CE - Sentencia 73001233300020250035601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 73001233300020250035601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 10 de diciembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: HERNANDO TORRES GAITÁN
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS.
Temas: Derecho fundamental de petición. Deniega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 24 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor Hernando Torres Gaitán pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la falta de respuesta a una petición que elevó el 28 de julio de 2025, ante el procurador 10 judicial II tercero para vigilancia administrativa.
2. Pretensiones
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la falta de respuesta a una petición que elevó el 28 de julio de 2025, ante el procurador 10 judicial II tercero para vigilancia administrativa.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1---Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP), acceso a la administración de justicia (art. 229 CP) y derecho de petición (art. 23 CP).
2---Ordenar al señor Román Ignacio Guzmán Lozano, delegado del Ministerio Público, o a la Procuraduría General de la Nación, que en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo:
a. Responda de manera completa, clara y de fondo el derecho de petición radicado el 28 de julio de 2025 (No. 73001-11-02-002-2025-00193-00).
b. Entregue al peticionario, vía correo electrónico htorresgaitan@hotmail.com una copia del expediente virtual audio -video 047 -2022 o, en su defecto, certifique por escrito su inexistencia.
c. Ordenar al accionado que, en el mismo plazo, verifique si en la investigación disciplinaria (radicado 2025-00193 CFCR) se respetaron las garantías fundamentales del peticionario, particularmente en lo relacionado con la audiencia del expediente 0472022, y adopte las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad, incluyendo la posible reapertura del proceso disciplinario.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
2022, y adopte las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad, incluyendo la posible reapertura del proceso disciplinario.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3---Disponer, como medida cautelar (art. 7, Decreto 2591/1991), la preservación inmediata de cualquier registro virtual o evidencia virtual relacionada con el expediente virtual audio video 047-2022 en poder de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima o las Comisarías de Familia de Ibagué, para evitar su alteración o pérdida.
4---Notificar a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza supervisión sobre el cumplimiento de esta orden, conforme a su función de vigilancia (art. 277 CP).
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó la parte actora que promovió queja disciplinaria contra el comisario permanente de familia, turno 3, David Rincón Hernández, por presuntamente incurrir en irregularidades en el trámite del proceso de violencia intrafamiliar con radicado 047-2022.
Que a la queja disciplinaria se le asignó el radicado 73001-11-02-002-2025-00193-00, que el 23 de julio de 2025 recibió el oficio CSDJT -06560 expedido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en el que le informaban la terminación de ese proceso disciplinario.
que el 23 de julio de 2025 recibió el oficio CSDJT -06560 expedido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en el que le informaban la terminación de ese proceso disciplinario.
Que en la notificación de ese oficio aparecía como delegado del Ministerio Público el señor Ramon Ignacio Guzmán Lozano y su dirección de correo electrónico institucional, lo que, a su juicio, indicaba que participaba como garante de la legalidad de esa actuación disciplinaria.
Que, por lo anterior, el 28 de julio de 2025 elevó una petición al señor Guzmán Lozano en la que solicitó: i) que verificara la existencia del expediente virtual audio -video 0472022, que correspondía a una audiencia celebrada en la mencionada comisaría de familia, ii) que le remitiera copia de ese expediente a su correo electrónico, iii) que confirmara si revisó ese expediente y si consideró que se respetaron sus garantías fundamentales, iv) que le solicitara a la comisaria permanente de familia turno 2 y 3 que remitiera copia del audio -video del expediente 047 -200 y se lo remitiera a su correo electrónico.
Dijo que se contactó por teléfono con el señor Guzmán Lozano y que este se comprometió a dar respuesta a su petición, que, sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción de tutela no la había recibido.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que, la autoridad demandada vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición, al no dar respuesta a su solicitud.
5. Intervenciones
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que, la autoridad demandada vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición, al no dar respuesta a su solicitud.
5. Intervenciones
El señor Ramon Ignacio Guzmán Lozano, en calidad de Procurador 78 judicial II penal, solicitó que se denegara el amparo deprecado, al estimar que no existió vulneración de los derechos fundamentales reclamados por el tutelante.
Manifestó que nunca ha sido delegado para la vigilancia administrativa, porque siempre se ha desempeñado como procurador judicial penal. Que fue designado delegado del Ministerio Público dentro del proceso 730011102002202500193 – CFCR, que se adelantaba ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima en contra de David Rincón Hernández, en calidad de comisario permanente de familia, turno 3, por una queja que interpuso el actor.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que en esa queja disciplinaria no se trasgredieron las garantías fundamentales del tutelante, porque la nombrada comisión dio trámite legal a la queja. Que se citó al señor Hernando Torres Gaitán a varias diligencias, pero que no compareció y no justificó su ausencia.
Que el demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión por medio de la cual se dio por terminado el proceso disciplinario. Que ese recurso se encuentra en
ausencia.
Que el demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión por medio de la cual se dio por terminado el proceso disciplinario. Que ese recurso se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial . Que la decisión de dar por terminado el proceso disciplinario se ajustó a la legalidad y a las pruebas incorporadas.
Que vía telefónica atendió la petición del actor, en la que le indicó que en ese proceso disciplinario solo era interviniente en garantía de derechos fundamentales del orden jurídico y del patrimonio de la Nación, que lamentablemente y por carga laboral no pudo asistir a las diligencias programadas en el mencionado proceso disciplinario, que no tenía el expediente de es e proceso, pero que el actor lo podía requeri r ante la nombrada Comisión.
Que el demandante confundía las labores del Ministerio Público con las de un defensor y que el 14 de octubre de 2025 remitió un oficio de respuesta al actor de su petición, que es objeto de la presente acción constitucional.
La Procuraduría General de la Nación no se pronunció, pese a que fue debidamente notificada.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Tolima, por sentencia del 24 de octubre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que se incumplía el requisito de subsidiariedad, debido a que, a su juicio, el actor contó con medios de defensa judiciales idóneos, como el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dio por terminado el proceso disciplinario.
7. Impugnación
subsidiariedad, debido a que, a su juicio, el actor contó con medios de defensa judiciales idóneos, como el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dio por terminado el proceso disciplinario.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que la decisión impugnada ignoraba que la falta de respuesta a su petición le impedía adjuntar el audio video 047-2022 a su recurso de apelación presentado contra la providencia que dio por terminado el proceso disciplinario.
Que se en contraba en condición de vulnerabilidad por pobreza, edad avanzada y distancia geográfica, de acuerdo con la sentencia T-102 de 2023. Que la respuesta verbal que ofreció el delegado no cumplía con los requisitos del artículo 17 del CPACA.
III. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, porque el 14 de octubre de 2025 el señor Ramon Ignacio Guzmán Lozano, e n calidad de procurador 78 judicial II penal, dio respuesta a la petición radicada por la demandante.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
respuesta a la petición radicada por la demandante.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia de objeto en materia de tutela y (ii) analizará el caso concreto.
2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <<Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes>>.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 1. En lo que aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
3. Análisis del caso concreto
Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad de la
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
3. Análisis del caso concreto
Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad de la parte actora se centra en que no había obtenido respuesta a la petición que elevó el 28 de julio de 2025, relacionada con el trámite impartido a la queja disciplinaria con radicado 73001-11-02-002-2025-00193-00.
Previo a resolver, la Sala empezará por referirse a los hechos probados:
Con la demanda se aportó una copia de una petición del 28 de julio de 2025, dirigida al señor Román Ignacio Guzmán Lozano , como procurador 10 judicial II Tercera para la vigilancia administrativa, y firmada por el tutelante, en la que se solicitó:
1-Por favor me informe; si en el expediente 047-2022; usted evidencio la existencia de expediente virtual audio-video 047-2022? 2-Por favor me informe; si usted. Sí, evidencio la existencia del expediente virtual audio-video 047-2022. ¿Entonces usted vio el video y vio cómo se desarrolló la presunta audiencia? 3-Por favor señor delegado del ministerio público ROMAN IGNACIO GUZMAN LOZANO. le solicito me haga allegar una copia del expediente virtual audio -video 047 -2022 a mi correo electrónico htorresgaitan@hotmail.com 4-Por favor me informa y me confirma; ¿si usted Evidencio o no, la existencia del expediente virtual audio-video 047-2022? 5-Según el siguiente concepto: El delegado del Ministerio Público actúa como garante de los derechos de los ciudadanos y de la legalidad, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a la ley y
audio-video 047-2022? 5-Según el siguiente concepto: El delegado del Ministerio Público actúa como garante de los derechos de los ciudadanos y de la legalidad, asegurando que el proceso se desarrolle conforme a la ley y respetando las garantías fundamentales. Su función princip al es velar por el cumplimiento de las normas, investigar posibles irregularidades y, si es necesario, solicitar la práctica de pruebas y presentar alegatos o recursos. Entonces señor ROMAN IGNACIO GUZMAN LOZANO; ¿usted considera que faltando el expediente virtual audio-video 047-2022, se le respetaron las garantías fundamentales al señor Hernando torres Gaitán en esa investigación en la cual usted participo? 6Por favor señor delegado del ministerio público ROMAN IGNACIO GUZMAN LOZANO. como es evidente la no existencia del expediente virtual audio -video 047-2022 en los archivos de la comisión seccional disciplina judicial, le solicito por favor solicitarle a los comisario permanentes de familia turno2 y turno3, copia del expediente virtual audio-video 047-200 y por favor hacerme llegar una copia lo más pronto posible?
Sin embargo, la Sala advierte que no se aportó constancia de radicación de esa petición, pero, la parte demandada reconoció su radicación.
1 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
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Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el informe rendido por el señor Ramon Ignacio Guzmán Lozano, en calidad de procurado 78 judicial II penal, se anexó el oficio D.P. 0018 del 14 de octubre de 2025 , dirigido al señor Hernando Torres Gaitán, en el que se puede leer:
En complemento a la información suministrada de manera verbal al móvil 3152928874, me permito confirmar que para la fecha en que se señaló audiencias dentro del citado caso, para el 30 de abril de 2025, me encontraba en disfrute de un periodo de vacaciones y para el 16 de Julio de 2025, a esa misma hora, había sido convocado a audiencia presencial de preclusión ante la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Ibagué, dentro del Radicado 73001 6000432201700225 adelantado en contra de la Dra. María Victoria Gómez Vásquez por el presunto delito de prevaricato por acción, razón por la cual no pude asistir a las audiencias ante la Comisión Seccional de Disciplina del Tolima.
Debo indicar que dentro de la carga laboral ordinaria asignada a éste Despacho se encuentra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, Comisión Seccional de Disciplina del Tolima, los Juzgados Penales del Circuito Especializados (por reparto), Juzgado 1º Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal con funciones de conocimiento, Juzgado 1308
Penales del Circuito Especializados (por reparto), Juzgado 1º Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Juzgado 2° Penal del Circuito del Espinal con funciones de conocimiento, Juzgado 1308 Penal Militar y Policial con funciones de conocimiento, Juzgados 2° y 8° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Juzgados Penales Municipales de Garantías, acorde con el turno de disponibilidad, Juzgado Penal Militar y Policial de Garantías, Fiscalía 2423 Penal Militar y Policial, Fiscalías 9 Unidad de Vida, Fiscalía 18 Unidad de delitos contra la Administración Pública, Fiscalías 1°, 2° y 8° Especializadas de Ibagué, entre otros, además de acompañar a Policía Judicial en diligencias de Allanamiento, Reconocimientos y Destrucción de Evidencias, razón por la cual resulta imposible asistir a todas las audien cias programadas, debiendo aplicar el criterio de priorización de acuerdo con la Resolución No. 372 de 2020; por esa razón no pude estar presente en las audiencias fijadas en su caso por la Comisión de Disciplina.
Frente a los interrogantes planteados debo indicar que por parte de este Despacho no se cuenta con el expediente digital, dado que no lo solicite ante la Comisión de Disciplina, y por ello no puedo afirmar la existencia del audio - video 047 -2022 a que Ust ed hace referencia, ni tampoco puedo afirmar que observe el desarrollo de la audiencia, aunque conforme a la decisión adoptada el 23 de julio de 2.025, por el Magistrado ponente no se infiere que haga alusión a la citada prueba, pero si se resalta que Usted
observe el desarrollo de la audiencia, aunque conforme a la decisión adoptada el 23 de julio de 2.025, por el Magistrado ponente no se infiere que haga alusión a la citada prueba, pero si se resalta que Usted fue citado para escucharlo en diligencia de ratificación y ampliación de la queja pero no compareció sin que se allegare justificación alguna, lo cual también constituye una razón para no haberse hecho énfasis en la necesidad de la prueba en comento, lo cual no resulta violatorio de derechos y garantías fundamentales como usted lo considera.
En últimas, debo indicarle, conforme a la información suministrada por la Comisión Seccional de Disciplina del Tolima, información que estaba pendiente por allegar, que mediante auto de fecha agosto 5 de 2025, se concedió el recurso de apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a donde se remitieron las diligencias para los fines pertinentes y, como se le indicó en su oportunidad, podía allegar los EMP que considere pertinentes, recurso que fue interpuesto por Usted en calidad de Quejoso. Cualquier inquietud adicional, estaré presto a tramitar y brindar la información que se logre obtener de las entidades.
También se allegó la correspondiente constancia de remisión del oficio D.P. 0018 del 14 de octubre de 2025 al correo electrónico htorresgaitan@hotmail.com, que había sido dispuesto como dirección de notificaciones por el señor Torres Gaitán en la petición y en el escrito de tutela.
Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por la actora encaminada a que se diera respuesta a la solicitud del 28 de julio de 2025 fue resuelta en el trámite de la presente acción de tutela . De este modo, la orden del juez constitucional relativa a lo
que se diera respuesta a la solicitud del 28 de julio de 2025 fue resuelta en el trámite de la presente acción de tutela . De este modo, la orden del juez constitucional relativa a lo solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
En consecuencia, para la Sala las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión impugnada y, en su lugar, de clarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Radicado: 73001-23-33-000-2025-00356-01
Demandante: Hernando Torres Gaitán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador