CE - Sentencia 70001233300020250009501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: EDWIN ALFREDO GONZÁLEZ RANGEL - GERENTE DE

SALUD DEL FOMAG

Accionado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO Y

OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// acción de tutela contra auto que negó inaplicar sanción de multa en trámite de desacato. // se niega la petición de amparo pues se concluye que la decisión judicial cuestionada es razonable y fundada en el examen del material probatorio contenido en el expediente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderada judicial, el señor Edwin Alfredo González Rangel promovió acción de tutela contra el juzgado octavo administrativo oral de Sincelejo debido a que emitió providencias en sede de desacato dentro de otro proceso de amparo de derechos fundamentales. Con el fin de facilitar la comprensión de los antecedentes, en primer lugar, se explicarán el decurso procesal que llevó a la imposición de sanciones en sede de desacato, y en segundo lugar, se reseñarán los fundamentos de la tutela.

Antecedentes del proceso de tutela 70-001-33-33-008-2023-00106 y que llevó a

imposición de sanciones en sede de desacato, y en segundo lugar, se reseñarán los fundamentos de la tutela.

Antecedentes del proceso de tutela 70-001-33-33-008-2023-00106 y que llevó a que se profirieran las decisiones judiciales cuestionadas.

2. En el año 2023, la agente oficiosa de Jesús Torres Espinosa presentó acción de tutela contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, cuya vocería ejerce la fiduciaria la previsora S.A. y contra la Unión Temporal del Norte. Este proceso de tutela fue radicado con número 70-001-33-33-008-202300106 y correspondió al Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo. En providencia del 27 de junio de 2023, esa autoridad judicial amparó los derechos

fundamentales del agenciado y ordenó:

“PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor JESÚS TORRES ESPINOSA, frente a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NO RTE REGIÓN CINCO, conforme a lo expresado en la parte motiva.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y programe, para realizarse dentro de los diez (10) días siguientes, las valoraciones médicas con los profesionales en medicina interna, cirugía general y neurología, a fin de determinar los insumos o servicios que requiere el señor JESÚS TORRES ESPINOSA para su tratamiento, y en especial se pronuncien sobre la necesidad de pañales, alimento líquido y servicio de enfermería en el lugar de domicilio.

TERCERO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y entregue al señor JESÚS TORRES ESPINOSA, en caso de que no se haya hecho, los medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023 por medicina general. Así mismo, que suministre y garantice un tratamiento médico integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.

CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

médico integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.

CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO que informe a este Despacho del total acatamiento de las órdenes impartidas en la presente decisión, dentro del término de los dos (02) días siguientes de vencido el lapso otorgado, tal como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, so pena de incurrir en las sanciones allí establecidas.”

3. La decisión de amparo no fue impugnada. Además, indica que, durante el año 2023 se inició incidente de desacato contra las personas en cargadas del cumplimiento del fallo, entre ellos, el tutelante en esta oportunidad.

4. Manifiesta la parte actora que, mediante auto del 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo sancionó a Edwin González Rangel, puesto que se encontró que incumplió un fallo de tutela, en una acción constitucional promovida por María Torres Ucrós, agente oficioso de su padre, Jesús Torres

Espinosa.

5. Se indica que, el 3 de abril de 2025, la parte actora solicitó al despacho la reconsideración de la inaplicación de la sanción, en esa ocasión se acompañó la petición de soportes del cumplimiento del fallo de tutela. Adicionalmente, se adujo que, la agente oficiosa de la parte actora dentro del proceso de tutela, María Torres Ucrós, después de que se impuso la sanción de desacato en el grado jurisdiccional

que, la agente oficiosa de la parte actora dentro del proceso de tutela, María Torres Ucrós, después de que se impuso la sanción de desacato en el grado jurisdiccional de consulta contra Edwin González, desistió de la petición de desacato, pues a la postre informó que se cumplió el fallo.

6. Resultado de lo anterior, el 26 de noviembre de 2024, Edwin Alfredo González presentó una nueva petición al juzgado octavo administrativo del circuito de Sincelejo, con el fin de solicitar que se “inaplicara” la sanción de desacato.

7. El 24 de julio de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo profirió un auto en el que resolvió la petición de “inaplicación” de la medida de desacato. En el auto, la autoridad judicial argumentó que no accedería a la petición de inaplicación de la sanción de desacato pues, en efecto, dicha autoridad judicial profirió una decisiónRadicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

de amparo el 27 de junio de 2023 en la que se profirieron órdenes contra el FOMAG. Reseñó que, en varias oportunidades, el juzgado requirió al FOMAG para que cumpliera la determinación y que ello llevó a que, en sede de grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmara la sanción de desacato, y que solo después de que esta se confirmó, la autoridad accionada cumplió la orden judicial. La providencia de 24 de julio de 2025 concluyó:

de consulta, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmara la sanción de desacato, y que solo después de que esta se confirmó, la autoridad accionada cumplió la orden judicial. La providencia de 24 de julio de 2025 concluyó:

“De acuerdo con los argumentos expuestos esta unidad procesal considera que no tiene competencia para modificar la decisión tomada, así como tampoco puede aceptar la solicitud de desistimiento conforme a que considera que en esta etapa procesal no resulta oportuno desistir del incidente de desacato cuando ya el proceso terminó e incluso se resolvió una solicitud de inejecución posterior a la consulta y fueron interpuestas dos acciones de tutela contra el despacho por los mismos hechos las cuales fueron negadas, al punto que se ha movido el aparato judicial a sabiendas que existen dos decisiones en su contra, reiterando el despacho que la entidad fue renuente al cumplimiento del fallo en su momento y por ese motivo se hizo acreedor de la multa que le fue impuesta”1.

Fundamentos jurídicos del escrito de tutela.

8. La parte accionante sostiene que, a pesar de que el fallo de tutela ya se cumplió y que la accionante en ese proceso desistió de la solicitud de desacato, se mantiene la sanción de multa. Se reprocha que, el despacho reitera su postura de no aplicar la sanción impuesta, lo cual es contraria a las posturas de los órganos de cierre en las distintas jurisdicciones.

9. Sostuvo que el auto de 24 de julio de 2025 desconoce el precedente de la Corte Constitucional y de otras corporaciones judiciales según los cuales, las sanciones de desacato si pueden ser revocadas cuando la sentencia resulta observada.

9. Sostuvo que el auto de 24 de julio de 2025 desconoce el precedente de la Corte Constitucional y de otras corporaciones judiciales según los cuales, las sanciones de desacato si pueden ser revocadas cuando la sentencia resulta observada.

Reprochó del juez de primera instancia que negara su petición de inaplicar la sanción de desacato argumentando que el Tribunal Administrativo de Sucre la confirmó en el grado jurisdiccional de consulta. Recordó autos A-136 A de 2002 y Auto 032 de 2011, ambos de la Corte Constitucional, en los que se señaló que el juez de primera instancia, es el que conserva la determinación de imponer desacatos.

10. Igualmente recordó decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las que, en su criterio, se han revocado decisiones de desacato.

11. Solicitó que se declarara que la decisión de “negar la petición de inaplicar la medida sancionatoria constituye una vía de hecho atendiendo la acreditación por medio probatorio condicente y pertinente del cumplimiento del fallo de tutela en proceso 70-001-33-33-008-2023-00106. En consecuencia, se debe dejar sin efecto las sanciones impuestas por parte del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo”2. 1 Folio 42, Anexo al escrito de tutela. Indice samai 2. 2 Folio 12 del escrito de tutela, Indice samai 2.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Trámite de la tutela

12. La acción de tutela fue repartida en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Sucre, autoridad judicial que, admitió la petición y vinculó a la autoridad judicial accionada.

13. El juzgado accionado intervino y explicó que el escrito de amparo no satisface los requisitos de procedencia de tutela contra providencias, puesto que: (i) el actor ha realizado la misma petición de protección constitucional en dos ocasiones y la misma le ha sido negada por el Tribunal Administrativo de Sucre y por el Consejo de Estado; (ii) la sanción de desacato impuesta en instancia y confirmada en grado jurisdiccional de consulta, se produjo luego del incumplimiento reiterado del fallo de tutela; (iii) el tutelante, Edwin Alfredo González, ha presentado 18 solicitudes en el mismo sentido, es decir, que inapliquen las sanciones de desacato, pues cumplió el fallo y es irrelevante que lo haya cumplido después de impuesta la sanción en sede de grado de jurisdiccional de consulta.

14. Agregó; (iv) la petición de desistimiento suscrita por la actora dentro de la tutela 2023-0106 resultaba extemporánea pues, la misma se produjo tiempo después de que ya se habían confirmado la sanción de desacato; (v) argumentó que el cumplimiento del fallo de tutela fue tardío, parcial y discontinuo, lo que justifica plenamente la negativa a levantar la sanción; (vi) por último esbozó que la providencia cuestionada no incurrió en ninguna vulneración al derecho al debido

cumplimiento del fallo de tutela fue tardío, parcial y discontinuo, lo que justifica plenamente la negativa a levantar la sanción; (vi) por último esbozó que la providencia cuestionada no incurrió en ninguna vulneración al derecho al debido proceso y la sanción impuesta a Edwin Alfredo G onzález fue el resultado del cumplimiento de la Constitución y la Ley.

Sentencia de tutela de primera instancia

15. En fallo de 11 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre declaró improcedente la petición de amparo. Examinó la solicitud de protección formulada a la luz del precedente de la Corte Constitucional referido a la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámites de desacato. Puntualmente la Sentencia SU-034 de 2018 y los requisitos específicos de procedencia de tutela contra este tipo de providencias.

16. En el caso concreto, el Tribunal concluyó que no satisfacía la carga argumentativa mínima puesto que, en el escrito de tutela introdujo documentos que no fueron allegados al Juzgado Octavo Administrativo al momento de solicitar la inaplicación de la sanción de desacato. La sentencia recordó que, según l a Sentencia SU-034 de 2018, en casos de tutela contra decisiones de desacato “En la acción de tutela no se pueden allegar ni solicitar pruebas que no hayan sido valoradas en el incidente de desacato”. Por lo anterior, concluyó:

“En este caso, el accionante presentó documentos que no fueron aportados oportunamente en el trámite incidental. El juzgado no valoró dichas pruebas en su momento, y no corresponde al juez constitucional hacerlo en sede de tutela.

“En este caso, el accionante presentó documentos que no fueron aportados oportunamente en el trámite incidental. El juzgado no valoró dichas pruebas en su momento, y no corresponde al juez constitucional hacerlo en sede de tutela. Por tanto, este requisito también se considera incumplido”3. 3 Indice samai 2. Certificado 512155F51A81889D 0A3960E77323886D 1B907922D39D1643 539884DA75903E66 . Folio 8Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

17. Adicionalmente indicó que el escrito de tutela no satisface el requisito relacionado con que se argumente la configuración de una causal de procedencia específica.

Recurso de impugnación

18. En el recurso, la apoderada de la parte actora indicó que existen hechos que deben ser tenidos en cuenta en segunda instancia. Señaló que, el 3 de abril “se remite respuesta al despacho solicitando la reconsideración de la inaplicación con los soportes que permiten identificar el cumplimiento de la orden”. El 22 de noviembre de 2024, se remitió al despacho del juez octavo administrativo la comunicación informando el desistimiento de la acción por el cumplimiento de los servicios a su padre.

19. Reiteró los argumentos del escrito de amparo, respecto al cumplimiento de la sentencia de tutela, y en esa medida, de la arbitrariedad de la decisión de inaplicar la medida de desacato. Afirmó que la decisión atacada incurrió en un defecto

sentencia de tutela, y en esa medida, de la arbitrariedad de la decisión de inaplicar la medida de desacato. Afirmó que la decisión atacada incurrió en un defecto sustantivo, aunque no explica las razones para tal afirmación, y reitera que, además, el juzgado octavo administrativo incurrió en un desconocimiento del precedente, pues dentro del expediente reposa prueba de que la parte actora dentro de la tutela 2023-00106 presentó solicitud de desistimiento del incidente de desacato. Afirmó: “Resulta incongruente entonces que el despacho le da plena validez al accionante cuando manifiesta que existe un incumplimiento y no cuando manifiesta que la entidad está dando cabal cumplimiento a la orden”4.

CONSIDERACIONES

Competencia

20. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en segunda instancia, conforme el artículo 33 del decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

21. En su respuesta a esta acción de tutela, el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo indicó que, el actor ha formulado otras peticiones de amparo dirigidas al mismo objetivo, es decir, la inaplicación de la sanción de multa impuesta mediante auto de 19 de diciembre de 2023. El juzgado referenció que, en al menos dos oportunidades, jueces constitucionales han resuelto acciones de tutela suscritas por Edwin Alfredo González Rangel en las que ataca decisiones proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo que negaron peticiones de inaplicación de la sanción de multa. Sin embargo, examinado el expediente, se verifica que una acción de

Edwin Alfredo González Rangel en las que ataca decisiones proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo que negaron peticiones de inaplicación de la sanción de multa. Sin embargo, examinado el expediente, se verifica que una acción de tutela con, aparentemente, hechos similares y las mismas partes fue resuelta dentro del radicado 70-001-23-33-000-2024-00145-01, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del pasado 7 de noviembre de 2024. Por lo 4 Folio 7 del escrito de impugnación.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

anterior, en primer lugar, deberá examinarse como primer problema jurídico, si se presentó cosa juzgada constitucional.

22. En caso de que llegue a descartarse la cosa juzgada constitucional, como segundo problema jurídico se deberá establecer si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en atención a la especial situación de que se trata de una acción de tutela contra un auto que resolvió una petición de “inaplicación” de una sanción de desacato resuelta en primera y grado jurisdiccional de consulta. En caso de resolver positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.

23. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la Sección reiterará el precedente constitucional sobre; (i) la cosa juzgada en materia de acción

interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.

23. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la Sección reiterará el precedente constitucional sobre; (i) la cosa juzgada en materia de acción de tutela, y (ii) procedencia de tutela contra providencias proferida en el trámite de desacato. En caso de superar los estadios previos, se resolverá el caso concreto.

Cosa juzgada en acción de tutela

24. En reciente sentencia T-504 de 2024, la Corte Constitucional reiteró que la cosa juzgada constitucional en los procesos referidos a acciones de tutela se debe estudiar en aquellos eventos en los que “ se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa”. Esta triple identidad, en criterio de esta corporación, se

verifica cuando:

Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.”

25. De lo anterior, se deduce que, por regla general, los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional cuando la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, cuando queda ejecutoriada la

25. De lo anterior, se deduce que, por regla general, los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional cuando la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este tribunal.”5 . El examen de los requisitos de la cosa juzgada constitucional, en todo caso, debe analizarse caso a caso, pues basta con que concurra un hecho nuevo para que pueda desvirtuarse la triple identidad 6. De igual manera, cuando se demuestra que en el proceso anterior “no se ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez”7 En estos eventos excepcionales, el juez constitucional queda habilitado para que realice un pronunciamiento de fondo.

5 Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023. 6 Sentencia SU-128 de 2024 que, a su vez, se refirió a la sentencia SU-027 de 2021. 7 Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2023.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Examen de la cosa juzgada en el caso concreto

26. Se examinará si se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Respecto a los hechos, esta subsección encuentra que, conforme a las piezas procesales que allegaron las partes al expediente de tutela, en el año 2023, la agente oficiosa de Jesús Torres Espinosa promovió acción de tutela contra el

Respecto a los hechos, esta subsección encuentra que, conforme a las piezas procesales que allegaron las partes al expediente de tutela, en el año 2023, la agente oficiosa de Jesús Torres Espinosa promovió acción de tutela contra el FOMAG. En decisión de 27 de junio de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó:

SEGUNDO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y programe, para realizarse dentro de los diez (10) días siguientes, las valoraciones médicas con los profesionales en medicina interna, cirugía general y neurología, a fin de determinar los insumos o servicios que requiere el señor JESÚS TORRES ESPINOSA para su tratamiento, y en especial se pronuncien sobre la necesidad de pañales, alimento líquido y servicio de enfermería en el lugar de domicilio.

TERCERO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO, que dentro de los dos los medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023 por medicina general. Así mismo, que suministre y garantice un tratamiento médico integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.

dentro de los dos los medicamentos ordenados el 4 de mayo de 2023 por medicina general. Así mismo, que suministre y garantice un tratamiento médico integral continuo y permanente, atendiendo las patologías que padece.

CUARTO. Ordenar a la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO que informe a este Despacho del total acatamiento de las órdenes impartidas en la presente decisión, dentro del término de los dos (02) días siguientes de vencido el lapso otorgado, tal como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, so pena de incurrir en las sanciones allí establecidas (2) días sigui entes, contados a partir de la notificación de esta sentencia, autorice y entregue al señor JESÚS TORRES ESPINOSA, en caso de que no se haya hecho.

27. El 25 de agosto de ese mismo año, la agente oficiosa del actor inició incidente de desacato contra la entidad accionada. El incidente se resolvió el 19 de diciembre de 2023 y se declaró que Edwin Alfredo González Rangel, en su calidad de gerente del área de salud de Fomag incurrió en desacato al fallo de tutela. La decisión fue confirmada tras grado jurisdiccional de consulta, en auto de 1 de marzo de 2024. Se impuso como sanción una multa de un salario mínimo mensual vigente.

28. Según la información que reposa en el expediente8, desde que se impuso el desacato en sede de primera instancia, desde el 16 de enero de 2024, pero,

28. Según la información que reposa en el expediente8, desde que se impuso el desacato en sede de primera instancia, desde el 16 de enero de 2024, pero, después de que se confirmó el desacato en grado jurisdiccional de consulta, la Fiduprevisora S.A. de manera reiterada ha dirigido escritos al Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo en el que ha solicitado que se inaplique la sanción. Se relacionan escritos del 31 de marzo de 2024, el 1 de abril de 2024, el 3 de abril de 2024, el 25 de abril de 2024, y el 16 de agosto de 2024. Según el escrito de 8 Folio 44 y subsiguientes del anexo del escrito de amparo.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

contestación de la tutela, el actor ha presentado 9 solicitudes de inaplicación de la sanción de desacato.

29. Las mismas fueron resueltas el 30 de agosto de 2024, pues “el juzgado octavo administrativo oral de Sincelejo emitió respuestas a las solicitudes de inaplicación y/o revocatoria de la sanción de multa dictada en el incidente de desacato”9. Dentro del radicado 2024-00145-00, el 4 de septiembre de 2024, Edwin Alfredo González Rangel presentó acción de tutela (2024 -00145-00) contra el Juzgado Octavo Administrativo solicitando que “se dejara sin efecto las sanciones interpuestas

Rangel presentó acción de tutela (2024 -00145-00) contra el Juzgado Octavo Administrativo solicitando que “se dejara sin efecto las sanciones interpuestas contra su persona por el incumplimiento del fallo de tutela con radicado 70-001-3333-008-2023-00106 el cual fue proferido (sic) el despacho”. Esa petición de amparo fue negada mediante sentencia del 18 de septiembre de 2024, por Tribunal Administrativo de Sucre10 y confirmado en segunda instancia en sentencia del 7 de noviembre proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

30. Dentro del sub lite, en esta ocasión, se verifica que el actor, después del fallo de tutela de 7 de noviembre de 2024 proferido dentro de la tutela radicada con número 2024-0045-01, resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado, el 21 de noviembre de 2024, el mismo actor presentó una nueva petición de inaplicación de la sanción de desacato, acompañada de una solicitud de desistimiento de desacato suscrita por la agente oficiosa del paciente y tutelante, Jesús Torres Espinosa. Esa petición fue resuelta negando la petición de inaplicación de la sanción de desacato y se negó la solicitud de desistimiento suscrita por la parte actora, en auto de 24 de julio de 202511.

31. Examinado el expediente12, se verifica que, en efecto, Edwin Alfredo González Rangel, en su condición de Gerente de Salud del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ha solicitado en varias ocasiones la inaplicación de una sanción impuesta dentro del trámite de desacato para el

Rangel, en su condición de Gerente de Salud del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ha solicitado en varias ocasiones la inaplicación de una sanción impuesta dentro del trámite de desacato para el cumplimiento del fallo de 27 de junio de 2023, proferido dentro del radicado de tutela 2023-00106-00 adelantado por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo. Ello ha llevado que se profiera al menos otro fallo de tutela relacionado con la misma petición de inaplicación de la sanción de multa. Ello es verificable dentro del radicado 70001-23-33-000-2024-00145-01, y que, según la contestación de tutela suscrita por la autoridad judicial accionada, fue resuelta en sentenci a del 7 de noviembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

32. Por lo anterior, en punto a la solución del primer problema jurídico formulado en este acápite, se descartará que exista cosa juzgada constitucional entre la acción de tutela radicada con numero 2024-00145-01 y la sub-lite.

9 Citado en folio 44 del anexo del escrito de tutela. 10 Folio 9 del escrito de contestación de tutela. 11 Folio 42 y subsiguientes del escrito de tutela. 12 Contestación de la acción de tutela suscrita por el Juez Octavo Administrativo de Sincelejo. Anexo

1. Folio 9 y subsiguientes.Radicación número: 70001-23-33-000-2025-00095-01

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Accionante: Edwin Alfredo González Rangel Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo Referencia: Segunda instancia acción de tutela

33. Si bien en las dos acciones de tutela se examinaron decisiones proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo en las que se negó la petición de inaplicación de la sanción de desacato, se verifica que en la sentencia de noviembre de 2024 se examinó una decisión de 30 de agosto de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada, mientras en esta ocasión de ataca una providencia de 24 de julio de 2025. En este punto debe aclararse que en el escrito de amparo que actualmente se estudia, la parte actora equivocadamente, en el acápite de pretensiones si enuncia cuestionar una decisión de 30 de agosto, sin embargo, si se examina el contenido de toda la petici