Que en las normas del Decreto 890 de 2008 y la Ley 743 de 2002 no existen plazos taxativos y que en cuanto al término previsto en el artículo 11 del Decreto 890, no existió prueba que permitiera determinar si el funcionario designado en el auto de diligencias preliminares adelantó las actuaciones para verificar el cumplimiento de la normas por parte de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 16 de marzo de 20208 fue admitido el recurso apelación y el 22 de octubre del mismo año9 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

El demandante10 reiteró los argumentos relacionados con la falta de competencia de la Sec retaría de Desarrollo Social, pues dentro de su manual de funciones no tenía ninguna relacionada con la inspección, vigilancia y control sobre los organismos de acción comunal.

El demandante10 reiteró los argumentos relacionados con la falta de competencia de la Sec retaría de Desarrollo Social, pues dentro de su manual de funciones no tenía ninguna relacionada con la inspección, vigilancia y control sobre los organismos de acción comunal.

Que las decisiones disciplinarias se expidieron sin que existiera material probatorio suficiente y que, en segunda instancia, se reformó en peor su situación.

Que de haberse incumplido algún plazo «taxativo» (que no existen en la Ley 743 de 2002 ni en el Decreto 890 de 2008), ello ocurrió antes de que él se posesionara, por cuanto la queja fue radicada el 24 de junio de 2009 y que, a su llegada, la expedición del auto 001 de diciembre de 2010 solo buscó sanear la actuación y garantizar el debido proceso a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal.

La demandada11 insistió en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia disciplinaria y que lo que el demandante pretende es reabrir el debate probatorio.

Que la actuación disciplinaria se desarrolló ceñida al debido proceso y que las pruebas recaudadas permitieron demostrar el actuar omisivo del señor José Ludbin Gómez Martínez, quien no atendió los plazos taxativos de los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 890 de 2008, reglamentario de la Ley 743 de 2002.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

8 Véase folio 500 del expediente e índice 00003 de SAMAI. 9 Véase folio 505 del expediente e índice 00008 de SAMAI.

Se resolverá previas las siguientes,

8 Véase folio 500 del expediente e índice 00003 de SAMAI. 9 Véase folio 505 del expediente e índice 00008 de SAMAI. 10 Véanse índices 00017 y 00018 de SAMAI. 11 Véanse índices 00015 y 00016 de SAMAI.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por violación al debido proceso; o, si como lo afirma la demandada, en su expedición se respetaron las garantías sustanciales y formales del demandante y, por tanto, no hay lugar a desvirtuar su legalidad.

Se advierte que el examen de legalidad debe abarcar tanto el auto del 15 de agosto de 2013 como la Resolución 028 del 17 de febrero de 2014, pues, pese a la falencia en la formulación de la pretensión de nulidad, que no fue corregida en la fijación del litigio, se trata de una unidad jurídica inescindible en la garantía del acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida en que la segunda es modificatoria de la primera y, en conjunto, definen la responsabilidad disciplinaria del demandante.

Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, n o ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa » de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias12.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que

12 Consejo de Estado . Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»13.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control judicial integral » por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales»14, y se indicó además que:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo.

respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver , entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación

formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver , entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los

13 Véanse: Consejo de Estado . Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado . Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. 14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 68001-23-33-000-2016-00440-01 (0294-2020) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas15.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 16 señaló que, tanto de las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 16 señaló que, tanto de las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos

lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se