CE - Sentencia 68001233300020260072901 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 68001233300020260072901 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 68001-23-33-000-2026-00729-01

Accionantes: CRISTINA ELVIRA SÁNCHEZ VIRVIESCAS Y OTROS

Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL

Tema: Tutela contra la providencia judicial – confirma improcedencia por no acreditarse el requisito de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 6 de octubre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 25 de septiembre 20262, el a quo admitió la acción constitucional y, mediante la providencia del 16 de octubre del mismo año concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

mediante la providencia del 16 de octubre del mismo año concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Cristina Elvira Sánchez Virviescas , Astrid Liliana González Pacheco, Yeimy Vanessa Poveda Lagos y Pedro Alejandro Ariza Uricoechea, actuando por medio de su apoderada judicial, presentaron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de San Gil. Con la solicitud de amparo pretenden que se le s protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la defensa.

2. La parte actora consideró tra nsgredidas las anteriores garantías con

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó como autoridad accionada al Juzgado Primero Administrativo de San Gil. A su vez, vinculó al municipio Puente Nacional y a las demás personas indeterminadas que hicieron parte del proceso de nulidad.Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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ocasión de los autos del 11 de mayo y 10 de septiembre de 20263, proferidos por la autoridad judicial accionada. Mediante dichas providencias dispuso que se dictaría sentencia anticipada y decidió no reponer dicha decisión,

ocasión de los autos del 11 de mayo y 10 de septiembre de 20263, proferidos por la autoridad judicial accionada. Mediante dichas providencias dispuso que se dictaría sentencia anticipada y decidió no reponer dicha decisión, respectivamente. Ello, al interior del medio de control de nulidad simple identificado con el radicado núm. 68679-33-33-001-2024-00079-00.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Amparar los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la justicia de las cuatro personas accionantes y dejar sin efectos, en lo pertinente, los autos de 11 de mayo y 9 de septiembre de 2026, exclusivamente en cuanto saneen la ausencia d e vinculación debatida y ordenen avanzar a sentencia anticipada sin resolverla.

SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil que, con examen del expediente completo y motivación expresa, establezca la condición procesal de las accionantes, el efecto potencial de la nulidad de los decretos sobre sus situaciones y la suficiencia de la forma de publicidad y de la presunta conducta concluyente. Si concluye que debían ser vinculadas personalmente, que disponga la notificación, el traslado y la reposición de las actuaciones afectadas desde la etapa correspondiente, con oportunidad para contestar, pedir y controvertir pruebas.4

1.2. Hechos

4. El 2 de mayo de 2024, el municipio de Puente Nacional presentó demanda de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho , en modalidad de

1.2. Hechos

4. El 2 de mayo de 2024, el municipio de Puente Nacional presentó demanda de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho , en modalidad de lesividad, contra Karen Daniela Forero Poveda y otros 5, con el fin de solicitar la nulidad de los decretos 0876, 0887 y 089 de 20238, así como de las Resoluciones 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494 y 0495 del 29 de diciembre de 2023, por medio de las cuales se vinculó a las personas demandadas a la planta de personal del municipio.

5. Al proceso se le asignó el radicado núm. 68679-33-33-001-2024-0007900 y le fue repartido al Juzgado Primero Administrativo de San Gil que, mediante auto del 11 de julio de 2024, rechazó la demanda respecto de las resoluciones por encontrar configurada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. A su vez, admitió la demanda de nulidad simple respecto de los mencionados decretos. En consecuencia, ordenó informar a la comunidad acerca

3 Si bien la parte accionante hizo referencia al auto del «9» de septiembre de 2026, de la revisión del expediente se advierte que el auto que negó el recurso de reposición es del 10 de septiembre de 2026. 4 Transcripción literal que puede contener errores. 5 Yeimi Vanessa Poveda Lagos, Olga Lucía Rodríguez Carrillo, Johanna Marcela Castro Bustos, Astrid Liliana González Pacheco, Pedro Alejandro Ariza Uricoechea, Cristina Elvira Sánchez Virviescas y «personas indeterminadas».

5 Yeimi Vanessa Poveda Lagos, Olga Lucía Rodríguez Carrillo, Johanna Marcela Castro Bustos, Astrid Liliana González Pacheco, Pedro Alejandro Ariza Uricoechea, Cristina Elvira Sánchez Virviescas y «personas indeterminadas». 6 «Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la administración central de Puente Nacional – Santander y se dictan otras disposiciones». 7 «Por medio del cual se adopta la planta de personal de la Alcaldía de Puente Nacional – Santander». 8 «Por medio del cual se actualiza el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración municipal de Puente Nacional – Santander».Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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de la existencia del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 171 del CPACA9.

7. Luego, por auto del 11 de mayo de 2026, declaró que no existían excepciones previas por resolver, prescindió de la audiencia in icial y encontró configuradas las causales del artículo 182A del CPACA para dictar sentencia anticipada. Por tal tazón, ordenó correr traslado al Ministerio Público, a las partes y a los intervinientes del proceso.

8. Mediante memorial allegado el 19 de mayo, los señores Cristina Elvira

Sánchez Virviescas, Astrid Liliana González Pacheco, Yeimy Vanessa Poveda

y a los intervinientes del proceso.

8. Mediante memorial allegado el 19 de mayo, los señores Cristina Elvira Sánchez Virviescas, Astrid Liliana González Pacheco, Yeimy Vanessa Poveda Lagos y Pedro Alejandro Ariza Uricoechea presentaron incidente de nulidad y formularon recursos de reposición y en subsidio de apelación. Al respecto, alegaron que no habían sido notificados p ersonalmente del auto admisorio, circunstancia que les había impedido «contestar la demanda» y solicitar pruebas.

9. En auto del 10 de septiembre de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de San Gil decidió no reponer la providencia del 11 de mayo del mismo año y negó por improcedente la apelación por tratarse de un auto no susceptible de ser apelado, de conformidad con el artículo 243 del CPACA.

10. Al respecto, señaló que, como consecuencia del rechazo de las pretensiones dirigidas contra los actos particulares, el proceso continuó exclusivamente respecto de los decretos 087, 088 y 089 de 2023, de carácter general y abstracto, razón por la cual quienes inicialmente aparecían vinculados a las resoluciones particulares dejaron de ostentar la condición de demandados directos dentro del proceso.

11. Asimismo, sostuvo que su apoderada judicial había reconocido conocer del proceso e intervino oportunamente sobre la solicitud de decreto de medida cautelar, circunstancia que descartaba una situación de indefensión material.

12. Luego, en providencia del 29 de septiembre de 2026, negó la solicitud de nulidad formulada. Al respecto, sostuvo que en el auto admisorio de la demanda ordenó la realizar la publicidad correspondiente a la comunidad, dada la

12. Luego, en providencia del 29 de septiembre de 2026, negó la solicitud de nulidad formulada. Al respecto, sostuvo que en el auto admisorio de la demanda ordenó la realizar la publicidad correspondiente a la comunidad, dada la naturaleza del proceso y el con tenido general de los decretos demandados. En ese orden, sostuvo que la ausencia de notificación personal no constituye, por sí misma, una actuación irregular que permita estructurar la causal del numeral 8 del artículo 133 del CGP.

9 «Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá: […] 5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado».Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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13. Por otro lado, mencionó que, aun si admitiera que existió una irregularidad,

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13. Por otro lado, mencionó que, aun si admitiera que existió una irregularidad, aquella no tendría la « trascendencia necesaria» para invalidar todo lo actuado.

Esto, debido a que la apoderada de judicial de aquellos tuvo conocimiento efectivo del proceso, toda vez que intervino dentro de l trámite de decreto de medida cautelar.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La parte accionante indicó que el Juzgado Primero Administrativo de San Gil vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la defensa, con ocasión de los autos del 11 de mayo y 10 de septiembre de 2026.

15. Al respecto, consideró incurrió en un defecto procedimental, pues el juzgado «cerró la discusión» y saneó el proceso sin hacer un examen individual ni explicar si eran partes necesarias, terceros con interés directo o integrantes de la comunidad.

16. Indicó que el auto del 11 de julio de 2024, mediante el cual se corrió traslado de la medida cautelar, les fue comunicado, pero de aquel no se desprendía una notificación personal de la admisión de la demanda. En ese orden, consideró que, si bien el habers e pronunciado sobre dicha medida demuestra su conocimiento y la voluntad de participar al interior del proceso, ello no prueba por sí solo que hubiese existido un traslado de la demanda «válido», ni que «hubiesen podido ejercer las oportunidades que el despacho dio por precluidas».

demuestra su conocimiento y la voluntad de participar al interior del proceso, ello no prueba por sí solo que hubiese existido un traslado de la demanda «válido», ni que «hubiesen podido ejercer las oportunidades que el despacho dio por precluidas».

17. En ese sentido, sostuvo que la notificación por conducta concluyente prevista en el artículo 301 del CGP requiere de precisión temporal, pues si bien puede surtir efectos de notificación personal, es necesario que su fundamento y fecha sean revisados. Por tal razón, si le fueron atribuidos dichos efectos al pronunciamiento hecho sobre la solicitud de decreto de medida cautelar, debía precisarse desde qué fecha se consideraban notificados y cómo se computó el traslado del auto admisorio.

18. A su vez, sostuvo que se incurrió en una decisión sin motivación, toda vez que «existió una falta de respuesta suficiente a cuestiones necesarias para concluir que no hubo indefensión». Esto, toda vez que, si bien en el auto del 10 de septiembre se determinó que son miembros de la comunidad interesada, «no relacionó esas premisas co n el traslado efectivo que habría habilitad o la contestación y las pruebas».

1.4. Intervenciones

19. El Juzgado Primero Administrativo de San Gil solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo , por cuanto no se acreditó en debidaAccionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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forma la legitimación en la causa por activa, toda vez que la apoderada judicial de la parte accionante carece de poder especial para promover la acción constitucional.

20. Indicó que, si bien fueron allegado los poderes conferidos por los accionantes, aquellos fueron otorgados exclusivamente para ejercer su representación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

21. Por otro lado, sostuvo que, debido a que solo se admitió la demanda respecto los decretos, no resultaba procedente notificar de forma personal a quienes i nicialmente se podrían ver afectados con la nu lidad de los actos administrativos demandados. Por el contrario, dada la naturaleza del medio de control admitido, la publicidad del proceso respecto de los eventuales interesados debía surtirse mediante el mecanismo previsto para tal efecto , a través del correspondiente aviso a la comunidad, actuación que fue realizada al interior del proceso.

22. Por su parte, el municipio de Puente Nacional solicitó su desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, indicó que la realización de las notificaciones judiciales, la determinación de la modalidad del trámite, la expedición del auto que determinó que se dictaría sentencia anticipada y la negativa de los recursos corresponden de forma exclusiva al Juzgado Primero Administrativo de San Gil.

1.5. Sentencia de primera instancia

23. Mediante sentencia del 6 de octubre de 2026, el Tribunal Administrativo

que se dictaría sentencia anticipada y la negativa de los recursos corresponden de forma exclusiva al Juzgado Primero Administrativo de San Gil.

1.5. Sentencia de primera instancia

23. Mediante sentencia del 6 de octubre de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad. Al respecto, sostuvo que solicitud de amparo se dirige contra autos que se dictaron en el trámite de un proceso que se encuentra en curso, motivo por el cual la nulidad por indebida notificación puede alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se profiera sentencia.

24. En ese sentido, señaló que, una vez el juzgado dicte la sentencia anticipada, los accionantes podrán apelarla ante el tribunal y plantear en el recurso tanto la nulidad como la indefinición de su calidad procesal y la insuficiencia de la motivación que ahora alegan.

25. Por otro lado, sostuvo que la apoderada de la parte accionante sí se encontraba legitimada para interponer la acción de tutela. Expuso que, si bien los poderes allegados al proceso fueron otorgados para ejercer la representación de los accionantes en el proceso de nulidad, la acción de tutela no es un proceso ajeno a dicho mandato, toda vez que cuestiona una decisión que se profirió al interior de ese proceso ordinario.

26. En ese sentido, consideró que exigir «un documento nuevo, con el mismoAccionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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contenido y los mismos otorgantes no cumpliría ninguna finalidad, solo aplazaría la decisión y obligaría a presentar de nuevo la misma acción de tutela».

1.6. Impugnación

27. La parte accionante consideró que las conclusiones a las que llegó el a quo parten de una valoración insuficiente de las circunstancias expuestas en la solicitud de amparo, debido a que privilegia la existencia formal de mecanismos judiciales, sin analizar de manera individualizada su eficacia para garantizar oportunamente los derechos fundamentales comprometidos.

28. Sostuvo que no ha permanecido de manera inactiva en el proceso ordinario; por el contrario, formuló de manera expresa las inconformidades relacionadas con la falta de notificación y la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos procesales mediante recurso de reposición y apelación subsidiaria contra el auto que declaró saneado el proceso y dispuso dictar sentencia anticipada. Sin embargo, dicho mecanismo no logró restablecer sus oportunidades procesales cuya pérdida se cuestiona.

29. Por tal razón, consideró que la sentencia impugnada desarrolla de manera insuficiente las razones por las cuales, luego de la negativa a los recursos interpuestos, ejercer su defensa al interior del proceso ordinario continúa siendo un mecanismo eficaz para impedir que se profiera sentencia anticipada sin una definición satisfactoria de su situación procesal.

interpuestos, ejercer su defensa al interior del proceso ordinario continúa siendo un mecanismo eficaz para impedir que se profiera sentencia anticipada sin una definición satisfactoria de su situación procesal.

30. Finalmente, consideraron que su derecho fundamental al debido proceso no se agota con la posibilidad de controvertir una sentencia desfavorable, sino que comprende el tener conocimiento de las actuaciones, la posibilidad de intervenir, ejercer su defensa, entre otros aspectos.

II. CONSIDERACIONES

31. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 6 de el 6 de octubre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

32. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito de legitimación en la causa por activa de la parte demandante, ante la falta de presentación del poder especial para radicar el presente mecanismo constitucional.

2.1. Cuestión previa

33. Esta Sección evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander no resolvió la solicitud de desvinculación del proceso formulada por el municipio de Puente Nacional por considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva.Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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En ese sentido, la Sala negará la mentada petición, comoquiera que su

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En ese sentido, la Sala negará la mentada petición, comoquiera que su vinculación ocurrió en calidad de tercero por interés, en la medida en que fungió como parte demandante al interior del expediente ordinario en el que se dictaron las decisiones que acá de cuestionan.

2.2. Legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

34. El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10 dispone que la acción de tutela puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de representante legal, apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa.

35. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó, desde la sentencia T-416 de 1997, que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la med ida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

36. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T -552 de 2006, señaló que la legitimación en la causa por activa en estos procesos se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, la Corte Constitucional 10 ha indicado que, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: i) el ejercicio directo de la acción de tutela; ii)

embargo, la Corte Constitucional 10 ha indicado que, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: i) el ejercicio directo de la acción de tutela; ii) el ejercicio por medio de representantes legales (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); iii) ejercicio por medio de agente oficioso y, iv) por medio de apoderado judicial, caso en el cual se exige que sea abogado titulado y al escrito de la acción se debe anexar el poder especial para el caso.

37. En relación con el apoderamiento, la Corte Constitucional ha reiterado 11 que debe cumplir con los siguientes requisitos: i) es un acto jurídico que debe realizarse por escrito, el cual se presume auténtico; ii) el poder debe ser especial y específico; iii) el poder para la defensa de intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para un proceso diferente, así los hechos que lo fundamenten tengan origen en el proceso inicial, y iv) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.

38. Con respecto a la especificidad de los poderes en el proceso de tutela, la Corte ha indicado que el cumplimiento de este principio es el que permite que, de la estructura del poder, el juez identifique con claridad si existe o no legitimación en la causa p or activa. Por tanto, el alto tribunal 12 ha considerado

10 Ver sentencia T-531 de 2002. 11 Al respecto, ver sentencias T-531 de 2002, T-1025 de 2006 y T-292 de 2021.

legitimación en la causa p or activa. Por tanto, el alto tribunal 12 ha considerado

10 Ver sentencia T-531 de 2002. 11 Al respecto, ver sentencias T-531 de 2002, T-1025 de 2006 y T-292 de 2021. 12 Ver sentencia T-1025 de 2006.Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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que esta es una exigencia para que el poder por el cual se faculta a un abogado para actuar en estos trámites cuente con los siguientes elementos: i) los nombres y datos de identificación del poderdante y del apoderado; ii) la persona natural o jurídica contra la cual se promueve la acción; iii) el acto o documento causa del litigio y, iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar.

39. Ello tiene por objeto precaver que un apoderado «presente acción de tutela por violación a cualquier otro derecho fundamental, lo que en un caso hipotético lo autorizaría para incoar diferentes amparos de tutela debido a la falta de especificidad del mismo»13.

40. De tal forma, la Corte Constitucional 14 ha establecido que la ausencia de un poder especial y específico con dichas características configura una falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, da lugar a la improcedencia de la acción de tutela.

2.3. Legitimación en la causa por activa en el caso concreto

legitimación en la causa por activa y, por tanto, da lugar a la improcedencia de la acción de tutela.

2.3. Legitimación en la causa por activa en el caso concreto

41. El escrito de tutela fue radicado la profesional del derecho Elizabeth Patiño Zea, quien manifestó ser la apoderada judicial de los señores Cristina Elvira

Sánchez Virviescas, Astrid Liliana González Pacheco, Yeimy Vanessa Poveda Lagos y Pedro Alejandro Ariza Uricoechea.

42. De la revisión del expediente, se advierte que la abogada Patiño Zea aportó el poder conferido por la parte accionante para ejercer su representación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo , presentó esta acción constitucional sin el respectivo poder especial y específico exigido de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional para el ejercicio del mecanismo de amparo.

43. Por tanto, ante la falta de este documento, la Sala considera que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para tener por probada la legitimación por activa de la parte accionante. Esto, por cuanto no se cuenta con el poder especial que acredite al profesional en derecho como apoderado judicial de la parte accionante en el presente trámite constitucional

44. En ese sentido, esta Sección no comparte la posición del a quo relacionada a que el poder conferido para el proceso ordinario resulta válido para presentar la acción de tutela por controvertirse una decisión relacionada con el trámite de dicho proceso. Esto, toda vez que, como se expuso previamente, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que cuando la acción de

presentar la acción de tutela por controvertirse una decisión relacionada con el trámite de dicho proceso. Esto, toda vez que, como se expuso previamente, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que cuando la acción de tutela se ejerce por conducto de apoderado judicial, el poder debe ser especial y

13 Ibidem. 14 Ibidem.Accionantes: Cristina Elvira Sánchez Virviescas otros Accionado: Juzgado Primero Administrativo de San Gil Radicado: 68001-23-33-000-2026-00729-01

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específico para presentar la solicitud de amparo, especialmente cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial.

45. Por tanto, la sala confirmará la sentencia del 6 de octubre de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander , que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por no encontrar acreditado el requisito de procedencia de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 6 de octubre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del municipio Puente Nacional

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista

de amparo, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del municipio Puente Nacional

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado Con salvamento de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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