CE - Sentencia 68001233300020240061101 de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

Demandante: Alba Rocío García Méndez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 68001-23-33-000-2024-00611-01 Demandante ALBA ROCÍO GARCÍA MÉNDEZ Demandado JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA Temas Acción de tutela. Declaratoria de insubsistencia por cumplimiento de orden judicial que no está en firme. Requisitos de procedencia de la acción: la subsidiariedad. Madre cabeza de familia. Perjuicio irremediable. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Alba Rocío García Méndez contra la sentencia del 1º de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió: “Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de septiembre de 20241, la señora Alba Rocío García Méndez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y el municipio de Lebrija (Santander), po r considerar vulnerados sus derechos fundamentales al

El 19 de septiembre de 20241, la señora Alba Rocío García Méndez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y el municipio de Lebrija (Santander), po r considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Tutelar el derecho funda mental del accionante (sic) al MÍNIMO VITAL, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA los cuales están siendo vulnerados POR EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE LEBRIJA proceder MI reintegro a mi cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407, GRADO 01 del municipio de Lebrija Santander”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Mediante el Acuerdo Municipal Nro. 001 del 16 de marzo de 2023, el Concejo Municipal aprobó la modificación de la estructura de la administración municipal, sector central, lo que incluyó la creación de 26 empleos, entre ellos

1 Escrito de tutela presentado mediante el correo de tutelas en línea.Radicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

Demandante: Alba Rocío García Méndez

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 denominados Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01 adscritos a la Secretaría de Infraestructura Municipal. Con fundamento en esta disposición, el alcalde del municipio de Lebrija, (Santander), expidió la Resolución Nro. 047 del 8 de junio de 2023, por la cual ajustó la planta de personal de la administración central del municipio, en la que se crearon los 3 cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01 adscritos a la Secretaría de Infraestructura Municipal. 2.2. La señora Alba Rocío García Méndez fue nombrada en provisionalidad en el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01 adscrito a la Secretaría de Infraestructura de la planta de personal de la alcaldía de Lebrija, Santander, mediante el Decreto Nro. 096 del 1º de noviembre de 2023. 2.3. Con ocasión d e una demanda de simple nulidad, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga (Expediente 68001 -33-33-002-2023-00305-00), en sentencia del 5 de junio de 2024, declaró nulo el Acuerdo Municipal Nro. 001 de 2023 por el que se modificó la estructura de la administración central del municipio de Lebrija (Santander). 2.4. Como la Resolución Nro. 047 del 8 de junio de 2023 (por la cual se ajustó la planta de personal de la administración central del municipio) fue expedida con

del municipio de Lebrija (Santander). 2.4. Como la Resolución Nro. 047 del 8 de junio de 2023 (por la cual se ajustó la planta de personal de la administración central del municipio) fue expedida con fundamento en el Acuerdo Municipal 001 de 2023 declarado nulo, el alcalde a través del Decreto Nro. 100 -02-01-091 del 6 de agosto de 2024 declaró insubsistente en el empleo que venía desempeñando en provisionalidad , a la señora Alba Rocío García Méndez, fundamentado en que, al haberse declarado nulo el acto administrativo por el que se ajustó la planta de personal, la decisión de su nombramiento perdió ejecutoriedad al desaparecer su fundamento de hecho y de derecho. La decisión se notificó por aviso el 16 de agosto de 2024, que según relató l a accionante, le fue enviado mediante correo electrónico por el secretario general de la entidad territorial. 2.5. El 20 de agosto de 2024, la actora radicó petición ante la entidad territorial en la que solicitó la aplicación de la sentencia T-388 de 2020 relacionada con la estabilidad laboral reforzada, al ser madre cabeza de familia y tener a su cargo a su hijo meno r de edad, a lo cual se dio respuesta negativa, bajo el fundamento de no cumplir los requisitos señalados en la sentencia. 2.6. El 28 de agosto de 2024, interpuso recurso de reposición contra la decisión de insubsistencia, pese a que en el acto administra tivo se le indicó que contra la decisión no procedían recursos. Mediante Resolución Nro. 100 -02-04-116 del 6 de septiembre de 2014, el

insubsistencia, pese a que en el acto administra tivo se le indicó que contra la decisión no procedían recursos. Mediante Resolución Nro. 100 -02-04-116 del 6 de septiembre de 2014, el alcalde municipal de Lebrija (Santander), declaró improcedente el recurso de reposición interpuesto contra el acto de insubsistencia. 2.7. La actora radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, para agotar el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a fin de cuestionar la legalidad del acto de insubsistencia a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, para solicitar su reintegro y el pago de losRadicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

Demandante: Alba Rocío García Méndez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación de la entidad territorial. La anterior solicitud f ue enviada a las entidades convocadas por parte de la accionante, mediante correo electrónico el 15 de septiembre de 2024.

3. Fundamentos de la acción La parte actora afirmó que acudía a la acción de tutela, a pesar de saber que cuenta con el medio de co ntrol de nulidad y restablecimiento del derecho para exigir el amparo de sus derechos, porque el trámite de dicho proceso es demorado y la decisión de insubsistencia adoptada por la entidad territorial le genera un perjuicio irremediable, ya que es madre cabeza de familia, de su salario deriva su sustento y

amparo de sus derechos, porque el trámite de dicho proceso es demorado y la decisión de insubsistencia adoptada por la entidad territorial le genera un perjuicio irremediable, ya que es madre cabeza de familia, de su salario deriva su sustento y el de su hijo menor de edad y no cuenta con otra ayuda económica ni de otros ingresos que le permitan sostenerse. Informó que su hijo tiene 6 años de edad y actualmente cursa el grado de transición. Agregó que se encuentra pagando un crédito con el Banco Agrario para adquisición de su vivienda. Dijo que no contar con un trabajo estable en este momento, afecta sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud, pues carece de los recursos para garantizar su congrua subsistencia y la de su familia. Indicó que el artículo 43 de la Constitución Política se refería a la igualdad entre hombres y mujeres y a la no discriminación, además que la Ley 909 de 2004 se refería al deber de pr otección especial para la madre cabeza de familia, antes de proceder con la desvinculación de un empleo en provisionalidad y que, la sentencia T-388 del 3 de septiembre de 2020 de la Corte Constitucional también se refería a la protección de la madre cabeza de familia.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 20 de septiembre de 2024, el juez de tutela de primera instancia admitió la demanda de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas y dispuso vincular como terceros con interés al señor Norberto Vásquez Villareal (demandante del medio de control de simple nulidad) y al Concejo Municipal de Lebrija, Santander. 4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, presentó escrito en

con interés al señor Norberto Vásquez Villareal (demandante del medio de control de simple nulidad) y al Concejo Municipal de Lebrija, Santander. 4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, presentó escrito en el que indicó que en el proceso de simple nulidad tramitado ante ese despacho, se respetó el debido proceso a las partes en cada una de sus actuaciones. Indicó que contra sentencia de prim era instancia no se interpuso recurso de apelación por ninguna de las partes; pero que, posteriormente algunas personas, entre ellas la actora, presentaron solicitud de vinculación al proceso, incidente de nulidad y recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; peticiones que según afirmó, serían resueltas en oportunidad procesal. 4.3. El municipio de Lebrija rindió informe en el que manifestó que, en el presente caso no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contar la actora con otro mecanismo de defensa idóneo y eficaz, en concreto, el medio de controlRadicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de nulidad y restablecimiento del derecho y que, no se advertía la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela de manera transitoria y, agregó que la t utela no podía ser utilizada para obtener decisiones de manera paralela. Además, que la actora reconocía tal circunstancia, al haber manifestado que presentó solicitud de conciliación

manera transitoria y, agregó que la t utela no podía ser utilizada para obtener decisiones de manera paralela. Además, que la actora reconocía tal circunstancia, al haber manifestado que presentó solicitud de conciliación prejudicial en busca de acudir a la justicia ordinaria. 4.4. El Concejo Municipal de Lebrija, presentó escrito en el que manifestó no contar con personería jurídica, de manera que las actuaciones judiciales debían ser tramitadas ante el ente territorial, en este caso, el municipio de Lebrija. En lo que respecta a la solicitud de procedencia de la acción de tutela, manifestó que no se evidenciaban situaciones que pudieran constituir un perjuicio irremediable o una afectación directa a derechos fundamentales de la accionante, por lo que, en virtud del principio de subsi diariedad previsto en el Decreto 2591 de 1991 y al existir otros mecanismos de defensa judicial respecto a la situación fáctica expuesta por la accionante previstos, la tutela debía a ser declarada improcedente. 4.5. El señor Norberto Vásquez Villareal (demandante del medio de control de simple nulidad), no se pronunció en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia del 1º de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander, declaró improcedente la presente acción al considerar que n o se satisfacía el requisito de la subsidiariedad, ya que la actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, concretamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la protección de sus derechos, y que además, puede solicitar medidas cautelares en caso de estimarlo necesario para

mecanismo de defensa judicial, concretamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la protección de sus derechos, y que además, puede solicitar medidas cautelares en caso de estimarlo necesario para suspender temporalmente los efectos del acto administrativo lesivo a sus intereses. En cuanto a la especial protección por ser madre cabeza de familia, encontró que no había pruebas suficien tes que acreditaran que la señora Alba Rocío García Méndez tuviera la responsabilidad exclusiva del cuidado de su hijo al no haberse demostrado la ausencia o abandono permanente del padre, ni la falta de apoyo familiar significativo. Frente a este último aspecto, mencionó la sentencia T-313 de 2014 de la Corte Constitucional y dijo que debían atenderse los parámetros que allí se definían para la adopción de medidas especiales de protección para los nombrados en provisionalidad que tuvieran una especial situación de vulnerabilidad y que, en el caso concreto de la actora, no podía predicarse tal circunstancia pues, se trata de una persona de 28 años que solo hasta hacía un mes había quedado sin trabajo, de manera que, dada su edad le era posible volver a vincu larse laboralmente.

6. Impugnación La parte actora presentó escrito de impugnación, manifestando su desacuerdo con la decisión; pese a que algunos de los argumentos al parecer no corresponden a su situación concreta2.

2 De acuerdo con lo manifestado en el escrito de impugnación, pareciera que los argumentos son de una plantilla en la que se trata de otro caso distinto al suyo, pues reitera que no cuestiona las decisiones emitidasRadicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

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plantilla en la que se trata de otro caso distinto al suyo, pues reitera que no cuestiona las decisiones emitidasRadicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

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7. Sorteo de conjueces Teniendo en cuenta que el proyecto de sentencia presentado por el despacho ponente no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, por auto del 28 de noviembre de 2024 se dispuso el sorteo de dos conjueces.

Mediante acta del 29 de noviembre de 2024, f ueron designados como conjueces los doctores Luis Fernando Macías Gómez y Eleonora Lozano Rodríguez , siendo comunicada la designación en esa misma fecha a cada uno de ellos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutel a, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Tribunal Administrativo de Santander en su condición de juez de tutela de primera instancia, en declarar

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Tribunal Administrativo de Santander en su condición de juez de tutela de primera instancia, en declarar improcedente la presente acción de tutela ante el incumplimiento del requisito general de la subsidiariedad, al contar la accionante con un mecanismo ordinario de defensa, concretamente, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que tenía la posibilidad de solicitar las medidas cautelares del caso, además de no estar acreditad a su condición de especial sujeto de protección constitucional como madre cabeza de familia.

Para resolver la controversia, la Sala deberá establecer: (i) si en el caso concreto se satisface o no el requisito general de la subsidiariedad, y (ii) si se encu entra acreditado el perjuicio irremediable alegado por la señora Alba Rocío García Méndez, para lo cual, el respectivo estudio se hará teniendo en consideración que se alega la condición de madre cabeza de familia.

3. Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y su análisis en el caso concreto 3.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser

por la autoridad municipal, que no fue ten ida en cuenta su especial condición de tener que reclamar unos medicamentos que debía aplicarse y que no podría ya que al contar sin trabajo no tendría acceso a servicios de salud, además de ser una persona que no contratan en el sector privado al no ser joven y que en el sector público cuenta con una inhabilidad.

medicamentos que debía aplicarse y que no podría ya que al contar sin trabajo no tendría acceso a servicios de salud, además de ser una persona que no contratan en el sector privado al no ser joven y que en el sector público cuenta con una inhabilidad. 3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro e stá, siempre que estos sean idóneos y eficaces. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección. Este requisito ha sido desarrollado por la jur isprudencia constitucional, quien ha establecido que se incumple, por lo menos, en tres eventos 8: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) cuando se usa para re vivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. No obstante, estas normas facultan al juez de tutela para valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente o si, por el contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor. Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos4. Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto

4 Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.Radicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de especial protección constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de amparo es la protección de derechos fundamentales.

www.consejodeestado.gov.co de especial protección constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de amparo es la protección de derechos fundamentales. En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando ex ista otro medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional. Por esto, en el evento de existir otra herramienta de defensa, la tutela solo será procedente si se alega que se propone como mecanismo transitorio con el que se busca evitar un perjuicio irremediable. Cuando dicha acción se ejerce como mecanismo transitorio, es necesario que el afectado en alguno de sus derechos fundamentales acredite ante el juez de tutela que se encuentra en una situación de tal “gravedad”, que el amparo es “urgente e impostergable”, pues de no otorgarse se producirá en forma “inminente” la violación del derecho. Se ha explicado que la tutela como mecanismo transitorio fue prevista por el Constituyente “…para el evento de producirse un perjuicio irremediable, en el entendido que allí la protección o amparo que se concede, si es del caso, sólo puede tener efectos de carácter temporal y transitorio, mientras se produce una decisión de fondo por parte del juez competente, cuando para la defensa y protección del derecho existe otro mecanismo judicial”5. Para determinar la existencia o no del perjuicio irremediable es necesario tener en cuenta varios elementos, como son la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el afectado de salir de ese perjuicio inminente

mecanismo judicial”5. Para determinar la existencia o no del perjuicio irremediable es necesario tener en cuenta varios elementos, como son la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el afectado de salir de ese perjuicio inminente y la gravedad de los hechos, que hace impostergable la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Por lo anterior, se tiene que no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino únicamente aquél que por ser inminente y grave requiere de la adopción de medidas urgentes e impostergables para su protección. En este sentido, ha dicho la jurisprudencia que “…establecer cuando existe el perjuicio irremediable no es tarea fácil. En primer lugar hay que examinar si las ac ciones u omisiones son manifiestamente ilegítimos y contrarios a derecho, pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado.” Respecto de la acción de tutela cuando es utilizada en su modalidad de mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable, al Corte Constitucional6 ha señalado que “…para que esta modalidad de la acción de tutela sea procedente, requiere la presencia coetánea de dos circunstancias, a saber: (i) el riesgo de sufrir un perjuicio irremed iable en que se encuentra el actor, y (ii) la ineficacia del medio judicial ordinario para conjurar dicho riesgo, circunstancias ambas que deben ser evaluadas por el juez desde la perspectiva de las circunstancias particulares de cada caso”. Esta Sección, adicionalmente, es del criterio que el perjuicio irremediable es

del medio judicial ordinario para conjurar dicho riesgo, circunstancias ambas que deben ser evaluadas por el juez desde la perspectiva de las circunstancias particulares de cada caso”. Esta Sección, adicionalmente, es del criterio que el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños proveniente de la amenaza o violación de

5 Corte Constitucional. Sentencia T711 de 2004. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-1035 de 2004.Radicado: 68001-23-33-000-2024-00611-01

Demandante: Alba Rocío García Méndez

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derechos fundamentales y de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley. 3.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, encuentra la Sala que, como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia, la accionante cuenta con un mecanismo ordinario idóneo para discutir sus derechos laborales, concretamente, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares, instrumento que permite proteger provisionalmente derechos controvertidos en el respectivo proceso, en el caso concreto, la declaratoria de nulidad del acto por el que fue declarada insubsistente (Decreto Nro. 100-02-01-091 del 6 de agosto de 2024), su reintegro al cargo que ocupaba y el consecuente pago de los emolumentos dejados de percibir. Sin embargo, a juicio de la Sala, el requisito de la subsidiariedad en este caso lo constituye el medio de control de simple nulidad que actualmente se

reintegro al cargo que ocupaba y el consecuente pago de los emolumentos dejados de percibir. Sin embargo, a juicio de la Sala, el requisito de la subsidiariedad en este caso lo constituye el medio de control de simple nulidad que actualmente se tramita ante el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga (proceso Nro. 68001-33-33-002-2023-00305-00), pues si bien en sentencia del 5 de junio de 2024, se anuló el Acuerdo Municipal Nro. 001 de 2023 por el que se modificó la estructura de la administración central del municipio de Lebrija, Santander, lo cierto es que hoy en día esa decisión no se encuentra ejecutoriada, pues contra la misma se interpuso recurso de apelación q ue, de acuerdo con la consulta en SAMAI (índice 78), por auto del 31 de octubre de 2024 fue concedido por el juez de primera instancia. Revisado el proceso ordinario de simple nulidad aludido, se advierte que con ocasión de un fallo de tutela presentado por el señor Marlon Ríos Calderón, quien buscó hacerse parte en ese trámite, por auto del 31 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga dispuso “CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el señor Marlon Ríos Calderón contra la sentencia de primera instancia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)”. La orden del Tribunal Administrativo de Santander como juez constitucional de primera instancia, emitida el 25 de octubre de 2024, concretamente frente (i) a la posibilidad de que el señor Marlon Ríos Calderón fuera tenido como

La orden del Tribunal Administrativo de Santander como juez constitucional de primera instancia, emitida el 25 de octubre de 2024, concretamente frente (i) a la posibilidad de que el señor Marlon Ríos Calderón fuera tenido como tercero con interés en el medio de control de simple nulidad con radicación Nro. 68001-33-33-002-2023-00305-00, y (ii) que se concediera el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, indicó lo siguiente: “(…) De la providencia cuestionada se infiere que el juzgado tenía pleno conocimiento de que el accionante tenía un interés directo en el proceso, puesto que la nulidad del acto administrativo en cuestión, el Acuerdo Municipal 001 de 2023, implicaba para é l la desvinculación laboral y afectación de sus derechos asociados al estatus de empleado público. En efecto, eso fue lo que ocurrió. Como se analizó atrás, el 5 de junio de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga profirió la sentencia anulatoria y el 6 de agosto de 2024 la entidad nominadora dispuso la desvinculación automática del actor Marlon Ríos Calderón, en cumplimiento de la sentencia en comento. Desde la etap a de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, el interés directo del accionante podía deducirse como una consecuencia evidente de «la demanda» y «las actuaciones acusadas» en los términos del art. 171.3 del CPACA. Con base en lo expuesto, la Sala c oncluye que el juzgado accionado incurrió en los defectos

consecuencia evidente de «la demanda» y «l