CE - Sentencia 76001233300020130120301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 76001233300020130120301 (69000)

Demandante: LUZ ANGÉLICA LÓPEZ DE ABADÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Y OTRA

Tema: Errores en la liquidación de pensión de jubilación. No pago de sumas retroactivas e intereses moratorios. Omisión e irregularidades en el trámite de liquidación pensional. Proceso ejecutivo para reclamar las obligaciones contenidas en una sentencia. Caducidad del medio de control de reparación directa.

No se configuraron costas en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto a través del cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE (en adelante “ CAJANAL”) negó a Víctor Manuel Abadía Villegas una solicitud para reliquidar su pensión. Dicha decisión fue modificada por

Previsión Social EICE (en adelante “ CAJANAL”) negó a Víctor Manuel Abadía Villegas una solicitud para reliquidar su pensión. Dicha decisión fue modificada por la misma Corporación, mediante providencia del 23 de mayo de 2006, en el sentido de disponer que la reliquidación pensional debía realizarse tomando como base el régimen de transición previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 19931.

1 Artículo 36: “Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, de 57 años para las mujeres y 62 para2

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

En virtud de lo anterior, por Resolución del 30 de noviembre de 2007, CAJANAL reliquidó la pensión de Víctor Manuel Abadía Villegas. No obstante, el pensionado solicito a la entidad liquidadora pagarle las sumas retroactivas que había dejado de percibir, así como los intereses moratorios, pues a su juicio, ello había sido ordenado en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como la entidad no dio respuesta a su solicitud, el 8 de octubre de 2008, Abadía Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo el pago de las sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes intereses

Como la entidad no dio respuesta a su solicitud, el 8 de octubre de 2008, Abadía Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo el pago de las sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes intereses moratorios, reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006. Mediante auto del 14 de julio de 2009, el Juzgado que conoció del proceso libró mandamiento de pago contra CAJANAL ordenándole pagar a Víctor Manuel Abadía Villegas aquello que había pedido y que le había sido reconocido en las precitadas providencias. No obstante, dado que CAJANAL entró en proceso de liquidación , mediante proveído del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de Cali remitió el mandamiento de pago a dicha entidad, para que fuera incorporado al trámite liquidatorio de la misma.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, y CAJANAL - EICE Liquidada, son patrimonialmente responsables por el no pago de “todos los retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes intereses moratorios”, pues alegan que ello se debió a graves irregularidades y omisiones en el trámite de liquidación pensional.

los hombres. […] El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,

lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio d e lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos”.3

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de noviembre de 2013 2, Víctor Manuel Abadía Villegas, Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protecc ión Social y, CAJANAL – EICE Liquidada, para que se les declarara patrimonialmente responsables por el no pago a Víctor Manuel Abadía Villegas de “todos los retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes intereses moratorios”, reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades accionadas a pagarles, por daño emergente, la suma de $110.000.000; y

Administrativo del Valle del Cauca.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades accionadas a pagarles, por daño emergente, la suma de $110.000.000; y por lucro cesante, la suma de $570.496.572,80.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante Resolución del 28 de enero de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció una pensión vitalicia de jubilación a Víctor Manuel Abadía Villegas y ordenó pagarle, por dicho concepto, la suma mensual de $3.214.362.

Sostiene que, el 8 de mayo de 2003, el pensionado presentó una petición ante dicha entidad solicitando la reliquidación de su mesada.

Indica que, debido a que la anterior petición no fue contestada por CAJANAL, en fecha indeterminada, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó demanda nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto mediante el cual se había negado la solicitud para reliquidar su pensión.

2 Fl. 100 a 137, C.1.4

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

Advierte que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto y, en consecuencia, ordenó a CAJANAL expedir un nuevo acto administrativo reliquidando las acreencias laborales de Abadía Villegas.

Sostiene que la anterior decisión fue modificada por la misma Corporación mediante

consecuencia, ordenó a CAJANAL expedir un nuevo acto administrativo reliquidando las acreencias laborales de Abadía Villegas.

Sostiene que la anterior decisión fue modificada por la misma Corporación mediante auto del 23 de mayo de 2006, en el sentido de disponer que la reliquidación pensional debía realizarse tomando como base el régimen de transición previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Argumenta que, mediante Resolución del 30 de noviembre de 2007, CAJANAL reliquidó la pensión reconocida a Víctor Manuel Abadía Villegas y fijó como nuevo rubro, por dicho concepto, la suma mensual de $4.332.847.

Subraya que, no obstante, lo anterior, el pensionado solicito a la entidad liquidadora pagarle las sumas retroactivas que había dejado de percibir, así como los intereses moratorios, pues ello había sido ordenado en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Destaca que, como la entidad no dio respuesta a su solicitud, el 8 de octubre de 2008, Abadía Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJ ANAL pretendiendo el pago de las sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes intereses moratorios, los cuales habían sido reconocidos en los proveídos del 14 de marzo de 2006 y 23 de mayo de 2006.

Indica que, dicho trámite correspondió por reparto al Juzgado 15 Administrativo de Cali y se adelantó con el número de radicado 2008-00301.

Resalta que, mediante auto del 14 de julio de 2009, el referido juzgado libró

Cali y se adelantó con el número de radicado 2008-00301.

Resalta que, mediante auto del 14 de julio de 2009, el referido juzgado libró mandamiento de pago contra CAJANAL en el que ordenó pagarle a Víctor Manuel Abadía Villegas “todos los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir” y los intereses moratorios causados a partir de la exigibilidad de dicha obligación.5

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

Sostiene que, el 10 de octubre de 2009, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó ante CAJANAL en Liquidación la reclamación No. 810 de esa fecha, pretendiendo el pago de la suma de $87.190.913.72

Afirma que, dado que CAJANAL entró en proceso de liquidación, mediante proveído del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de Cali remitió el precitado mandamiento de pago a dicha entidad, para que fuera incorporado al trámite liquidatorio adelantado sobre la misma.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, y CAJANAL – EICE Liquidada, son patrimonialmente responsables por el no pago de “todos los retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes intereses moratorios”, pues alegan que ello se debió a graves irregularidades y omisiones en el trámite de liquidación pensional.

2. Contestaciones

El 7 de marzo de 2014 3, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la

irregularidades y omisiones en el trámite de liquidación pensional.

2. Contestaciones

El 7 de marzo de 2014 3, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño alegado por el extremo activo no le era atribuible, toda vez que no tuvo injerencia alguna en su causación. Formuló como excepciones las de ineptitud sustancial de la demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante “UGPP”) 5, como sucesora

3 Fl. 151 a 152, C.1. 4 Fl. 228 a 236, C.1. 5 Fl. 261 a 263, C.1.6

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

procesal de la Caja Nacional de Previsión Social – EICE Liquidada6, manifestó que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se probó que hubiese incurrido en una falla del servicio. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación demanda”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”.

3. Audiencia inicial

El 12 de abril de 2016 7, el Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca celebró la

de la obligación demanda”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”.

3. Audiencia inicial

El 12 de abril de 2016 7, el Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, y la UGPP, sucesora procesal de CAJANAL EICE Liquidada, es responsable (sic) de los perjuicios causados a Víctor Manuel Abadía Villegas por la no reliquidación de su pensión y el pago de retroactivos ordenados en el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 19 de julio de 2016 8 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes 9 y la UGPP 10 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente.

6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2º del Decreto 2040 de 2011, “[…] los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social”.

en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social”. 7 Fl. 352 a 368, C.1. 8 Fl. 395 a 397, C.1. 9 Fl. 343 a 346, C.3. 10 Fl. 399 a 402, C.1.7

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

4.2. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de agosto de 202211, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño alegado no era atribuible a la Administración, toda vez que no se acreditó un vínculo causal entre éste y la falla del servicio imputada a las entidades accionadas.

Al efecto, en la sentencia el Tribunal indicó que “[…] se echa de menos la prueba del elemento <<nexo causal>> entre el incumplimiento de la obligación y la deuda, cuestión que correspondía a la parte demandante dejar plenamente establecida. Es claro que los medios probatorios resultan ineficaces e insufi cientes para probar el nexo causal, por lo anterior, la Sala pudo observar que, debido a las falencias probatorias de la parte demandante, no se demostró que el daño fuese imputable a las demandadas; de tal suerte que la falta de dicha acreditación de la r elación de

nexo causal, por lo anterior, la Sala pudo observar que, debido a las falencias probatorias de la parte demandante, no se demostró que el daño fuese imputable a las demandadas; de tal suerte que la falta de dicha acreditación de la r elación de causalidad, deviene la ausencia de uno de los elementos de la responsabilidad del Estado, por ello acaece el fracaso de las pretensiones”.

6. Recurso de apelación

El 17 de agosto de 2022 12 la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual fue concedido el 22 de septiembre de 202213 y admitido el 7 de octubre siguiente14.

6.1. El extremo activo 15 argumentó que los medios de prueba obrantes en el expediente permitían acreditar el vínculo causal entre el daño alegado y la falla del

11 Índice No. 39, SAMAI. 12 Fl. 425, C.1 13 Fl. 425, C.1. 14 Fl. 429 a 430, C.1. 15 Índice No. 40, SAMAI.8

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

servicio en que habrían incurrido las entidades demandadas. Precisamente, afirmó que la “principal” causa del hecho lesivo fue el deficiente funcionamiento de CAJANAL antes y durante el trámite de liquidación y reliquidación de la pensión de jubilación.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

que la “principal” causa del hecho lesivo fue el deficiente funcionamiento de CAJANAL antes y durante el trámite de liquidación y reliquidación de la pensión de jubilación.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 16 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 17, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

16 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán

sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual conced erá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 17 El valor de la pretensión se estima en la suma de $570.496.572,809

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por una omisión de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y de CAJANAL – EICE Liquidada.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la pretensión de reparación directa ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en e l

18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.10

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección de l interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales p retende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 21, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que req uieran solución por

19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter

caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dot a al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requ erir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no e s absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestacion es, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no

tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la co nducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionad o derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.12

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)

Demandante: Luz Angélica López de Abadía y otros

Administrativo24, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub lite el extremo activo pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Administración por el no pago a Víctor Manuel Abadía Villegas de “todos los retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes intereses moratorios”, reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuál