CE - Sentencia 68001233300020170097802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Radicación: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandante: Planta Ecológica de Beneficios Animal Río Frío SAS (ahora

Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Revocatoria directa – Medida preventiva ambiental – permiso de vertimientos – aguas residuales – daño especial Síntesis del caso: se demandó en acción de reparación directa a una autoridad ambiental por la imposición de una medida preventiva y por el sometimiento simultáneo a dos trámites administrativos para obtener permisos de vertimientos ante dos autoridades distintas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la Sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.

Sentencia de primera instancia, y, 1.4. Recurso de apelación y trámite s de segunda instancia.

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.

Sentencia de primera instancia, y, 1.4. Recurso de apelación y trámite s de segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de agosto de 2017, la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Fr ío SAS presentó demanda, en ejercicio de l medio de control de reparación directa contra el Área Metropolitana de Bu caramanga (AMB), para que se hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe): “Primero. Se declare al AMB responsable administrativamente de todos los daños y perjuicios causados a la Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío SAS, con NIT 900.087.044-2, ubicada en la jurisdicción del municipio de Floridablanca (Santander), debido a la operación administrativa consistente en el ejercicio irregular y extralimitaciones de sus funciones ambientales como autoridad ambiental desde el mes de junio de 2014 hasta el mes de febrero de 2016, debido a que la autoridad ambiental competente era y es la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.

Segundo. Se ordene al AMB como responsable de todos los perjuicios y daños causados a la [demandante] pagar e indemnizar a la misma, por las siguientes sumas de dinero debidamente indexada: (…) daño emergente: la suma de seiscientos setenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos colombianos ($664.375.460), suma de dinero que deberá ser indexada conforme las reglas judiciales para el momento del pago”.

setenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos colombianos ($664.375.460), suma de dinero que deberá ser indexada conforme las reglas judiciales para el momento del pago”.

2. Los hechos que fundamentaron las pretensiones se resumen así : el 31 de enero de 2013, la sociedad demandante le solicitó a la CorporaciónRadicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 2 de 18 Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) permiso de vertimientos de aguas residuales.

3. El 19 de marzo de 2013, el Inv ima autorizó a la sociedad para desarrollar actividades de faenado y el 26 de marzo de 2013 inició su actividad.

4. El AMB, mediante Auto 19 de 4 de julio de 2014, sin competencia, ordenó iniciar una investigación administrativa en contra de la demandante por los presuntos incumplimientos de la normativa ambiental. En la decisión le impuso la medida de suspensión provisional de descargar aguas residuales, pese a que había implementado un sistema técnico para su tratamiento y que estaba en etapa final el trámite del permiso de vertimientos ante la

CDMB.

5. Debido a “ la indefinición sobre la autoridad ambiental competenteCDMBy el temor de las represalias por parte del A MB que actuaba sin competencia ambiental (…) se elevó consulta a la CDMB, entidad que

CDMB.

5. Debido a “ la indefinición sobre la autoridad ambiental competenteCDMBy el temor de las represalias por parte del A MB que actuaba sin competencia ambiental (…) se elevó consulta a la CDMB, entidad que otorgó respuesta el 8 de julio en la que se indica <la CDMB sigue realizando el seguimiento, control y vigilancia ambiental hasta que una entidad competente determine la con tinuidad o el inicio de un periodo de transición> es decir que la CDMB manifestaba ser la autoridad ambiental, debido a que el sitio donde se ubicaban las instalaciones (…) no son suelos urbanos y por tanto no es área objeto de competencia de la AMB. Este hecho fue puesto en conocimiento del AMB”.

6. La sociedad presentó un nuevo permiso de vertimientos ante el AMB el 8 de julio de 2012 p or “temor de cierres ilegales”, pese a considerar que no era competente, sino la CDMB, con la cual ya había tramitado el permiso.

Argumentó que e l AMB excedió sus competencias, pero aun así debió radicar la solicitud para poder seguir operando.

7. El 25 de julio de 2014, el AMB inició el trámite del permiso de vertimientos y, tras visitas y observaciones, emitió el documento técnico SAM-34-2014. Sin embargo, este concepto no fue notificado al solicitante.

8. El 19 de septiembre de 2014, la CDMB expidió la Resolución 892, que otorgó el permiso de vertimientos y aprobó el diseño y la ubicación de la PTAR. Luego, el 9 de diciembre de 2014, emitió un paz y salvo mediante el oficio 17149, donde confirmó que la Plan ta Ecológica de Beneficio Animal

otorgó el permiso de vertimientos y aprobó el diseño y la ubicación de la PTAR. Luego, el 9 de diciembre de 2014, emitió un paz y salvo mediante el oficio 17149, donde confirmó que la Plan ta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío SAS cumplió con los lineamientos ambientales del proyecto.

9. El 10 de diciembre de 2014, el AMB negó el permiso de vertimientos .

Contra esa decisión, se interpuso un recurso de reposición, en el que se reiteró la falta de competencia y se alegó la violación al debido proceso.

10. La sociedad sostuvo que “a pesar de que tenía conocimiento de que no era la autoridad competente y que ya la CDMB había expedido el permiso de vertimientos [El AMB] continuó con su arbitraria labor de exigir permisos o imponer condiciones ambientales para el funcionamiento (…) en una clara operación administrativa <desconociendo el artículo 84 de la Constitución Política> por ello a través de la Resolución No. 2484 de 10 de diciembre emanada de la subdirección ambiental del AMB impuso (…) un plan de cumplimiento para el manejo de vertimientos y que era la único forma paraRadicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 3 de 18 no cerrar la empresa, en línea con su operación administrativa. En ese plan de cumplimiento impuso tres etapas y otorgó un término de 12 meses para

Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 3 de 18 no cerrar la empresa, en línea con su operación administrativa. En ese plan de cumplimiento impuso tres etapas y otorgó un término de 12 meses para la implementación del mismo, lo que implicaba una cantidad de obras y adecuaciones que no se requerían porque ya se tenía el permiso de vertimientos de la CDMB, pero que el AMB imponía so pena de cerrar arbitrariamente la empresa y ante ese temor del mal uso del poder sancionatorio ambiental [la sociedad] se vio coaccionada a tener que tramitar permisos ante una autoridad no competente, pero que en cualquier momento iba e imponía un sello de cerramiento y la conduciría a la quiebra”.

11. La sociedad le solicitó a la oficina de planeación del municipio de Floridablanca determinar si su predio era urbano o rural. La autoridad informó que el predio solo se incorporaría al perímetro urbano al cumplir los requisitos del POT y el plan parcial. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que el AMB era competente en el área urbana y la CDMB en el suelo de expansión urbana y rural.

12. El 16 de febrero de 2015, la oficina de planeación confirmó que el predio estaba en el suelo de expansión urbana, pero no en el perímetro urbano. A pesar de recibir esta información el 3 de marzo de 2015, el AMB continuó ejerciendo control ambiental sobre la sociedad y, por lo tanto, la demandante siguió ejecutando el plan de cumplimiento impuesto.

13. El 18 de diciembre de 2015, con base en los conceptos sobre el uso del

ejerciendo control ambiental sobre la sociedad y, por lo tanto, la demandante siguió ejecutando el plan de cumplimiento impuesto.

13. El 18 de diciembre de 2015, con base en los conceptos sobre el uso del suelo, la sociedad solicitó a la demandada definir su competencia.

14. El 3 de febrero de 2016, el AMB, mediante el Auto 004-16, remitió a la CDMB el proceso sancionatorio radicado 007-14 por competencia. A través del Auto 005 -16, también trasladó las diligencias administrativas relacionadas con la solicitud de permiso de vertimientos y el plan de cumplimiento exigido. La demandante destacó que la remisión ocurrió casi un año después de que la oficina asesora de planeación de Floridablanca confirmara que no era la autoridad ambiental competente. Señaló que solo realizó el traslado tras la petición presentada, indicando que, de no haberse elevado la consulta, habría continuado el control ambiental de manera arbitraria.

15. La sociedad afirmó que las actuaciones del AMB, al sellar el punto de vertimiento, la obligaron a contratar el transporte de aguas residuales hasta la PTAR de E MPAS para evitar la suspensión de operaciones. Esto generó costos adicionales, y debido a la falta de recursos, la empresa acordó un plan de pagos con EMPAS.

16. Manifestó que el hec ho de que dos entidades ejercieran control ambiental a una misma empresa generó perjuicios “ tales como a) para realizar análisis de vertimientos, lodos y demás, se requería citar a las dos autoridades ambientales, b) la empresa debió cumplir con las exigencias que a nivel ambiental realizaban las dos entidades, tal es el caso de tener

realizar análisis de vertimientos, lodos y demás, se requería citar a las dos autoridades ambientales, b) la empresa debió cumplir con las exigencias que a nivel ambiental realizaban las dos entidades, tal es el caso de tener que ejecutar un plan de cumplimiento impuesto por el AMB, el cual tuvo un costo de varios millones de pesos, c) existía incertidumbre con respecto aRadicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 4 de 18 qué entidad ambiental pagarle la tasa retributiva, d) no obstante contar con permiso de vertimientos ante el AMB, a fin de evitar el cierre de la empresa, ya que si bien es cierto que cuando el AMB selló el vertimiento se optó por trasladar el agua residual a la PTAR del EMPAS este procedimiento no es rentable para ninguna empresa , y menos una empresa que para la época no había alca nzado punto de equilibrio y que aún continúa pagando deuda por su construcción, pues pagar el traslado y tratamiento de agua residual diariamente como se hizo, tiene un costo muy superior al ingreso que recibe la planta por ganancia de número de reses beneficiadas en ese mismo día”.

17. Afirmó que “a raíz de las actuaciones irregulares y sin competencia, es decir con extralimitación de sus funciones por parte del AMB (…) se generó un gastó económico afectando el patrimonio” . El AMB en una “ operación administrativa extralimitó sus competencias legales en actos de operación

decir con extralimitación de sus funciones por parte del AMB (…) se generó un gastó económico afectando el patrimonio” . El AMB en una “ operación administrativa extralimitó sus competencias legales en actos de operación administrativa, debido a que las mismas están circunscritas en el esquema de la Ley 99 de 1993 a ser una autoridad ambiental única y exclusivamente del área urbana y no áreas rurales y similares, por ello no tenía competencia para imponer sellamientos a las operaciones (…), para iniciar investigaciones administrativas ambientales y exigir un plan de mejoramiento y adecuación a las instalaciones de la empresa (…) todas estas actividades son constitutivas de operaciones a dministrativas”. La demandada no podía desconocer los trámites y expedientes desarrollados ante la CDMB, pues esas actuaciones estaban amparadas en los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.

18. Sostuvo que los actos administrativos que ejecutó el AMB para exigir e imponerle a la sociedad requisitos ambientales fueron “ actos de trámite y no actos definitivos, por ello y ante la inminencia que cerraran la planta y operaciones se vio obligadas a tener que cumplir un sinnúmero de requisitos y ejecutar obras cuando ya tenía el permiso ambiental de la autoridad competente para ello” . Indicó que las “ autoridades no pueden exigir permisos o requisitos adicionales , debido a que no se puede exigir a una misma empresa dos permisos ambientales sobre el mismo recurso natural por parte de dos autoridades ambiental del mismo rango, porque alguna de ella, en ese evento está usurpando competencias legales”.

1.2. Posición de la parte demandada

19. El AMB se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que sus actos

parte de dos autoridades ambiental del mismo rango, porque alguna de ella, en ese evento está usurpando competencias legales”.

1.2. Posición de la parte demandada

19. El AMB se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que sus actos administrativos tenían presunción de legalidad. Sostuvo que la demandante debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. Reconoció que la demandante presentó documentación sobre la competencia ambiental de la CDM B, pero indicó que tramitó y negó el permiso de vertimientos conforme a derecho. Cuestionó que la demandante confundiera la operación administrativa con el acto administrativo, al considerar que el plan de cumplimiento hacía parte del trámite del permiso d e vertimientos. Manifestó que la única operaciónRadicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 5 de 18 administrativa consistió en la imposición de una medida preventiva que suspendió provisionalmente las descargas de aguas residuales industriales el 5 de julio de 2014, cuya impugnación caducó el 4 de julio de 2016.

21. Invocó la caducidad y alegó la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia, pues la demandante intentó eludir la caducidad de la nulidad y el restablecimiento del derecho , al basarse en la falta de competencia y la vulneración del derecho de defensa.

indebida escogencia, pues la demandante intentó eludir la caducidad de la nulidad y el restablecimiento del derecho , al basarse en la falta de competencia y la vulneración del derecho de defensa.

1.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Santander profirió se ntencia el 3 de agosto de 2022. Frente a las excepciones de caducidad e ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control, obedeció los argumentos expuestos en el Auto del 1 de agosto de 2018 del Consejo de Estado 1, que revocó el rechazo de la demanda en el marco de este proceso. Por esta razón, concluyó que la reparación directa era la vía procesal adecuada.

23. Además, determinó que no se probó la existencia de un daño derivado de la imposición de la medida preventiva ambiental y la apertura de la investigación administrativa, ya que la sociedad no contaba con permiso de vertimientos en ese momento. En consecuencia, negó las pretensiones relacionadas con los gastos por el transporte de aguas residuales y el vertimiento de residuos especiales ocasionados por la medida cautelar. Por el contrario, encontró que el daño quedó probado en relación con los gastos de las obligaciones adicionales impuestas por el AMB mediante el plan de cumplimiento, a pesar de que la CDMB ya había concedido dicho permiso sin establecer obligaciones nuevas.

24. Concluyó que la actuación administrativa que desarrolló la demandada en el trámite de permiso de vertimientos “tuvo lugar en quebrantamiento del principio de legalidad, en tanto el AMB carecía de competencia para actuar como autoridad ambiental respecto del predio ocupado por la

en el trámite de permiso de vertimientos “tuvo lugar en quebrantamiento del principio de legalidad, en tanto el AMB carecía de competencia para actuar como autoridad ambiental respecto del predio ocupado por la Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, sometiendo a esta al control que, si bien está llamada a ejercer como autoridad ambiental dentro del perímetro urbano (Ley 99 de 1993 – art. 55), no así sobre la sociedad

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 1 de agosto de 2018, R adicado 68001-23-33-000-2017-00978-01(61000) “En ese orden de ideas, no es posible para esta Corporación compartir la posición del Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander respecto de la nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que el demandante no podía atacar la legalidad del Auto 19 del 4 de julio de 2014, mediante el cual el AMB se atribuye competencia y ordena una investigación administrativa, pues para ese momento y en su rol de administrado debía presumir la legalidad del mismo y acatar las órdenes de la administración. De igual forma debía proceder frente a la Resolución 0002484 del 10 de diciembre de 2014, que sujeta el permiso de vertimientos a un plan de cumplimiento. Sin embargo, cuando la misma AMB revoca los mencionados actos y expide uno nuevo trasladando la competencia a quien legalmente ya contaba con esa atribución (CDMB), se configura el daño antijurídico y es solo hasta este momento que queda desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos. // Como ya se anotó, el artículo 140 del CPACA faculta a la persona interesada a demandar la

daño antijurídico y es solo hasta este momento que queda desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos. // Como ya se anotó, el artículo 140 del CPACA faculta a la persona interesada a demandar la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión del Estado, en este caso, el daño producido por el accionar irregular del Área Metropolitana de Bucaramanga sobre la Planta de Beneficio Animal Río S.A.; en cambio el artículo 138 del mismo cuerpo normativo faculta a quien se considere lesionado por un acto administrativo a demandarlo a través de la nulidad y ordenar el restablecimiento del derecho agredido, sin embargo en el caso particular los actos administrativos gozaron de presunción de legalidad hasta el momento en que fueron revocados por la misma autoridad que los expidió y ordenó trasladar la competencia a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, desapareciendo estos del mundo jurídico y cesando para los administrados el deber de soportar sus efectos, salvo los autos n.º 04 y 05 del 3 de febrero de 2016. // Lo que sí comparte esta Corporación es que todos los gastos en que tuvo que incurrir el demandante para la adecuación del predio a las exigencias y requerimientos del AMB eran innecesarias, pues la CDMB otorgó el permiso luego de un estudio de viabilidad de vertimiento de aguas residuales con el respectivo diseño y ubicación de la planta de tratamiento y no encontró ninguna irregularidad que diera lugar a una sanción administrativa o a una adecuación locativa, como si lo hizo el AMB sin tener la competencia para ello”.Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

encontró ninguna irregularidad que diera lugar a una sanción administrativa o a una adecuación locativa, como si lo hizo el AMB sin tener la competencia para ello”.Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 6 de 18 demandante, en tanto el predio donde funciona ostentaba la clasificación de uso de suelo expansión urbana y rural, donde el ejercicio del control ambiental recae sobre la CDMB, y con ello, el AMB se abrogó una competencia que no le era propia”.

25. Reprochó que el AMB no reconociera el conflicto de competencia, a pesar de conocer la existencia del permiso otorgado por la CDMB. También reprobó que solo en 2016 admitiera su falta de competencia, cuando desde 2014 contaba con documentos que confirmaban que el predio no estaba dentro del perímetro urbano. Además, resaltó que el AMB participó en la visita ocular con el municipio de Floridablanca, lo que evidenciaba su conocimiento previo de la situación.

26. Determinó que el AMB le impuso a la demandante “ una carga que no estaba llamada a soportar como administrado, evidenciándose un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, en tant o dicho control venía siendo ejerci do sobre ella por parte de la CDMB, autoridad competente para ello, y quien desde el 19 de septiembre de 2014 otorgó el correspondiente permiso de vertimiento de aguas residuales,

dicho control venía siendo ejerci do sobre ella por parte de la CDMB, autoridad competente para ello, y quien desde el 19 de septiembre de 2014 otorgó el correspondiente permiso de vertimiento de aguas residuales, determinando que cumplía con los parámetr os ambientales establecidos; dicha carga impuesta le significó el sometimiento al control de dos autoridades ambientales distintas, una de la cuales -AMBcarecía de competencia para ello, autoridad que impuso el cierre de la Planta y que ejerció sobre ella control ambiental, sometiéndola a la adopción de un plan de cumplimiento que le significó incurrir en gastos para cumplir los requerimientos que de ello se derivaban”.

27. Cuestionó e l argumento de que la sociedad demandante inició voluntariamente el trámite de permiso de vertimientos ante el AMB, ya que dicho proceso comenzó tras la imposición de la medida preventiva y la apertura de la investigación administrativa. Este trámite se re alizó bajo el control ambiental previo del AMB y en cumplimiento de la Resolución 2484 de diciembre de 2014, que estipulaba sanciones en caso de incumplimiento.

Además, la presentación del plan de cumplimiento en junio de 2015 fue en respuesta a la orden del AMB.

28. Por último, condenó a la entidad demandada al pago de $254.324.343 por concepto de daño emergente. La sociedad asumió costos al gestionar el permiso de vertimientos ante el AMB y al ejecutar el plan de cumplimiento.

Para determinar el monto, la primera instancia realizó una valoración de cada factura y su relación con el daño probado (se transcribe):

FECHA

FACTURA PROVEEDOR DETALLE VALOR FL.

25/07/2014

Para determinar el monto, la primera instancia realizó una valoración de cada factura y su relación con el daño probado (se transcribe):

FECHA

FACTURA PROVEEDOR DETALLE VALOR FL.

25/07/2014

SA 006

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Servicio de evaluación para el permiso de vertimientos $1.268.266 111 06/01/2015

156

SERVI PROLINK Standby de materiales para obra de construcción de tanque PTAR $7.191.600 134 19/08/2015 112 SERVI PROLINK Anticipo de 20% de construcción de tanque PTAR $14.600.000

130 25/09/2015 131 SERVI PROLINK Anticipo 2 de construcción de tanque PTAR $21.899.999

131 11/11/2015

143

SERVI PROLINK Anticipo 3 de construcción de tanque PTAR $18.249.999

132 27/01/2016

157

SERVI PROLINK Anticipo 4 de construcción de tanque PTAR $18.249.999 133 05/11/2015

141

SERVI PROLINK

Anticipo construcción canaletas parshall $6.754.464

138Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 7 de 18 23/12/2015

153

SERVI PROLINK

Pago final de construcción de canaletas parshall $10.131.696

139 18/06/2015

7011

INDUSTRIAS PROTON LTDA Compra tamiz rotativo y accesorios $133.000.000

140 09/01/2015

10284 IMAGEN ELECTRICA Compra de micromedidores $2.038.120

142 06/02/2015 NC-0-0020 IMAGEN ELECTRICA Nota crédito devolución de macrimedidor $690.200

143 31/12/2015

843

SERGIO FABIAN VIRVIESCAS PEREZ Apoyo proyecto cuyo objeto es evaluación ambiental vertimiento de aguas residuales fef $6.603.000

144147 12/11/2015 774 JORGE ALBERTO BASTIDAS RODRIGUEZ Revisión de estudio y diseño de obra tanque de la PTAR $1.850.000

148149

28/07/2015 618 MARY ELENA OLARTE

PARADA

Consultoría de dos alternativas para el manejo de separación de solidos líquidos en eventos de aguas lluvias en la zona de corrales $11.800.000

150151

TOTAL $254.327.343

Consultoría de dos alternativas para el manejo de separación de solidos líquidos en eventos de aguas lluvias en la zona de corrales $11.800.000

150151

TOTAL $254.327.343

1.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

29. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Pidió revocar la decisión porque no se probó la antijuridicidad del daño alegado . No se precisó “ la falla del servicio que alega el demandante como fundamento de su pretensión ni mucho menos del daño producido y es que, como ha señalado la Corte Constitucional la obligación de indemnización del estado será procedente cuando el daño pueda reputarse como antijuridico, es decir, cuando no sea el resultado del ejercicio legítimo de los poderes del mismo, como es el caso que nos atañe, ya que el daño atribuido a las actuaciones del AMB fue producido en ejercicio de funciones legítimas”.

30. Sostuvo que “no se demostró [la] falla, pues el demandante no soportó la alegación presentada, así mismo el despacho no valoró el hecho de que las actuaciones realizadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga hablan de un servicio prestado en condiciones normales, que n o fue contrario a ninguna norma o reglamento, por el contrario amparado en atribuciones legales, con respeto y cumplimiento de las etapas propias de este tipo de procedimientos, tal y como lo fue la imposición de la medida preventiva y la apertura de la investigación administrativa por parte del AMB por incumplimiento de la normativa ambiental, por la s acciones

este tipo de procedimientos, tal y como lo fue la imposición de la medida preventiva y la apertura de la investigación administrativa por parte del AMB por incumplimiento de la normativa ambiental, por la s acciones desplegadas por el demandante el día 3 de julio de 2024, por el vertimiento de agua no tratada que generó una contaminación al recurso hídrico quebrada <Aranzoque>”.

31. Afirmó que el Tribunal realizó una apreciación incorrecta respecto del alcance de la operación administrativa, “pues la operación comprende las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que puedan considerarse desligadas de estas en su alcance o contenido y, esto es así, porque es el acto administrativo el que delimita los poderes de ejecución de la decisión que se pretende materializar con la operación administrativa (…) lo anterior implica que la operación llevada a cabo, en cada caso, debe analizarse actuando estrictamente el contenido del acto administrativo2”.

2 Trascripción del texto original que cita la Sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado27001-23-31-000-2004-00699-01(35783).Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)

Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal

Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS) Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 8 de 18

32. Señaló que la parte demandante no probó la falta de competencia de

Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma – condena _______________________________________________________________________________________ 8 de 18

32. Señaló que la parte demandante no probó la falta de competencia de la entidad demandada, pues la remisión del procedimiento a la CDMB n