CE - Sentencia 68001233300020170017001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Privación injusta de la libertad (Ley 906 de 2004) – Falla en el servicio – Ilegalidad de medida de aseguramiento

Síntesis del caso: la demandante fue capturada en cumplimiento de una orden librada en su contra. Enseguida, se legalizó su captura, se formuló imputación y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. El proceso finalizó con sentencia absolutoria.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de febrero de 2017 , María Antonia Villarreal Higuera y su grupo familiar2, presentó demanda de reparación directa, en contra de la Nación – Rama Judicial y la F iscalía General de la Nación para que se les declarara responsables por la privación injusta de su libertad3.

1 La Sala es competente para proferir esta providencia, por que conoció en primera instancia en atención a la cuantía estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del CPACA. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de lucro cesante, fue estimada por los demandantes en un monto de $557.874.281, lo que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda. Asimismo, debido a que la resolución de este asunto atañe al estudio pretensiones formulados con motivo de una privación injusta de la libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 y el acta de 10 del 25 de abril de 2013 de la Sección Tercera de esta Corporación.

Subsección se encuentra facultada para fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 y el acta de 10 del 25 de abril de 2013 de la Sección Tercera de esta Corporación. 2 María Antonia Villarreal Higuera en condición de víctima directa, Juan Pablo Sarmiento Vesga en calid ad de cónyuge, María Antonia y Juan Diego Sarmiento Villarreal como sus hijos, Tiberio Villareal Ramos como su padre, Elbert Julián Villareal Franco, Carmen Inés, Olga Cecilia, Cesar Tiberio Villareal Higuera como sus hermanos; y Julián Tiberio Villarreal García como su sobrino. 3 Folios 4 a 19 en archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 2 SAMAI.Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 2 de 15

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se

trascribe):

“PRIMERA: se declare que la Nación -Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial son administrativamente responsables de los perjuicios morales, daños materiales consistentes en lucro cesante (consolidado) y daño emergente, perjuicios a la vida de relación y demás derechos fundamentales y constitucionales que se demuestren y sean declarado s aún de oficio, que les

materiales consistentes en lucro cesante (consolidado) y daño emergente, perjuicios a la vida de relación y demás derechos fundamentales y constitucionales que se demuestren y sean declarado s aún de oficio, que les fueron violados y sufridos por los acá víctimas y los demás miembros integrantes del núcleo familiar de los acá demandantes, que los daños sean pagados y resarcidos de acuerdo a lo tasado por ley y la jurisprudencia a los demandantes de acuerdo a cada una de las condenas que acá se pretenden en contra de los demandados”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a la s entidades demandadas al pago de los siguientes

perjuicios:

Perjuicio Beneficiario Monto Perjuicios morales Para la víctima directa 80 SMLMV Para el cónyuge, el padre y cada hijo de la víctima directa 80 SMLMV Para cada hermano de la víctima directa 40 SMLMV Para el sobrino de la víctima directa 28 SMLMV “Daños a la vida de relación o por concepto de afectación a bienes constitucionalmente protegidos” Para la víctima directa 80 SMLMV Daño emergente Para la víctima directa $40.663.200 Lucro cesante Para la víctima directa $557.487.281

4. Como hechos que fundamenta ron las pretensiones, la parte

demandante expuso, en síntesis:

5. 1) El 29 de mayo de 2008, María Antonia Villarreal Higuera fue capturada en cumplimiento de la orden de captura librada por el Juzgado 3 penal

demandante expuso, en síntesis:

5. 1) El 29 de mayo de 2008, María Antonia Villarreal Higuera fue capturada en cumplimiento de la orden de captura librada por el Juzgado 3 penal municipal con funciones de control de garantías de Floridablanca . Al día siguiente, el Juzgado legalizó su captura, le formuló imputación y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, por la presunta comisión del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 2) El 1 de agosto de 2008 , el Juzgado 9 penal municipal de Bucaramanga con funciones de conocimiento, ante la apelación presentada por la defensa, sustituyó la medida de aseguramiento para ser cumplida en la residencia de la procesada . 3) El 26 de mayo de 2009, el Juzgado 9 penal municipal de Floridablanca con funciones de control de garantías otorgó su libertad por vencimiento de términos. 4) El 28 de agosto de 2015 , el Juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga dictó Sentencia absolutoria, sin que se formularan recursos en su contra.Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 3 de 15

1.2. Posición de las partes demandadas

6. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda4.

Aseguró haber actuado en cumplimiento de sus debe res constitucionales y

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1.2. Posición de las partes demandadas

6. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda4.

Aseguró haber actuado en cumplimiento de sus debe res constitucionales y legales, de acuerdo con los cuales, la entidad cumple un rol acusatorio y le corresponde al juez de control de garantía s avalar la adopción de una medida restrictiva de la libertad. Alegó la inexistencia de daño antijurídico porque no estaba demostrado y la ausencia de falla en la prestación del servicio pues observó el procedimiento legal. Aceptó que, aunque posteriormente se dispuso la preclusión de la investigación, esto obedeció a la aplicación del principio de la progresividad de la prueba y “ la carga de la medida impuesta debió soportarla en aras de la investigación penal que se adelantaba en su contra”. Finalmente, puso de presente que la atribución de responsabilidad estatal en todos los procesos penales que finalicen con resolución de preclusión constituiría un “ flagrante desconocimiento de la potestad punitiva del Estado” y despojaría a la Fiscalía de sus poderes de instrucción.

7. La Rama Judicial contestó la demanda , en la que se opuso a las pretensiones allí formuladas 5. En su escrito explicó que, la imposición de la medida de aseguramiento respondió a los fines constitucionales y, además, fue necesaria, proporcional y adecuada. Precisó que esta limitación al derecho a la libertad está respaldada constitucionalmente, pues se justifica para asegurar la comparecencia del imputado al proceso y esto no afecta la presunción de inocencia. Ahora, de hallarse configurada la responsabilidad,

derecho a la libertad está respaldada constitucionalmente, pues se justifica para asegurar la comparecencia del imputado al proceso y esto no afecta la presunción de inocencia. Ahora, de hallarse configurada la responsabilidad, esta debía atribuirse a la Fiscalía puesto que la falla en el servicio tuvo luga r en la etapa de investigación debido a la imposibilidad de probar su teoría el caso, tal como lo advirtió el fallo absolutorio. Por ello, propuso el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, y la “ culpa de la víctima porque la ahora demandante fue la responsable de su vinculación al proceso penal”.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El 25 de julio de 2013 , el Tribunal Administrativo de Caquetá dictó Sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda6. Como argumentos de fondo, sostuvo que la privación de la libertad de María Antonia Villarreal Higuera fue injusta ante la ausencia de los presupuestos normativos que sustentaran la procedencia de la medida de aseguramiento. Atribuyó la responsabilidad a las demandadas a título de falla en servicio porque no se demostró que la entonces imputada representara un peligro para la sociedad y , con ello, la necesidad de que se impusiera en su

4 Folios 1 a 31 en archivo 7_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_003ContestacionesDem_2_20241118134032850.pdf, expediente digital, índice 2 de SAMAI. 5 Folios 53 a 69 en archivo 7_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_003ContestacionesDem_2_20241118134032850.pdf, expediente digital, índice 2 de SAMAI.

digital, índice 2 de SAMAI. 5 Folios 53 a 69 en archivo 7_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_003ContestacionesDem_2_20241118134032850.pdf, expediente digital, índice 2 de SAMAI. 6 Índice 71 de SAMAI del Tribunal.Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 4 de 15

contra una medida que restringiera su li bertad. Tal determinación no podía sustentarse en la sola gravedad y modalidad del delito y se desconoció, al tiempo, circunstancias particulares como lo fueron “ su arraigo, su calidad de madre de dos hijos menores de edad, su calidad de estudiante, su trayectoria laboral en el departamento de Santander, la ausencia de investigaciones anteriores y la cantidad de delitos imputados”.

9. En relación con los perjuicios morales cuya reparación se solicitaba a favor de los hermanos y el sobrino de la víctima direc ta, advirtió que no les cobijaba presunción alguna sobre su causación y tampoco se aportaron elementos dirigidos a su comprobación. Asimismo, negó lo solicitado por concepto de “daño a la vida de relación” o por la afectación a bienes convencional y constitucionalmente protegidos porque no fueron probados. No condenó en costas porque las pretensiones prosperaron parcialmente.

10. En la parte resolutiva dispuso:

constitucionalmente protegidos porque no fueron probados. No condenó en costas porque las pretensiones prosperaron parcialmente.

10. En la parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: Declarar patrimonial y administrativamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la privación injusta de la que fue sujeto la señora María Antonia Villarreal Higuera entre el 30 de mayo de 2008 y el 26 de mayo de 2009.

SEGUNDO: Condenar a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconocer y pagar por concepto de daño moral las siguientes sumas de dinero a los demandantes:

TERCERO: Condenar a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconocer y pagar a favor de la señora María Antonia Villarreal Higuera, por concepto de lucro cesante, la suma total de: dieciocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil, trescientos cincuenta y cuatro pesos ($18.648.354).

Parágrafo: Esta suma se reconocerá y pagará en los términos previstos en el Artículo 192 del CPACA.

CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.”

Demandante Grado de parentesco SMLMV María Antonia Villarreal Higuera Víctima directa 37,158 SMLMV Juan Pablo Sarmiento Vesga Cónyuge 18.579 SMLMV María Antonia Sarmiento Villareal Hija - primer grado 18.579 SMLMV

SMLMV Juan Pablo Sarmiento Vesga Cónyuge 18.579 SMLMV María Antonia Sarmiento Villareal Hija - primer grado 18.579 SMLMV Juan Diego Sarmiento Villareal Hijo - primer grado 18.579 SMLMV Tiberio Villareal Ramos Padre - primer grado 18.579

SMLMVRadicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 5 de 15

1.4. Recursos de apelación

11. Inconforme con la anterior decisión, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en particular, sobre la función del juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento 7. De otro lado, solicitó se mantuviera la decisión de no condenar en cos tas porque su actuación “ se basó en argumentos serios y el resultado de la misma no muestra temeridad ni mala fe ”, como tampoco se causaron gastos en las actuaciones adelantadas.

12. La Rama Judicial también presentó su recurso de apelación 8. Al respecto, advirtió un “posible desborde” en el análisis efectuado por el juez de lo contencioso administrativo pues pretendió “ revivir debates ya concluidos en otras jurisdicciones” ya que no le correspondía calificar como acertada, o no, una decisión adoptada por las entidades demandadas en el ejercicio de

lo contencioso administrativo pues pretendió “ revivir debates ya concluidos en otras jurisdicciones” ya que no le correspondía calificar como acertada, o no, una decisión adoptada por las entidades demandadas en el ejercicio de sus funciones legales y constitucionales. Destacó que no se demostró la antijuridicidad del daño pues el juez obró de acuerdo con sus deberes legales y de conformidad con lo requerido por la fiscalía. Ahora, si se entendiera que se ocasionó un daño, este sobrevino con la petición de retirar los cargos elevada por el mismo ente acusador. Así, indicó el hecho de un tercero como generador del daño “ desde la causalidad material ” pues la detención preventiva no es una medida que el juez pueda adoptar de oficio.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la ilegalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5 Indemnización de perjuicios; 2.6 Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

13. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda 9. En esta providencia, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia. Declarará la responsabilidad de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de María Antonia Villarreal Higuera porque su detención fue ilegal y exonerará a Fiscalía General de la

Sentencia de primera instancia. Declarará la responsabilidad de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de María Antonia Villarreal Higuera porque su detención fue ilegal y exonerará a Fiscalía General de la Nación ya que el daño no le es atribuible . Ajustará el monto de los perjuicios

7 Índice 75 SAMAI del Tribunal 8 Índice 76 SAMAI del Tribunal 9 La providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 28 de agosto de 2015 y la demanda fue presentada el 13 de febrero de 2017, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 164, numeral 2, literal i), del CPACA Esto, si se tienen en cuenta que la decisión absolutoria quedó ejecutoriada el mismo día, pues fue dictada en audiencia y contra ella no se interpusieron recursos. Audio en archivo: 68001600000020080005700_680013109010_2.wma, CD 9 - CD1audieciasprocesopenal - ProcesoPenal2008-00057, expediente digital, índice 69 SAMAI del Tribunal. El plazo de caducidad se suspendió entre el 28 de noviembre de 2016 y el 23 de enero de 2017, por cuenta del trámite de conciliación prejudicial. Folios 81 a 86 en archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 69 SAMAI del TribunalRadicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa

TribunalRadicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 6 de 15

materiales e inmateriales, de ac uerdo con los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta corporación, y ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa. No se pronunciará sobre la reparación de los perjuicios negados en primera instancia puesto que no fue objeto de apelación10.

14. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en ca sos de privación injusta de la libertad, atribuirá el daño a la Rama judicial. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y condenará en costas.

2.2. El daño

15. Está probado que, María Antonia Villarreal Higuera fue privad a de su libertad en un centro de reclusión desde el 29 de mayo de 200811 hasta el 1 de agosto del mismo año 12, y desde esta última fecha hasta el 27 de mayo de 2009 en su residencia 13. Sin embargo, el Tribunal estableció el periodo de

libertad en un centro de reclusión desde el 29 de mayo de 200811 hasta el 1 de agosto del mismo año 12, y desde esta última fecha hasta el 27 de mayo de 2009 en su residencia 13. Sin embargo, el Tribunal estableció el periodo de privación del 30 de mayo de 2008 al 26 de mayo de 2009, el cual será considerado por resultar más favorable a la parte apelante . Es decir, la demandante cumplió su detención durante 62 días en centro de reclusión y 9 meses y 26 días en su residencia. También está probado que, el 28 de agosto de 2015, el Juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga dictó Sentencia absolutoria14.

2.3. Análisis de la ilegalidad de la privación de la libertad

16. De manera previa, esta Sala advierte que no le asiste razón a la Rama Judicial al argumentar, en su escrito de apelación, que el tribunal de primera instancia erró al juzgar la legalidad de la medida de detención preventiva porque, a su juicio, con ello se estarían reabriendo debates que ya se habían agotado en el proceso penal. Tal argumentación desconoce la función de la

10 Mediante Auto de 28 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador rechazo el recurso de apelación adhesiva propuesto por la parte demandante. La decisión fue notificada el 5 de diciembre siguiente y la parte interesada no objetó tal determinación. Índices 4 y 6 de SAMAI. 11 De acuerdo con el audio de la audiencia preliminar de legalización de captura de 30 de mayo de 2008. Audio en

objetó tal determinación. Índices 4 y 6 de SAMAI. 11 De acuerdo con el audio de la audiencia preliminar de legalización de captura de 30 de mayo de 2008. Audio en archivo: 68001-60-00-159-2007-00789-0168001-40-88-003.wma, CD 6 - CD1audieciasprocesopenal - ProcesoPenal200800057, expediente digital, índice 69 SAMAI del Tribunal . Boleta de detención, en archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 2 SAMAI. 12 Audio de la audiencia que resolvió el recurso de apelación propuesto por la defensa técnica. La medida fue sustituida por detención domiciliaria. Audio en archivos: 68001600000020080005700_680013109009-00.rar y 68001600000020080005700_680013109009.rar, CD 5 - CD1audieciasprocesopenal - ProcesoPenal2008-00057, expediente digital, índice 69 SAMAI del Tribunal . Comunicación librada por el Juzgado, folio 71 en archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 2 SAMAI. 13 Certificación expedida por el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, expediente digital, Índice 59 de SAMAI del Tribunal. Boleta de libertad, folio 72 en archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 2 SAMAI. 14 Audio de audiencia durante la cual se dio lectura de sentencia. Audio en archivo:

5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001DemandaAnexos_0_20241118134032053.pdf, expediente digital, índice 2 SAMAI. 14 Audio de audiencia durante la cual se dio lectura de sentencia. Audio en archivo: 68001600000020080005700_680013109010_2.wma, CD 9 - CD1audieciasprocesopenal - ProcesoPenal2008-00057, expediente digital, índice 69 SAMAI del Tribunal.Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 7 de 15

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto de la reparación de los perjuicios causados por el Estado , con fundamento en el artículo 9 0 de la Constitución. Por ello, para determinar si la privación de la libertad fue injusta, en los términos de la Ley 270 de 1996, es pertinente examinar si la medida de detención preventiva se ajustó o no a las exigencias de la ley procesal penal. En estos términos, e l juicio de la responsabilidad del Estado no desconoce el principio de seguridad jurídica, porque tiene como único objetivo la determinación de los supuestos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado y no tiene por objeto reabri r etapas procesales que fueron agotadas en el proceso penal.

17. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 906 de 2004. Según esta normativa, la captura deberá ser ordenada por un juez de control de

17. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 906 de 2004. Según esta normativa, la captura deberá ser ordenada por un juez de control de garantías15. Lo anterior, al margen de las capturas ordenadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación o en situación de flagrancia. En este último caso, el capturado será puesto a disposición, de manera inmediata o en el término de la distancia, ante la fiscalía 16. Una vez materializada la captura, el aprehendido será presentado ante un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas, para que se realice la respectiva audiencia de legalización.

18. Adicionalmente, si la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable, que una persona es el autor o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías17. Por último, la Fiscalía podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y su necesidad, con el fin de evitar que obstruya el debido ejercicio de la justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años18.

carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años18.

19. La medida de aseguramiento fue dictada por la conducta de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, debido a que María Antonia Villarreal Higuera , en su condición de Secretaria General de Despacho de la Alcaldía de Floridablanca, suscribió el contrato de prestación de servicios No. 01069 6 de 26 de enero de 2006 sin detenerse a verificar que el contratista, en efecto, cumpliera con los requisitos de

15 Artículo 297 de la Ley 906 de 2004. 16 Artículo 302 de la Ley 906 de 2004. 17 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004. 18 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.Radicación: 68001-23-33-000-2017-00170-01 (72.139) Actor: María Antonia Villarreal Higuera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia que accedió a las pretensiones __________________________________________________________________________________ 8 de 15

“idoneidad, capacidad y experiencia”, omisión que atentó contra el principio de selección objetiva.

20. De acuerdo con el desarrollo de la audie ncia de formulación de

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“idoneidad, capacidad y experiencia”, omisión que atentó contra el principio de selección objetiva.

20. De acuerdo con el desarrollo de la audie ncia de formulación de imputación, en la cual se comunicó a la procesada el adelantamiento de la investigación penal , la Fiscalía relató que María Antonia Villarreal Higuera suscribió el contrato de prestación de servicios especializados con el abogado Ronald Rincón Sarmiento, bajo delegación del alcalde de Floridablanca, para que adelantara la representación judicial del municipio en “100 procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, hasta la culminación de cada uno de ellos. Sin embargo , el contratista no contaba con la trayectoria profesional que requería dicha labor, mucho menos en litigios ante autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues: 1) sólo contaba con 18 meses de experiencia como abogado, si se consideraba la fecha de su graduación (agosto de 2004); 2) acreditó haber cursado un postgrado en derecho penal y un diplomado en políticas públicas en la Escuela Superior de Administración Pública –ESAPque no superó las 90 horas; 3) y la constancia que habría expedido la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander en la que constaba que fungió como apoderado judicial en un asunto era falsa, de acuerdo con el estudio grafológico practicado. Para el ente acusador, este contexto permitía que la delegada “advirtiera fácilmente que no estaba en presencia idónea de una persona con gran experiencia ”, lo que evidenciaba que obró en “coparticipación criminal” con el alcalde y el contratista para defraudar a la administración y al erario.

delegada “advirtiera fácilmente que no estaba en presencia idónea de una persona con gran experiencia ”, lo que evidenciaba que obró en “coparticipación criminal” con el alcalde y el contratista para defraudar a la administración y al erario.

21. No obstante lo anterior, al momento de resolver acerca de la imposición de la medida de aseguramiento, el Juez omitió pronunciarse respecto de la construcción lógica que exige la norma para inferir razonablemente que la imputada participó en la comisión de la conducta que se investigaba y , por ende, su exposición, en línea con lo solicitado por el fiscal, se dirigió exclusivamente a justificar la necesidad de una medida intramural en es te caso19. Así, el juez advirtió que la responsabilidad penal debía definirse en la etapa de juicio.

22. El proceso siguió su curso hasta surtirse el juicio oral, se practicaron las pruebas solicitadas por l