CE - Sentencia 73001233300020250030501 de 2025

Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: VIVIANA CONSUELO RAMÍREZ JARAMILLO

Demandado: JUZGADOS 10 Y 11 ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia excepcional / SUBSIDIARIEDAD – No se ejerció el recurso de reposición en contra de la decisión que decretó los testimonios técnicos / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y pretende provocar un pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia del 4 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional2.

I. ANTECEDENTES

4 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional2.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 1 de septiembre de 2025 3 , la señora Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo instauró, por intermedio de apoderado, demanda de tutela contra los Juzgados 10 y 1 1

Administrativos de Ibagué, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos los siguientes autos:

(i) El proferido el 23 de abril de 2025, por el Juzgado 10 Administrativo del circuito de Ibagué que convalidó los testimonios allegados al expediente distinguido con el radicado 73001-33-33-010-2022-00059-00, con cargo al demandad o Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y como consecuencia se deje sin valor y efecto dicha providencia.

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 20 de noviembre de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Las actuaciones de primera instancia se encuentran en OneDrive y pueden ser visualizadas a través del enlace señalado en el oficio por el cual se remitió el expediente a esta corporación ( índice 2, Samai). 3 Archivos 01 y 02 del expediente de primera instancia (OneDrive).Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

3 Archivos 01 y 02 del expediente de primera instancia (OneDrive).Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

(ii) El de carác ter oficioso que decretó las declaraciones de los testigos del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, en el proceso enunciado.

(iii) El proferido por el Juzgado 11 Administrativo de Ibagué que declaró infundada la recusación presentada en contra del Juez Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. En el Juzgado 10 Administrativo de Ibagué se tramita el proceso de reparación directa distinguido con el número de radicación 73001333301020220005900, en el que funge como una de las demandantes la señora Viviana Consuelo Ramírez.

4. El 23 de abril de 2025 se llevó a cabo la continuación de la audiencia de prueb as en la que se recibió el testimonio del médico Juan Carlos Bastidas Vargas, especialista en ginecología, vinculado al Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué. Luego de que fue recepcionada la prueba el apoderado de la ahora demandante soli citó prescindir de esa declaración, porque a pesar de que no se encontraba autorizado por el juzgado o los familiares, esta persona había revisado la historia clínica, sin tener en

de que fue recepcionada la prueba el apoderado de la ahora demandante soli citó prescindir de esa declaración, porque a pesar de que no se encontraba autorizado por el juzgado o los familiares, esta persona había revisado la historia clínica, sin tener en cuenta que es un documento con reserva legal, lo que, según su entender, vi cia de nulidad el testimonio.

5. El juez, luego de verificar la situación expuesta y en consideración de que no existía inferencia alguna , continuó con la audiencia; razón por la cual la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, con el fin de oponerse a que la apoderada del hospital demandado compartiera la historia clínica con los testigos a pesar de que no mediaba orden judicial o autorización familiar previa. Recursos que fueron negados.

6. El 2 de mayo siguiente, durante la continuación de la audiencia la parte demandante presentó recusación contra el Juez 10 Administrativo del circuito de Ibagué, la que sustentó en la causal tercera del artículo 130 del CPACA y fue decidida en forma negativa por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué.

7. Según la accionante, el hecho de que la apoderada del hospital demandado hubiera compartido con los testigos la historia clínica de las personas fallecidas, atenta contra la reserva legal de la que goza dich o documento, así como contra la espontaneidad del testigo. Agregó que como se había traído al médico como testigo y no como testigo técnico a éste le era vedado la revisión de la historia clínica antes y durante su declaración, aunado a que estos documentos estaban sometidos a reserva legal.

testigo. Agregó que como se había traído al médico como testigo y no como testigo técnico a éste le era vedado la revisión de la historia clínica antes y durante su declaración, aunado a que estos documentos estaban sometidos a reserva legal.

8. Además, sostuvo que el juez de la reparación directa , en lugar de censurar la irregularidad, accediendo a la solicitud de exclusión de dichas declaraciones del acervo probatorio, las convalido al incorporarlas al proceso.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

9. En relación con la decisión del Juzgado 11 Administrativo de Ibagué, adujo que es violatoria de sus derechos fundamentales porque desestimó los argumentos expuestos en la recusación que formuló contra el titular del Juzgado 10 Administrativo de Ibagué, porque insiste en que este último funcionario se encuentra incurso en una causal de recusación que compromete su imparcialidad en el proceso de reparación directa.

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto del 1 de septiembre de 20254, el despacho sustanciador en primera instancia admitió la demanda de tutela contra los Juzgados 10 y 11 Administrativo de

Ibagué.

11. La titular del Juzgado 10 Administrativo de Ibagué5 se opuso a las pretensiones del demandante, con el argumento de que no fueron vulnerados los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, ni a la igualdad, porque en cada una de

11. La titular del Juzgado 10 Administrativo de Ibagué5 se opuso a las pretensiones del demandante, con el argumento de que no fueron vulnerados los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, ni a la igualdad, porque en cada una de las etapas del proceso se les ha otorgado a las partes la oportunidad de controvertir y recurrir las decisiones tomadas por el Despacho.

12. Agregó que los testimonios fueron debidamente decretados y practicados, que el hecho de no advertir al inicio de la audiencia que el testigo podía revisar la historia clínica no implica la ilegalidad de la prueba.

13. Que aún no se ha efec tuado la valoración probatoria de las declaraciones rendidas por los médicos porque la audiencia de pruebas no es la etapa judicial para ello, siendo ésta la de proferir sentencia, oportunidad en la que siguiendo las reglas de la sana crítica, los principios de la autonomía e independencia judicial, se estudiará el acervo probatorio con el fin de determinar si las declaraciones son congruentes con los demás medios probatorios y será esa la oportunidad para resolver la tacha del testigo sospechoso alegada por el demandante.

14. Finalmente adujo que no es dable desconocer que el Juez como director del proceso tiene la facultad que le otorga la ley de decretar y recibir las pruebas que considera necesarias para esclarecer la verdad y resolver el caso concreto y al dejar sin valor la decisión tomada se desconocería tal facultad, por lo que consideró que la solicitud de tutela es infundada.

15. En igual sentido la titular del Juzgado 11 Administrativo de Ibagué6 adujo que con

decisión tomada se desconocería tal facultad, por lo que consideró que la solicitud de tutela es infundada.

15. En igual sentido la titular del Juzgado 11 Administrativo de Ibagué6 adujo que con la decisión de declarar infundada la recusación presentada por la parte demandante en el proceso de reparación directa 73001333301020220005900, no se violó ninguno de los derechos enunciados por la accionante.

4 Archivo 04 del expediente de primera instancia (OneDrive). 5 Archivo 06 del expediente de primera instancia (OneDrive). 6 Archivo 10 del expediente de primera instancia (OneDrive).Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

16. Luego procedió a transcribir la providencia que resolvió la recusación propuesta por la parte demandante en el proceso de reparación directa.

17. La Secretaría de Salud del Departamento del Tolima7 cuestionó la legitimación en la causa por activa del abogado que presentó la tutela por n o haber sido allegado al plenario poder especial para ello.

18. Medimás EPS Liquidada8, adujo que se encontraba liquidada y que en el proceso de liquidación forzosa la accionante no había presentado reclamación alguna, razón por la cual no se encuentra registrada en la base de datos de los acreedores. Agregó que es ajena a cualquier actuación que se considere como responsable de la presunta amenaza o violación a los derechos fundamentales invocados.

la cual no se encuentra registrada en la base de datos de los acreedores. Agregó que es ajena a cualquier actuación que se considere como responsable de la presunta amenaza o violación a los derechos fundamentales invocados.

19. El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E .9, manifestó que a la demandante se le ha respetado y garantizado el debido proceso de conformidad con las formalidades legales. Resaltó que el proceso se encuentra en etapa probatoria y el apoderado de la parte demandante ha tratado de diferentes actuaciones obtener un fallo a su favor, interrumpiendo el curso normal del proceso. Solicitó negar las pretensiones, porque en la audiencia en la que se practicaron los testimonios la parte accionante pudo tacharlos.

20. La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. vinculada al proceso en calidad de sucesora procesal del Hospital San Francisco E.S.E. y los demás interesados guardaron silencio.

C. Fallo impugnado

21. Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2025 10, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró improcedente la solicitud de amparo , debido a que no observó irregularidad procesal alguna, dado que en ningún momento el Juez 10 Administrativo de Ibagué negó sin fundamentación jurídica las inconformidades manifestadas por el abogado de la accionante.

22. En relación con la decisión del Juzgado 11 Administrativo de Ibagué adujo que la negativa de la recusación es acertada, dado que se evidencia que el abogado realizó una interpretación descontextualizada de la causa alegada, al plantear, sin pruebas, un posible conflicto de intereses y parcialidad del Juez Décimo Administrativo de Ibagué, en

una interpretación descontextualizada de la causa alegada, al plantear, sin pruebas, un posible conflicto de intereses y parcialidad del Juez Décimo Administrativo de Ibagué, en relación con una entidad en la que su cónyuge funge como gerente, que es ajena a las partes del proceso de reparación directa que se dirime.

23. Agregó que las demás manifestaciones efectuadas en el escrito de tutela sobre los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre el juez Luis Manuel Guzmán y el Departamento del Tolima para los años 2017 y 2018, así como la alusión a

7 Archivo 29 del expediente de primera instancia (OneDrive). 8 Archivo 30 del expediente de primera instancia (OneDrive 9 Archivo 31 del expediente de primera instancia (OneDrive 10 Archivo 08 del expediente de primera instancia (OneDrive).Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

los autos del 14 de enero de 2020 y 6 de julio de 2020, que declararon fundado s impedimentos manifestados por el Juez 10 Administrativo de Ibagué, en otros procesos judiciales, no cuentan con sustento jurídico coherente al ser situaciones fácticas y temporales totalmente diferentes y extrañas al proceso con radicación n.° 73001-33-33010-2022-00059-00.

24. Finalmente adujo que tampoco se configura un perjuicio irremediable dado que en el

temporales totalmente diferentes y extrañas al proceso con radicación n.° 73001-33-33010-2022-00059-00.

24. Finalmente adujo que tampoco se configura un perjuicio irremediable dado que en el proceso de reparación directa no se ha proferido sentencia, razón por la cual el juez no ha realizado la valoración probatoria de las declaraciones que se busca excluir con esta tutela, máxime cuando fueron legalmente incorporadas al proceso.

D. Impugnación

25. El demandante manifestó su voluntad de impugnar la anterior decisión. Para lo cual presentó escrito en el que afirmó que la decisión del a quo es errada, porque no se puede desconocer que se está ante un hecho y daño inminente que puede causar un perjuicio irremediable; además reclama que la decisión no se enfocó “ con fundamento en la violencia obstétrica y perspectiva de género derivado de los graves sufrimientos a los que fue sometida la señora Sandra Suleidy Ramírez Jaramillo”.

26. Agregó que la solicitud de tutela fue proferida “al margen de lo solicitado y no controvertido por las accionadas y sin tener presente los derechos fundamentales que le asisten a quienes, en nombre de la extinta Sandra Ramírez Jaramillo, han optado por buscar justicia frente a las negligencias médicas que rodearon la muerte de ella como de su recién nacida hija”.

27. Reiteró lo alegado en la demanda de tutela frente a la violación del debido proceso al haber permitido a los testigos verificar la historia clínica sin tener en cuenta que es un documento que tiene reserva legal, que el juez no tenía la facultad de subsanar el tema, dado que la competencia era de las partes. Insistió en que los médicos no habían sido

al haber permitido a los testigos verificar la historia clínica sin tener en cuenta que es un documento que tiene reserva legal, que el juez no tenía la facultad de subsanar el tema, dado que la competencia era de las partes. Insistió en que los médicos no habían sido llamados, ni la prueba decretada c omo testigos técnicos. Insistió en que al haber permitido a los testigos revisar la historia clínica sus testimonios fueron contaminados.

28. Consideró que se puede vislumbrar que lo que “pretende el Juez Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, es continuar con el direccionamiento del proceso, aun cuando existió una convalidación ilícita de pruebas y que perjudica el debido proceso, atentando por demás contra los derechos fundamentales de quienes están el extremo activo del litigio, favoreciendo los inte reses de la parte demandada, y en especial, la del Hospital Federico Lleras Acosta, habida consideración de intereses políticos que une al Juez Décimo Administrativo accionado, con la persona que nombró a la actual representante del Hospital Federico Lleras Acosta y a su vez, siendo la misma que nombró a la esposa del citado Juez Décimo Administrativo, vale precisar, que tanto la cónyuge de ese juzgador ordinario y la gerente del Hospital, fueron favorecidos y nombrados por la Gobernadora del Tolima Adriana Magaly Matiz, quien es también, valga la precisión, súbdita política de quien en otrora fue jefe político del Juez Luis ManuelRadicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

Guzmán, esto es el hoy senador y gamonal político del Tolima Oscar Barreto Quiroga, con quien tuvo dependencia política hasta días antes de su nombramiento como juez de la república”.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

28. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 4 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

29. Para ello, en primer lugar, establecerá si la solicitud de amparo constitucional cumple los requisitos generales de procedenci a de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en caso afirmativo, también definirá si los Juzgados 10 y 11

Administrativo de Ibagué incurrieron en alguna de las causales específicas de procedencia de las acciones de tutela de esa naturaleza , vulnerando así los derechos fundamentales de la demandante.

Análisis de la Sala

30. Subsidiariedad. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de

procedencia de las acciones de tutela de esa naturaleza , vulnerando así los derechos fundamentales de la demandante.

Análisis de la Sala

30. Subsidiariedad. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe un perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

31. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficace s e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

32. En la solicitud de amparo, l a accionante presentó varios cargos, con los que, según su entender, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de just icia e igualdad , en el medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2022-00059-00, uno de éstos tiene que ver con la calidad deRadicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

los testigos, porque considera que no fueron solicitados y decretados como testigos técnicos.

33. Al revisar la audiencia inicial celebrada el 22 de noviembre de 2024, se encuentra que en el minuto 52:57 el juez se refirió al decreto de las pruebas solicitadas por el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, específicamente decretó los testimonios téc nicos del médico Juan Carlos Bastidas Vargas y otros.

34. Si bien la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la determinación de decretar los testimonios, su impugnación fue dirigida a cuestionar el hecho de que la solicitud no cumplía con los requisitos de los artículos 212 y 213 del CGP, porque no se habían enunciado concretamente los hechos objeto de la prueba.

35. El recurso de reposición fue resuelto en forma negativa, dado que el juez demostró que la solicitud había sido realizada en debida forma en tanto que se había cumplido con el requisito de determinar los hechos que se pretendían debatir con los testimonios técnicos solicitados y se negó la concesión del recurso de apelación por cuanto no era uno de los autos enunciados en el artículo 243 del CPACA, como apelables.

36. Es evidente que la parte demandante no ejerció el recurso idóneo para debatir la calidad de los testigos llamados por la entidad hospitalaria demandada, pues la audiencia

uno de los autos enunciados en el artículo 243 del CPACA, como apelables.

36. Es evidente que la parte demandante no ejerció el recurso idóneo para debatir la calidad de los testigos llamados por la entidad hospitalaria demandada, pues la audiencia inicial era la oportunidad idónea para debatir el tema, a pesar de ello no lo hizo y no era dable exponer el tema en la audiencia de pruebas para que fuera revisado, dado que ya había cobrado firmeza la decisión. La situación descrita evidencia una completa ausencia del requisito de subsidiariedad en el caso concreto, pues no se agotaron los medios dispuestos en el proceso ordinario para manifestar la inconformidad que fundamenta la presente acción constitucional, en relación con este cargo.

37. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 11 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento

11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento

11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

39. Al revisar la controversia , esta Sala estima que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto no ofrece una carga argumentativa mínima y pretende convertirse en una instancia adicional del recurso de reposición, con la intención de que se estudie n nuevamente las explicaciones del accionante en relación con la inconformidad de haberle permitido a la apoderada del hospital tantas veces enunciado, compartir con los testigos la historia clínica de las personas fallecidas en contra la reserva legal de que goza ese documento, con lo cual se atentó contra la espontaneidad del testimonio.

40. En efecto, tanto la acción de tutela como el escrito de impugnación se ocuparon de reiterar los argumentos que, en su momento, expuso el deman dante en el recurso de reposición que interpuso contra el auto que negó la solicitud de incorporar al proceso los testimonios rendidos por los médicos y solicitados por el hospital. En concreto, el

reiterar los argumentos que, en su momento, expuso el deman dante en el recurso de reposición que interpuso contra el auto que negó la solicitud de incorporar al proceso los testimonios rendidos por los médicos y solicitados por el hospital. En concreto, el interesado adujo que la prueba se encontraba viciada de nulidad en el entendido de que los testigos no podían revisar la historia clínica de las personas fallecidas porque el documento gozaba de reserva legal y no había sido autorizada su divulgación ni por el juez, ni por los familiares de estas personas, lo que atentaba contra la espontaneidad de la prueba.

41. Como se advierte, el debate planteado en contra de los testimonios incorporados al proceso de reparación directa como prueba ya fueron analizadas por el juez competente en el momento en que se resolvió el recurso de reposición y es la inconformidad con lo resuelto, la verdadera razón que subyace a la presentación de esta acción de tutela.

42. Además, tal como lo manifestó el a quo, el proceso aún se encuentra en la etapa probatoria y el juez no ha realizado la valoración de las pruebas incorporadas al mismo, momento en el cual determinará si los testigos llamados por el hospital demandado son sospechosos y si su valoración se debe realizar con mayor rigor en comparación con otras pruebas que hayan sido recaudadas en el proceso. Tampoco se puede perder de vista que el proceso es de doble instancia y será en el momento de la impugnación de la sentencia donde el accionante podrá plantear la inconformidad frente a la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia.

43. En igual sentido se debe resolver lo correspondiente a la decisión que el Juez 11

Administrativo de Ibagué tomó en relación con la recusación presentada por la parte

probatoria realizada por el juez de primera instancia.

43. En igual sentido se debe resolver lo correspondiente a la decisión que el Juez 11

Administrativo de Ibagué tomó en relación con la recusación presentada por la parte demandante en el proceso de reparación directa, en contra del Juez 10 Administrativo de Ibagué.

44. Lo anterior porque tal como lo manifestó el a quo el estudio realizado por el juez se encuentra sustentado legalmente y se ocupó de evaluar cada una de las aristas planteadas por la parte actora, específicamente explicó po r qué no se cumplían las condiciones de la causal tercera del artículo 130 del CPACA, dado que Indeportes Tolima,Radicado: 73001-23-33-000-2025-00305-01

Demandante: Viviana Consuelo Ramírez Jaramillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

entidad en la cual funge como gerente la cónyuge del Juez 10 Administrativo del Tolima no es parte del proceso de reparación directa, por tanto a pesar de que se cumple con el primer elemento, esto es, que la persona relacionada con el juez sea servidor público, no sucede lo mismo con el segundo, porque la entidad enunciada no se hizo presente como demandante ni fue llamada como demandada.

45. Por lo demás, se le explicó que la interpretación de la causal no podía extenderse más allá de su contenido literal y teleológico, resaltando que las demás afirmaciones –la filiación política del juez - correspondían a meras apreciaciones subjetivas, que las causales de impedimento debían ser estudiadas en cada caso particular y no era dable

allá de su contenido literal y teleológico, resaltando que las demás afirmaciones –la filiación política del juez - correspondían a meras apreciaciones subjetivas, que las causales de impedimento debían ser estudiadas en cada caso particular y no era dable su aplicación automática porque en otros casos hubieran prosperado el impedimento.

46. Se reitera que el debate planteado en relación con este tema en la tutela y la impugnación, ya fue zanjado por el juez que resolvió la recusación y que la interposición de este medio constitucional obedece a la inconformidad con lo resuelto , pues se encuentra que la decisión se ocupó de estudiar cada uno de los cargos y se encuentra ajustada y debidamente sustentada.

47. Resulta necesario advertir que aunque la acción de tutela afirma la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, en realidad, la discusión que se plantea no tien e sustento en una verdadera vulneración de es os derechos por el desconocimiento de alguna regla de derecho; la finalidad que se persigue es que no se tengan en cuenta los testimonios técnicos solicitados, decretados y practicados en el proceso , y se aparte del conocimiento al juez que en la actualidad tramita el proceso de reparación directa, mediante la aplicación de una especie de excepción, dado que , según su entender, el proceso debe ser revisado bajo el enfoque de género.

48. Empero, la Sala no advierte alguna justificación razonable que avale la aplicación de una excepción como la que se pretende, pues lo que se advierte es la simple inconformidad del demandante frente a la incorporación de unos testimonios técnicos

48. Empero, la Sala no advierte alguna justificación razonable que avale la aplicación de una excepción como la que se pretende, pues lo que se advierte es la simple inconfo