CE - Sentencia 76001233100020100159602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por l a parte demandada contra la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (en adelante EMCALI) presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución 00311 del 5 de abril de 2004, mediante la cual se reconoció a la parte demandada una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1999 -2000, suscrita el 9 de marzo de

1999.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, en el marco del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , (ii) que se imponga al demandado la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas con ocasión del reconocimiento pensional irregular, conforme al nuevo cálculo que resulte de

imponga al demandado la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas con ocasión del reconocimiento pensional irregular, conforme al nuevo cálculo que resulte de la liquidación ajustada, y (iii) se condene al pago de intereses y ajustes monetarios , en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA).

3. Señaló que el demandad o tuvo la condición de emplead o público hasta el 30 de diciembre de 1996, conforme a la naturaleza jurídica que revestía EMCALI en ese momento. Sin embargo, a partir del 1.º de enero de 1997, cuando dicha entidad se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, el demandad o habría adquirido la calidad de trabajador oficial. No obstante, advirtió que esta clasificación no puede derivarse únicamente del cambio formal en la naturaleza jurídica de la entidad ni de la denominación del cargo desempeñado, pues ello desnaturalizaría el análisis del derecho sustancial. En ese sentido, insistió en la aplicación del principio de primacía de Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984

Radicación : 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

Demandante : Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. E.S.P.) Demandado : Jaime Ocampo Mesa Tema : Declara probada de oficio la excepción de caducidad de conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

Demandante: Empresas Municipales de Cali

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conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

Demandante: Empresas Municipales de Cali

2 la realidad sobre las formas en materia laboral, habida cuenta de que el ac cionado cumplía con los elementos propios del vínculo legal y reglamentario, por lo cual debía conservar la calidad de empleado público.

4. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el demandado no podía ser beneficiari o de una convención colectiva de trabajo, y que, en su lugar, el reconocimiento pensional debía regirse por lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, en el marco del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En aplicación d e dicho régimen, afirmó que el accionado solo tenía derecho a una pensión equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación (en adelante IBL) , determinado a partir de los factores salariales previstos de manera expresa en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y devengados durante el último año de servicio.

5. En consecuencia, cuestionó el reconocimiento pensional efectuado con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1999 -2000, en virtud de la cual se concedió al accionado una pensión equivalente al 90 % del promedio de salarios y primas de toda índole —legales y extralegales— percibidas en el último año de servicios, con la precisión de que, al asumir el riesgo por vejez el fondo de pensiones de seguridad social, este solo pagaría el mayor valor si lo hubiere.

Contestación de la demanda.

de que, al asumir el riesgo por vejez el fondo de pensiones de seguridad social, este solo pagaría el mayor valor si lo hubiere.

Contestación de la demanda.

6. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que el acto administrativo acusado se ajustó a las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias que regulan la clasificación de los servidores de EMCALI, observando estrictamente el régimen convencional aplicable en su calidad de trabajador oficial, en su condición de titular del cargo de coordinador de gestión y desarrollo de proyectos, el cual no ha sido clasificado como empleo público.

7. Añadió que no resulta procedente ordenar la devolución de las sumas percibidas, en la medida en que no se ha desvirtuado la presunción de buena fe con la que recibió las mesadas pensionales, las cuales fueron pagadas en virtud del acto administrativo demandado.

II. SENTENCIA APELADA.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin imponer condena en costas a la parte demandada. Concluyó que no era procedente extender al accionado la protección contenida en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dado que su situación pensiona l no se encontraba consolidada, razón por la cual no tenía derecho al pago de la pensión de jubilación en los términos en que le fue reconocida. En consecuencia, el Tribunal coligió que el acto administrativo demandado vulneraba el ordenamiento jurídico, al contradecir las normas aplicables en la materia, y por ello declaró su nulidad. No obstante, precisó que el accionado sí tenía derecho al

vulneraba el ordenamiento jurídico, al contradecir las normas aplicables en la materia, y por ello declaró su nulidad. No obstante, precisó que el accionado sí tenía derecho al reconocimiento de una pensión en los términos legales correspondientes.

9. En ese sentido, el Tribunal estableció que el demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y , por tanto, ordenó elRadicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

Demandante: Empresas Municipales de Cali

3 reconocimiento de la pensión con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es, equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Finalmente, negó las demás pretensiones, sin efectuar un análisis de fondo respecto de estas.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

10. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandada , argumentando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, la regla general es que los servidores vinculados a empresas industriales y comerciales del Estado ostentan la calidad de trabajadores oficiales, y únicamente por excepció n revisten el carácter de empleados públicos aquellos que desempeñan funciones de dirección o confianza. En este último caso, dicha clasificación debe estar expresamente prevista en los actos estatutarios expedidos por la respectiva junta directiva.

11. Afirmó que el cargo que desempeñó —coordinador de gestión y desarrollo de

debe estar expresamente prevista en los actos estatutarios expedidos por la respectiva junta directiva.

11. Afirmó que el cargo que desempeñó —coordinador de gestión y desarrollo de proyectos— corresponde al nivel profesional, el cual, de conformidad con el citado artículo 5 y con lo dispuesto en las Resoluciones JD0015 de 1999, 1547 de 1999 y 0090 de 1999 exped idas por la Junta Directiva de EMCALI, no ha sido catalogado como directivo, ni conlleva funciones de dirección o confianza. Por tanto, ese cargo debe ser clasificado como propio de un trabajador oficial.

12. Añadió que desde el año 1997 EMCALI le otorgó tratamiento de trabajador oficial, circunstancia corroborada por los descuentos realizados a su nómina a favor del sindicato SINTRAEMCALI, por concepto de aportes sindicales, durante el periodo comprendido entre enero de 1998 y enero de 2004. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el a quo incurrió en un defecto material sustantivo, al aplicar un régimen pensional que resultaba incompatible con su naturaleza jurídica como trabajador oficial.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

13. Mediante autos proferidos el 30 de junio de 2016 y del 1.° de diciembre de l mismo año, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado para la presentación de alegatos de conclusión, así como al Ministerio Público para la emisión de su concepto, respectivamente.

14. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la parte demanda da presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en el recurso de

Público para la emisión de su concepto, respectivamente.

14. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la parte demanda da presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La parte demandante guardó silencio.

15. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que no resulta procedente extender al demandado la protección prevista en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, toda vez que su situación pensional no se encontraba consolidada al momento de entrar en vigor dicha norma. En consecuencia, concluyó que no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión en los términos establecidos en la convención colectiva de trabajo.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

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V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

16. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca . En consecuencia , corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada1.

Problema jurídico.

17. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso cuarto del artículo 164 del CCA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

artículo 164 del CCA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.

18. El numeral 2 del artículo 136 del CCA establece como regla general que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la Ley 2381 de 20242 prevé

una regla especial de caducidad según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del

que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

19. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma ,

1 La Corte Constitucional en Auto 316 de 2021 (Expediente CJU-0000489) dispuso «[…] 8.6. Regla de Decisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional precisa que cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.». (Negrillas del texto original). Tesis que fue reiterada, entre otros, en los Autos 385 y 1169 de 2021. 2 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dic tan otras disposiciones”.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

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5 según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vig or la ley. Frente a esta cuestión,

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5 según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vig or la ley. Frente a esta cuestión, esta Subsección se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada norma3, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto es, el 16 de julio de 20244.

20. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual vulneración de l os principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».

21. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de la Sala en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso d esde antes de esta modificación normativa.

22. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa

la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso d esde antes de esta modificación normativa.

22. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o admi nistrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en l a necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:

«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P .), y del a cceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P .). Además, son reglas que consolidan la

3 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265 -2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 14312023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 4 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, e mpezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el

artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C -957 de 1997.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 39362018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

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6 seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho . […] el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.»5 (Subrayado propio).

23. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos

legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico6.

24. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto origin al de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 7; y que fue en el segundo debate legislativo adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es Ley de la República.

25. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C -835 de 2003 que declaró la inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en

la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):

«Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas . Paradójicamente, considerando que el recurso

5 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 6 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 7 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley

7 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

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7 extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. […]

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P .), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la

desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los der echos de toda s las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»8 (Resaltado original, subrayado propio)

26. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para

que dicho reconocimiento sea cuestionado:

«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es deci r, cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento

adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien a l Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.»9

27. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos

8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 9 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.Radicación: 76001-23-31-000-2010-01596-02 (0227-2016)

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8 fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para jubilarse.

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8 fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para jubilarse.

28. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores pensionados . C ontraposición en la cual, según el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenam iento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la

Constitución.

29. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Políti ca

29. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos c