CE - Sentencia 76001233300020160122601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla Demandado: Departamento del Valle del Cauca Temas: Insubsistencia en cargo de libre nombramiento y remoción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular el Decreto 0342 del 7 de marzo de 20161, por medio de la cual se declaró tácitamente insubsistente el nombramiento que el señor Harold Alberto Zapata Bonilla ostentaba en el cargo de secretario de despacho, código 020, grado 03 en la Alta Consejería para la Moralidad Administrativa, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al cargo que venía desempeñando al momento de su desvinculación y/o a otro de igual o superior categoría , con el respect ivo pago de los salarios y prestaciones

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al cargo que venía desempeñando al momento de su desvinculación y/o a otro de igual o superior categoría , con el respect ivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados con aquella decisión.

4. Por último, requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A. y la condena en costas de la entidad demandada.

5. Hechos. El demandante fue nombrado mediante el Decreto 1558 de 29 de diciembre de 2014 en el cargo de «secretario de despacho, código 020, grado 3 de la Secretaría de Turismo y Comercio de la Gobernación del Valle del Cauca. Luego, desde el 22 de mayo de 2015, eje rció como secretario de

1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado « ED_7600123330092016(.zip) NroActua 2 », documento «000. EXPEDIENTE DIGITAL 2016-1226», folio 41.Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co despacho, código 020, grado 03 en la Alta Consejería para l a Moralidad Administrativa, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

6. El día 23 de diciembre de 2015 , el accionante puso en conocimiento de la

despacho, código 020, grado 03 en la Alta Consejería para l a Moralidad Administrativa, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

6. El día 23 de diciembre de 2015 , el accionante puso en conocimiento de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional su situación de prepensionado, solicitando las protecciones de rigor.

7. Como respuesta, el jefe de dicha dependencia le informó que las garantías de estabilidad laboral exigidas so lo eran aplicables a los funcionarios vinculados a las entidades en liquidación, situación que no atravesaba la Gobernación del Valle del Cauca. Con tal decisión, desconoció la circular conjunta emitida sobre el particular por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, además de la circular proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

8. Posteriormente, mediante oficio de 28 de enero de 2016, la administración departamental le comunicó al demandante que a través del Decreto 0137 de esa misma fecha, designó en su reemplazo a la señora Colombia Medi na

Quintero.

9. La demandada, al advertir que para esa data el actor se encontraba incapacitado por una cirugía realizada de urgencias, quiso enmendar esa irregularidad. Para ello, ese mismo día le remitió un oficio en el que le pidió hacer caso omiso a la comunicación de insubsistencia.

10. Al día siguiente de finalización de esa incapacidad médica, esto es, el 9 de marzo de 2016 , la Gobernación del Valle del Cauca le comunicó al demandante el Decreto 0342 del día 7 de ese calendario, mediante el cual

10. Al día siguiente de finalización de esa incapacidad médica, esto es, el 9 de marzo de 2016 , la Gobernación del Valle del Cauca le comunicó al demandante el Decreto 0342 del día 7 de ese calendario, mediante el cual designó en su reemplazo al señor Mario Fernández de Soto Sánchez, lo que implicó la declaratoria tácita de insubsistencia frente al empleo que el desempeñaba.

11. Para el mes de febrero de ese año, el accionante tenía 60 años de edad y contaba con 1.372 semanas cotizadas, por lo que reunía las calidades de un sujeto de especial protección constitucional , dada su situación de pre pensión.

12. El nominador tampoco cumplió con la obligación de dejar anotado en su hoja de vida los motivos que determinaron la desvinculación del servicio, tal y como lo ordena el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.

13. Fundamentos de derecho . Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 48, 49, 53 y 93 de la Constitución Política; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la s Personas; 9 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1° de la Ley 516 de

1999; 44 de la Ley 1437 de 2011; 6 .° de la Ley 74 de 1968; 1 .°, 5.° y 37 deRadicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Ley 909 de 2004; 6 .°, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 40 -7, 53, 61, 122, 125 y 215 del Decreto 2400 de 1968 y 45, 106, 107, 109, 133 y 170 del Decreto 1950 de 1973. Al desarrollar el concepto de violación, se expuso lo siguiente:

14. El acto demandado -tácitoestá viciado por falsa motivación por cuanto: no fue notificado en los términos de la Ley 1437 de 2011; se nombraron a dos personas en un lapso de 3 meses y no se persiguió el mejoramiento del servicio.

15. La entidad demandada debió proferir un a decisión razonada, coherente y motivada. Sin embargo, no cumplió con la obligación de señalar en su hoja de vida la razón que determinó el retiro del servicio, tal como lo ordena el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968.

16. Se configuró la desviación de poder , pues el actor, cuando fungió como procurador judicial en la ciudad de Buga, sancionó disciplinariamente al señor Jairo Ortega Samboní, actual alcalde municipal de Palmira -en la fecha de

16. Se configuró la desviación de poder , pues el actor, cuando fungió como procurador judicial en la ciudad de Buga, sancionó disciplinariamente al señor Jairo Ortega Samboní, actual alcalde municipal de Palmira -en la fecha de presentación de la demanda -; persona vinculada al grupo político de la gobernadora Dilian Francisca Toro, persona que suscribió el acto de retiro del servicio.

17. Por tanto, es claro que el acto sometido a juicio no busco el mejoramiento del servicio, sino que persiguió la satisfacción de interés personales y burocráticos.

18. Desviación de las atribuciones en que debería fundarse. El acto acusado fue proferido desconociendo normas constitucionales. Pues, el demandante, como persona de la tercera edad y con unas condiciones especiales para acceder a su pensión de vejez, se le vulneraron las garantías contenidas en el artículo 13 de la Constitución.

19. Contestación de la demanda . Dentro de la oportunidad de ley, el departamento del Valle del Cauca contestó la demanda 2, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines alegó:

20. Los servidores de libre nombramiento y remoción pueden ser libremente designados y removidos en ejercicio del poder discrecional que tiene la administración para escoger a sus colaboradores, toda vez que ocupan lugares de dirección y/o confianza dentro de la entidad. Po r esa razón, no

gozan de las mismas prerrogativas que los empleados del régimen de carrera administrativa.

21. En ese contexto, la facultad que tiene la administración para desvincular a

lugares de dirección y/o confianza dentro de la entidad. Po r esa razón, no gozan de las mismas prerrogativas que los empleados del régimen de carrera administrativa.

21. En ese contexto, la facultad que tiene la administración para desvincular a estos empleados, no es sinónimo de arbitrariedad, ni indica que pueden adoptarse decisiones sin fundamento alguno, por el contrario, la potestad implica, de un lado, que la decisión responda a los fines de la norm a que

2 Ejusdem, folios 138 a 151.Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autoriza su uso y, del otro, el respeto por la proporcionalidad con los hechos que le sirvieron como fundamento.

22. En el caso concreto, la declaratoria de insubsistencia tácita obedeció a la mejora del servicio y por la confianza que se requiere para el desempeño de un cargo en el gabinete departamental.

23. Frente a la desviación de poder, indicó que es una apreciación subjetiva del demandante que busca inducir en error al operador judicial, alegando circunstancias que no guardan relación con la realidad fáctica y probatoria del proceso.

24. Respecto a la condición de prepensionado, el actor no adquirió esa calidad trabajando en la entidad departamental; por lo tanto, no es de recibo que se pretenda anclar en el cargo con base en la preexistencia con la que ingresó.

24. Respecto a la condición de prepensionado, el actor no adquirió esa calidad trabajando en la entidad departamental; por lo tanto, no es de recibo que se pretenda anclar en el cargo con base en la preexistencia con la que ingresó.

25. Con tal fin, propuso la excepción de «inexistencia de la obligación».

26. Sentencia de primera instancia . El 28 de julio de 2020 3, el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca emitió sentencia en la que negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al accionante. Con tales

propósitos, concluyó lo siguiente:

27. De conformidad con el parágrafo 2.° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, el retiro del servicio de los empleados de libre nombramiento y remoción es discrecional y se concreta a través de un acto administrativo que no requiere ninguna motivación.

28. En cuanto a la falsa motivación, por el hecho de que no se notificó el acto acusado y que se nombraron a dos personas en un lapso menor a 3 meses, sostuvo que no tiene vocación de prosperidad por lo siguiente: en primer lugar, la entidad demandada expuso que el demandante no había radicado la segunda incapacidad al momento en que se profirió el acto enjuiciado y , en segundo lugar, aportó el oficio donde se le comunicó su reemplazo, siendo recibido por el señor Zapata Bonilla.

29. Asimismo, el demandante debía probar que el funcionario que expidió el acto, tuvo en cuenta para esa decisión, un hecho ajeno a la realidad, circunstancia que no ocurrió.

recibido por el señor Zapata Bonilla.

29. Asimismo, el demandante debía probar que el funcionario que expidió el acto, tuvo en cuenta para esa decisión, un hecho ajeno a la realidad, circunstancia que no ocurrió.

30. De otro lado, precisó que en los términos de la sentencia SU-003 de 2018, el señor Harold Alberto Zapata Bonilla no tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada reclamada en la demanda, pues: el empleo por el ejercido, al ser de libre nombramiento y remoción, no goza de esa garantía y; de acuerdo con las pruebas recaudadas, se concluye que el único requisito que le faltaba

3 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado « ED_7600123330092016(.zip) NroActua 2 », documento «001. SENTENCIA 2016-01226-00 OSND».Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para acceder a la pensión de vejez era la edad, exigencia que, a la luz de aquella providencia unificadora, no atribuye tal fuero. Con todo, afirmó que la historia laboral remitida por Colpensiones el 26 de marzo de 2019, da cuenta de que el actor ya disfruta de esa prestación.

31. En cuanto a la ausencia en su hoja de vida de las razones que determinaron el retiro del servicio , luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado, advirtió que tal falencia no condiciona la existencia y validez de la decisión

31. En cuanto a la ausencia en su hoja de vida de las razones que determinaron el retiro del servicio , luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado, advirtió que tal falencia no condiciona la existencia y validez de la decisión adoptada, debido a que dicha ritualidad no forma parte de aquella, sino que constituye una actuación posterior. De ahí que esa anotación constituye un antecedente en el expediente laboral que no afecta la legalidad del acto enjuiciado.

32. Tampoco se configuró la desviación de poder, pues en el expediente no obra prueba que demuestre el nexo causal entre la insubsistencia del nombramiento y los móviles políticos o burocráticos que refiere el accionante.

33. Recurso de apelación . Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del demandante la recurrió en apelación 4. En su intervención, censuró de la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia en los siguientes

puntos:

34. Desviación de poder. A su juicio, se configuró esta causal porque el Decreto 0342 del 7 de marzo de 2016, fue expedido con una finalidad distinta al mejoramiento del servicio, lo cual se puede deducir del examen de la hoja de vida del servidor público.

34.1 En materia del respeto y garantía de la estabilidad laboral, las altas cortes han definido que, en este tema, se invierte la carga de la prueba, correspondiéndole al departamento del Valle del Cauc a demostrar que con la decisión adoptada se mejoró el servicio. Ello, debido a que a la persona retirada le es materialmente imposible demostrar las falencias en la prestación del servicio.

correspondiéndole al departamento del Valle del Cauc a demostrar que con la decisión adoptada se mejoró el servicio. Ello, debido a que a la persona retirada le es materialmente imposible demostrar las falencias en la prestación del servicio.

34.2 Al efectuarse una comparación entre las hojas de vida del señor Harold Alberto Zapata Bonilla con la persona que lo reemplazó, se concluye que no se logró mejorar el servicio. En suma, basta indicar que el demandante es magister en criminalística y que el señor Fernández de Soto, lo es en derecho comercial.

34.3 En el sub examine , la entidad demandada no controvirtió esta situación. A ello, se le suma el hecho de que se efectuaron 2 nombramientos en menos de 3 meses, cuando el actor estaba incapacitado.

4 Ibid. documento denominado «003. 00RECURSO DE APELACIÓN 2».Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

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35. Abuso de poder. En este acápite , repitió lo relativo al mejoramiento del servicio.

36. Condición de prepensionado. Discurrió de esta apreciación del tribunal, porque no se debió aplicar la sentencia SU -003 de 2018. En síntesis, indicó que los hechos discutidos sucedieron en el año 2016, es decir, cuando no se había proferido la providencia de unificación , razón por la que se debieron

porque no se debió aplicar la sentencia SU -003 de 2018. En síntesis, indicó que los hechos discutidos sucedieron en el año 2016, es decir, cuando no se había proferido la providencia de unificación , razón por la que se debieron tener en cuenta las sentencias T-417 de 2010; T-495 de 2010; T-736 de 2013 y T-341 de 2012.

36.1 La sentencia de unificación no dispuso efectos retroactivos, razón por la que se debe aplicar desde el 8 de febrero de 2018, en adelante. Además, dicha providencia se refirió a obiter dictum y no a ratio decidendi.

37. Anotación en la hoja de vida. En aras de evitar la arbitrariedad en la insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1969 consagró la obligación de dejar constancia en la

hoja de vida de los empleados que no son de carrera, las causas que motivaron la insubsistencia. Pues, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando el empleado conoce los motivos del despido, se hace efectiva la cláusula del Estado de Derecho.

38. Conclusiones. El examen de la discrecionalidad debió hacerse con base en la existencia de una norma legal y/o constitucional , con fines contenidos en la misma norma y la decisión debió ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

39. La admisión del recurso. Mediante auto de 16 de enero de 20235 se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, a través del auto de 13 de abril6 del

sirven de causa.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

39. La admisión del recurso. Mediante auto de 16 de enero de 20235 se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, a través del auto de 13 de abril6 del mismo año, se corrió traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y su concepto de fondo, respectivamente.

40. En el índice 15 de la plataforma SAMAI reposa intervención del procurador delegado ante esta corporación, el cual fue radicado por f uera de la oportunidad concedida.

41. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI. 6 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI. 7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

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II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código

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II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 8 esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

43. Marco de análisis de la segunda instancia . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayas apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.

44. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el recurrente, le corresponde a la Sala establecer sí:

44.1 ¿El acto administrativo demandado fue expedido con desviación de poder?

44.2 ¿La condición de prepensionado alegada por el actor no debe ser definida a la luz de lo establecido en la sentencia SU -003 de 2018, sino conforme a las sentencias expedidas con anterioridad?

44.3 ¿La ausencia de anotación en la hoja de vida del demandante de las razones que determinaron su retiro del servicio vician la decisión sometida a juicio?

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

45. Primer interrogante: ¿El acto administrativo demandado fue expedido con desviación de poder?

46. La desviación de poder como causal de nulidad del acto administrativo.

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

45. Primer interrogante: ¿El acto administrativo demandado fue expedido con desviación de poder?

46. La desviación de poder como causal de nulidad del acto administrativo.

En el artículo 137 del CPACA la «desviación de las atribuciones propias de quien profirió el acto administrativo», comúnmente conocida como «desviación de poder» se erige, con autonomía, como una causal de anulación que se concreta, en sentir de la jurisprudencia de esta Subsección «[…] cuando el acto si bien fue expedido por órgano o autoridad competente

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]»Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico».10

47. Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión es distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos administrativos dimanados de la potestad discrecional, debe demostrarse

47. Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión es distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos administrativos dimanados de la potestad discrecional, debe demostrarse que existe contradicción entre el objeto perseguido por la ley y el alcanzado por su autor. Así, para el caso bajo estudio, es necesario acreditar que con la determinación acusada se desmejoró el servicio.

48. Por tanto, al invocar esta causal de nulidad, el demandante d eberá aportar las pruebas pertinentes que le permitan al fallador verificar si esas condiciones se presentaron o no -independientemente de si tal objetivo fue o no expresado en él -, esto es, si tal finalidad satisfizo los intereses públicos -tales como la garantía de buen servicioo, por el contrario, si fue ajena a la norma o normas que posibilitaron su emisión. Sobre el particular, en sentencia de 16 de julio de 2020,11 esta Sala de Subsección concluyó:

«Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta d el uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos

la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad».

49. Esta Corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden presentar en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la carga probatoria que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado deberá acreditar que el interés o móvil que subyace a las expresiones de la determinación gubernamental, escapan a la finalidad prevista en la disposición citada como fundamento de aquella.

50. Así las cosas, y de acuerdo con lo analizado, la Sala abordará el primer interrogante.

51. Como se anotó en el acápite anterior, corresponde a la parte actora demostrar la causal de nulidad por «desviación de poder», para lo cual deberá acreditar que la v oluntad de la administración se desvió a fines distintos a los autorizados por la norma que le sirvió de base.

10 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente No. 25000 -23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. 11 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

52. En el presente caso, el abogado apelante insist ió en que la decisión demandada está impregnada por esa irregularidad, pues no propendió por el mejoramiento del servicio, lo cual se puede concluir al compararse la hoja de vida del actor y la de su reemplazo.

53. Para la Sala , dentro del material probatorio allegado en debida forma al expediente, no reposa ningún elemento con el que se pueda concluir que, con la desvinculación del señor Harold Alberto Zapata Bonilla y con el nombramiento del señor Mario Germán Fernández de Soto Sánchez se desmejoró el servicio.

54. Aunque el apelante sostuvo en el escrito de alzada , que existe disparidad entre su perfil académico y el de su reemplazo , tal afirmación carece de respaldo probatorio, ya que no fueron aportados documentos que acrediten los títulos, experiencia y formación de ninguno de los dos involucrados .

Ahora, si bien con el escrito de apelación se aportaron documentos como la hoja de vida del demandante, certificados y algunos diplomas obtenidos, ellos no serán tenido s en cuenta por la Sala, debido a que fueron allegados por fuera de las oportunidades probatorias establecidas en el artículo 212 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA).

55. En este orden de ideas, y de cara a lo planteado, el demandante no demostró que su reemplazo no satisfizo esos requerimientos. Lo anterior, en razón a

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA).

55. En este orden de ideas, y de cara a lo planteado, el demandante no demostró que su reemplazo no satisfizo esos requerimientos. Lo anterior, en razón a que no aportó las hojas de vida «la propia y la de su sucesor», ni tampoco documento alguno en el que se pued an visualizar las exigencias que se requieren para desempeñar el cargo de secretario de despacho, código 020,

12 Artículo 211. Régimen Probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. Artículo 212. Oportunidades Probatorias . Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados e n este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cua ndo las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, s olo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.Radicado: 76001-23-33-009-2016-01226-01 (1918-2022)

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Harold Alberto Zapata Bonilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – C