CE - Sentencia 73001233100020070008802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025) o (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: OLIVA VARGAS CHAGUALA Y OTRO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos. Valor probatorio de informes de policía y militares, de las versiones rendidas sin apremio de juramento y de la información contenida en los sitios oficiales de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. Obligación del Estado de iniciar ex officio investigaciones penales. Importancia de las primeras etapas de la investigación penal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de l Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 29 de noviembre de 2006 , entre las 9:30 y las 10:30 a.m., en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico”, tropas de la Móvil 8 del Ejército Nacional pusieron fin a la vida de Avelino Rada Vargas, cuando este se encontraba

ejecución de la orden de operaciones “Nórdico”, tropas de la Móvil 8 del Ejército Nacional pusieron fin a la vida de Avelino Rada Vargas, cuando este se encontraba recolectando café en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima.

Las demandantes consideran que la muerte de Avelino Rada Vargas constituye una falla presunta en la prestación del servicio de las fuerzas militares, porque fue ocasionada con armas de dotación oficial, disparadas en forma imprudente e irresponsable por soldados del Ejército Nacional.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de marzo de 200 71, Oliva Vargas Chaguala , en nombre propio y en representación de su hija, Sandra Milena Rada Vargas, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le d eclarara patrimonialmente responsable por la muerte de Avelino Rada Vargas.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicio moral, 100 SMLMV para Oliva Vargas Chaguala y 50 SMLMV para Sandra Milena Rada Vargas; por alteración a las condiciones de existencia, 1000 SMLMV para Oliva Vargas Chaguala y 500 SMLMV para Sandra Milena Rada Vargas; y por daño s materiales , la suma que se demuestre en el trámite jurídico procesal.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de noviembre

Milena Rada Vargas; y por daño s materiales , la suma que se demuestre en el trámite jurídico procesal.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 9.30 a.m., en la vereda Maracaibo del municipio de Rioblanco – Tolima, murió el soldado Nemesio Vargas y quedó herido el soldado Rober Henao Liscano. Igualmente, resultaron muertos Eresmildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero y Avelino Rada Vargas , q uienes se encontraban recolectando café en la finca Buenos Aires.

Resalta que la fuerza militar adjudicó estos hechos a un enfrentamiento entre tropas adscritas a la Brigada Móvil 8 del Ejercito Nacional y una cuadrilla de guerrilleros de las FARC.

Señala que, en fecha no especificada, los mencionados hechos fueron denunciados ante los órganos de Derechos Humanos, la opinión pública nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Tolima y la Personería y Alcaldía de Rioblanco, como muertes producidas en una situación de fuego amigo, en la que se enfrentaron tropas del Ejército Nacional.

1 Fl. 24 a 36, C.1.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

3 Advierte que el 4 de diciembre de 2006, entre el Secretario Ejecutivo de la Alcaldía de Rioblanco, la Asesora de Paz Departamental del Tolima, un representante de la Defensoría del Pueblo , un representante de Acción Social, el Personero de

de Rioblanco, la Asesora de Paz Departamental del Tolima, un representante de la Defensoría del Pueblo , un representante de Acción Social, el Personero de Rioblanco, el Promotor de Desarrollo Comunitario Municipal de Rioblanco y una delegada del Comité de Atención a la Población Desplazada Municipal, suscribieron el Acta No. 5 en la que se denunciaron los atropellos ocurridos a las comunidades por parte de la Unidad Móvil No. 8 del Ejército Nacional.

Las demandantes consideran que la muerte de Avelino Rada Vargas constituye una falla presunta en la prestación del servicio de las fuerzas militares , porque fue ocasionada con armas de dotación oficial, disparadas en forma negligente e irresponsable por soldados del Ejército Nacional al enfrentarse entre sí mismos.

2. Contestación

El 11 de abril de 20072, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 afirmó que no le constaban los hechos de la demanda y, en tal sentido, se atenía a lo que resultara probado. Señaló que las afirmaciones de la parte actora no tenían soporte probatorio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de febrero de 20094 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. Los extremos jurídico procesales y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término del traslado para presentar las alegaciones finales5.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. Los extremos jurídico procesales y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término del traslado para presentar las alegaciones finales5.

2 Fl. 38, C.1. 3 Fl. 53 a 56, C.1. 4 Fl. 65, C.2. 5 Fl. 65Rv., C.2.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

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4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 20 de agosto de 20136 el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en la existencia de un daño antijurídico, consistente en la muerte de Avelino Rada Vargas, y en su imputación, por falla en la prestación del servicio de las fuerzas militares. En este sentido, determinó que los miembros del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada Móvil No. 8 no hicieron un uso legítimo de sus armas de fuego y que su comportamiento contravino de manera evidente las obligaciones constitucionales y legales que regulaban su actuación.

Al efecto, el a quo estimó que, a pesar de que los informes militares indicaban que las víctimas eran combatientes, la investigación penal rebatió esta versión, señalando que Avelino Rada Vargas era un civil que estaba trabajando en el campo al momento del ataque. Consideró demostrado que el uso de la fuerza por parte del Ejército fue desproporcionado y que no se tomaron las precauciones necesarias para proteger a los civiles.

al momento del ataque. Consideró demostrado que el uso de la fuerza por parte del Ejército fue desproporcionado y que no se tomaron las precauciones necesarias para proteger a los civiles.

En la parte resolutiva e l Tribunal Administrativo de l Tolima condenó a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para Oliva Vargas Chaguala (madre) y 50 SMLMV para Sandra Milena Rada Vargas (hermana); y por perjuicios materiales – lucro cesante, $57.883.641.03 para Oliva Vargas Chaguala.

5. Recurso de apelación

El 11 de septiembre de 20137 la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 18 de octubre de 20138 y admitido el 9 de diciembre del mismo año9.

5.1. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional afirmó que los daños y perjuicios sufridos por las demandantes a raíz de la muerte de Avelino Rada Vargas no le

6 Fl. 219 a 237, C.5. 7 Fl. 241 a 251, C.5. 8 Fl. 257 a 258, C.5. 9 Fl. 277, C.5.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

5 podían ser atribuidos, porque las pruebas apuntaban a la culpa exclusiva de la víctima en la realización del daño, lo que consideraba una evidencia del rompimiento de la relación de causalidad entre este y la actuación militar. Afirmó que la presunta

podían ser atribuidos, porque las pruebas apuntaban a la culpa exclusiva de la víctima en la realización del daño, lo que consideraba una evidencia del rompimiento de la relación de causalidad entre este y la actuación militar. Afirmó que la presunta falla del servicio no fue la causa eficiente del daño, sin o que lo fue la conducta contraria a la ley de las víctimas.

Adicionalmente, la entidad demandada señal ó que en el expediente no exist ía prueba idónea que dem ostrara que hubo alguna acción u omisión de las fuerzas militares relacionada directamente con el daño antijurídico causado a las demandantes.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de febrero de 201410 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término del traslado11.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del Tolima, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 12, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo.

10 Fl. 279, C.5. 11 Fl. 280, C.5.

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo.

10 Fl. 279, C.5. 11 Fl. 280, C.5. 12 La pretensión mayor de la demanda se estima en 15 00 SMLMV por alteración a las condiciones de existencia, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

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2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8613 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa

• Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio14.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

que, por ende, debe examinarse de oficio14.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 15, estableció unos plazos para poder ejercer

13 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trab ajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación d e la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se

auto admisorio de la demanda, o en la contestación d e la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 15 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempoRadicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

7 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 16, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de ca rácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilid ad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 16 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionad o legalmente a que la

16 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionad o legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridosRadicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

8 como una sanción ipso iure 17 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia18, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para

administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado19 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa 20, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la partic ipación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

17 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la juri sdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

9 Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

9 Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Avelino Rada Vargas tuvo lugar el 29 de noviembre de 2006, según consta en la copia auténtica de su registro civil de defunción21; y ii) que la demanda se presentó el 22 de marzo de 2007 , es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis22.

4.1. Oliva Vargas Chaguala (madre) y Sandra Milena Rada Vargas (hermana), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimadas en la causa por activa, en razón a que conforma ban el núcleo familiar de Avelino Rada Vargas (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario23.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente

familiar de Avelino Rada Vargas (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario23.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la muerte de Avelino Rada Vargas.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la muerte de Avelino Rada Vargas es atribuible al hecho o culpa de la víctima, o si, por el contrario, ella resulta imputable a la Nación

21 Fl. 6, c.1. 22 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.” 23 Fl. 4 a 5, C.1.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

10 – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre: i) la responsabilidad del Estado , ii) la responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos y por el uso de la s armas de fuego y iii) el hecho o culpa exclusiva de la víctima.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos y por el uso de la s armas de fuego y iii) el hecho o culpa exclusiva de la víctima.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 24 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 25, que contraría el orden legal 26 o que está desprovista de una causa que la justifique27, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida28, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

24 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 26 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de no viembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 28 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Ita lia.Radicación: 73001233100020070008802 (49112)

Demandante: Oliva Vargas Chaguala y otros

11 La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las carga s públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros29.

jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las carga s públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros29.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos – y por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Reiteración jurisprudencial

De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya no participan en la confrontación con el Estado.

En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protecci ón por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad 30, pero que exigen del Estado la obligación de

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 30 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 30 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionale s sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera - ha tenido oportunidad de pronunciars