CE - Sentencia 68001233300020180027502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Proceso: Medio de control de reparación directa

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE DE INMUEBLES-Exige la prueba de la invasión sobre los predios que se alegan afectados. CARGA DE LA PRUEBA-De conformidad con el artículo 167 del CGP, le corresponde al demandante probar los hechos que motivan la demanda y entrañan la prosperidad de sus pretensiones.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones.

La decisión fue la siguiente:

“Primero. Denegar las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta decisión y previas las constancias en la plataforma SAMAI.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta decisión y previas las constancias en la plataforma SAMAI.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. por el daño consistente en la desvalorización de diez predios de propiedad del demandante, por cuenta de una ocupación de hecho derivada de la modificación a una línea de transmisión eléctrica de esa sociedad, cuya torre y redes de conducción se instal aron en dos de sus inmuebles, y cuyo cableado

1 Índice SAMAI 60 de la primera instancia.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

Demandado: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Asunto: Medio de control de reparación directa

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pasaba sobre el espacio aéreo de los otros ocho lotes.

II. ANTECEDENTES La demanda

El 13 de febrero de 2018 2, José de la Cruz Carreño Acevedo 3 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. por los perjuicios derivados de la ocupación de diez inmuebles de su propiedad, en los siguientes términos:

“PRIMERA: Que se declare que hubo una ocupación permanente de inmueble privado, por parte de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., sobre

los siguientes términos:

“PRIMERA: Que se declare que hubo una ocupación permanente de inmueble privado, por parte de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., sobre diez (10) inmuebles urbanos de propiedad del señor JOSÉ DE LA CRUZ CARREÑO ACEVEDO, situación acaecida desde mediados del mes de septiembre de 2016, cuando la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., instaló una torre de energía y sus consecuentes líneas de conducción de energía de alta tensión, en el inmueble urbano de su propiedad, Urbanización San José, ubicada en la carrera 7B a la carrera 10 entre la calle 28 de la ciudad de San Gil.

SEGUNDA: Que se declare que tal ocupación generó responsabilidad civil extracontractual, por parte de la Electrificadora de Santander hacia mi representado.

TERCERA: Que se decrete la reparación de manera integral, de los perjuicios ocasionados a mi prohijado, JOSÉ DE LA CRUZ CARREÑO ACEVEDO, con ocasión del hecho administrativo (ocupación permanente de inmueble privado).

CUARTA: Que por concepto de reparación integral de los daños causados con ocasión de la ocupación permanente de diez (10) lotes urbanos de propiedad de mi poderdante, se condene a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. a pagar a favor de JOSÉ DE LA CRUZ CARREÑO ACEVE DO, la suma total de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($787.811.220.oo), conforme a pericia (avalúo

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($787.811.220.oo), conforme a pericia (avalúo comercial) realizada por el experto, Arquitecto EDRALDO LASPRILLA PERICO.

QUINTA: Condenar a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., al pago de las costas y agencias en derecho, a favor de mi mandante, que se causaren con el trámite del presente medio de control contencioso administrativo.

SEXTA: Ordenar a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E .S.P., a dar cumplimiento a la sentencia, conforme a lo establecido en los artículos 187 y siguientes del C.P.A.C.A.”.

Como hechos de la demanda se expuso que, a mediados de septiembre de 2016, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA inició los trabajos para la instalación de la torre de energía 179 en los lotes 1 y 8 de la Manzana 8 de la Urbanización San José, exactamente en la calle 28 A entre las carreras 9 y 9B de

2 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2018-00275-00. P. 146. 3 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2018-00275-00. Págs. 5 a 15.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

EXPEDIENTE DIGITAL 2018-00275-00. Págs. 5 a 15.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

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San Gil , identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 319-63878 y 31963885, de propiedad de José de la Cruz Carreño Acevedo. Se señaló que las líneas de conducción de energía de alta tensión de la torre 179 ocupaban, igualmente, el espacio aéreo de och o lotes más pertenecientes al demandante, identificados con los números de matrícula 319 -63877, 319 -63870, 319 -63871, 319 -63858, 31963859, 319-63847, 319-63849 y 319-63835.

Se refirió que , al momento de la instalación de la torre de energía y su cableado , funcionarios de ESSA habían manifestado al propietario que la empresa se comunicaría con él para la compraventa de los lotes afectados. Se manifestó que tal conversación finalmente no se llevó a cabo, a pesar que el demandante entregó un avalúo comercial a uno de los trabajadores de ESSA.

Se alegó que el 3 de mayo de 2017, el demandante, a través de un derecho de petición, solicitó a ESSA la compra, indemnización, traslado y/o arriendo de los diez lotes afectados por la construcción de la torre y las líneas de conducción de energía de alta tensión , a lo que ESSA contestó que únicamente podría “cancelar” el sitio

lotes afectados por la construcción de la torre y las líneas de conducción de energía de alta tensión , a lo que ESSA contestó que únicamente podría “cancelar” el sitio en el que se localizó la torre 179.

De acuerdo con la narración, la construcción e instalación de la torre de energí a generó un daño grave a la propiedad privada del señor José de la Cruz Carreño Acevedo sobre los diez predios que le pertenecen , pues se le ha impedido la siembra de árboles, la construcción de vivienda y locales comerciales o cualquier clase de estructur a. Se añadió que la normativa no permite construcciones habitables atravesadas por líneas de energía de alta tensión.

Se argumentó que, consecuencia directa de la ocupación, el demandante no podrá desarrollar su proyecto de urbanización, pues nunca acceder á a una licencia de construcción sobre los lotes ocupados por ESSA, por virtud de la existencia de la torre de energía y los cables de alta tensión. Así, se relató que el valor comercial de los bienes ocupados había disminuido en un 70%.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

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Contestación de la demanda

De manera oportuna, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA4 contestó la demanda proponiendo la excepción previa de caducidad, por cuenta de que , en casos de ocupación, el término se computaba desde la culminación de la obra en el

la demanda proponiendo la excepción previa de caducidad, por cuenta de que , en casos de ocupación, el término se computaba desde la culminación de la obra en el predio afectado, y la línea Kv Bucaramanga-San Gil 305 entró en operación en 1975 junto con las torres que la integran, por lo que el propietario del inmueble sí conocía de la existencia del trazado del circuito y la línea eléctrica desde el momento en el que adquirió los predios el 16 de septiembre de 20145.

En cuanto a las excepciones de mérito, planteó (i) la falta de legitimación en la causa por activa, en la medida en que refirió que el medio de control de reparación directa es una acción personal que, por contera, únicamente puede ser entablada por la persona perjudicada, es decir, por quien fun ja como propietario de l inmueble al momento de la ocupación ; y como el demandante adquirió el predio en 2014, es decir, pasados más de 43 años desde la construcción de las estructuras, éste carecía de la legitimación para demandar; sin embargo, agregó que podía iniciar las acciones civiles en contra del anterior propietario para las reclamaciones correspondientes.

Igualmente formuló la excepción de (ii) prevalencia del interés general sobre el particular, en cuanto el Estado había autorizado la instalación de las redes eléctricas en atención al beneficio que le prestaba a la comunidad, por lo que no era posible acceder a la solicitud del demandante consistente en el retiro de las redes que pasaban por el predio.

Excepcionó (iii) la “prevalencia del interés general sobre el particular, función social de la propiedad privada, cumplimiento de los fines del Estado, facultades para

acceder a la solicitud del demandante consistente en el retiro de las redes que pasaban por el predio.

Excepcionó (iii) la “prevalencia del interés general sobre el particular, función social de la propiedad privada, cumplimiento de los fines del Estado, facultades para ocupar predios privados de modo permanente ”, en cuya virtud manifestó que el asunto correspondía a una servidumbre de conducción de energía eléctr ica que — en atención a los artículos 58 de la Constitución Política, 18 de la Ley 126 de 1938, 16 y 25 de la Ley 56 de 1981, y 56 y 57 de la Ley 142 de 1994 — el propietario del inmueble debía soportar y respetar, tanto la franja de ancho por largo, como las

4 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2018-00275-00. Págs. 176 a 208. 5 En un primer momento se hace referencia al 2016, pero después se sostiene que la escritura de compraventa es de 16 de septiembre de 2014.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

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distancias de seguridad.

Respecto de l (iv) hecho de un tercero, reseñó unas providencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las que, según el demandado, se discurre sobre causal de exoneración; y sobre la culpa exclusiva del demandante (v), afirmó

Constitucional y el Consejo de Estado en las que, según el demandado, se discurre sobre causal de exoneración; y sobre la culpa exclusiva del demandante (v), afirmó que el demandante debió prever y respetar las distancias de seguridad del RETIE, conociendo su deber de mantener las franjas de servidumbre desde que adquirió el inmueble; bajo la misma excepción se arguyó que el demandante pretendió iniciar los trámites de licencia de urbanismo y construcción, de modo que el daño se generó realmente por su propia culpa.

Sentencia de primera instancia

El 18 de julio de 2024 , el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia6 en la que negó las pretensiones. Para los efectos, argumentó que se había probado que el inmueble denominado «Lote número 001 La Iglesia» —identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 319 -50536, que corresponde al lote de mayor extensión del cual se derivaron los bienes objeto de la demanda— se había afectado con una servidumbre de conducción de energía eléctrica, en los términos del artículo 18 de la Ley 126 de 1938, desde 1975, por manera que, desde esa fecha, ocurrió la ocupación permanente con postes de concreto y torrecillas de 14 y 16,5 metros de altura, con sus respectivas líneas eléctricas. Indicó que, con fundamento en esa servidumbre, en 2016, la ESSA realizó una modificación en la que cambió los tres postes de concreto inicialmente instalados y, en su lugar, ubicó la torre de energía monolítica 179.

Por lo anterior, consideró que no se podía reconocer la responsabilidad del Estado, porque ESSA simplemente se había limitado a hacer uso de la servidumbre de

monolítica 179.

Por lo anterior, consideró que no se podía reconocer la responsabilidad del Estado, porque ESSA simplemente se había limitado a hacer uso de la servidumbre de conducción de energía eléctrica previamente obtenida, sin que exist iera prueba de una ampliación de la misma. Manifestó que, por el contrario, se había acreditado que la modificación de la torre 179 no ocasionó una mayor afectación a la servidumbre existente desde 1975, pues la nueva estructura tenía una base cuadrada de 1,5 X 1,5 metros, que no superaba los 8 metros de ancho de los postes antiguos. Igualmente, porque antes de 2016 , las correspondientes líneas de conducción de energía de alta tensión ya venían ocupando el espacio aéreo del

6 Índice SAMAI 60 de la primera instancia.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

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demandante e, incluso, la modificació n de ese año liberó el espacio, en cuanto se pasó de tres líneas de transmisión a una sola. Añadió que, en virtud de la servidumbre de que trata la Ley 126 de 1938, ESSA podía realizar estas obras, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 56 de 1981.

Estimó que la imposibilidad d el demandante de desarrollar su proyecto de urbanización y de acceder a una licencia de construcción sobre los lotes objeto de la ocupación no constituía un daño antijurídico, en tanto realmente, se trataba de

Estimó que la imposibilidad d el demandante de desarrollar su proyecto de urbanización y de acceder a una licencia de construcción sobre los lotes objeto de la ocupación no constituía un daño antijurídico, en tanto realmente, se trataba de una servidumbre, entendida como un gravamen al derecho real de dominio en interés de la actividad energética, por virtud del cual al propietario se le imponía una restricción sobre el inmueble. En este sentido, adujo que el demandante había adquirido el predio con conoci miento de la existencia de la mencionada limitación, como se desprendía de la escritura pública 2845 de 2013.

Recurso de apelación

El demandante 7 reprochó la decisión con fundamento en que, mediante el testimonio de Wilson José Albarracín Ramírez, se había demostrado que, en 2016, cuando se reformaron las estructuras de las torres de energía y se cambiaron lo s tendidos de las redes, se modificó el ancho del corredor de las servidumbres, «puesto que había riesgo de vidas humanas», de lo que se desprende que sí hubo una ocupación de hecho en esa época.

Añadió que la modificación de la servidumbre con la consecuente ocupación implicó una mayor limitación en el uso y disfrute de los terrenos afectados, por lo cual el actor había visto restringidas las posibilidades de desarrollo y aprovechamiento de sus predios, sin haber sido indemnizado por ello.

Señaló que el daño sufrido, consistente en la depreciación del 70% del valor comercial de los bienes, se había demostrado en el proceso con el informe pericial elaborado por Edraldo Lasprilla Perico, la declaración de Carlos Alberto Rincón

Señaló que el daño sufrido, consistente en la depreciación del 70% del valor comercial de los bienes, se había demostrado en el proceso con el informe pericial elaborado por Edraldo Lasprilla Perico, la declaración de Carlos Alberto Rincón Rojas, y las pruebas documentales que daban cuenta de que la licencia de construcción no se había proferido porque los predios no cumplían con el an cho mínimo de servidumbre de líneas de transmisión.

7 Índice SAMAI 63 de la primera instancia.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

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Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 20 de agosto de 2024 , el Tribunal Administrativo de Santander concedió el recurso presentado8 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto del 28 de febrero de 20259.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202110.

El Ministerio Público11 rindió concepto en el que determinó que, de acuerdo con el acervo probatorio, era indubitable que desde 1975 se había construido y puesto en funcionamiento la red de energía eléctrica en el predio de mayor extensión objeto del presente proceso, así como que, el 9 de diciembre de 2013, cuando el demandante adquirió el predio, tuvo conocimiento de la afectación existente por la

funcionamiento la red de energía eléctrica en el predio de mayor extensión objeto del presente proceso, así como que, el 9 de diciembre de 2013, cuando el demandante adquirió el predio, tuvo conocimiento de la afectación existente por la servidumbre sobre la totalidad del predio, pues así quedó consignado en la escritura pública 2845.

Con base en lo anterior, según advirtió, quedó desvirtuado que con la modificación de las estructuras de 2016 se hubiera ampliado la servidumbre, como lo confirmó el testimonio del ingeniero eléctrico Albarracín. Aunó que, en gracia de discusión, los cambios de ese año habían beneficiado al demandante, por cuanto se eliminó la torre 178 y sólo dejaron la 177 y 179, los nuevos postes ocupaban menos área a lo ancho que los reemplazados, y el espacio aéreo se liberó porque se pasó de tres líneas de transmisión a una sola.

Señaló, igualmente, que ESSA ejecutó la obra de 2016 en uso de las facultades establecidas en el artículo 25 de la Ley 56 de 1981, sumado a que, de conformidad con el artículo 883 del Código Civil, el comprador de un predio se obliga a respetar

8 Índice SAMAI 65 de la primera instancia. 9 Índice SAMAI 3. 10 “Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar

de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso .” La Ley 2080 fue publicada el 25 de enero de 2021 y, de acuerdo con su artículo 86, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prevalece sobre las normas procedimentales anteriores en los procesos iniciados bajo el CPACA. En consideración a que la impugnación fue presentada, concedida y admitida en el 2024 y 2025, cuando ya estaba en vigencia la reforma de la Ley 2080 de 2021, ésta resulta aplicable al particular. 11 Índice SAMAI 9.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

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la servidumbre, por cuanto la misma es inseparable del inmueble al que activa o pasivamente pertenece.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 13 de febrero de 2018, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a

(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 3 06 de este Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según el artículo 104 del CPACA , como ocurre en este caso en el que se atribuye responsabilidad a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. , en su calidad de empresa de servicios públicos de economía mixta 12, en concordancia con los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del

sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del

12 De acuerdo con lo dispuesto en su certificado de existencia y representación. Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01. EXPEDIENTE DIGITAL 201800275-00. Págs. 124 a 139.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

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CPACA, esto es, $ 390’621.00013.

1.2. Medio de control procedente

4. La reparación directa —aquí incoada — es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal d istinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se cuestiona14.

Como en este caso se reclama la reparación de un daño derivado de la ocupación permanente en los inmuebles de propiedad del demandante por la modificación a la estructura de conducción eléctrica efectuada en 2016, este es el medio de control procedente.

1.3. Demanda en tiempo

5. La oportunidad en la que la demanda fue presentada es un presupuesto procesal que el juez debe estudiar, incluso, de oficio y en cualquier instancia del proceso ,

procedente.

1.3. Demanda en tiempo

5. La oportunidad en la que la demanda fue presentada es un presupuesto procesal que el juez debe estudiar, incluso, de oficio y en cualquier instancia del proceso , pues su comprobación, como materia de orden público, se opone al estudio de fondo de las pretensiones.

6. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

7. Sobre este particular, se recuerda que el Despacho de primera instancia, en el curso de la audiencia inicial, decidió diferir su pronunciamiento al momento de la

13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018 ($781.242) por 500. La pretensión material mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $787’811.220, por concepto de la depreciación del inmueble. 14 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.Radicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

Demandante: José de la Cruz Carreño Acevedo

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sentencia15, con base en que, para es e entonces, no había suficientes elementos que permitieran definir este asunto.

En contra de esa determinación, la demandada interpuso recurso de apelación 16, pues advirtió que con la contestación de la demanda se había anexado un informe técnico presentado por los ingenieros de la electrificadora en el que se afirmaba que la red había sido construida en 1975 , con la respectiva constitución de la servidumbre, de acuerdo con el artículo 18 de la «Ley 126 de 1936 ». Así, señaló que la demandada había ejecutado unas remodelaciones sin afectar o exceder la franja de servidumbre previamente constituida , por lo que la caducidad debía computarse desde 1975, cuando se instaló la infraestructura.

Por su parte, la parte actora17 expuso que, si bien había unas construcciones desde 1975, en septiembre de 2016 hubo un cambio en las estructuras y tendidos de la red que afectaron los lotes del propietario del bien, causando los daños reclamados. Por lo tanto, el término realmente empezó a correr con ocasión de la nueva infraestructura, que fue la generadora de la lesión.

En este orden de ideas —y como lo definió el Despacho de esta Subsección que

Por lo tanto, el término realmente empezó a correr con ocasión de la nueva infraestructura, que fue la generadora de la lesión.

En este orden de ideas —y como lo definió el Despacho de esta Subsección que conoció de la referida apelación 18—, como quiera que lo que se reclama son los daños derivados de la modificación del sistema eléctrico en 2016, este debe ser el momento a partir del cual se contabiliza la caducidad.

Siendo así, se resalta que, si bien del acervo probatorio no es posible la fecha exacta en la cual se efectuaron las obras de la reforma a las estructuras, ni aquella en la que el demandante advirtió la ocupación con vocación de permanencia producida por dichas modificaciones 19, sí se evidencia que las estructuras fueron alteradas entre septiembre y octubre de 2016 20, por lo que la demanda presentada el 13 de

15 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01. 1.1 AUDIENCIA INICIAL. Minutos 9:00 a 11:20, aproximadamente, de la grabación. 16 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01.1.1 AUDIENCIA INICIAL. Minutos 11:45 a 15:00, aproximadamente, de la grabación. 17 Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 0 1.1.1 AUDIENCIA INICIAL. Minutos 23:38 a 26:00, aproximadamente, de la grabación. 18 Auto de 18 de mayo de 2022. Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente

AUDIENCIA INICIAL. Minutos 23:38 a 26:00, aproximadamente, de la grabación. 18 Auto de 18 de mayo de 2022. Índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expediente digital. Archivo: 01.1. Cuaderno recurso de apelación H. C. E. Págs. 14 a 16. 19 Para lo relativo al conteo de la caducidad en eventos de ocupación de hecho por parte de la Administración, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de octubre de 2024. Exp: 68.581 20 Como se advierte en el informe elaborado el 18 de octubre de 2018 por ESSA y aportado al proceso con la contestación (índice SAMAI 72 de la primera instancia. Link OneDrive expedienteRadicación: 68001-23-33-000-2018-00275-02 (72.124)

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Asunto: Medio de control de reparación directa

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febrero de 2018 21, antes de que transcurrieran dos años contados desde ese momento, fue oportuna.

1.4. Legitimación en la causa

8. El señor José de la Cruz Carreño Acevedo está legitimado en la causa por activa, pues demostró ser el propietario de los 10 predios 22 sobre los cuales alega la ocupación por la infraestructura de energía eléctrica de ESSA , motivo por el cual esta demandada también está legitimada en la causa por pasiva.

II. Problema Jurídico

9. De acuerdo con los cargos de la apelación, a la Sala le corresponde determinar

esta demandada también está legitimada en la causa por pasiva.

II. Problema Jurídico

9. De acuerdo con los cargos de la apelación, a la Sala le corresponde determinar si se demostró que la modificación a la estructura de conducción