CE - Sentencia 73001233300020250036801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 73001-23-33-000-2025-00368-01

Accionante: ANANIAS TORRES AMORTEGUI

Accionado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

IBAGUÉ, EMPRESA IBAGUEREÑ A DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P Y MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Auto que decide no abrir Incidente de desacato. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 5 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparo los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora.

I. ANTECEDENTES

noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparo los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administra ción de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“11.1º En la Sentencia judicial que conceda el amparo constitucional deprecado, el Honorable Tribunal, decretará la inaplicación, dejara sin efecto o su equivalente la providencia judicial de fecha 14 de octubre de 2025 dentro de la radicación 73001 – 33 – 33 – 011 – 2020 – 00045 – 00 la cual declaró la no apertura del incidente de desacato contra el IBAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ por incumplimiento a la sentencia judicial proferida el día 25 de marzo de 2022, por el Juzgado Once administrativo del Circuito de Ibagué que ordenó en un plazo de 8 meses reponer o renovar y mantener en operación las redes de acueducto y alcantarillado ubicadas en la carrera 10 A entre calles 41 a 44 ( nomenclatura antigua) del barrio Calarcá de la ciudad de Ibagué y colateralmente, efectuadas las obras referidas, expedir inmediatamente y con destino al Municipio de Ibagué, la certificación hidrosanitaria para adelantar las labores de pavimentación, y como consecuencia del de esta decisión regresar el

colateralmente, efectuadas las obras referidas, expedir inmediatamente y con destino al Municipio de Ibagué, la certificación hidrosanitaria para adelantar las labores de pavimentación, y como consecuencia del de esta decisión regresar el expediente al JUZGADO ONCE ADM NISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, para que dentro de un término de cuarenta ocho siguientes a la2

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Accionante: Ananías Torres Amórtegui

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notificación de la sentencia proceda a decretar la apertura del incidente de desacato contra los funcionarios del IBAL Y DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ responsables del Incumplimiento a la sentencia judicial que desató la acción de popular atendiendo las normas legales de derecho positivo y procesales”.

2. Hechos

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La accionante relató que la Personería Municipal de Ibagué en ejercicio de sus facultades promovió en representación de la comunidad del Barrio Calarcá de la ciudad de Ibagué el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el municipio de Ibagué y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. con el fin que se repararan las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 A entre las calles 41 a 44 del barrio Calarcá y la pavimentación de las mismas.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué

y alcantarillado en la carrera 10 A entre las calles 41 a 44 del barrio Calarcá y la pavimentación de las mismas.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué 2 , que mediante sentencia de 25 de marzo de 2022 resolvió amparar los derechos colectivos “ al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes” y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“A la empresa Ibaguereña de acueducto y alcantarilladoIBAL S.A. E.S.P. –:

• En un plazo no superior a ocho (8) meses, reponer o renovar y mantener

en operación las redes de acueducto y alcantarillado ubicadas en la Carrera 10 A entre calles 41 a 44 (nomenclatura antigua) del barrio Calarcá de la ciudad de Ibagué.

• Efectuadas las obras referidas, expedir inmediatamente y con destino al Municipio de Ibagué, la certificación hidrosanitaria correspondiente como requisito previo para adelantar las labores de pavimentación.

Al Municipio de Ibagué:

• Recibida la certificación hidrosanitaria por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., en un plazo no mayor a ocho (8) meses, llevar a cabo la pavimentación del tramo vial urbano ubicado en la

Carrera 10 A entre calles 41 a 44 ( nomenclatura antigua) del barrio Calarcá

meses, llevar a cabo la pavimentación del tramo vial urbano ubicado en la Carrera 10 A entre calles 41 a 44 ( nomenclatura antigua) del barrio Calarcá de la ciudad de Ibagué”.

Contra la anterior decisión, el 8 de abril de 2022 la apoderada de la parte demandada presentó recurso de apelación. No obstante, mediante auto de 6 de diciembre de 2022, el Juzgado Once A dministrativo del Circuito de Ibagué lo negó por extemporáneo. Posteriormente, el 25 de agosto de 2023 el Juzgado requirió a la entidad demandada para que remitieran un informe detallado y debidamente sustentado sobre el cumplimiento de lo ordenado mediant e sentencia de 25 de marzo de 2022.

Mediante memorial de 4 de julio de 2024, la Personería de Ibagué presentó al Juzgado solicitud de convocatoria a un Comité de Verificación “in situ”, al considerar que la empresa demandada no había adelantado las acciones pertinentes y conducentes para materializar el cumplimiento de la sentencia. El 19 de diciembre

1 Los hechos relacionados se desprenden del escrito de tutela y del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos. 2 Proceso no. 73001-33-33-011-2020-00045-00.3

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Accionante: Ananías Torres Amórtegui

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de 2024, el Juzgado requirió nuevamente al municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. para que presentaran el informe solicitado mediante proveído de 25 de agosto de 2023. En ese orden de ideas, el 25 de febrero de 2025 la empresa demandada allegó el informe de cumplimiento del fallo.

El accionante señaló que el 28 de abril de 2025 presentó solicitud al Juzgado con el fin de que se cumpliera lo dispuesto en la sentencia de 25 de marzo de 2022, al considerar que dichas entidades no habían acatado lo ordenado.

El 8 de julio de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué requirió a la Secretaria General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. para que dentro de los diez días siguientes a la notificación, informara al despacho sobre el estado actu al de las órdenes impartidas en la sentencia de 25 de marzo de 2022, y le advirtió que, de no dar respuesta al requerimiento señalado, se procedería a resolver sobre la solicitud de apertura del incidente de desacato presentado por la parte actora. Mediante escrito de 18 de julio de 2025, l a Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. allegó al Juzgado el informe requerido.

de 2025, l a Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. allegó al Juzgado el informe requerido.

A través de memorial de 1° de septiembre de 2025, el señor Ananías Torres Amórtegui presentó solicitud de incidente de desacato por el incumplimiento parcial de la sentencia de 25 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, al estimar la empresa demandada no había dado cumplimiento a lo ordenado.

Finalmente, la parte actora sostuvo que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué mediante decisión de 14 de octubre de 2025 resolvió abstenerse de darle apertura al incidente de desacato solicitado por el señor Ananías Torres Amórtegui, al considerar que no se observab a una actitud temeraria o desafiante frente a la orden judicial impartida por parte de la empresa demandada, sino la ejecución parcial y la programación de las actividades para cumplir con lo ordenado, con un cronograma diferente al inicialmente establecido, y concluyó que la autoridad judicial accionada precisó que la entidad había presentado los informes técnicos solicitados, ejecutado algunas obras y adjudicado los procesos contractuales para la realización de las intervenciones que se encontraban pendientes.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que los artículos 228 y 229 de la Constitución Política garantizan el acceso pleno a la justicia, lo cual implica no solo obtener una decisión, sino también que el juez asegure su cumplimiento mediante los mecanismos procesales correspondientes, por lo que n egarse a abrir un incidente de desacato

garantizan el acceso pleno a la justicia, lo cual implica no solo obtener una decisión, sino también que el juez asegure su cumplimiento mediante los mecanismos procesales correspondientes, por lo que n egarse a abrir un incidente de desacato cuando una sentencia no se cumple constituía una denegación de justicia.

Sostuvo que “sí ha existido negligencia por parte del IBAL y el Municipio, para cumplir la sentencia judicial, en el entendido que han transcurrido aproximadamente (3 AÑOS Y 7 MESES) de proferida la sentencia judicial y no se han terminado las obras ordenadas en la sentencia de marras. La negligencia del IBAL se estructura debido a que la sentencia judicial lo vincula de manera directa, al Municipio de Ibagué lo vincula de manera indirecta, sujeto a que el IBAL ejecute las obras pertinentes y luego expida la certificación hidrosanitaria con destino al Municipio para que ejecute la pavimentación, sin embargo, estas labores deben ser ejecutadas mancomunadamente IBAL Y MUNICIPIO de Ibagué como lo estab lece la jurisprudencia”.4

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Por último, afirmó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico, al considerar que aunque el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué sí analizó los informes presentados por el Municipio de Ibagué y por la E mpresa

Por último, afirmó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico, al considerar que aunque el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué sí analizó los informes presentados por el Municipio de Ibagué y por la E mpresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. para decidir sobre la apertura del incidente de desacato, dicha valoración fue equivocada, pues concluyó que no existía incumplimiento de la sentencia del 25 de marzo de 2022, aun cuando las entidades no habían cumplido dentro del plazo establecido.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque no se cumplían los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, y agregó que en caso de que se estudiara de fondo el amparo se negaran las pretensiones, toda vez que no se evidenciaba una vulneración a los derechos fundamentales alegados por el actor.

Y manifestó que el Juzgado se abstuvo de iniciar el incidente de desacato por incumplimiento de la sentencia de 25 de marzo de 2022, al considerar que “ no se observa una actitud temeraria o desafiante frente a la orden judicial p or parte de la entidad accionada, sino más bien la ejecución parcial y programación de actividades para cumplir lo ordenado, aunque con un cronograma diferente al inicialmente establecido. La entidad ha presentado informes técnicos, ha ejecutado algunas obras y ha adjudicado o iniciado procesos contractuales para la realización de las intervenciones pendientes”.

para cumplir lo ordenado, aunque con un cronograma diferente al inicialmente establecido. La entidad ha presentado informes técnicos, ha ejecutado algunas obras y ha adjudicado o iniciado procesos contractuales para la realización de las intervenciones pendientes”.

4.2. Respuesta del municipio de Ibagué

La apoderada judicial de la entidad territorial rindió informe en el que precisó que el accionante pretendía que se revocara la decisión de 14 de octubre de 2025, a través de la cual el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué se abstuvo de abrir el incidente de desacato en el marco del cumplimiento de una acción popular. Y en ese sentido, afirmó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante podía solicita nueva apertura del incidente de desacato, y además precisó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

Asimismo, agregó que “el accionante pretende controvertir una decisión judicial proferida dentro de un proceso de acción popular, lo cual no puede hacerse por vía de tutela, salvo que se acrediten causales de procedencia excepcional, lo que no ocurre al contrario se logra eviden ciar que, el auto del 14 de octubre de 2025 se encuentra debidamente motivado y fundado en pruebas técnicas, sin que se observe arbitrariedad o violación del debido proceso. Por tanto, la acción de tutela resulta improcedente”.

Manifestó que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el desacato es un mecanismo sancionatorio y correctivo que tiene como objeto garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales proferidas en el marco de las

Manifestó que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el desacato es un mecanismo sancionatorio y correctivo que tiene como objeto garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales proferidas en el marco de las acciones populares. Y explicó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué evaluó los informes presentados, valoró las acciones realizadas por el municipio y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. y concluyó que no se evidenciaba ningún incumplimiento doloso ni negligente de su parte.5

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Agregó que la decisión impugnada no constituía una negativa arbitraria ni un desconocimiento de la orden impartida en la sentencia de 25 de marzo de 2025, “sino una actuación prudente, motivada y p roporcional que busca asegurar el cumplimiento progresivo de las órdenes impartidas, en coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T -254 de 2014) y del Consejo de Estado (sentencia de 3 de noviembre de 2022, Rad. 11001 -03-15-000-202205224-00)”.

Por último, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva del municipio , al estimar que no existía un nexo causal

05224-00)”.

Por último, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva del municipio , al estimar que no existía un nexo causal directo entre la actuación del municipio y el presunto agravio ale gado y, además, aclaró que el municipio no había expedido ningún acto que pudiera ser considerado generador de vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.

4.3. Respuesta de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL

S.A. E.S.P.

La apoderada judicial de la empresa rindió informe en el que señaló que se ha cumplido la orden judicial, toda vez que se han realizados actividades técnicas, administrativas y financieras para mejorar el servicio de alcantarillado. Adicionalmente, agregó que “el análisis del incidente de desacato debe considerar los esfuerzos realizados por IBAL, los avances documentados y la transparencia en la gestión. Las demoras justificadas y obstáculos técnicos o presupuestales debidamente informados pueden ser causas legítimas para evitar el reproche sancionatorio. El objetivo es la observancia efectiva de los derechos colectivos y el cumplimiento sustancial de la sentencia judicial”.

Manifestó que el incidente de desacato tien e un carácter coercitivo, pues permite imponer arresto y multas, pero su finalidad principal es asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela, más que castigar al funcionario. Asimismo, indicó que la ESP cumplió con la sentencia, la cual no ex igía intervenir las redes de acueducto, y cuenta con un concepto técnico que confirma que dichas redes funcionan adecuadamente.

que la ESP cumplió con la sentencia, la cual no ex igía intervenir las redes de acueducto, y cuenta con un concepto técnico que confirma que dichas redes funcionan adecuadamente.

Por último , adujo que la sentencia judicial es un acto vinculante que genera obligaciones y puede dar lugar a ejecución forzosa , pero su cumplimiento debe evaluarse de manera integral. Y en ese orden de ideas, sostuvo que la Corte Constitucional establece criterios objetivos (posibilidad real de cumplimiento, complejidad, competencias, plazos) y subjetivos (dolo, culpa, acciones realizadas), permitiendo al juez un análisis flexible que privilegie la efectividad de la orden y la protección de derechos, evitando formalismos excesivos.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 5 de noviembre de 2025, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos incoados por el señor ANANÍAS TORRES AMORTEGUI, contra el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.6

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al JUZGADO

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, iniciar un nuevo incidente desacato, conforme a las consideraciones antes enunciadas.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz, en los términos indicados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

Señaló que se cumplió con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en lo que respecta a la subsidiariedad precisó que la providencia de 14 de octubre de 2025 mediante la cual el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió abstenerse de iniciar el trámite incidental de desacato se encuentra ejecutoriada desde el 22 de octubre de 2025, por lo tanto, explicó que contra dicha decisión no procedían recursos en virtud de lo dispuesto en los artículos 36 y 41 de la Ley 472 de 1998 y 318 del Código General del Proceso.

Asimismo, aclaró que no se surtió el grado jurisdiccional de consulta, pues ante la falta de prosperidad del incidente no se impuso ninguna sanción y , además, indicó que la acción de tutela se presen tó el 24 de octubre de 2025, es decir, cuando ya

falta de prosperidad del incidente no se impuso ninguna sanción y , además, indicó que la acción de tutela se presen tó el 24 de octubre de 2025, es decir, cuando ya había finalizado el trámite incidental , por lo tanto, concluyó que el accionante no contaba con otro mecanismo de defensa judicial y , en ese sentido, la acción de tutela era procedente como mecanismo definitivo.

En relación con los requisitos específicos manifestó que el accionante afirmó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué incurrió en un “ defecto fáctico de carácter positivo”, porque a su parecer, la juez aunque si efectuó una valoración de los informes aportados por el municipio de Ibagué y la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P con el fin de definir sobre la apertura del trámite incidental, la misma fue equivocada porque , a su juicio, no había incumplimiento de la sentencia de 25 de marzo de 2022.

En ese orden de ideas, explicó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué decidió no aperturar el incidente de desacato con tra el municipio de Ibagué y el IBAL, al considerar que no se demostró ninguna actitud rebelde o negligente frente a las órdenes que se le habían impuesto , por el contrario, el juzgado afirmó que habían estado prestas al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 22 de marzo de 2022 dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. No obstante, precisó que “para la procedencia de una sanción por desacato no debe observarse exclusivamente la cuestión objetiva (el

marzo de 2022 dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. No obstante, precisó que “para la procedencia de una sanción por desacato no debe observarse exclusivamente la cuestión objetiva (el incumplimiento), sino también un factor subjetivo del llamado a cumplir”.

Aclaró que “la Juez verificó la responsabilidad subjetiva de los obligados, analizando sus acciones positivas frente al cumplimiento de la sentencia del 25 de marzo de 2022, puesto mostraron (sic) un acatamiento parcial. Sin embargo, la autoridad judicial que adelanta un incidente de desacato no solo debe verificar el incumplimiento del fallo judicial, sino que debe analizar otros aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de esta, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso”.

Asimismo, precisó que la sentencia de 25 de marzo de 2022 proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué fijó un plazo de ocho meses7

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para su cumplimiento, no obstante, ya han pasado treinta y cinco meses desde que ese plazo venció —casi tres años— y las entidades responsables solo han cumplido

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para su cumplimiento, no obstante, ya han pasado treinta y cinco meses desde que ese plazo venció —casi tres años— y las entidades responsables solo han cumplido parcialmente. Por lo tanto, aclaró que el incidente de desacato no busca castigar, sino asegurar que la orden judicial se cumpla y que los derechos colectivos protegidos se restablezcan plenamente y , en ese entendido, agregó que si no se abre el incidente y se siguen aceptando avances parciales, el cumplimiento del fallo se volverá indefinido, poniendo nuevamente en riesgo los derechos colectivos inicialmente amparados.

Afirmó que el hecho de que se estén realizando obras parciales para cumplir la sentencia no justifica ba que el proceso se prolong ara indefinidamente, pues no bastaba con mostrar una simple intención de cumplir, el juez debía exigir la ejecución completa de la orden, especialmente cuando el accionante ha insistido varias veces en ello. Y agregó que la parte actora solicitó la apertura del incidente de desacato el 18 de noviembre de 2024, el 24 de abril de 2025 y el 1 de septiembre de 2025, pero la juez solo decidió no abrirlo hasta el 14 de octubre de 2025.

Sostuvo que la Sala consideraba que, contrario a lo señalado por el juez de instancia en la decisión del 14 de octubre de 2025, sí se configuró un defecto fáctico y se vulneraron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

En definitiva, amparó los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y , en consecuencia, ordenó reanudar el

acceso a la administración de justicia.

En definitiva, amparó los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y , en consecuencia, ordenó reanudar el trámite del incidente de desacato , evaluar las nuevas pruebas aportadas por el accionante y solicitar informes a las entidades accionadas para que acreditaran el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 25 de marzo de 2025 dentro del proceso no. 73001 -33-33-011-2020-00045-00. Y señaló que s i dicho cumplimiento no había sido total, deberían explicar las razones de su ejecución parcial.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, al considerar que el Tribunal no consideró las condiciones técnicas que fueron informadas, toda vez que para el cumplimiento de la obligación la entidad accionada suscribió contrato de obra pública no. 084 de 2025 con el fin de desarrollar la red de alcantarillado de la zona objeto de protección colectiva.

Manifestó que se ha dado continuidad a las labores requeridas en cumplimiento de la orden judicial, no obstante, aclaró que se han presentado retardos derivados de la complejidad técnica y operativa de las intervenciones en la zona. Agregó que se implementaron mesas de trabajo interdisciplinarias con el propósito de identificar los sectores pendientes y priorizar la ejecución de las obras restantes “ en su gran

la complejidad técnica y operativa de las intervenciones en la zona. Agregó que se implementaron mesas de trabajo interdisciplinarias con el propósito de identificar los sectores pendientes y priorizar la ejecución de las obras restantes “ en su gran medida por la insuficiencia de los recursos para atender cada asunto judicial y los derivados de la prestación diaria del servicio público, esto ha dificultado la terminación efectiva para julio de 2025”.

Aclaró que a pesar de los esfuerzos institucionales, factores externos como la disponibilidad presupuestal, las condiciones climáticas y la co ordinación con otras entidades han incidido en el ritmo de ejecución de los trabajos. Sin embargo, afirmó que la empresa había redoblado sus compromisos para avanzar en la culminación8

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de los tramos faltantes y la expedición de las certificaciones hidrosani tarias requeridas para la continuación de los procesos de pavimentación.

Consideró que el Tribunal realizó un análisis equivocado del asunto constitucional, pues pasó por alto que el desacato, como herramienta disciplinaria frente al incumplimiento de una orden dentro de una acción popular, tiene como finalidad asegurar el acatamiento efectivo de lo ordenado por el juez. Para ello, la autoridad judicial puede imponer sanciones incluida la multa conmutable en arresto, pero siempre debe valorar el elemento subjetivo de la responsabilidad, es decir, si existió

asegurar el acatamiento efectivo de lo ordenado por el juez. Para ello, la autoridad judicial puede imponer sanciones incluida la multa conmutable en arresto, pero siempre debe valorar el elemento subjetivo de la responsabilidad, es decir, si existió culpa o dolo de quienes estaban obligados a cumplir la sentencia, además de verificarse objetivamente la inobservancia de la orden.

Manifestó que e n el informe presentado por el IBA L en julio de 2025, la entidad expuso y soportó las actuaciones administrativas y técnicas adelantadas para cumplir el fallo, aunque reconoció retrasos derivados de situaciones propias de su operación, señaló que ha organizado su presupuesto y capacidad té cnica para atender la zona involucrada en la decisión judicial.

Sostuvo que l a doctrina de la Corte Constitucional e ra clara en señalar que no bastaba con constatar que se venció el plazo para cumplir la orden (elemento objetivo), pues para imponer una sanción por desacato, también debía acreditarse la renuencia, negligencia o desidia del funcionario encargado, es decir, la falta de voluntad real de cumplir.

Refirió que en el caso concreto, el auto que se abstuvo de iniciar la apertura del incidente de desacato no vulneraba los derechos fundamentales de la parte actora, pues la E.S.P no ha ignorado el mandato judicial, por el contrario, ha cumplido de manera pa