CE - Sentencia 73001233100020080041101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: LILIANA ARANGO TORRES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y OTROS

Tema: Responsabilidad médica del Estado. Falla en la prestación del servicio médico – asistencial. Muerte de menor de edad.

Diagnóstico de cáncer y procedimiento de desarticulación de cadera. Límites al recurso de apelación y variación de la causa petendi. Impos ibilidad de estudiar el fondo del asunto. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

En octubre de 2005, el menor Iván Humberto Mogollón Arango, sufrió un golpe en su rodilla derecha mientras se encontraba en el colegio. El mes siguiente, el estudiante presentó fuertes dolores en su extremidad por lo cual su madre lo llevó al Hospital “Federico Lleras Acosta” de la ciudad de Ibagué (Tolima). Estando allí,

estudiante presentó fuertes dolores en su extremidad por lo cual su madre lo llevó al Hospital “Federico Lleras Acosta” de la ciudad de Ibagué (Tolima). Estando allí, el menor fue valorado por un médico ortopedista y traumatólogo de esa institución quien le ordenó la práctica de unos exámenes y le recetó unos medicamentos. Una vez obtenidos los resultad os y ante la sospecha de un osteosarcoma, el médico tratante le ordenó una resonancia magnética, la cual debía realizarse en Bogotá D.C. Así las cosas, el 15 de diciembre de 2005, una médica oncóloga adscrita a SALUDCOOP EPS diagnosticó al paciente con “osteosarcoma convencional de altoRadicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

2 grado tipo osteoblástico diafisario, metafisario y epifisiario de fémur derecho” y ordenó practicarle una desarticulación de cadera, inclusive antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia.

El citado procedimiento se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2005 y, a partir de ese momento, el paciente inició un tratamiento consistente en ocho ciclos de quimioterapia. Desde enero hasta junio de 2006 se llevaron a cabo los ciclos de quimioterapia ordenados por la médico tratant e. No obstante, lo anterior, el 24 de julio siguiente, el menor sufrió una recaída por lo cual fue llevado por su madre al Hospital “Federico Lleras Acosta” donde fue valorado por el cuerpo médico de la institución. Allí, los galenos determinaron que la en fermedad que este padecía se

julio siguiente, el menor sufrió una recaída por lo cual fue llevado por su madre al Hospital “Federico Lleras Acosta” donde fue valorado por el cuerpo médico de la institución. Allí, los galenos determinaron que la en fermedad que este padecía se encontraba en fase terminal y ordenaron su “traslado” a la casa para cuidados paliativos. Finalmente, el 29 de julio de 2006, Iván Humberto Mogollón Arango falleció.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Salud, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué – Institución Educativa “Germán Pardo García”, la ESE Hospital “Federico Lleras Acosta” , SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar son patrimonialmente responsables por la muerte de Iván Humberto Mogollón Arango, pues aducen que esta se debió a “la negligente, incuriosa e imperita atención médica y hospitalaria que se le brindó al menor”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 30 de julio de 20081, Oscar Humberto Mogollón González y Liliana Arango Torres, en nombre propio y en representación de Luz Adriana Mogollón Arango, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Salud (en adelante el “Ministerio de Salud”), el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué – Institución Educativa “Germán Pardo García” (en adelante el “municipio de Ibagué” ), la ESE Hospital

1 Fl. 59 a 82, C.1.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

1 Fl. 59 a 82, C.1.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

3 “Federico Lleras Acosta” (en ad elante el “ Hospital Federico Lleras Acosta ”), SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar, para que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte del menor Iván Humberto Mogollón Arango, ocurrida el 29 de julio de 2006.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las accionadas a pagar, por perjuicios morales, 300 SMMLV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida en relación, 600 SMLMV a cada uno de los accionantes; y por perjuicios materiales, la suma que resulte probada en el proceso a Oscar Humberto Mogollón González y Liliana Arango Torres

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en octubre de 2005, el menor Iván Humberto Mogollón Arango sufrió un golpe en su rodil la derecha mientras se encontraba en el colegio - Institución Educativa “Germán Pardo García”.

Señala que, el mes siguiente, el estudiante presentó fuertes dolores en su extremidad por lo cual su madre lo llevó al Hospital “Federico Lleras Acosta” de la ciudad de Ibagué (Tolima).

Resalta que, estando en el referido centro asistencial, el menor fue valorado por un médico ortopedista y traumatólogo quien le ordenó la práctica de unos exámenes y le recetó unos medicamentos.

Indica que, una vez obtenidos los resultados y ante la sospecha de un

médico ortopedista y traumatólogo quien le ordenó la práctica de unos exámenes y le recetó unos medicamentos.

Indica que, una vez obtenidos los resultados y ante la sospecha de un osteosarcoma, el médico tratante le ordenó una resonancia magnética, la cual debía realizarse en la ciudad de Bogotá D.C.

Sostiene que, el 15 de diciembre de 2005, una médica oncóloga adscrita a SALUDCOOP EPS diagnosticó al paciente con “osteosarcoma convencional de alto grado tipo osteoblástico diafisario, metafisario y epifisiario de fémur derecho” y ordenó realizarle una desarticulación de cadera, inclusive antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia.

Manifiesta que dicho procedimiento se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2005 y, aRadicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

4 partir de ese momento, el menor inició un tratamiento consistente en ocho ciclos de quimioterapia.

Indica que, desde enero hasta junio de 2006 se llevaron a cabo los ciclos de quimioterapia ordenados por la médico tratante.

Destaca que, no obstante, lo anterior, el 24 de julio siguiente, el menor sufrió una recaída por lo cual fue llevado por su madre al Hospital “Federico Lleras Acosta” donde fue valorado por galenos de la institución quienes determinaron que la enfermedad que este padecía se encontraba en fase terminal. Por ello, ordenaron su “traslado” a la casa para cuidados paliativos.

donde fue valorado por galenos de la institución quienes determinaron que la enfermedad que este padecía se encontraba en fase terminal. Por ello, ordenaron su “traslado” a la casa para cuidados paliativos.

Finalmente, concluye que, el 29 de julio de 2006, el menor Iván Humberto Mogollón Arango falleció.

Los accionantes consideran que el Ministerio de Salud, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué, el Hospital “Federico Lleras Acosta”, SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar son patrimonialmente responsables por la muerte de Iván Humberto Mogollón Arango, pues aducen que esta se debió a “la negligente, incuriosa e imperita atención médica y hospitalaria que se le brindó al menor”.

Textualmente, la parte actora expuso: “[...] Declárese que […] son administrativa y solidariamente responsables, como consecuencia directa de la negligente, incuriosa, imperita y, desidia y tardía atención médica y hospitalaria que se le brindó al niño Iván Humberto Mogollón Arango que le provocaron la muerte el 29 de julio de 2006, después de haberle ordenado la salida del Hospital para que fuera a morir a su casa paterna”.

2. Contestaciones

El 28 de agosto de 20082, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.

2 Fl. 88, C.1.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

5 2.1. El Ministerio de Salud 3 se opuso a las pretensiones de la demanda,

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

5 2.1. El Ministerio de Salud 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no tuvo ninguna injerencia en su causación. Por ello, formuló como excepciones las de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y la innominada.

2.2. El departamento del Tolima 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que no tuvo injerencia en la causación del daño. En sustento, afirmó que dentro de sus obligaciones constitucionales y legales no estaba la de prestación del servicio médico. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, “inexistencia de presupuestos para declarar la responsabilidad” y la genérica.

2.3. El municipio de Ibagué 5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que no se acreditó la falla del servicio que le fue endilgada. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

2.4. El hospital Federico Lleras Acosta6 se opuso a las pretensiones de la demanda, resaltando que no incurrió en ninguna falla del servicio, pues sus médicos emplearon todos los medios que tenían a su alcance para preservar la salud e integridad del paciente. Indicó, además, que la muerte del menor se debió a la enfermedad que padecía de modo que causalmente esta no le era imputable. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de obligación

integridad del paciente. Indicó, además, que la muerte del menor se debió a la enfermedad que padecía de modo que causalmente esta no le era imputable. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de obligación indemnizatoria”, “inexistencia de nexo causa l”, “inexistencia de responsabilidad” y “cobro de lo no debido”.

2.5. SALUDCOOP EPS 7 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que la muerte del menor no le era imputable, toda vez que esta ocurrió como consecuencia de la enfermedad que est e padecía. Asimismo, indicó que garantizó

3 Fl. 371 a 407, C.2. 4 Fl. 418 a 432, C.2. 5 Fl. 157 a 164, C.1. 6 Fl. 194 a 198, C.1. 7 Fl. 105 a 186, C.1.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

6 la prestación del servicio y que sus médicos adoptaron todos los medios para preservar la salud del paciente. Formuló como excepciones las que denominó “cumplimiento de la lex artis”, “inimputabilidad de responsabilidad”, “inexistencia de solidaridad” y la genérica.

2.6. Lylliam Patricia Montenegro Aguilar 8-9 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el fallecimiento del menor se debió a la grave enfermedad que este padecía. Adicionalmente, refi rió que como médica oncóloga actuó de conformidad con la lex artis y adoptó todos los medios que estaban a su alcance para preservar la salud del paciente. Formuló como excepciones las que

enfermedad que este padecía. Adicionalmente, refi rió que como médica oncóloga actuó de conformidad con la lex artis y adoptó todos los medios que estaban a su alcance para preservar la salud del paciente. Formuló como excepciones las que denominó “imposibilidad legal de condenar por su carácter particular”, “ausencia de causa para demandar”, “inexistencia de culpa”, “inexistencia de causalidad” y la genérica. A su turno, llamó en garantía a la sociedad ONCOMEDIC Ltda. 10, pues afirmó que dicha institución fue quien realizó los ciclos de quimioterapia al menor.

2.7. La sociedad ONCOMEDIC Ltda. 11, llamada en garantía por Lylliam Patricia Montenegro Aguilar 12, afirmó que las actuaciones surtidas por la institución se adelantaron en procura de la salud del menor y, con estricta observancia a la lex artis y a la condición médica requerida por el paciente. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia d e justa causa para demandar”, “inexistencia de responsabilidad”, “cumplimiento de las obligaciones”, “inexistencia de nexo causal” la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de octubre de 201313 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8 La doctora Lylliam Patricia Montenegro Aguilar fue la médico oncóloga adscrita a SaludCoop EPS que valoró al paciente durante su enfermedad. 9 Fl. 337 a 358, C.1. 10 Fl. 1 a 3, C.3. 11 Fl. 24 a 35, C.3.

que valoró al paciente durante su enfermedad. 9 Fl. 337 a 358, C.1. 10 Fl. 1 a 3, C.3. 11 Fl. 24 a 35, C.3. 12 Mediante auto del 6 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo de l Tolima admitió el llamamiento en garantía formulado por Lylliam Patricia Montenegro sobre la sociedad ONCOMEDIC Ltda. (Fl. 6, C.3.). 13 Fl. 545, C.4.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

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3.1. La parte demandante 14, el Ministerio de Salud 15, el hospital “Federico Lleras Acosta”16, SALUDCOOP EPS 17, Lylliam Patricia Montenegro Aguilar 18 y ONCOMEDIC Ltda. 19, reiteraron lo expuesto en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.2. El departamento del Tolima, el municipio de Ibagué y el ministerio público, guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia 28 de abril de 201420, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, al constatar, en primera medida, que no se probó la falla en la prestación del servicio atestada a las demandadas. Asimismo, consideró que la muerte del menor no podía imputársele a las accionadas, pues esta se produjo como consecuencia de la grave patología que este presentaba.

Al efecto indicó lo siguiente: “[…] para la Sala una vez analizado el material probatorio obrante en el proceso, no se vislumbra una falla en la prestación del

esta se produjo como consecuencia de la grave patología que este presentaba.

Al efecto indicó lo siguiente: “[…] para la Sala una vez analizado el material probatorio obrante en el proceso, no se vislumbra una falla en la prestación del servicio médico, durante el tratamiento que se le siguió al menor derivado de un osteosarcoma, que es un tumor muy agresivo de crecimiento acelerado que normalmente hace metástasis al pulmón. Para la Sala, la causa determinante de la muerte fue la patología del menor, la cual, como antes se indicó, es agresiva y en no pocos casos – una enfermedad - terminal, sobre todo, cuando se ha producido metástasis al pulmón”.

14 Fl. 590, C.4. 15 Fl. 561 a 564, C.4. 16 Fl. 557 a 560, C.4. 17 Fl. 546 a 556, C.4. 18 Fl. 583 a 589, C.4. 19 Fl. 591 a 594, C.4. 20 Fl. 607 a 626, C.8.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

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5. Recurso de apelación

El 21 de mayo de 201421-22, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de julio de 201423 y admitido el 10 de octubre siguiente24.

5.1. La parte demandante 25 solicitó revocar la sentencia de primera instancia bajo el único argumento de que el paciente y su familia no fueron “preparados” para el procedimiento de desarticulación de cadera que le fue ordenado, pues lo único que

5.1. La parte demandante 25 solicitó revocar la sentencia de primera instancia bajo el único argumento de que el paciente y su familia no fueron “preparados” para el procedimiento de desarticulación de cadera que le fue ordenado, pues lo único que estos escucharon previo al deceso del menor es que este iba a morir.

Textualmente expuso: “[…] en el criterio del a quo, para él, para ‘Ivancito’ como portador de cáncer, el único remedio a la vista el único remedio que tenía era el de su muerte. Poco más o menos era lo que en vida le mencionaba la especialista a esta criatura. Dicho esto, la vía adecuada para solicitar la revocatoria del fallo, es la jurisprudencia que sobre el tema ha proferido la Sección Te rcera del Consejo de Estado26 y la doctrina – se cita una literatura médica sobre cuidados pediátricos quirúrgicos (evaluación y preparación quirúrgica, cadena de transmisión de confianza y evaluación psicológica)- […] Dentro del proceso quedó demostrado que el menor y su familia, no fueron preparados para intervención, ni la consecuencia posterior a la desmembración. Lo único que escuchó el menor antes del último día de su existencia es que se iba a morir, situación más perversa frente a un menor indefenso y una familia impotente, que lo único que quería era vivir y ayudar a su hijo.”

21 Fl. 630 a 632, C.8. 22 El término procesal para presentar el recurso de apelación corrió hasta el 21 de mayo de 2014, por lo cual el expediente ingresó para la concesión del recurso el dí a siguiente, esto es, el 22 de

22 El término procesal para presentar el recurso de apelación corrió hasta el 21 de mayo de 2014, por lo cual el expediente ingresó para la concesión del recurso el dí a siguiente, esto es, el 22 de mayo de 2014. De esta información da cuenta la respectiva constancia secretaria (Fl. 634, C.8.). 23 Fl. 635, C.8. 24 Fl. 640, C.8. 25 Fl. 630 a 632, C.8. 26 No se hace referencia a ningún antecedente proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Únicamente se cita: “Manuel de Jesús Rojas Salgado, La valoración probatoria en los casos de responsabilidad médica. Ed. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.”Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 18 de noviembre de 2014 27 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La E.S.E. Hospital departamental Mario Correa Rengifo y la E.S.E. Hospital Universitario del Valle Evaristo García , reiteraron l os argumentos expuestos en el transcurso de la primera instancia.

6.2. El Ministerio de Salud, SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

6.5. La parte demandante, el depar tamento del Tolima, el municipio de Ibagué, el hospital “Federico Lleras Acosta”, ONCOMEDIC Ltda. y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

6.5. La parte demandante, el depar tamento del Tolima, el municipio de Ibagué, el hospital “Federico Lleras Acosta”, ONCOMEDIC Ltda. y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) el contencioso administrativo, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi) la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la

27 Fl. 642, C.8.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

10 jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que 28 la competencia para conocer de los diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la

diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción).

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo introductorio29.

Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto de 200730, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que

existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto de derecho privado por un asunto litig ioso que en principio debería ser ventilado

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174. 29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.: 43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603. 30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

11 ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la responsabilidad de todos los accionados31.

De conformidad con lo anterior, el fuero de atracción implica, entonces, que el juez administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con

en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra “entidad” privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”32

Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida33.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo uniforme y reiterado , como se hizo, por ejemplo, en la reciente decisión proferida el 11 de agosto de 2025 34, donde se afirmó que para la procedencia del

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo uniforme y reiterado , como se hizo, por ejemplo, en la reciente decisión proferida el 11 de agosto de 2025 34, donde se afirmó que para la procedencia del

31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-0207601. 32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714. 33 Ibídem. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsecció n C. Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 56489.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

12 fuero atracción es mandatorio que i) la demanda y las pretensiones se hayan elevado de manera concurrente frente a las entidades públicas y los particulares a quienes se les atesta responsabilidad y ii) que debe existir una mínima probabilidad de condena respecto a las autoridades de derecho público.

Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados35, siendo menester, para dichos efectos, estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se alega36.

En el sub examine los accionantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las demandadas por la muerte de Iván Humberto Mogollón Arango pues, a su juicio, ello se produjo por las irregularidades en la prestación del servicio médico – asistencial en que incurrieron la Nación – Ministerio de Salud, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué y, específicamente, la E.S.E. Hospital “Federico Lleras Acosta”, todas estas personas jurídicas de derecho público.

Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto la responsabilidad de las entidades públicas accionadas puede verse comprometida, al igual ocurre con las

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 51687.

entidades públicas accionadas puede verse comprometida, al igual ocurre con las

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 51687. 36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.Radicado: 73001233100020080041101 (52276)

Demandante: Liliana Arango Torres y otros

13 personas de derecho privado – SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar - también demandadas por los mismos hechos y con igua l propósito, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum realizado en el libelo introductorio así lo permite establecer.

En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial de SALUDCOOP EPS y de Lylliam Patricia Montenegro Aguilar, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8237 del Código Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al momento en que ocurrieron los hechos, se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de unas entidades públicas que también fueron demandas, a saber, el Ministerio de Salud, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué y el hospital “Federico Lleras Acosta”, y esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad patrimonial predicada respecto de SALUDCOOP EPS y Lylliam Patricia Montenegro Aguilar, pues el fuero de atracción permite la vinculación de estas personas de d