CE - Sentencia 68001233300020250057701 de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

Demandante: JUAN GUILLERMO HERRERA LA ROTTA

Demandados: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Exige probar que se agotaron los mecanismos dispuestos por el legislador para cuestionar una providencia judicial o resolver una situación jurídica concreta.

La Sala1 decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 19 de septiembre de la presente anualidad, el señor Juan Guillermo Herrera La

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 19 de septiembre de la presente anualidad, el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna, a la salud, a la igualdad y protección reforzada de las personas con discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y al derecho fundamental de los niños , con ocasión de la medida cautelar de suspensión provisional que se decretó contra las Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024 en auto del 21 de enero de 2025 . Formuló las siguientes pretensiones

(transcripción textual, con posibles errores incluidos):

1. Que se proteja n mis derechos fundamentales al mínimo vital, salud, igualdad, estabilidad laboral reforzada y los derechos prevalentes de mis hijos.

2. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga dejar sin efecto, respecto de mi caso concreto, la medida cautelar de suspensión provisional decretada en auto del 21 de enero de 2025.

3. Subsidiariamente, que se ordene a la Alcaldía de Bucaramanga reconocerme y pagarme el 100% del salario durante el tiempo que dure mi incapacidad, conforme al acuerdo colectivo adoptado en la Resolución 0359 de 2024, mientras se resuelve de fondo el proceso contencioso.

1 Se advierte que el 5 de noviembre ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para

al acuerdo colectivo adoptado en la Resolución 0359 de 2024, mientras se resuelve de fondo el proceso contencioso.

1 Se advierte que el 5 de noviembre ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente

relevantes:

3. El accionante es empleado público en provisionalidad en la Alcaldía de Bucaramanga, en donde desempeña el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, desde el día 2 de mayo de 2016.

4. A través de las Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024 “Por la cual se adopta el acuerdo de negociación del pliego unificado de solicitudes presentado por las organizaciones sindicales adscritas a la Alcaldía de Bucaramanga para los años 2024 a 2026”, se reconoció el derecho de los servidores públicos vinculado a la Alcaldía de Bucaramanga a recibir el 100% de su salario durante las incapacidades laborales, porque se acordó que la Alcaldía debía cubrir el 34% que no reconocía la EPS. Posteriormente, la alcaldía expidió la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024”.

la alcaldía expidió la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024”.

5. La Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resoluci ón 027 3 del 3 de octubre de 2024 fueron demandadas y en el proceso de simple nulidad con radicado No. 680013333-007-2024-00233-00 que se surte ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, se profirió auto del 21 de enero de 2025 mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

6. El accionante se encuentra incapacitado desde el día 31 de marzo de 2025, fecha en la que fue hospitalizado hasta el 2 de agosto de 2025 con prórrogas de incapacidad hasta el mes de febrero de 2026. Adicionalmente, cuenta con dictamen previo de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con fecha del 12 de julio de 2023 , en el que se determinó una pérdida de capacidad laboral del 32.90% con ocasión a un diagnóstico médico de “depresión, ludopatía y dependencia a sustancias psicoactivas”.

7. En virtud de la medida cautelar dispuesta en el auto del 21 de enero de 2025 , la Alcaldía de Bucaramanga expidió la Resolución 1470 del 25 de julio de 2025, por la que “concedió treinta días de licencia por enfermedad genera l clasificación prórroga a HERRERA LA ROTTA JUAN GUILLERMO, afiliado(a) a EPS SURA, identificado(a) con

“concedió treinta días de licencia por enfermedad genera l clasificación prórroga a HERRERA LA ROTTA JUAN GUILLERMO, afiliado(a) a EPS SURA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 91.506.813, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, código 470, grado 25 de la planta Globalizada del Municipio de Bucaramanga, por el lapso comprendido entre 05 de mayo de 2025 hasta 03 de junio del 2025” . Por lo anterior, reconoció las incapacidades médicas al 66.66 % hasta el día 90 y al 50 % a partir del día 91, lo que se vio reflejado en los desprendibles de nómina del accionante desde el mes de mayo de la presente anualidad.

8. En el escrito de tutela, el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta adujo que la reducción de su salario al 50 % “afecta gravemente mi mínimo vital, mi capacidad de acceso al tratamiento médico y mi sostenimiento básico, toda vez que mis ingresos habituales ($4.431.758) se redujeron a menos de la mitad ($1.978.874 en agosto de 2025).”

9. Adicional a ello, manifestó que es padre de cuatro hijos menores de edad respecto de los cuales tiene obligaciones alimentarias fijadas judicialmente de la siguiente manera: ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga se ordenó el descuento del 37.5 %Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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del salario (12.5 % para cada hijo) y del 45 % de sus primas y ante el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga se ordenó el descuento de un 12.5 % del salario. Por lo tanto, al descontarse por la incapacidad laboral el 50 % de su salario , los recursos para la subsistencia del accionado y la de sus hijos es “prácticamente inexistente”.

10. Adujo que la medida cautelar que dictó el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga configuró un defecto fáctico por omitir valorar la condición de salud, discapacidad y obligaciones familiares del señor Herrera La Rotta.

B. Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 22 de septiembre de 20252, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga y vinculó al señor Sergio Julián Santoyo Silva (demandante en el proceso de nulidad) y al Municipio de Bucaramanga, en calidad de terceros con interés.

12. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga 3 indicó que en ese despacho se tramita el proceso de nulidad con el radicado No. 68001333300720240023300, en el que se decretó medida cautelar en auto del 21 de enero de 2025. Posteriormente, en decisión del 18 de febrero de 2025 se rechazaron por

68001333300720240023300, en el que se decretó medida cautelar en auto del 21 de enero de 2025. Posteriormente, en decisión del 18 de febrero de 2025 se rechazaron por improcedente y extemporáneos los recursos de apelación que se presentaron contra la referida providencia. Finalmente, en auto del 29 de julio de 2025 el despacho cumplió lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander en relación con el recurso de queja que se elevó por la entidad demandada contra la decisión que rechazó la apelación.

13. Manifestó que las pretensiones de la acción de tutela son improcedentes al desconocer la naturaleza del medio de control de nulidad en el que se adoptó de manera fundamentada la medida cautelar objeto de reproche , por lo que considera innecesario adicionar argumentos de defensa sobre la misma. Finalmente, señaló que no se cumplió con el presupuesto de inmediatez.

14. El Municipio de Bucaramanga4 pidió que se negara el amparo solicitado. Indicó que no vulneró los derechos del accionante y que la tutela no cumple con varios requisitos para su procedencia. Principalmente, destacó que era un mecanismo de carácter subsidiario por lo que no era la vía idónea para buscar dejar sin efecto la medida cautelar que adoptó el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga en un proceso de nulidad, más cuando existen recursos al interior de éste para refutar y debatirla, adicional a que la tutela no puede ser utilizada para revivir términos procesales , lo que aten taría con el principio de seguridad jurídica.

15. También solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva porque la medida

a que la tutela no puede ser utilizada para revivir términos procesales , lo que aten taría con el principio de seguridad jurídica.

15. También solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva porque la medida que se quiere cuestionar a través de la acción de tutela la tomó un juez de la república al interior de un proceso de nulidad simple y no el municipio . Por lo tanto, el municipio “no es el sujeto pasivo llamado para responder por la presunta vulneración de derechos”.

Al respecto, indicó que únicamente cumplió con la orden que impartió el juzgado y en virtud de ese respeto y obediencia que le correspondía , profirió la Resolución 1470 de

2 SAMAI, índice 05. 3 SAMAI, índice 10. 4 SAMAI, índice 11.Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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2020 mediante la cual ajustó el reconocimiento de incapacidades, según la normativa vigente.

16. De manera que , al no haber acción u omisión por parte del Municipio de Bucaramanga que generara algún daño para el accionante, no podría endilgársele responsabilidad alguna, todo lo cual permite concluir que se debe desvincular al ente territorial del presente asunto.

C. Fallo impugnado

17. En decisión del 6 de octubre de 2025 5, el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela interpuesta por el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta.

territorial del presente asunto.

C. Fallo impugnado

17. En decisión del 6 de octubre de 2025 5, el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela interpuesta por el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta.

Para arribar a tal decisión, manifestó qu e la parte accionante no agotó los recursos ordinarios que habilitan la intervención del juez constitucional.

18. Destacó que el señor Herrera La Rotta pretendió atacar la validez de la medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos de la s resoluciones, en el proceso de nulidad que cursa su trámite ante el Juzgado Séptimo Adminis trativo de Bucaramanga. Por lo tanto, para efectos de ejercer la defensa de sus derechos, el actor debe acudir a l proceso ordinario , de manera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

19. Adicional a lo anterior, indicó que no se aportó medio alguno que justificara el motivo de la demora del señor Herrera La Rotta de acudir por la vía constitucional. Al respecto: “Del recuento fáctico expuesto por el accionante y de la lectura del trámite adelantado en el proceso ordinario, la Sala observa que, en primer lugar, el decreto de la medida cautelar se profirió 2 meses antes de que el actor fuera incapacitado, de lo cual se deduce que no alcanzó a beneficiarse de la disposición demandada; y que, en segundo lugar, el propio actor reconoce estar incapacitado desde el 31 de marzo del año en curso, de modo que han transcurrido más de 5 meses desde que empezó a percibir un ingreso

que no alcanzó a beneficiarse de la disposición demandada; y que, en segundo lugar, el propio actor reconoce estar incapacitado desde el 31 de marzo del año en curso, de modo que han transcurrido más de 5 meses desde que empezó a percibir un ingreso inferior al habitual con ocasión de su incapacidad médica, circu nstancia que, según lo alegado, originó la presunta amenaza de sus derechos fundamentales”.

D. Impugnación

20. En su impugnación6, el actor destacó que sufrió de una grave afectación económica y una vulneración de su mínimo vital con la reducción del salario que determinó la alcaldía, en cumplimiento del auto del 21 de enero de 2025, que, a su vez, decretó una medida cautelar en un proceso de nulidad , lo que ha generado una disminución comprobada de sus ingresos en más del 50 %, impidiendo cubrir sus necesidades básicas y compromisos familiares.

21. Manifestó que la interrupción del pago total de su salario le ha provocado inestabilidad emocional y el riesgo clínico de recaída, dado que, en la actualidad, se encuentra en el programa de rehabilitación de adicciones con diagnóstico de trastorno depresivo y dependencia de sustancias psicoactivas, lo que lo califica como un sujeto de especial protección constitucional . Indicó que a la fecha de la impugnación continuó el

5 SAMAI, índice 14. 6 SAMAI, índice 20.Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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pago de sus ingresos muy inferiores a los necesarios para subsistir, lo que configura un perjuicio irremediable y vulnerabilidad económica, médica y familiar.

22. Consideró que el fallo impugnado incurrió en un defecto fáctico , al no valorar las pruebas que se aportaron al expediente mediante las cuales se acreditó la afectación grave al mínimo vital y a la salud del accionante. De la misma manera, señaló que se aplicó inade cuadamente el principio de subsidiariedad por lo que se incurrió en u n defecto sustantivo. Al respecto, consideró que la tutela era un mecanismo principal cuando el daño es actual, grave y continuo , y que los medios ordinarios no resultaban eficaces para evitar su consolidación.

23. También puso de presente que en el fallo se incurrió en un defecto procedimental porque erradamente se determinó que no se cumpl ió con el principio de inmediatez , cuando quedó claro que el accionante estuvo hospitalizado desde el 31 de marzo al 2 de agosto de 2025, fecha en la que pudo verificar que no le estaban pagando el 100 % de su salario.

24. Solicitó lo siguiente:

1. Solicitudes principales.

1. REVOCAR el fallo de primera instancia y CONCEDER el amparo solicitado.

2. ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral revaluar la medida cautelar adoptada el 21 de enero de 2025.

3. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga – Secretaría Administrativa

solicitado.

2. ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral revaluar la medida cautelar adoptada el 21 de enero de 2025.

3. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga – Secretaría Administrativa restablecer el pago del 100 % de las incapacidades conforme al numeral 42 de la Resolución 0273 de 2024.

4. EXHORTAR a Colpensiones a garantizar la continuidad en el pago de incapacidades y coordinar con el Municipio los períodos de cobertura.

5. ORDENAR reactivar los descuentos conciliatorios por alimentos en beneficio de mis hi jos Valentina, Luisa Fernanda y Jorge Andrés

Herrera Sánchez e Isabella Herrera Rodríguez.

2. Solicitudes subsidiarias.

1. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga revaluar la medida cautelar bajo el principio de proporcionalidad.

2. Que se disponga la remisión inmediata del expediente a la autoridad competente, conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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Consejo de Estado).Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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F. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 6 de octubre de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Satander , que declaró improcedente la petición de amparo . Para tal fin, en primera lugar, establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los de subsidiariedad e inmediatez , cuyo incumplimiento advirtió el fallador de primer grado.

27. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del 21 de enero de 2025 , mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna, a la salud, a la igualdad y protección reforzada de las personas con discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y los derechos fundamentales de los niños.

E. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

Inmediatez

28. Para la Sala resulta importante señalar que sobre este requisito, se aparta de la

fundamentales de los niños.

E. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

Inmediatez

28. Para la Sala resulta importante señalar que sobre este requisito, se aparta de la determinación que tomó el tribunal a quo por lo siguiente: en el proceso se acreditó con la historia clínica del señor J uan Guillermo Herrera La Rotta , suscrita por el personal médico de la Clínica San Pablo S.A.S, que ingresó al centro médico el 31 de marzo de 2025 y se hospitalizó con un diagnóstico de “Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: uso nocivo” y que estuvo inicialmente hasta el 5 de mayo, fecha en la que ingresó al “Programa de Adicciones” en el que continuó internado hasta el 2 de agosto siguiente.

29. En ese sentido, se observa qu e durante e l período de tiempo en que estuvo recibiendo tratamiento en el programa para el manejo de su adicción a las sustancias psicoactivas, el señor Herrera La Rotta no pudo advertir sobre la disminución de su salario, por lo que, al haber presentado la acción de tutela el día 19 de septiembre, para la Sala, sin duda alguna, este término resulta razonable.

30. Ahora, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad7, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petici ón

inconstitucionalidad7, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petici ón

7 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»8.

Subsidiariedad9.

31. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

32. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

G. Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

33. En el caso de estudio, el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta presentó acción de tutela, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al mínimo vital y vida digna, a la salud, a la igualdad, a la protección reforzada de las personas con discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y al de los niños” , los cuales considera vulnerados por el auto del 21 de enero de 2025 , a través del cual se decretó l a medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de la s Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, providencia dictada en el marco del proceso de nulidad con radicado 68001333300720240023300.

34. En su criterio, la determinación del Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga conllevó a que la Alcaldía de Bucaramanga profiriera la Resolución 1470 del 25 de julio de 2025, mediante la cual reconoció sus incapacidades, por un monto menor al 100% que disponía el acto administrativo demandado . De ese modo, estimó que la reducción de su salario en virtud de las incapacidades médicas afectó su mínimo vital, y el de sus hijos, lo que le causó un perjuicio irremediable.

35. Sin embargo, de entrada, la Sala observa que la presente acción de amparo no

de su salario en virtud de las incapacidades médicas afectó su mínimo vital, y el de sus hijos, lo que le causó un perjuicio irremediable.

35. Sin embargo, de entrada, la Sala observa que la presente acción de amparo no satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en la medida en que, por un lado, el demandante, a la fecha, no ha acudido al proceso ordinario a presentar las inconformidades que pretende introducir por esta vía judicial, pese a que dispone de mecanismos judiciales idóneos para plantearlas.

36. Ahora bien, revisado el proceso ordinario se evidencia que el día 21 de enero de 2025, efectivamente , el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga decretó la

8 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021. 9 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024 . Con posterioridad, en decisión del 18 de febrero siguiente, se rechazaron los recursos de apelación que se presentaron contra el auto y, en decisión del 13 de junio , el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de tramitar recurso de queja al haberse presentado directamente, sin el recurso de reposición. Por lo tanto, al momento de este fallo de tutela, la ultima decisión que se ha proferido en el proceso de nulidad es la del 29 de julio, mediante la cual, el juzgado obedeció y cumplió lo resuelto por tribunal.

37. Así las cosas , la Sala no halló ningún registro que dé cuenta de que el aquí accionante hubiera acudido al referido trámite para solicitar su vinculación al proceso con el fin de presentar los recursos correspondientes para defender sus intereses. Ello, con el fin de que el juez de la causa hubiera tenido la oportunidad de estudiar su petición y emitir un pronunciamiento al respecto.

38. Por el contrario, desconociendo que tenía a su disposición mecanismos judiciales idóneos y eficaces para procurar la protección de los derechos que considera vulnerados, el señor Herrera La Rotta decidió acudir a la presente acción constitucional para formular tales reproches; sin embargo, este valioso mecanismo constitucional no fue previsto para

idóneos y eficaces para procurar la protección de los derechos que considera vulnerados, el señor Herrera La Rotta decidió acudir a la presente acción constitucional para formular tales reproches; sin embargo, este valioso mecanismo constitucional no fue previsto para reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el legislador para resolver una situación jurídica concreta.

39. Sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho mecanismo de protección de derechos fundamentales ha sido concebido únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

40. En tal sentido, el alto tribunal constitucional argumentó que la tutela no puede converger con vías judiciales diversas, por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecio nalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

41. Entonces, para que el juez estudie de fondo la acción de tutela, el interesado debe, por lo menos, acreditar que agotó los recursos ordinarios que tenía a su disposición; no obstante, como se expuso antes, en el caso de estudio, no existe prueba siquiera sumaria de que el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta hubiera acudido al proceso de nulidad a fin de que el juez natural se pronunciara sobre su vinculación para solicitar la nulidad de la medida que tomó el juzgado . Circunstancia que prima facie da lugar a la improcedencia de la petición de amparo.Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01

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42. No obst ante, es cierto que el juez constitucional puede flexibilizar dicho requisito cuando se advierta que, pese a existir un mecanismo judicial ordinario, este no resulta idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, dado el riesgo inminente de configuración de un perjuicio irremediable. Caso en el cual se puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos.

43. Sobre la noción de perjuicio irremediable se tiene que este se puede definir como un riesgo cier to y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos

a la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos.

43. Sobre la noción de perjuicio irremediable se tiene