CE - Sentencia 73001233300020190012701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dante contra la sentencia del 30 de junio de 2022 emanada del Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda , anunciando desde ya que será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 18 de marzo de 20 19, la demandante presentó demanda -en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - encaminada a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 046052 del 12 de diciembre de 2017 y RDP

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - encaminada a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 046052 del 12 de diciembre de 2017 y RDP 009171 del 12 de marzo de 2018 , mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó : i) condenar a la demandada al reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 24 de noviembre de 2017; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA ; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) que la demandada sea condenada a pagar las costas procesales.

4. Como sustento de sus pretensiones expuso qu e nació el 30 de abril de 195 2 y fue nombrada maestra por medio del Decreto 1837 del 2 de noviembre de 1979 por el

1 En adelante, UGPP. 2 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 001_CUADERNO PRINCIPAL / 001_CUADERNO PRINCIPAL TOMO I.pdf., folios 4 a 31.2

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

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Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gobernador del departamento del Tolima , cargo ejercido entre el 7 de noviembre de 1979 y el 1 de mayo de 1983 (3 años, 5 meses y 25 días).

5. Luego se vinculó como docente de educación básica en el municipio de Ibagué

(Tolima) a través de la Resolución 4243 del 4 de abril de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a partir del 2 de mayo de 1983 y con vínculo nacional hasta el 22 de agosto de 1996.

6. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber sido certificado el departamento del Tolima para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 2210 del 28 de mayo de 199 6 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se le entregó la educación al departamento (acta del 23 de agosto de 1996). Consideró que, como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio desde el 23 de agosto de 1996 hasta el 2 0 de marzo de 20 06 ostentan el carácter de territorial – departamental y son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

7. Posteriormente, en virtud de la Ley 715 de 2001 el vínculo laboral de carácter departamental mutó a municipal dado que el municipio de Ibagué fue certificado en educación por medio de la Resolución 3033 del 26 de diciembre de 2002 expedida por

departamental mutó a municipal dado que el municipio de Ibagué fue certificado en educación por medio de la Resolución 3033 del 26 de diciembre de 2002 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual el departamento entregó la educación al municipio, según consta en acta del 21 de marzo de 2006 . Por tanto, los servicios docentes prestados por la demandante entre el 21 de marzo de 2006 y el 10 de agosto de 2017 ostentan el carácter de territorial – municipal, también aptos para acceder a la prestación pretendida.

8. Relató que el 27 de septiembre de 2017 presentó petición escrita ante la entidad demandada, en orden a que se le reconociera la pensión gracia. Empero, por medio de la Resolución RDP 046052 del 12 de diciembre de 2017, confirmada por la Resolución RDP 009171 del 12 de marzo de 2018 , la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los servicios fueron prestados con nombramiento del orden nacional.

Contestación de la demanda3

9. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demand a y solicitó condenar en costas a la actora. Consideró que la demandante laboró como docente nacionalizado durante el período comprendido desde el 7 de noviembre de 1979 hasta el 1 de mayo de 1993 (3 años, 5 meses y 25 días), lapso que no resulta suficiente para ser beneficiaria de la pensión gracia de jubilación . Y los servicios prestados entre el 2 de mayo de 1983 y el 13 de enero de 1997 ostentan el carácter de nacional, dado que la descentralización de la educación no mutó la calidad a docente nacionalizado.

mayo de 1983 y el 13 de enero de 1997 ostentan el carácter de nacional, dado que la descentralización de la educación no mutó la calidad a docente nacionalizado.

10. Sostuvo que no es posible el reconocimiento de una pensión gracia e n los términos solicitados en la demanda, teniendo en cuenta que los únicos tiempos de servicios a considerar son los financiados por recursos propios de la entidad territorial

3 Ibidem, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 001_CUADERNO PRINCIPAL / 002_CUADERNO PRINCIPAL TOMO II.pdf., folios 84 a 98.3

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o los provenientes del situado fiscal en el proceso de nacionalización surtido en vigencia de la Ley 43 de 1975 y no los procesos de nacionalización de la Ley 60 de 1993, como lo pretende la demandante.

11. Propuso como excepción previa la «cosa juzgada» y las de mérito que tituló: «inexistencia del derecho a reclamar por parte de la demandante », «buena fe », inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales », «prescripción de diferencias de las mensualidades causadas con tres años de anterioridad a la fecha de la radicación de la demanda» y la «innominada o genérica».

II. SENTENCIA APELADA4

diferencias de las mensualidades causadas con tres años de anterioridad a la fecha de la radicación de la demanda» y la «innominada o genérica».

II. SENTENCIA APELADA4

12. El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida. Explicó que la demandante se desempeñó inicialmente como docente territorial entre el 7 de noviembre de 1979 y el 1 de mayo de 1983; sin embargo, desde el 2 de mayo de 1983 al 8 de agosto de 2017 ha estado vinculada como docente nacional, nombrad a directamente por el Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que le impide acceder a la pensión gracia.

13. Encontró que, pese a que ingresó al servicio educativo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, únicamente acreditó 3 años, 5 meses y 25 días como docente nacionalizada y, aunque volvió a vincularse al servicio docente en 1983 lo hizo como docente nacional, lo cual le impide acceder a la prestación pretendida.

14. Advirtió que la incorporación del personal docente y directivo a las plantas de personal de las entidades territoriales en cumplimiento de la distribución de competencias que consagró la Ley 60 de 1993 no cambió el régimen pensional de quienes venían vincu lados con anterioridad a dicha norma o se vincularen con posterioridad a la misma, toda vez que el régimen prestacional aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989.

15. Señaló que la demandante quedó enmarcada dentro de la situación contemplada en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en cuanto solo tendría

establecido en la Ley 91 de 1989.

15. Señaló que la demandante quedó enmarcada dentro de la situación contemplada en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en cuanto solo tendría derecho a una pensión de vejez, lo que le impide obtener la pensión gracia, ya que a partir de la nacionalización de la educación solo aquellas personas que se encontraban vinculadas a instituciones de carácter territorial podrán consolidar el derecho a dicha prestación extraordinaria siempre y cuando se mantuvieran en esa situación.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

16. La demandante presentó recurso de apelación al considerar que los tiempos de servicio acreditados desde el 23 de agosto de 1996 son departamentales por mandato de la Ley 60 de 1993 y los causados desde el 21 de marzo de 2006 ostentan la condición de municipales en virtud de la Ley 715 de 2001. Lo anterior, por efecto de la descentralización de la educación que operó en el departamento del Tolima cuando se realizó la entrega del servicio educativo a la entidad territorial , por lo que son tiempos válidos para el reconocimiento pensional.

4 Ibidem, ver archivo ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 001_CUADERNO PRINCIPAL / 014_SENTENCIA - RAD. 2019-00127-00.pdf. 5 Ibidem, ver archivo ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 001_CUADERNO PRINCIPAL / 018_RecursoApelacionAccionante20220712.pdf.4

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

018_RecursoApelacionAccionante20220712.pdf.4

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

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17. Consideró que el vínculo laboral mutó porque operó el fenómeno de la sustitución patronal por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, que consagran que los maestros pasarían a las plantas departamentales, distritales o municipales con ocasión de la descentralización de la educación.

18. Solicitó revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia al considerar que no aparecen demostrados en este caso. Mencionó que l a demandante confiada en los efectos legales de la descentralización de la educación, en especial, con relación a la mutación de los vínculos laborales, construyó una expectativa válida para que se le reconozca la pensión gracia solicitada.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 16 de marzo de 20236 se admitió el recurso de apelación y se informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno a la alzada. Asimismo, se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes que el expediente ingresara al despacho para fallo.

20. La UGPP7 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en el curso de la primera instancia.

emitir concepto hasta antes que el expediente ingresara al despacho para fallo.

20. La UGPP7 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en el curso de la primera instancia.

21. El Ministerio Público se abstuvo de realizar pronunciamiento en esta instancia.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

23. En coherencia con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, le corresponde a la Sala e stablecer si la vinculación como docente nacional que ostentó la demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación contemplado en la Ley 60 de 1993 y luego a municipal conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 . En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia pretendida y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes.

6 Índice 6 registrado en Samai, ver archivo 7_730012333000201900127011AUTOQUEADMITE20230326003113.

7 Índice 11 registrado en Samai, ver archivo 10_730012333000201900127011RECIBEMEMORIAL20230416110819. 8 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.5

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan prestado servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

25. Esta Corporación9 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la

la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio estipulado.

27. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

28. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

29. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma mencionada, en el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).6

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

30. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S -699 del 26 de agosto de 199710, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

31. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o

nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

31. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-01118 del 21 de junio de 201811, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales

que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).7

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

32. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202212, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden

situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

32. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202212, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

33. El a quo negó las pretensiones de la demanda debido a que la demandante no acreditó los requisitos para ser acreedor a de la pensión gracia, en especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

34. La Sala realizará un análisis de lo probado en el proceso, en los siguientes

términos:

1. La señora María Amparo Bonilla Vera nació el 30 de abril de 1952 13, es decir, cumplió 50 años el 30 de abril de 2002.

1. El gobernador del departamento del Tolima a través del Decreto 1837 del 2 de noviembre de 1979 14 nombró a la demandante como docente interina en el Colegio San Luis Onzaga de Chicoral, en el municipio del Espinal. Tomó posesión el 7 de noviembre de 1979 15 hasta el 2 de mayo de 1983 16, por un período de 3 años, 5 meses y 25 días.

1. La Secretaría de Educación de Ibagué expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 29 de abril de 202117, reportando la condición de docente nacionalizado de la demandante durante este lapso.

1. El ministro de educación nacional a través de la Resolución 4243 del 4 de

Expedición de Certificado de Historia Laboral del 29 de abril de 202117, reportando la condición de docente nacionalizado de la demandante durante este lapso.

1. El ministro de educación nacional a través de la Resolución 4243 del 4 de abril de 198318 nombró a la demandante en el cargo de profesora de enseñanza secundaria, tiempo completo, especialidad idiomas, en el Colegio Nacional «San Simón» en el municipio de Ibagué (Tolima) , tomando posesión el 2 de mayo de

198319.

1. La Secretaría de Educación de Ibagué expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 29 de abril de 202120, en el cual

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 13 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 001_CUADERNO PRINCIPAL / 001_CUADERNO PRINCIPAL TOMO I.pdf., folios 63 y 104 – registro civil y cédula de ciudadanía –. 14 Ibidem, folio 38. 15 Ibidem, folio 194. 16 Mediante el Decreto 829 del 23 de junio de 1983, se le aceptó la renuncia. Ibidem, folio 196. 17 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 002_CUADERNO INCIDENTE

DESACATO / 007_Mcpio de Ibagué allega información y contesta Incidente, folios 9 y 10. Ibidem, folios 136 a 137 y archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 002_CUADERNO PRINCIPAL TOMO II.pdf., folio 10. 18 Ibidem, folio 198. 19 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 002_CUADERNO INCIDENTE DESACATO / 007_Mcpio de Ibagué allega información y contesta Incidente, folios 15. 20 Índice 2 registrado en Samai, ver expediente digital, archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 002_CUADERNO INCIDENTE DESACATO / 007_Mcpio de Ibagué allega información y contesta Incidente, folios 8 y 9. Ibidem, folios 136 a 137 y archivo 73001-23-33-000-2019-00127-00 / 002_CUADERNO PRINCIPAL TOMO II.pdf., folio 10.8

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registra la condición de docente nacional de la demandante entre el 2 de mayo de 1983 hasta el 29 de abril de 2021 (fecha de expedición de la constancia).

1. El 27 de septiembre de 2017 la demandante radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión21.

1983 hasta el 29 de abril de 2021 (fecha de expedición de la constancia).

1. El 27 de septiembre de 2017 la demandante radicó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad de previsión21.

1. Mediante la Resolución RDP 0 46052 del 12 de diciembre de 2017 22, la UGPP resolvió en forma negativa la solicitud con fundamento en que los tiempos de servicio aportados por l a interesada fueron prestados con nombramiento del orden nacional. Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 0 09171 del 12 de marzo de 201823.

35. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo al no demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.

36. Así pues, la demandante laboró como docente de tiempo completo en el Colegio Nacional San Simón de Ibagué, mediante designación realizada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 4243 del 4 de abril de 1983, cargo que ejerció entre el 2 de mayo de 1983 hasta el 29 de abril de 2021.

37. Igualmente, de la certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación de Ibagué (Tolima) se extrae que l a educadora fue nombrad a por la mencionada resolución y que con posterioridad a ella no se expidieron nuevos actos de nombramiento, sino que se dieron incorporaciones sin solución de continuidad a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año 198 3 y que seguía aún el

resolución y que con posterioridad a ella no se expidieron nuevos actos de nombramiento, sino que se dieron incorporaciones sin solución de continuidad a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año 198 3 y que seguía aún el 29 de abril de 2021, cuando se emitió la aludida constancia.

38. Como argumento de la apelación, l a demandante afirmó que, a partir del 23 de agosto de 1996 , por virtud de la Ley 60 de 1993, ostenta una vinculación del orden territorial que se extendió hasta el retiro del servicio, circunstancia que en su sentir le otorga el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

39. La naturaleza de este vínculo es aceptada por la demandante, quien refiere que tuvo la condición de docente nacional desde el 2 de mayo de 1983 hasta el 22 de agosto de 1996; sin embargo, a partir del 23 de agosto siguiente estima que mutó a territorial, teniendo en cuenta que el departamento del Tolima fue certificado en esa fecha por el Ministerio de Educación Nacional para asumir la administración de la prestación de los servicios educativos.

40. Frente a dicho argumento, esta Sala24 ha precisado que la descentralización de la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715

21 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 046052 del 12 de diciembre de 2017. 22 Ibidem, folios 39 – 43. 23 Ibidem, folios 44 – 46.

21 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 046052 del 12 de diciembre de 2017. 22 Ibidem, folios 39 – 43. 23 Ibidem, folios 44 – 46. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-201900120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.9

Radicado: 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022)

Demandante: María Amparo Bonilla Vera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – C