CE - Sentencia 76001233300020160004702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D.C., Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 76-001-23-33-000-2016-00047-02 (5098-2024)1.

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo.

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Tema: Decisión: Prima Especial de Servicios - Ley 4 de 1992

Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del Veintiséis (26) de Ju nio de Dos Mil Veinticuatro (2024) , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES. 1.1 La demanda2.

1.1.1 Pretensiones.

El señor Gustavo Montoya Restrepo, actuando por conducto de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos “acto ficto que lo constituye la no resolución, por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, del recurso

formuló las siguientes pretensiones:

«[…] Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos “acto ficto que lo constituye la no resolución, por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, del recurso

1 Magistrados: Gonzalo Perdomo Cabrera, María Eugenia Clavijo y Diego León Gómez Martínez. 2Expediente digital-Samai rad. 19001233300420190034700-Gestionar documentos-Descargar archivos-Documento PDF de nombre: 013ED_C01Principal_04DEMANDAPDF.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

2 de REPOSICIÓN propuesto de manera principal contra el Oficio No. SG 2095 del 12 de mayo de 2015, notificada el 25 de mayo de 2015 … (…)

…del Oficio No. SG 2095 del 12 de mayo de 2015, notificada el 25 de mayo de 2015, (…) que dio a entender al [demandante], como negado el reconocimiento y Pago efectivo de la Reliquidación de la Prima Especi al de Servicios y reconocimiento de la Naturaleza Salarial de dicha prestación…”

3. Inaplicar los decretos 621 de 2007, 661 de 2008, 726 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 por inconstitucionales e ilegales, dado que reiteran los yerros que dieron lugar a la nulidad de las normas que en tal sentido le precedieron y fueron declaradas nulas mediante sentencia del 29 de abril de 2014 por la sala de Conjueces del Consejo de Estado.

reiteran los yerros que dieron lugar a la nulidad de las normas que en tal sentido le precedieron y fueron declaradas nulas mediante sentencia del 29 de abril de 2014 por la sala de Conjueces del Consejo de Estado.

4. Que a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a favor del Dr. GUSTAVO MONTOYA RESTREPO y en contra de LA NACION - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, el reconocimiento de la reliquidación y pago de la Prima Especial de Servicios y reconocimiento de la Naturaleza Salarial de dicha prestación con la concerniente Reliquidación de salarios, Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad, Bonificación por Actividad Judicial, sus efectos en la reliquidación de la Cesantías, intereses a las cesantías, ap ortes a pensión, demás Prestaciones Sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma incompleta, al que tiene derecho por haber ejercido y estar ejerciendo el cargo de Procurador 71 Judicial II, en Penal, de Cali, V., al tenor del fallo del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección SegundaSala de Conjueces, en sentencia del 29 de Abril de 2014, expediente No. 11001-03-25-0002007-00087-00, con ponencia de la Dra. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, con retroactividad al 01 de Enero de 1993, fecha posterior a su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha.

5. Que como consecuencia de las precedentes declaraciones se ordene a la NACION, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, a título de restablecimiento del derecho,

General de la Nación y hasta la fecha.

5. Que como consecuencia de las precedentes declaraciones se ordene a la NACION, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, a título de restablecimiento del derecho, declarar que a mi mandante, GUSTAVO MONTOYA RESTREPO, le asiste razón jurídica para que la entidad demandada reliquide y cancele las sumas adeudadas por concepto de la reliquidación y pago de la Prima Especial de Servicios y reconocimiento de la N aturaleza Salarial de dicha prestación con la concerniente Reliquidación de salarios, Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad, Bonificación por Actividad Judicial, sus efectos en la reliquidación de la Cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás Prestaciones Sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma incompleta, inherentes al cargo, con efectividad a la fecha de la vinculación al cargo de Procurador Judicial II, En Penal, de Cali, V., ya en vigencia de la Ley 4 de 1992, y hasta cuando sea efectivamente cancelado dichos valores, incluyendo el correspondiente a los aumentos que se hubieren decretado año a año, con posterioridad a la expedición de la norma, con fundamento en la ley, el pr ecedente jurisprudencial invocado y los que lo soportaron y todos aquellos que le han seguido, es decir, ordenándose pagar el 30% adicional de lo que por todo concepto perciben los jueces por concepto de salario, desde el 01 de enero de 1993, fecha posterior a su vinculación a la procuraduría General de la Nación y hasta la fecha. […]»

1.1.2 Hechos.

01 de enero de 1993, fecha posterior a su vinculación a la procuraduría General de la Nación y hasta la fecha. […]»

1.1.2 Hechos.

Se narró en la demanda, que el demandante se vinculó a la Procuraduría General de la Nación el 17 de julio de 1992, para desempeñar el cargo de Procurador 71 Judicial II Penal en la ciudad de Cali, del cual tomó posesión el 10 de agosto del mismo año.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

3 Explicó que el legislador, a través de la Ley 4ª de 1992, facultó al Gobierno nacional para fijar una prima especial de servicios equivalente a un porcentaje comprendido entre el 30 % y el 60 % de la asignación básica mensual. Indicó que dicha reglamentación fue desarrollada mediante múltiples decretos expedidos anualmente, entre ellos los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 34, 35 y 36 de 1996; 47, 56 y 76 de 1997; 64, 65 y 67 de 1998; 37, 43 y 44 de 1999; 2734, 2739 y 2740 de 2000; 1474, 1475 y 1482 de 2001; 2720,

2724 y 2730 de 2001; 673, 682 y 683 de 2002; 3548, 3568 y 3569 de 2003; 4169, 4171 y 4172 de 2004; 933, 935 y 936 de 2005; 388, 389 y 392 de 2006; 617, 618 y 621 de 2007; 3048 y 621 de 2007; 661 de 2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de 2011; 841 de 2012; 1061 de 2013 y 186 de 2014 y, precisó que todas estas normas dispusieron que la prima especial correspondía al 30 % de la asignación básica devengada. Indicó que, mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2014, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos expedidos por el Gobierno nacional para las vigencias comprendidas entre los años 1993 y 2007 , al considerar que su contenido vulneraba la normativa superior aplicable. Manifestó, que el 15 de julio de 2014 elevó petic ión en la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales, emolumentos salariales y demás beneficios laborales que, a su juicio , fueron indebidamente liquidados durante todo el periodo de su vinculación con la entidad demandada. Finalmente, señaló que la Procuraduría General de la Nación, mediante Oficio SG No. 002095 del 12 de mayo de 2015, negó la solicitud, concediéndole la posibilidad de interponer el recurso de reposición, el cual fue impetrado el 28 de mayo de 2015;

No. 002095 del 12 de mayo de 2015, negó la solicitud, concediéndole la posibilidad de interponer el recurso de reposición, el cual fue impetrado el 28 de mayo de 2015; sin embargo, aseguró que no fue resuelto por la administración, configurándose un acto ficto o presunto, en virtud del silencio administrativo. 1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante invocó la vulneración de los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 90, 123 y 209 de la Constitución Política. Así mismo, fundamentó sus pretensionesRadicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

4 en los artículos 15 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; en los artículos 2 literales a) y h) y 10 de la Ley 4ª de 1992; y en la Ley 270 de 1996, entre otras disposiciones aplicables.

Sostuvo que la Ley 4ª de 1992 confirió al Gobierno Nacional la facultad de revisar y establecer el sistema de remuneración de los e mpleados públicos, pero condicionando dicho ejercicio al respeto de los derechos adquiridos y a los principios rectores de igualdad, progresividad y favorabilidad en materia laboral. Indicó que, en consonancia con el artículo 13 superior, el principio de i gualdad se concreta en la máxima “a trabajo igual, salario igual”, lo que impide que existan tratos diferenciados injustificados entre servidores públicos que desempeñan idénticas funciones.

la máxima “a trabajo igual, salario igual”, lo que impide que existan tratos diferenciados injustificados entre servidores públicos que desempeñan idénticas funciones.

Agregó que, en desarrollo de las facultades otorgadas por la Ley Marco, el Ejecutivo expidió anualmente los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, señaló que tales disposiciones desconocieron los criterios establecidos por el legislador, pues a partir de 1993 se consignó erróneamente que el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual constituía prima especial, disminuyendo así la base salarial reconocida.

Según expuso, dicha situación fue examinada por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, la cual, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, dictada dentro del proceso No. 11001 -03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad de las disposiciones salariales expedidas por el Gobierno Na cional para los años 1993 a 2007, por haber desnaturalizado el concepto de prima especial y afectado de manera indebida los ingresos de los servidores. Pese a ello, adujo que los decretos posteriores reprodujeron el mismo yerro, razón por la cual solicitó su inaplicación con fundamento en el fenómeno del decaimiento del acto administrativo y la consiguiente pérdida de ejecutoria.

Manifestó que, en aplicación del principio de favorabilidad laboral y de la jurisprudencia unificada en la materia, la interpretación correcta de la Ley 4ª de 1992 es aquella según la cual la prima especial constituye un emolumento adicional al

Manifestó que, en aplicación del principio de favorabilidad laboral y de la jurisprudencia unificada en la materia, la interpretación correcta de la Ley 4ª de 1992 es aquella según la cual la prima especial constituye un emolumento adicional al salario, y no un componente detraído de la asignación básica.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

5 Alegó, igualmente, que los actos administrativos demandados vulneran el principio de igualdad al generar una situación discriminatoria respecto de otros funcionarios que desempeñan el mismo cargo y que por vía judicial, han logrado el reconocimiento íntegro de la prima especial de servicios. En consecuencia, solicitó la declaratoria de nulidad de los actos cuestionados y la orden de restablecimiento del derecho, con el pago de las sumas dejadas de percibir y la reliquidación de las prestaciones sociales afectadas.

Finalmente, la parte actora citó abundante jurisprudencia del C onsejo de Estado, para destacar que esta Corporación ha reconocido reiteradamente la naturaleza salarial del emolumento discutido, su incidencia directa en la base de liquidación de las prestaciones sociales y la necesidad de interpretar las normas de form a progresiva y favorable al trabajador.

1.2 Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación no contestó la demanda3.

1.3 Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de Junio de 2024, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda; así:

1.3 Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de Junio de 2024, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda; así:

«[…] PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionales los artículos los artículos 8 del Decreto 1391 de 2010, 8 del 1043 de 2011, 8 del 841 de 2012, 8 del 1016 de 2013; 9 del Decreto 186 de 2014. E n su lugar, se dispone aplicar al sub lite los artículos 53 y 280 de la Constitución Política, conforme con lo explicado en la parte motiva de este proveído

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio SG 002095 del 12 de mayo de 2015 y del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo ante el recurso de reposición interpuesto el 28 de mayo de 2015.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a reconocer y pagar en favor de Gustavo Montoya Restrepo identificado con C.C. No. 16.664.298, a partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 1 de septiembre de 2016, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Procurador Judicial II, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración, incluyendo la bonificación por compensación, pueda superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte,

remuneración, incluyendo la bonificación por compensación, pueda superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada.

3 Ver constancia secretaríal de fecha 16 de julio de 2018. 4 Expediente digital-Samai índice 00036 Primera Instancia.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

6 La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del señor Gustavo Montoya Restrepo identificado con C.C. No. 16.664.298, a partir 1 de enero de 1993 y hasta el 1 de septiembre de 2016, en todo caso según los tiempos de servicios prestados por el demandante como Procurador Judicial II, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la

ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 hasta el 1 de septiembre de 2016 o hasta el momento de ejercicio del cargo de Procurador Judi cial II, arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los valores reconocidos con anterioridad al 15 de julio de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula de actualización: […]

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente providencia, además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de apelación,

SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de apelación, ORDENESE la devolución de los gastos si fueron consignados por el extremo deman dante y ARCHIVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.»

Para adoptar la decisión, el Tribunal estableció que el demandante, Gustavo Montoya Restrepo, se vinculó como Procurador Judicial II desde el 10 de agosto de 1992 hasta el 1 de septiembre de 2016.

Determinó que, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debía liquidarse como un incremento del 30% sobre el 100% de l salario básico. Por ello, declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron el derecho y ordenó la reliquidación de salarios, prestaciones y demás emolumentos tomando como base la remuneración completa, respetando en todo caso el tope máximo del 80% de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

Aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto de los decretos que fraccionaban la asignación salarial —en especial los Decretos 661 de 2008, 729 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 —,Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

7 al considerar que estos v ulneraban los principios de progresividad, favorabilidad e igualdad previstos en el artículo 53 de la Constitución Política.

Concluyó que operó parcialmente la prescripción trienal, por lo que declaró prescritas las sumas causadas antes del 15 de julio de 2011, dado que la reclamación administrativa se presentó el 15 de julio de 2014 y la demanda el 18 de enero de 2016.

Finalmente, el Tribunal impuso condena en costas a la entidad demandada, ordenando además la indexación de las sumas adeudadas y precisan do que las reliquidaciones deberán realizarse sin superar los límites legales vigentes.

1.4 Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la entidad demandada apeló y sostuvo que las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, contenidas en el acto administrativo impugnado expedido por la Secretaría General, se expidieron conforme a la normatividad vigente y aplicable al demandante, quien prestó sus servicios como Procurador Judicial II entre e l 10 de agosto de 1992 y el 1º de septiembre de 2016.

Adujo que, de acuerdo con los artículos 189.11 y 150.19.e) de la Constitución Política y con la Ley 4a de 1992, la competencia para fijar salarios y prestaciones de los servidores del Estado correspond ía exclusivamente al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la república, el ministro de hacienda y crédito público y el

Política y con la Ley 4a de 1992, la competencia para fijar salarios y prestaciones de los servidores del Estado correspond ía exclusivamente al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la república, el ministro de hacienda y crédito público y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, afirmó que ninguna otra autoridad administrati va, incluida la Procuraduría General de la Nación, podía reconocer beneficios laborales distintos o con montos diferentes a los establecidos en los actos administrativos expedidos por dichas autoridades, ni alterar la naturaleza legal de los emolumentos, al ser de orden público.

Resaltó lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, que establece la nulidad de cualquier régimen salarial o prestacional contrario a dicha ley o a los decretos reglamentarios, precepto reiterado en normas como el artículo 26 del Decreto 1043

5 Expediente digital-Samai índice 00039 Primera Instancia.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

8 de 2011. En ese sentido, insistió en que solo el Gobierno nacional tenía la investidura constitucional para regular el régimen salarial y prestacional, siendo jurídicamente imposible que la Procuraduría efectuara reconocimientos adicionales o superiores.

Precisó que el demandante, en calidad de Procurador Judicial II, recibió la bonificación por compensación prevista en el Decreto 1102 de 2012 durante toda su vinculación; y que, al reconocerle la prima especial de servicios en los térm inos ordenados en la sentencia de primera instancia, se desconocía la sentencia de

bonificación por compensación prevista en el Decreto 1102 de 2012 durante toda su vinculación; y que, al reconocerle la prima especial de servicios en los térm inos ordenados en la sentencia de primera instancia, se desconocía la sentencia de unificación del Consejo de Estado, pues ello desbordaría el tope del 80% fijado por la ley y la jurisprudencia.

Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones y que, en su lugar , se n ieguen en su totalidad las súplicas de la demanda, al no existir fundamento jurídico para reconocer y pagar la prima especial del 30%. Finalmente, pidió revocar la condena en costas impuest a a su representada, al considerar que no existieron actuaciones procesales que la justificaran.

1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

Con auto de 4 de agosto de 20256, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

1.5.1 El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES.

2.1 Competencia.

6 Expediente digital SAMAI – índice 0004 de Segunda Instancia.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

9 La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

9 La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico.

Conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al reconocer la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , como un incremento del salario básico y ordenar la reliquidación de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social entre 1993 y 2016, desconoció la competencia exclusiva del Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Igualmente, debe analizarse si la decisión de primera instancia, supera el límite máximo del 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.

La Ley 4 a de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,

7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El JUEZ de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recus ación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

10 de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

10 de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S22019, proferida el 2 de septiembre de 2019.

La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituy e factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen de recho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se

servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

Este 80% es un piso y un techo.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Restrepo

Demandado: Procuraduría General de la Nación.

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Este 80% es un piso y un techo.Radicación: 5098-2024

Demandante: Gustavo Montoya Rest