CE - Sentencia 73001233300020250031301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 9 de diciembre de 2025

Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Accionado: Juzgado 1 Administrativo de Ibagué Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | defecto sustantivo - norma sobre delegación administrativa – representación judicial - Confirma

Síntesis del caso: La parte accionante cuestionó las providencias que requirieron a la apoderada de la parte demandada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho porque el poder no cumplía los requisitos legales, lo que ocasionó que se tuviera por no contestada la demanda.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué contra la Sentencia de 17 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima , que amparó los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia del accionante2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia del accionante2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación. 1.3. Actuación posterior a la sentencia de primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 4 de septiembre de 2025, la Nación – Ministerio de Defesa Nacional, mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) , acceso a la administración de justicia , con ocasión de los Autos de 23 de

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 “PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las providencias del 23 de mayo, 25 de julio y 22 de agosto de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el Nro. 73001-33-33-001-2023-00399-00

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que, en el término

restablecimiento del derecho radicado bajo el Nro. 73001-33-33-001-2023-00399-00

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que, en el término de dos (2) días hábiles se reconozca personería jurídica para actuar a la abogada Jenny Carolina Moreno Durán en representación de los intereses de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y se entienda por contestada la demanda por parte de esta entidad.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que, tomen los correctivos procesales necesarios para que esta decisión no esté en contravía de ninguna otra providencia o decisión tomada en el transcurso del medio del control de nulidad y restablecimiento 73001-33-33-001 2023-0039900, para evitar cualquier barrera u obstáculo en ejercicio de los derechos fundamentales aquí protegidos.”Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Accionado: Juzgado 1 Administrativo de Ibagué Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma - Ampara ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 9 mayo y 25 de julio de 2025, proferidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 73001-33-33-001-2023-00399-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Tutelar integralmente los derechos fundamentales AL DEBIDO

PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEFENSA Y

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Tutelar integralmente los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN que le fueron vulnerados a mi prohijada con la expedición de las siguientes providencias judiciales: 1. Auto de fecha 23 de mayo de 2025, mediante el cual requiere a mi representada para que subsane lo atinente a los anexos del poder. 2. Auto de fecha 25 de julio de 2025, mediante el cual resuelve recurso de reposición en subsidio apelación presentado por la suscrita contra el auto en cita en el numeral anterior.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al JUZGADO PRIMERO (01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, emitir nuevo pronunciamiento dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por el señor FREDY CANDIA ORTEGON, Rad. 7300 1333300120230039900, mediante el cual me reconozca personería jurídica para actuar en los términos del poder allegado y por consiguiente tenga por contestada la demanda que presenté dentro del término legal.

TERCERO: Que, en adelante, sea tenida en cuenta esta decisión por parte del JUZGADO PRIMERO (01) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, al momento del reconocimiento de personería jurídica de los abogados que representan a

la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

del reconocimiento de personería jurídica de los abogados que representan a

la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. 1) El 30 de noviembre de 2023 , Fredy Candia Ortegón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, relacionada con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir correspondientes al tránsito de soldado voluntario a soldado profesional.

5. 2) La abogada Jenny Carolina Moreno Duran contestó la demanda en representación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué, mediante providencia de 23 de mayo de 2025, determinó que el poder presentado por la abogada no cumplía con los artículos 159 y 160 del CPACA, porque no fue otorgado por el representante legal del organismo. Encontró que el poder lo concedió el director de asuntos legales del ministerio, pero sin aportar el documento “a través del cual el actual ministro le delegó la representación legal de la entidad. Es decir, el acto administrativo con el que se pretenda acreditar la delegación de la representación judicial debe estar suscritos por quien actualmente detenta la representación legal de la entidad y quien es la única persona que podría delegarla debidamente (…)”. Por lo tanto, requirió a la abogada para que subsanara las irregularidades señaladas, so pena de entender no contestada la demanda.Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

requirió a la abogada para que subsanara las irregularidades señaladas, so pena de entender no contestada la demanda.Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Accionado: Juzgado 1 Administrativo de Ibagué Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma - Ampara ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 9 6. 3) Inconforme con la anterior decisión, la apoderada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, explicó que, si bien no se allegó la resolución de delegación de funciones suscrita por el actual ministro de defensa, la Resolución 8615 de 2012 se enc ontraba vigente, pues no había sido derogada expresa ni tácitamente ni existía declaratoria judicial o administrativa de nulidad contra la misma, por lo tanto, afirmó que el hecho de que no h ubiera sido proferida por el actual ministro no la hac ía ilegal o sin vigencia.

7. 4) El 25 de julio de 2025, el juzgado negó la reposición y rechazó la apelación por improcedente. Consideró que la delegación debía provenir del representante legal conforme con los principios de competencia administrativa y delegación de funciones establecidos en la normativa colombiana. En consecuencia, el acto de delegación debía provenir del ministro actual. Advirtió que dicha deficiencia se le puso de presente a la abogada, pero no fue subsanada y no cumplió con el requerimiento solicitado. Por otra parte, rechazó el recurso de apelación al no estar previsto en el artículo 243 del CPACA.

abogada, pero no fue subsanada y no cumplió con el requerimiento solicitado. Por otra parte, rechazó el recurso de apelación al no estar previsto en el artículo 243 del CPACA.

8. 5) El 22 de agosto de 2025 , el juzgado tuvo por no contestada la demanda por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, por no cumplir lo ordenado en el Auto de 23 de mayo de 2025 y continuó con el trámite del proceso.

9. Como fundamento de la vulneración la parte recurrente argumentó que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto 3 al privilegiar una interpretación formalista de las reglas procesales sobre la vigencia del acto administrativo de delegación que conllevó a desconocer la verdad objetiva de los hechos puestos en consideración del juez.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

10. Mediante Sentencia de 17 de septiembre de 2025 , el Tribunal Administrativo de Tolima amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, dejó sin efectos las providencias de 23 de mayo, 25 de julio y 22 de agosto de 2025 , proferidas por el juzgado accionado , y ordenó que se le reconociera personería a la abogada de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y se tuviera por contestada la demanda.

11. Al respecto, consideró que, la interpretación de la figura de la delegación administrativa por parte de la entidad accionada era excesiva

3 Citó la Corte Constitucional, Sentencia SU -61 de 2018.

11. Al respecto, consideró que, la interpretación de la figura de la delegación administrativa por parte de la entidad accionada era excesiva

3 Citó la Corte Constitucional, Sentencia SU -61 de 2018. 4 Mediante Auto de 8 de septiembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de Tolima admitió la acción de tutela, tuvo como accionado al Juzgado 1 Administrativo de Ibagué y vinculó a Fredy Candia Ortegón como tercero con interés.Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

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4 de 9 y ritualista e, incluso, estaba por fuera de la norma, toda vez que el cambio del representante legal del organismo no p odía considerarse como extinción automática de la delegación, pues, esta se trata ba de una transferencia de funciones y no de atribuciones personales que se mantenía vigente hasta no ser revocadas o reasumidas por el nuevo titular de la función delegada.

12. Indicó que el cambio del representante legal del ministerio no invalidaba la delegación de funciones de representación judicial contenidas en la Resolución 8615 de 2012, por lo tanto, no había lugar a que se expidiera un nuevo acto administrativo para continuar con los trámites relacionados en esta y, por ende, era válido el poder conferido y aportado en el proceso y su respectiva contestación debía ser tenida en cuenta.

13. El Juzgado 1 Administrativo de Ibagué impugnó la decisión anterior.

relacionados en esta y, por ende, era válido el poder conferido y aportado en el proceso y su respectiva contestación debía ser tenida en cuenta.

13. El Juzgado 1 Administrativo de Ibagué impugnó la decisión anterior.

Alegó que no vulneró los derechos fundamentales de la accionada , al no tener en cuenta el poder aportado y , en consecuencia , tener por no contestada la demanda, pues, a su juicio, de conformidad con el artículo 159 del CPACA , quien tiene la representación judicial de las entidades públicas, por regla general, es el representante legal vigente. Asimismo, señaló que, según jurisprudencia del Consejo de Estado 5, la delegación tenía carácter transitorio y le correspondía al nuevo titular decidir si asumía directamente las funciones o si las delegaba nuevamente. Finalmente, manifestó que, en todo caso, otorgó a la apoderada la oportunidad de subsanar la deficiencia advertida, pero e lla no atendió el requerimiento , pese a haber sido informada de las consecuencias jurídicas.

1.3 Actuación posterior a la sentencia de primera instancia

14. En Auto de 30 de septiembre de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, dio cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia de 17 de septiembre de 2025 y dispuso tener por contestada la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, reconoc er personería a la abogada Jenny Carolina Moreno Durán y cit ar a la audiencia prevista en el artículo 180 del CPACA

(modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021).

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Moreno Durán y cit ar a la audiencia prevista en el artículo 180 del CPACA (modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021).

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de los defectos alegados. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.

Procedencia de la acción de tutela. 2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de los defectos alegados

5 Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 26 de marzo de 1998, Radicación: 1.08.Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

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15. Aunque la acción de tutela no alude de forma expresa a un defecto sustantivo, la Sala considera que la argumentación relacionada con el desconocimiento de la Resolución 8615 de 2012 se enmarca en dicha causal, ya que se reprocha la inobservancia de normas jurídicas que debían tenerse en cuenta para resolver el caso. Además, se advierte que el accionante alegó la existencia de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto frente a la delegación administrativa contenida en la Resolución 8615 de 2012; sin embargo, dicho argumento corresponde, en realidad, a un defecto sustantivo, pues cuestiona la indebida aplicación y vigencia temporal del acto administrativo al momento de ser interpretada

la Resolución 8615 de 2012; sin embargo, dicho argumento corresponde, en realidad, a un defecto sustantivo, pues cuestiona la indebida aplicación y vigencia temporal del acto administrativo al momento de ser interpretada por el juez de la legalidad.

2.2. Fijación de la controversia

16. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué vulneró los derechos al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia al no reponer la decisión de tener por no contestada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, con ello, al valorar de forma incorrecta la normativa aplicable sobre delegación administrativa y restringir el ejercicio de la defensa técnica de la entidad demandada en el proceso judicial.

2.3. Procedencia de la acción de tutela

17. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha en que se notificó la providencia enjuiciada ( 28/7/20256) y la de interposición de la presente acción de tutela ( 4/9/2025). No se enjuició un fallo de tutela , pues la controversia se relacionó con providencias dictadas en el marco de proceso de nulidad y restablecimiento de derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de

controversia se relacionó con providencias dictadas en el marco de proceso de nulidad y restablecimiento de derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la aparente afectación de los derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia , pues, que no se le reconozca personería a la apoderada ocasionó que la contestación de la demanda no se tuviera en cuenta, con lo cual se privó a la parte demandada de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, proponer excepciones y solicitar pruebas en el proceso judicial, situación que impide que su línea de defensa sea

6 La fijación de estado de la última providencia de 25 de julio de 2025 se hizo el 28 del mismo mes y año. Índice 48 de Samai del proceso 73001-33-33-001-2023-00399-00.Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

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6 de 9 valorada por el juez natural del caso. A su vez, este escenario tiene la potencialidad suficiente para comprometer el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, ya que se estaría resolviendo un litigio sin otorgar a la contraparte la oportunidad real de defenderse en las mismas condiciones que el demandante.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos

litigio sin otorgar a la contraparte la oportunidad real de defenderse en las mismas condiciones que el demandante.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales

18. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al encontrarse acreditado un defecto sustantivo, por haberse dejado de aplicar normas trascedentes al momento de resolver el caso, por las razones que se explican a continuación:

19. La jurisprudencia constitucional ha establecido que se configura un defecto sustantivo cuando el juez se aparta del marco normativo en el que debía apoyarse para sustenta su fallo “bien sea porque aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de a plicar la que evidentemente lo es”. También, cuando la decisión judicial carece por completo de fundamento jurídico o se apoya en una norma impertinente, es decir, cuando esta no está vigente, es inexistente o, aun estando vigente, su aplicación resulta inadecuada para el caso concreto7.

7 Corte Constitucional, Sentencia SU -487 de 2024. “A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen. En esa medida, la Corte ha precisado que una providencia judicial incurre en un defecto sustantivo en el evento en que (i) El juez se aparte del marco normativo en el que debió apoyarse para sustentar su fallo, “bien sea porque aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja

judicial incurre en un defecto sustantivo en el evento en que (i) El juez se aparte del marco normativo en el que debió apoyarse para sustentar su fallo, “bien sea porque aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es”; (ii) “Existe una carencia absoluta de fundamento jurídico en el fallo adoptado”[45], porque la decisión cuestionada se fundamenta en una norma que no es pertinente; no está vigente; es inexistente; o a pesar de estar vigente y ser constitucional “su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión resulta inadecuada” (iii) La interpretación que el juez realiza desconoce sentencias con efectos erga omnes que constituyen cosa j uzgada (control abstracto), lo cual sucede cuando (a) aplica disposiciones declaradas inexequibles; (b) emplea normas cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución (decisum – exequibilidad condicionada); o (c) fundamenta su decisión en abierto desconocimiento de la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad. (iv) La providencia judicial adolece de “problemas determinantes” o es manifiestamente irrazonable. (v) Existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, “al acreditarse que la resolución del juez se aparta de las motivaciones expuestas en la providencia”.(vi) El juez interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables, a pesar de que “en la aplicación de una norma se ex ige la interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y que resultan necesarias para la decisión adoptada”. vii) “Un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza

“en la aplicación de una norma se ex ige la interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y que resultan necesarias para la decisión adoptada”. vii) “Un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición”. (viii) El juez interp reta o aplica la norma de manera errónea o “realiza una interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas aplicables para la resolución del caso” (subrayado fuera de texto). Esto puede ocurrir cuando la interpretación o aplicación de la norma, (a) prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) el juez le otorga a la disposición un sentido o alcance que no tiene (interpretación contra legem); (c) es evidentemente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, sin que exista una justificación para ello; (d) es producto de una hermenéutica manifiestamente errónea o irrazonable, “sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial”; y, (e) resulta injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución. En todo caso, la jurisprudencia constitucional también ha advertido que no cualquier interpretación o aplicación de una norma configura un defecto sustantivo. Dada la posible existencia de “vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales”, la procedencia de un “yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el pr oceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas”, es realmente excepcional. No es suficiente que se discrepe

los sujetos procesales”, la procedencia de un “yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el pr oceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas”, es realmente excepcional. No es suficiente que se discrepe de la interpretación hecha por un juez o que se considere que la norma tiene un contenido distinto al que se valoró, pues para que se configure el defecto sustantivo se requiere demostrar, de manera incontrovertible, que la decisión judicial “se sale del razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha confiado”, de tal forma que resulta contraria al orden jurídic o y deriva en la emisión de una decisión que obstaculiza la garantía de los derechos fundamentales de las partes y terceros involucrados en el proceso”Radicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

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20. En el presente asunto, el juez de legalidad, al resolver el recurso de reposición, decidió no reponer el auto que requirió a la abogada de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional , al considerar que la Resolución 8615 de 2012 había sido suscrita por un exministr o que ya no ocupaba el cargo y , por lo tanto, no podría ser tenido en cuenta el poder ni la contestación de la demanda presentada (se trascribe):

“(…) no existe un acto suscrito por el doctor Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, actual Ministro de Defensa, en el que delegue sus funciones de representación judicial al cargo del director de asuntos legales del Ministerio de Defensa

“(…) no existe un acto suscrito por el doctor Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, actual Ministro de Defensa, en el que delegue sus funciones de representación judicial al cargo del director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, siendo ilógico que un acto de delegación de un exministro que ejerció en los años 2011 al 2015, pueda tener efectos en la voluntad de quien ejerce el cargo de ministro para el momento en el que se suscribió el poder especial, pues al posesionarse asume todas las funciones que la constitución y la ley le otorga, debiendo decidir nuevamente cuales va a delegar.

En consecuencia, para que la dirección de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional pueda actuar en defensa jurídica del Ministerio, es indispensable la existencia de un acto expreso de delegación, mediante el cual el Ministro de Defensa habilite al director de asuntos legales para otorgar poderes en representación judicial de la entidad.

Desde el punto de vista jurídico, esta delegación debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 y 159 de la Ley 1437 de 2011, los cuales establecen que la delegación de funciones administrativas debe ser expresa, formal y escrita.

En este sentido, una persona que ocupó el cargo hace 10 años no posee competencia actual para efectuar la delegación de representación judicial, ya que ha dejado de ostentar la autoridad necesaria para ello. Este principio ha sido reafirmado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha sostenido que la delegación de funciones debe provenir de la autoridad vigente y que no pueden ejercerse facultades delegadas por quien ya no ocupa el cargo.

sido reafirmado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha sostenido que la delegación de funciones debe provenir de la autoridad vigente y que no pueden ejercerse facultades delegadas por quien ya no ocupa el cargo.

Por lo tanto, cualquier actuación judicial emprendida por la Oficina Asesora Jurídica sin la debida delegación del Ministro de Defensa carecería de legitimidad jurídica, afectando la validez de los poderes otorgados y la representación procesal del Ministerio (…)”.

21. La autoridad judicial demandada impuso como requisito que la apoderada judicial contara con una delegación expresa del ministro actual para tener por válida la contestación de la demanda. Con base en ello, descartó la aplicación de la Resolución 8615 de 2012, por haber sido suscrita por un exministro.

22. Por lo tanto, la Sala encuentra que la providencia enjuiciada dejó de aplicar el acto administrativo de delegación vigente al momento de los hechos, pues decidió desconocer expresamente los efectos jurídicos de la Resolución 8615 de 2012, que confería funciones de representación judicial al director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional y prefirió una aplicación del derecho que afectaba de manera directa el derecho de defensa de la entidad demandada en el proceso ordinario. Dicha resolución, vigente y no revocada, facultaba expresamente a esaRadicación: 73001-23-33-000-2025-00313-01

Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional Accionado: Juzgado 1 Administrativo de Ibagué Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma - Ampara ______________________________________________________________________________________________________________

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8 de 9 dependencia para otorgar poderes judiciales en defensa de la entidad (se trascribe):

“Artículo primero. Delegar en el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional las siguientes funciones:

1. Notificarse de las demandas, atenderlas directamente y constituir apoderados en los procesos contenciosos administrativos que cursen contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, ante el Honorable Consejo de Estado, Tribunales Contenciosos Administ rativos y juzgados Contenciosos Administrativos, asi como en los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional por demandas de inconstitucionalidad.

(…)

7. Designar apoderados con el fin de iniciar cualquier tipo de acción en las jurisdicciones contencioso administrativo, ordinaria y policiva o iniciarlas directamente.”

23. La Sala advierte que el juez dejó de aplicar normas