CE - Sentencia 73001233300020190034401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Accionante: Carlos Andrés Portela Calderón Demandado: Procuraduría General de la Nación Temas: Sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo.

Servidor público de elección popular.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE REEMPLAZO

1. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 24 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 1100103-15-000-2024-04153-00, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones: i) fallo de fecha 7 de diciembre de 2017 ,1 mediante el cual la Procuraduría Primera

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones: i) fallo de fecha 7 de diciembre de 2017 ,1 mediante el cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó disciplinariamente al demandante -entre otroscon suspensión en el ejercicio del cargo como concejal municipal de Ibagué (período 2016 – 2019) por el término de nueve meses; ii) fallo de fecha 20 de diciembre de 2018,2 mediante el cual la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la anterior decisión y; iii) Resolución número 005 del 13 de febrero de 2019 ,3 mediante la cual el presidente del concejo municipal de Ibagué ejecutó la orden de suspensión emitida en contra del accionante, entre otros.

3. A título de restablecimiento del derecho peticionó ordenar a la entidad accionada eliminar de sus registros la sanción disciplinaria de la referencia.

1 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 7 - 55. 2 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 57 - 100. 3 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 105-110.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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2 Hechos que fundamentan la demanda.

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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2 Hechos que fundamentan la demanda.

4. El demandante fue elegido como concejal municipal de Ibagué el 29 de octubre de 2015 . E n ejercicio de esa función participó en el proceso de escogencia del contralor municipal para el periodo 2016-2019, emitiendo su voto en favor del señor Ramiro Sánchez, quien finalmente resultó elegido.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima anuló la señalada elección al considerar que el designado se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo, pues dentro de los doce ( 12) meses anteriores a su escogencia fungió como director territorial de la Escuela Supe rior de Administración Pública del Tolima.

Esa decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado, mediante la introducción de una nueva tesis sobre la inhabilidad invocada, a propósito del cambio producido con el Acto Legislativo 02 de 2015.

6. Con ocasión a ese proceso electivo la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en fallo de 7 de diciembre de 2017, sancionó al demandante -entre otroscon suspensión de nueve (9) meses en el ejercicio del cargo como concejal.

7. Esa restricción provino, a juicio de la demandada, porque el demandante eligió al contralor municipal de Ibagué a pesar de que sobre él pesaba una causal de inhabilidad. Por dicha acci ón, se le endilgó la falta disciplinaria gravísima

eligió al contralor municipal de Ibagué a pesar de que sobre él pesaba una causal de inhabilidad. Por dicha acci ón, se le endilgó la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

8. Apelada esa decisión, en fallo del 20 de diciembre de 2018 la Sala Disciplinaria de la entidad accionada confirmó la sanción impuesta. Sin embargo, uno de sus integrantes salvó su voto, al concluir que en los investigados concurría un error invencible en el despliegue de su conducta, por lo que era necesaria su absolución.4

9. La demandada absolvió de todos los cargos al electo contralor municipal dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra.

10. De acuerdo con las reglas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la suspensión del ejercicio del cargo de un servidor electo por voto popular solo proced e por actos de corrupción y/o sentencia emitida por juez penal, lo que aquí no ocurrió.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

11. Para el abogado, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las

siguientes disposiciones:

12. Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 112-150.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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13. Artículos 9, 13 y 29 de la Constitución Política.

14. Artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados.

15. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que

se sintetizan a continuación:

16. Falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para restringir los derechos políticos de los servidores públicos de elección Popular. De acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y algunos apartes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos electos por voto popular solo es procedente en la medida en que se compruebe su incursión en actos de corrupción y/o que la decisión restrictiva esté contenida en una sentencia emitida por juez penal.

17. Como ninguna de esas situaciones se presentó en este caso, es más que evidente que las decisiones disciplinarias son ilegales.

18. Violación al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica. Es contradictorio que la accionada haya absuelto al electo contralor municipal de Ibagué de toda responsabilidad disciplinaria, al considerar que obr ó con diligencia, cuidado y racionalidad durante el proceso electoral -consistente en asesorarse con un abogado frente a la aparente causal de inhabilidady, por otro

Ibagué de toda responsabilidad disciplinaria, al considerar que obr ó con diligencia, cuidado y racionalidad durante el proceso electoral -consistente en asesorarse con un abogado frente a la aparente causal de inhabilidady, por otro lado, haya sancionado a los concejales que participaron en su escogencia, quienes fueron inducidos a error por el elegido, por lo que es inconcebible que ante los mismos hechos y medios probatorios se produjeran decisiones disímiles.

19. Violación al derecho a la defensa. Inexistencia de la inhabilidad al momento de la elección del contralor . Para cuando se produjo la elección reprochada -9 de enero de 2016 -, el Consejo de Estado consideraba que la inhabilidad prevista en el numeral 2 .° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no era aplicable a los aspirantes a contralor municipal , porque pugnaba directamente contra el inciso séptimo del artículo 272 de la Constitución Política -en su versión original -, según el cual «[n]o podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.».

20. Fue solo hasta el 16 de junio de 2016, al resolver el recurso de apelación presentado en el medio de control de nulidad electoral presentado frente a l contralor municipal de Neiva, que esa corporación cambió de posición, fijando los alcances de la restricción establecida en el Acto Legislativo 02 de 2015. En

presentado en el medio de control de nulidad electoral presentado frente a l contralor municipal de Neiva, que esa corporación cambió de posición, fijando los alcances de la restricción establecida en el Acto Legislativo 02 de 2015. En consecuencia, la sanción impuesta es improcedente.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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21. Error invencible en la conducta desplegada. Las situaciones que rodearon el proceso electivo -la responsabilidad asumida por la institución educativa que apoyó dicho concurso de méritos, la interpretación restrictiva que pesa sobre las causales de inhabilidad, la ausencia de asesores en el concejo municipal-, así como las actuaciones realizadas por el candidato Ramiro Sánchez -declaración juramentada extra proceso sobre ausencia de inhabilidad y concepto jurídico de un abogado experto en la materia -, provocaron en su cliente el error invencible de que con su voto no infringía ninguna disposición normativa . A lo anterior se suma que la posición jurisprudencial vigente para ese entonces no concebía esa restricción, de acuerdo con lo expresado anteriormente.

Contestación de la demanda.

22. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda,5 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella

contenidas. Con tales fines, argumentó que:

23. Los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular no

contestó la demanda,5 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, argumentó que:

23. Los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular no son absolutos y pueden ser limitados, entre otros, por decisiones disciplinarias que persiguen la eficacia de otr as prerrogativas y garantías fundamentales de similar rango.

24. La procuraduría tiene plena competencia para investigar y sancionar a esos funcionarios cuando quiera que evidencie la trasgresión del régimen dis ciplinario vigente. En la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 15 de noviembre de 20176 no se restringieron esas potestades, tesis que ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias el 23 de agosto y 15 de noviembre de 2018 .7 Corolario, una posición contraria avalaría un régimen de irresponsabilidad disciplinaria.

25. Aunque la inhabilidad del electo contralor no había sido precisada por la jurisprudencia de esa corporación, los investigados tenían la posibilidad de advertir que el cargo de director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública conllevaba el ejercicio de poder e n la jurisdicción del departamento del Tolima que, por cierto, comprendía al municipio de Ibagué.

26. No operó el error invencible, pues al estudiar la jurisprudencia nacional, los disciplinados no advirtieron que las sentencias consultadas eran anteriores al Acto Legislativo 02 de 2015. Un estudio juicioso al respecto les hubiera permitido descartar esos precedentes. Así mismo, no hicieron uso de los elementos tecnológicos disponibles para consultar sobre esa presunta inhabilidad y, además, durante la sesión electoral no se debatió ese aspecto.

descartar esos precedentes. Así mismo, no hicieron uso de los elementos tecnológicos disponibles para consultar sobre esa presunta inhabilidad y, además, durante la sesión electoral no se debatió ese aspecto.

5 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 3-25. 6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001 03 25 000 2014 00360 00. 7 Sección Segunda, Subsección A, expedientes 05001 23 33 000 20113 00127 01 y 63001 23 33 000 2014 00049 01.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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27. No se vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso del demandante, pues las actuaciones fueron realizadas en cumplimiento de l os lineamientos constitucionales y legales que rigen esa materia.

Sentencia de primera instancia.

28. Mediante sentencia de 6 de julio de 2023, 8 el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la institución accionada.

29. Previamente debe indicarse que el a quo declaró probada de oficio la excepción de inepta demand a frente a la Resolución 005 del 13 de febrero de 2019 -que ejecutó la orden de suspensión emitida por la procuraduría-, bajo la tesis de que no era pasible de control judicial, por ser un acto de trámite.

excepción de inepta demand a frente a la Resolución 005 del 13 de febrero de 2019 -que ejecutó la orden de suspensión emitida por la procuraduría-, bajo la tesis de que no era pasible de control judicial, por ser un acto de trámite.

30. En lo que corresponde al fondo del asunto, el tribunal de primera instancia, después de reseñar brevemente los derechos políticos enmarcados en la Constitución Política, así como las atribuciones disciplinarias de l ente

demandado, concluyó:

31. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia, permiten afirmar que la procuraduría no estaba facultada para restringi r, vía sanci ón disciplinaria, los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular.

32. Por tanto, en ejercicio del control de convencionalidad, se inaplica, con efectos inter partes , el numeral 3.° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, contentivo de la sanción impuesta al actor, se anulan las decisiones demandadas y se ordena a la procuraduría eliminar de sus registros la aludida restricción

Recurso de apelación.

33. Oportunamente, la abogada de la entidad demandada apeló la sentencia de marras .9 En su intervención, censuró que el a quo haya concluido que su representada carecía de competencia para imponer la sanción disciplinaria, pues

a su juicio:

34. En el diseño estructural del Estado colombiano, el numeral 6.° del artículo 277 de la Constitución Política le asignó a la Procuraduría General de la Nación

a su juicio:

34. En el diseño estructural del Estado colombiano, el numeral 6.° del artículo 277 de la Constitución Política le asignó a la Procuraduría General de la Nación la facultad para vigilar la conducta oficial de los servidores públicos -incluyendo los de elección populary ejercer sobre ellos el poder disciplinario mediante la imposición de las sanciones previstas en la ley.

35. Aunque la norma constitucional en cita y sus desarrollos normativos fueron

8 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 162-193. 9 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 202-218.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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6 expedidos en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos H umanos, en su interpretación y aplicación debe prevalecer el principio de armonización entre todos los instrumentos internos y externos. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en las sentencias C-028 de 2006, , C-111 de 2019, C-146 de 2021 y C-030 de 2023, cuando pacíficamente concluye que el ente de control si tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular.

36. Tanto esa corte como el Consejo de Estado han sido insistentes al pregonar que la decisión adoptada frente a la demanda del señor Petro Urrego

competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular.

36. Tanto esa corte como el Consejo de Estado han sido insistentes al pregonar que la decisión adoptada frente a la demanda del señor Petro Urrego no tiene efectos erga omnes, pues la procuraduría nunca ha sido desprovista de sus potestades disciplinarias frente a esos funcionarios.

37. El tribunal desconoció la obligatoriedad de aplicación de los precedentes jurisprudenciales dimanados de la Corte Constitucional en los que se ha pregonado esa conclusión.

38. Es impropia la inaplicación que, por vía de inconvencionalidad, realizó el aquo frente al numeral 1.° del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, pues en esta norma no se contiene la competencia sancionatoria de la procuraduría la cual, por cierto, está depositada en el artículo 277 de la Constitución Política.

39. Las reglas adoptadas en la sentencia C-030 de 023 se erigen en cosa juzgada constitucional frente a la competencia de marras, por lo que , en aplicación de ese principio, se debe revocar la sentencia impugnada.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

40. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2023, se admitió el citado recurso de apelación.

41. El pronunciamiento de las partes y del agente del ministerio público.

Las partes y el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el

Las partes y el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.10

43. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, 11 la competencia

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

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7 del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de impugnante único.

44. Problema jurídico. Se contrae a determinar si ¿La Procuraduría General

pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de impugnante único.

44. Problema jurídico. Se contrae a determinar si ¿La Procuraduría General de la Nación es competente para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos electos por voto popular con medidas restrictivas de sus derechos políticos?

45. Para la resolución de ese planteamiento, se rememorarán las consideraciones depositadas en la sentencia de tutela que arriba fue señalada.

46. De la decisión de tutela que ordenó emitir una nueva decisión en este asunto. Como se dijo antes, mediante providencia de 24 de febrero de 202 5,12 la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y, consecuentemente, ordenó a esta Subsección emitir una nueva decisión dentro de este asunto.

47. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea jurisprudencial consolidada al interior de la Corte Constitucional que avalaba la competencia del ente de control para imponer a los servidores públicos de elección popular todas aquellas sanciones restrictivas de sus derechos políticos.

48. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C -111 de 2019, C -030 de 2023, SU -381 de 2024 y SU -382 de 2024el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la

C-086 de 2019, C -111 de 2019, C -030 de 2023, SU -381 de 2024 y SU -382 de 2024el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la procuraduría era compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 40 y 93.1 de la Constitución Política.

49. Además, recordó que, en sentir de la jurisprudencia constitucional, las normas de la citada convención no son superiores a las establecidas en la carta política, por lo tanto, la sentencia tutelada pasó por alto que esas reglas debían ser analizadas y aplicadas a partir de una interpretación sistemática, coherente y armónica con las disposiciones internas y las previstas en el resto de instrumentos internacionales que, sobre la materia, han sido suscritos por

Colombia

50. Finalmente, en ese proveído se reafir mó el principio de cosa juzgada constitucional al exponer que, en decisión del 3 de diciembre de 2024, la Sala Plena de esta Corporación señaló que las sentencias de constitucionalidad

12 Providencia emitida dentro del expediente 11001 -03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15000-2024-03980-00; 11001-0315-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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8 signadas por la Corte -entre ellas, la C-030 de 2023son vinculantes y no admiten reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

51. Por consiguiente, conforme lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico planteado.

Caso concreto.

52. Interrogante único: ¿La Procuraduría General de la Nación es competente para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos electos por voto popular con medidas restrictivas de sus derechos políticos?

53. Como se recordará, a través de la alzada se censuró que el Tribunal Administrativo del Tolima haya accedido a las pretensiones de la demanda, concluyendo que la entidad accionada carecía de competencia para sancionar al demandante, en los términos del artículo 23 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

54. Así las cosas, y sin necesidad de profundizar e n más consideraciones, la Sala, atendiendo los parámetros señalados en la reseñada decisión de tutela y, además, la línea consolidada existente en la materia -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C -086 de 2019, C -111 de 2019, C -030 de 2023, SU -381 de 2024 y SU-382 de 2024-, concluye que el ente de control detenta la competencia

SU-712 de 2013, C -086 de 2019, C -111 de 2019, C -030 de 2023, SU -381 de 2024 y SU-382 de 2024-, concluye que el ente de control detenta la competencia constitucional y convencional para imponer al demandante la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo como concejal municipal de Ibagué.

55. En consecuencia, ante la prosperidad del cargo formulado en la apelación, es procedente revocar el fallo de primera instancia.

56. Sin embargo, dado que la decisión de primer grado fue favorable a los intereses de la parte demandante, y a este no le era exigible impugnar esa sentencia, se resolverán a continuación los cargos que, formulados en la demanda, no fueron abordados en aquella oportunidad.

57. Así las cosas, y de acuerdo con los argumentos depositados en el concepto de violación de la solicitud judicial, la Subsección deberá resolver los

siguientes interrogantes:

58. ¿Se configuró frente al accionante la causal de exclusión de responsabilidad cons istente en la «convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria»?

59. ¿Con la absolución en sede disciplinaria del otrora contralor municipal de Ibagué se vulneraron los derechos a la igualdad y seguridad jurídica del actor?

60. ¿La falta disciplinaria que motivó la sanción impuesta al demandante es atípica pues, cuándo participó en la elección del contralor municipal de Ibagué,Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

atípica pues, cuándo participó en la elección del contralor municipal de Ibagué,Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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9 no era aplicable la inhabilidad pregonada frente al elegido?

61. Resolución de los problemas jurídicos.

62. Primer interrogante: ¿Se configuró frente al accionante la causal de exclusión de responsabilidad consistente en la «convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria»?

63. Previa solución de este cuestionamiento, se reseñará brevemente el contenido y alcance de la aludida causal de exculpación.

La exclusión de responsabilidad disciplinaria por error invencible.

64. El artículo 28 de la Ley 734 de 2002 establece que:

«Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

[…]

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.».

65. Del contenido literal transcrito, esta corporación ha señalado que la causal en cita se configura en la medida en que: i) el disciplinado esté convencido plenamente de que su actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico y; ii) que su error era invencible, dada sus condiciones personales y/o las circunstancias en que la conducta fue desplegada.13

plenamente de que su actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico y; ii) que su error era invencible, dada sus condiciones personales y/o las circunstancias en que la conducta fue desplegada.13

66. Lo anterior supone la existencia de una situación anómala o irregular que el disciplinado, por mucho esfuerzo, cuidado y diligencia que haya empleado, no la pudo advertir. Es decir, que en los eventos que rodearon la acción u omisión conductual estuvo presente una condición no visualizada que prefiguraba un ilícito disciplinario.

67. En ese mismo sentido, se ha señalado que, en aplicación de esta figura, no es posible rotular con dolo la conducta censurada, porque en el investigado no había conciencia frente a su ilici tud, así como tampoco puede acudirse al concepto de culpa, porque él actuó con el cuidado y diligencia para determinar que tal comportamiento no infringía la ley.14

68. Ahora bien, se ha precisado que, al asumir sus funciones, los servidores públicos se obligan a cumplir con la Constitución Política, la ley y el reglamento , asumiendo el deber de conocer el orden jurídico y la forma de su aplicación, de

13 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente 11001-03-25-000-201301115-00(2637-13).

14 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente 11001-03-25-0002012-00888-00 (2728-12); también puede consulta rse en Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 16 de marzo de 2017, expediente 11001-03-25-000-2012-00002-00(0058-12).Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)

Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

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10 ahí que estén llamados a comprender los alcances de sus actuaciones y omisiones. En sentencia de 19 de abril de 2012,15 esta Subsección manifestó:

«[…] En este estado, no comparte la Sala el argumento que trae a colación el actor en el sentido de que ni la Constitución, ni la ley ni el decreto reglamentario de su función, le exigían obligatoriamente conocer la normativa de la institución en la que labora, además de que su formación lo era en las ciencias de la salud y no en las jurídicas; porque no puede olvidarse, que la responsabilidad de todo servidor público en materia disciplinar ia encuentra fundamento, en el postulado superior contenido en el artículo 6° de la Carta Política, que se constituye en el cimiento de sus obligaciones y deberes. (…).

(…)

Es válido entonces afirmar, que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad, que implica el total conocimiento de los deberes contenidos en los dispositivos de orden constitucional y legal y el entendimiento del alcance de sus actos y de sus

Es válido entonces afirmar, que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad, que implica el total conocimiento de los deberes contenidos en los dispositivos de orden constitucional y legal y el entendimiento del alcance de sus actos y de sus omisiones.” […]».

69. En el fallo disciplinario de primera instancia 16 se reseñó que el cargo formulado en contra del demandante -entre otros-, provino del