CE - Sentencia 70001233300020180024101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.

Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 016203 del 07 de mayo de 2018, RDP 023037 del 20 de junio de 2018 y 031554 del 30 de

2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 016203 del 07 de mayo de 2018, RDP 023037 del 20 de junio de 2018 y 031554 del 30 de julio de 2018 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia; y resolvió negativamente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a partir del día en que adquirió el estatus, esto es, es el 25 de agosto de 2012; se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios y la indexación a que haya lugar; el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y se impongan costas. 1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Ángel del Cristo Díaz Padilla indicó que mediante la Resolución RDP

170001233300020180024100/01PrimeraInstancia/C01Principal/01Cuderno1raInstancia.pdfReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

016203 del 07 de mayo de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia en razón a que el certificado de

016203 del 07 de mayo de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia en razón a que el certificado de tiempo de servicios de fecha 11 de noviembre de 2015 expedido por la secretaria de educación del departamento de Sucre, presenta inconsistencias.

5. Precisó que inconforme con la respuesta de la entidad , interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución RDP 016203 del 07 de mayo de 2018 , los cuales fueron resueltos de manera negativa mediante las Resoluciones RDP 023037 del 20 de junio de 2018 y 031554 del 30 de julio de

2018.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Señal ó como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 48 y 53 de la Constitución; artículo 137 del CPACA y las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928 y 37 de 19 33. Alega que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional del docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.

7. A manera de síntesis, luego de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, expuso que la entidad demandada desconoce el tiempo de servicio con posterioridad al año 199 6 por considerarlos de carácter nacional , apreciación que no comparte.

1.4. Contestación de la demanda2

gracia, expuso que la entidad demandada desconoce el tiempo de servicio con posterioridad al año 199 6 por considerarlos de carácter nacional , apreciación que no comparte.

1.4. Contestación de la demanda2

8. Luego de presentada la demanda el 06 de septiembre de 2018 y admitida el 29 de enero de 2019, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que las certificaciones aportadas al proceso presentan inconsistencias en cuanto a la naturaleza de la vinculación.

9. Que el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor de la pensión gracia; que la Ley 91 de 1989, dispuso que a partir de 1990 todos los docentes que se vincularan al servicio oficial pertenecen al sector nacional, por lo que el actor debía demostrar que la entidad nominadora era del orden territorial, al igual que el origen de los recursos.

10. Por ende, consideró que el tiempo de servicio comprendido desde el año 1996 hasta el año 2012, no debe ser computado para efectos de conceder la pensión gracia.

2 Páginas 180 a 191 , 70001233300020180024100/01PrimeraInstancia/C01Principal/01Cuderno1raInstancia.pdf.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

11. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación; ii) buena fe; y ii) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia3

12. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de 2 6 de marzo de 20 21, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 032653 del 11 de agosto de 2015, RDP 055178 del 22 de diciembre de 2015, RDP 5256 del 9 de febrero de 2016, RDP 023396 del 5 de junio de 2017, RDP 016203 del 7 de mayo de 2018, RDP 023037 del 20 de junio de 2018, y RDP 031554 del 30 de julio de 2018 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribucio nes Parafiscales de la ProtecciónUGPP a través de las que se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al actor; ii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 27 de agosto de 2012 en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; iii) ordenó el reajuste de las sumas adeudadas; iv) declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 06 de septiembre de 2015; y v) condenó en costas a la parte demandada.

pensional; iii) ordenó el reajuste de las sumas adeudadas; iv) declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 06 de septiembre de 2015; y v) condenó en costas a la parte demandada.

13. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que el demandante se desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, acreditando la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada.

Destacó que , si bien en principio al tenor de las certificaciones obrantes en el plenario se señalaba que el actor tuvo un vínculo nacional, ello fue desvirtuado con la documentación aportada, que daba cuenta que la naturaleza de la plaza donde fue nombrado a través del Decreto 016 de 1996 es de carácter municipal, y no del orden nacional.

1.6. Recurso de apelación parte demandante4

14. A través de apoderado cuestionó la sentencia, concretamente en tanto considera que los efectos fiscales de la prestación debieron concederse desde el momento en que el docente cumplió el estatus de pensionad o, es decir, el 25 de agosto de 2012. Estima que el fenómeno de la prescripción no se aplica a este caso, dado que el beneficiario presentó varias reclamaciones antes de radicar la demanda; por lo que solicita se revoque lo correspondiente a dicha excepción de prescripción.

15. Por otro lado, realizó un análisis de la ley y la jurisprudencia con relación a que, para los trabajadores al servicio de una entidad estatal, los términos de prescripción de sus derechos laborales se deben contabilizar desde el momento en que el acto contentivo de la decisión administrativa queda debidamente ejecutoriado.

para los trabajadores al servicio de una entidad estatal, los términos de prescripción de sus derechos laborales se deben contabilizar desde el momento en que el acto contentivo de la decisión administrativa queda debidamente ejecutoriado.

3 70001233300020180024100/01PrimeraInstancia/C01Principal/04Sentencia1raInstancia.pdf 4 70001233300020180024100/01PrimeraInstancia/C01Principal/07ApelaciónSentencia.pdf/08ApelaciónSentenc ia.pdfReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

1.7. Recurso de apelación parte demandada5

16. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante apoderado judicial, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado servicio docente por 20 años de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, es to, con ocasión a que desde el año 1990 el tipo de vinculación fue del orden nacional en razón a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

17. Sostuvo que persisten dudas acerca de la naturaleza del vínculo que el demandante mantuvo con la administración, las cuales, en su opinión, no fueron aclaradas por la sentencia dictada por el a quo. Esto se debe a que dicho fallo no aborda de manera integral este aspecto y, además, no hace mención de la

demandante mantuvo con la administración, las cuales, en su opinión, no fueron aclaradas por la sentencia dictada por el a quo. Esto se debe a que dicho fallo no aborda de manera integral este aspecto y, además, no hace mención de la existencia de pruebas que determinen de manera precisa si la plaza ocupada por el demandante era municipal, nacionalizada o nacional. Reitera que este punto fue planteado desde la contestación de la demanda y en la audiencia de pruebas, debido a que las pruebas presentadas en ese momento no eran coherentes entre sí.

18. De otro lado, respecto a las costas, sostuvo que la imposición de estas atiende a un punto ya no objetivo sino relativo, en donde se evalúa la conducta procesal de la parte vencida, agregando que en el caso objeto de litigio existió por parte de la entidad demandada buena fe y que las razones que han motivado la oposición, tienen que ver precisamente con las discrepancias que se han presentado en la documentación aportada para obtener la prestación reclamada.

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Mediante auto de 0 1 de ju nio de 20 22, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

20. En esta oportunidad, la parte demandante, la UGPP y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

21.Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación

resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

5 10ApelaciónSentencia.pdfReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

2.2. Problema jurídico

23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Ángel del Cristo Díaz Padilla , tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de servicio como docente del orden territorial y/o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para obtener dicha prestación.

24. En caso de superar el anterior problema jurídico, le corresponde a la Sala de Subsección analizar si en el caso sub examine ha operado el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas pensionales. Y además deberá verificarse si la decisión de condenar en costas se encuentra ajustada a derecho.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

26. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

28. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los

servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

30. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la

pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero

pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia

S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión

incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7

32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos

que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen

administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que

8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores

directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

33. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9

34. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

35. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con

o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

36. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 25 de enero de 2018 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 016203 del 07 de mayo de 201810, sustentada en que el tiempo de servicio a partir de 1996 es del orden nacional.

37. Inconforme con la respuesta, el interesado interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación los cuales fueron desatados de forma negativa mediante las Resoluciones RDP 023037 del 20 de junio de 2018 y 031554 del 30 de julio de 2018.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 10 Página 42 01PrimeraInstancia/C01Principal/01Cuderno1raInstancia.pdfReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

2.5 Caso concreto

Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

2.5 Caso concreto

38. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a verificar si el actor cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Esta do para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.

39. Especialmente deberá verificarse, si es posible computar el tiempo de servicio docente a partir de 1990.

40. En dado caso haya lugar al reconocimiento y pago de la pensión gracia, corresponde analizar si como lo dispuso el a quo, hay lugar a declarar la prescripción de mesadas pensionales. Y además se verificará la imposición de condena en costas a la demandada, que resultó vencida en primera instancia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

41. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que el señor Ángel del Cristo Díaz Padilla nació el 27 de julio de 195611, razón por la que, el 27 de julio de 2006, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta12

42. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

43. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como

docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 14 de octubre de 1980 hasta el 27 de abril de 1984 (3 años, 6 meses y 13 días)

44. El gobernador del departamento de S ucre en uso de sus atribuciones legales, expidió el Decreto 1 210 del 09 de octubre de 1980 nombrando al señor Ángel del Cristo Díaz Padilla como maestro de la escuela rural Coinstrucción del corregimiento de Ciénaga Nueva – municipio de San Benito de Abad en reemplazo de otra docente.

11 Página 29 /01PrimeraInstancia/C01Principal/01Cno1raInstanciaAntecedentesAdmin/CC2010875495.pdf 12 Página 24 /01PrimeraInstancia/C01Principal/01Cno1raInstanciaAntecedentesAdmin/CC2010875495.pdfReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 70001 23 33 000 2018 00241 01 (1833-2022)

Demandante: Ángel del Cristo Díaz Padilla

45. Para la Sala resulta claro que el docente tuvo un vínculo durante este periodo, de carácter territorial, y no nacionalizado como lo indica n los certificados de tiempos de servicios de fecha 27 de noviembre de 2015, 14 de marzo de 2016, 23 de enero de 2017, 08 de agosto de 2017 y 28 de junio de 2018 expedido s por la

tiempos de servicios de fecha 27 de noviembre de 2015, 14 de marzo de 2016, 23 de enero de 2017, 08 de agosto de 2017 y 28 de junio de 2018 expedido s por la secretaria de educación de Sucre, dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador de Sucre, de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el acto de designación que actuara por instrucciones de dicho ministerio; y por otro lado, por cuanto pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha normativa, y menos aún se desprende del material probatorio aportado que la plaza ocupada por el señor Díaz Padilla haya sido objeto de nacionalización, como tampoco se avizora que los recursos fueran de aquellos para atender dicho proceso y que eran administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, conforme lo dispuso el artículo 6 de la ley en mención.

46. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual se acompasa con lo dispuesto en