CE - Sentencia 76001233300020140078901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: MILTON DAVID ROMERO MÁRQUEZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TULUÁ

Tema: Accidente de tránsito. Lesiones físicas sufridas por conductor de motocicleta. “Presencia de un bache sobre la vía”. Omisión a los deberes de mantenimiento y señalización. No se acreditó una falla del servicio. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, esto es, el municipio de Tuluá, contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 11 de junio de 2012, Milton David Romero Márquez se desplazaba en una motocicleta por la calle principal de Aguaclara en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), momento en el cual perdió el control del velocípedo y cayó al suelo debido a la supuesta “presencia de un bache sobre la vía”. Dicho insuceso le ocasionó graves lesiones

Cauca), momento en el cual perdió el control del velocípedo y cayó al suelo debido a la supuesta “presencia de un bache sobre la vía”. Dicho insuceso le ocasionó graves lesiones

Los demandantes consideran que el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) es patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Milton David Romero Márquez, pues aducen que ello se produjo por una omisión en la señalización y el mantenimiento de la vía por la que este se desplazaba.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 30 de julio de 2014 1, Javier Antonio Romero, Alicia Márquez Jaramillo y, Milton David, Maicol Stiven y Fernando Romero Márquez, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra del municipio de Tuluá – Valle del Cauca (en adelante el “municipio de Tuluá”), para que fuera declarado patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Milton David Romero Márquez, luego del siniestro de tránsito ocurrido el 11 de junio de 2012.

Como pretensiones de su dema nda, el extremo activo solicita condenar al ente territorial accionado a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los libelistas; por daño a la salud, 200 SMLMV a Milton David Romero Márquez; y por lucro cesante, la suma de $530.550.000 a Milton David Romero Márquez.

En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, a las 02:00 horas

por lucro cesante, la suma de $530.550.000 a Milton David Romero Márquez.

En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, a las 02:00 horas del 11 de junio de 2012, Milton David Romero Márquez se desplazaba en la motocicleta de placas MMZ-81A por la calle principal de Aguaclara en el municipio de Tuluá, momento en el cual perdió el control del vehículo y cayó sobre el suelo debido a la “presencia de un bache sobre la vía”.

Sostiene que, dicho insuceso, produjo graves lesiones al señor Romero Márquez, tanto así, que ocasionaron la pérdida del 100% de su capacidad laboral.

Los accionantes consideran que el municipio de Tuluá es patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Milton David Romero Márquez, pues afirman que ello se produjo por una omisión en la señalización y el mantenimiento de la vía por la que este se desplazaba.

1 Folios 110 a 122, C.1.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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2. Contestación

El 19 de agosto de 2014 2 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad pública accionada y al Ministerio Público.

2.1. El municipio de Tuluá 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que este se produjo por un actuar imprudente y/o negligente del conductor de la motocicleta. Por ello,

argumentando que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que este se produjo por un actuar imprudente y/o negligente del conductor de la motocicleta. Por ello, formuló como excepción la de hecho y/o culpa exclusiva de la víctima.

3. Audiencia inicial

El 28 de abril de 2016 4, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la audiencia inicial en la que, entre otras más, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar: “[…] si es procedente declarar responsable al Municipio de Tuluá por el accidente de tránsito ocasionado el once (11) de junio de dos mil doce (2 012) y, en consecuencia, acceder al pago de perjuicios por la falta de señalización preventiva de la existencia del hueco en la vía pública y a la deficiente iluminación de la avenida principal de Aguaclara.”

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de enero de 2017 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo 6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda.

2 Fl. 124, C.1. 3 Folio 148 a 156, C.1. 4 Folios 175 a 182, C.1. 5 Folios 192 a 195, C.1. 6 Folios 212 a 220, C.1.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

5 Folios 192 a 195, C.1. 6 Folios 212 a 220, C.1.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

4 4.2. El Ministerio Público 7 sostuvo que lo probado en el proceso permitió constatar que el siniestro de tránsito se debió a un hueco ubicado en la calle principal de Aguaclara en el municipio de Tuluá. En conclusión, afirmó que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio, toda vez que el cuidado, conservación y señalización de la vía donde ocurrió el accidente estaba a su cargo.

4.3. El municipio de Tuluá guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022 8, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la vía en donde acaeció el accidente pertenecía al municipio de Tuluá y, a pesar de ello, no contaba con el debido mantenimiento, iluminación y señalización. En sustento, estimó que el ente territorial incurrió en una falla del servicio, consistente en una omisión al deber de mantenimiento y señalización que le asistía sobre la vía en donde ocurrió el siniestro.

6. Recurso de apelación

El 28 de noviembre de 20229 el municipio de Tuluá interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de febrero de 2023 10 y admitido el 3 de marzo de siguiente11.

6.1. El recurrente reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación a

el cual fue concedido el 2 de febrero de 2023 10 y admitido el 3 de marzo de siguiente11.

6.1. El recurrente reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la demanda. Además, sostuvo que lo probado en el proceso no permitió demostrar la falla del servicio que le fue endilgada, ni el nexo causal entre esta y las lesiones sufridas por el señor Romero Márquez. Por último, destacó que el daño alegado no le era imputable, toda vez que este se ocasionó por un actuar imprudente y/o negligente del conductor de la motocicleta.

7 Fl. 221 a 234, C.1. 8 Visible en el indicativo SAMAI, índice No. 30 del expediente con N. de radicado 76001233300020140078900. 9 Visible en el indicativo SAMAI, índice No. 35 del expediente con N. de radicado

76001233300020140078900. 10 Folio 236, C. Principal. 11 Folios 240 a 241, C. Principal.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De confor midad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 12 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En esta instancia, el Ministerio Público 13 manifestó que lo probado en el proceso permitió inferir la falla del servicio, toda vez que la vía en donde ocurrió el siniestro

traslado para alegar de conclusión.

En esta instancia, el Ministerio Público 13 manifestó que lo probado en el proceso permitió inferir la falla del servicio, toda vez que la vía en donde ocurrió el siniestro vial carecía del debido mantenimiento y señalización. Además, señaló que, a s u juicio, la omisión de la Administración fue la causa del accidente de tránsito.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Tuluá contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación14, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

12 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la not ificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decre tar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de

pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decre tar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despa cho para dictar sentencia”. 13 Visible en el indicativo SAMAI, índice No. 11 del expediente con N. de radicado 76001233300020140078901 14 La sumatoria de las pretensiones asciende a $530.550.000, monto que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vi gentes (SMLMV) para el año 2014, cuando se presentó la demanda. Para dicho año, el SMLMV era de $616.000, lo que implica que la cuantía mínima requerida debía superar los $308.000.000.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invo cado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama la reparación de un daño por unos hechos imputables a una omisión del municipio de Tuluá.

3. Vigencia del medio de control

Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama la reparación de un daño por unos hechos imputables a una omisión del municipio de Tuluá.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto pr ocesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio16.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando

15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputab le a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 16 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar , que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

7 a la protección del interés g eneral17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ade más, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran soluc ión por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un meca nismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

17“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en

potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002. 18 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derech os adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

8 limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

8 limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha d el aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto, se estima que el ejercicio del derecho de acción se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 11 de junio de 2012 oc urrió el siniestro vial que le produjo las afectaciones físicas a Milton David Romero Márquez (hechos probados 7.1.3. y 7.1.4.); ii) que el 9 de junio de 201421 los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 30 de julio siguiente 22; y iii) que la demanda se presentó el 30 de julio de 201423, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

julio de 201423, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

19 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determi nadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer det erminada acción judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 20 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda al egarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, po r ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.

oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998. 21 Folios 6 a 7, C. Principal. 22 Folios 6 a 7, C. Principal. 23 Acta individual de reparte, folio 123, C. Principal.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.

4.1. Milton David Romero Márquez (víctima), Javier Antonio Romero (padre), María Alicia Márquez Jaramillo (madre) y, Maicol Stiven y Fernando Romero Márquez (hermanos), están legitimados en la causa por pasiva, pues el prim ero, fue quien sufrió las lesiones físicas luego del siniestro vial ocurrido el 11 de junio de 2012 (hechos probados 7.1.3. y 7.1.4.), y los demás, conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles d e nacimiento25.

4.2. El municipio de Tuluá está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 del artículo de la Ley 136 de 199426 y en los artículos 5º y 6º de la Ley 769 de 2002 27, “las autoridades locales deben realizar las actividades de mantenimiento y conservación de las vías públicas dentro de su jurisdicción”. Asimismo, por ser el ente territorial a quien se imputa el hecho

realizar las actividades de mantenimiento y conservación de las vías públicas dentro de su jurisdicción”. Asimismo, por ser el ente territorial a quien se imputa el hecho lesivo alegado en la demanda.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso en concreto, el municipio de Tuluá es patrimonialmente responsable por las lesiones físicas sufridas por Milton David Romero Márquez, debido a una omisión en el mantenimiento y señalización vial.

24 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18. 25 Fl. 106 a 109, C.1. 26 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 27 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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6. Solución del problema jurídico

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

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6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre aquella que le corresponde por una omisión a los deberes de mantenimiento y señalización de las vías públicas.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 28 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 29, que contraría el orden legal30 o que está desprovista de una causa que la justifique31, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida32, violando de manera directa el princip io alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,

28 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públic as. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 30 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de l 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 32 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.Radicado: 76001233300020140078901 (69530)

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

11 de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la

Demandante: Milton David Romero Márquez y otros

11 de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros33.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por omisión en el mantenimiento y señalización de las vías públicas

Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Políti ca no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez establecer cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso34.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen d e responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio es el título de imputación bajo cuya óptica, por excelencia, se deben analizar las controversias suscitadas con el Estado, toda vez que con base en él se analiza el incumplimiento de las obligaciones a su cargo35.

El artículo 19 de la Ley 105 de 1993 dispone que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte de su propiedad.

cargo35.

El artículo 19 de la Ley 105 de 1993 dispone que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte de su propiedad.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril de 2012. Rad.: 21515. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, S