CE - Sentencia 76001233300020170141401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2017-01414-01 (6646-2022)

Demandante: Germán Cáceres Posso Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. No se configuró excepción de cosa juzgada ante falta de identidad de causa. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , p or medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Germán Cáceres Posso instauró demanda 1 en contra de la UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 007239 del 24 de febrero de 2017; y (ii) RDP 018317 del 4 de mayo de 2017; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del accionante y se resolvió desfavorablemente el respectivo recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar al actor la mencionada dádiva en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 24 de junio de 2007,

1 Folios 43 a 49.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 15 de marzo de 1948 y estuvo vincula do como docente oficial

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 15 de marzo de 1948 y estuvo vincula do como docente oficial nombrado por el departamento del Valle del Cauca durante los siguientes períodos: entre el (i) 17 de septiembre de 1979 y el 6 de diciembre de 1991 , (ii) del 1.º de enero de 1992 al 10 de junio de 1997, y, (iii) a partir del 23 de febrero de 2005 hasta el 19 de noviembre de 2010.

Que el 10 de octubre de 2016 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual le fue negada mediante Resolución RDP 007239 del 24 de febrero de 2017 considerando que la vinculación fue del orden nacional.

Que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP 018317 del 4 de mayo de 2017, siendo confirmada la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 25, 53, 58 y 150 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 114 de 1913; 15 de la Ley 91 de 1989; 25 y 27 del Código Civil; así como Leyes 60 de 1993, 4 de 1992 y 115 de 1994.

Que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta el hecho de que el accionante laboró para el municipio del Zarzal mediante vinculaciones del orden nacionalizado que le permitieron acumular 23 años, 4 meses y 25 días de servicio

de 1994.

Que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta el hecho de que el accionante laboró para el municipio del Zarzal mediante vinculaciones del orden nacionalizado que le permitieron acumular 23 años, 4 meses y 25 días de servicio como docente oficial, tiempo que sí le permitía consolidar el derecho en tensión, más aún en el entendido de que los recursos con los que se financiaron sus emolumentos fueron propios del ente territorial y no girados por la Nación, lo que es indicativo de que nunca fue educador de ese mismo nivel.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de noviembre de 2018 fue admitida la demanda,2 se notificó a la UGPP, quien manifestó3 que obró en legal y debida forma en la expedición de los actos administrativos reprochados, por que, al revisar sus certificados laborales se

2 Folio 56. 3 Folios 103 a 107.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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observa que los tiempos computados en el cargo de maestro estatal, no obedecen a un tipo de vinculación nacionalizada, departamental o municipal exclusivamente, pues existen periodos en los que su nombramiento fue de carácter nacional, lo que resulta incompatible con la dádiva solicitada.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido , (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido , (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción.

El 31 de marzo de 2020 4 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se indicó que no había ánimo conciliatorio, y se decretaron las pruebas solicitadas.

El 27 de noviembre de 2020 5 se prescindió de la audiencia de juzgamiento y se corrió traslado a las partes pa ra que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que conceptuara si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 24 de marzo de 2021 negó las pretensiones, expresando que el nombramiento efectuado a partir del Decreto 1542 del 6 de diciembre de 1991, se dio a través del Fondo Educativo Regional – FER con la intervención del secretario de educación del departamento del Valle del Cauca y de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, por lo que, en principio y conforme a lo señalado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado , ello no le da la calidad de educador nacional.

Que, pese a lo anterior, en el expediente también se tiene probado que la vinculación del actor con anterioridad al año 1980 se realizó en una plaza de carácter nacional, según la Resolución 461 de 1979, a través de la cual se efectuó su nombramiento , aunado al hecho de que las certificaciones expedidas por las entidades nominadoras de manera clara hacen constar que este tuvo una

carácter nacional, según la Resolución 461 de 1979, a través de la cual se efectuó su nombramiento , aunado al hecho de que las certificaciones expedidas por las entidades nominadoras de manera clara hacen constar que este tuvo una vinculación en calidad de docente de la Nación.

Que tal situación impide que el reclamante sea merecedor de la pensión gracia que pretende, toda vez que la ley y la jurisprudencia son claras al establecer que los docentes del orden nacional no pueden constituirse en titulares de tal beneficio, pues de ser así, se rompería la finalidad con la cual fue concebido.

4 Ver expediente digital en el índice 39 de SAMAI – Tribunales. 5 Ver índice 22 de SAMAI – Tribunales. 6 Ver índice 26 de SAMAI – Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demand ante interpuso recurso de apelación afirmando que , el tiempo laborado como docente en programas de alfabetización debe tomarse como servicios en educación primaria, por lo que es viable tenerlo en cuenta a efecto de calcular el período requerido para acceder a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933 extendió tal derecho a los maestros que completaron los años de labor oficial previstos en la Ley 114 de 1913 en establecimientos de nivel educativo antes mencionados.

tal derecho a los maestros que completaron los años de labor oficial previstos en la Ley 114 de 1913 en establecimientos de nivel educativo antes mencionados.

Que, no cabe duda de que el accionante se desempeñó como maestro oficial del orden territorial, esto es, en el departamento del Valle del Cauca, lo que hace viable tener en cuenta el lapso ejercido en calidad alfabetizador, a efectos de tener por acreditado la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 , así como la totalidad del requisito temporal, ya que ejerció funciones para el sector educativo desde el 17 de septiembre de 1979 hasta el 19 de noviembre de 2010, es decir, por 23 años, 4 meses y 25 días.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 23 de enero de 20238 se admitió el recurso de apelación, y se dispuso que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

El 23 de octubre de 2024 9 se decretó una prueba de oficio tendiente a verificar la posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada, por lo que se solicitó a la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que remitiera la totalidad del expediente con radicado 76001-23-31-000-2004-03405-00, en el que figuraban las mismas partes del presente litigio.

A través de la plataforma SAMAI, el 23 de enero de 202510 la mencionada autoridad judicial allegó la documentación solicitada, de la cual se corrió traslado a las partes

las mismas partes del presente litigio.

A través de la plataforma SAMAI, el 23 de enero de 202510 la mencionada autoridad judicial allegó la documentación solicitada, de la cual se corrió traslado a las partes el 4 de febrero de este mismo año,11 quienes guardaron silencio al respecto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

7 Ver índice 28 de SAMAI – Tribunales. 8 Ver índice 3 de SAMAI. 9 Ver índice 15 de SAMAI. 10 Ver índice 20 de SAMAI. 11 Ver índice 15 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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El problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio , y en particular , si era dable tener en cuenta para esos efectos el período de labor d el 17 de septiembre de 1979 al 6 de diciembre de 1991 como lapso anterior al 31 de diciembre de 1980.

Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, es de destacar que el 23 de octubre de 2024,12 esta Subsección decretó como prueba de oficio el envío por parte del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca de la copia del expediente 76001-23-31-000esta Subsección decretó como prueba de oficio el envío por parte del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca de la copia del expediente 76001-23-31-0002004-03405-00, esto con el fin de verificar la posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada.

Luego de analizar la documentación allegada se puede establecer que esta excepción no se configuró. Al respecto, se observa inicialmente que ambos procesos comparten identidad de partes, pues se trata de dos litigios de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por el mismo señor Germán Cáceres Posso, el primero contra la entonces Cajanal EICE y el actual contra la UGPP que es la entidad que finalmente asumió como sucesora las funciones y responsabilidades de la mencionada caja de previsión extinguida.

De hecho, las dos controversias comparadas también tienen identidad de objeto, toda vez que lo que se discute con las demandas en cuestión siempre ha sido el mismo derecho, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia, al margen de que se hayan reprochado actos administrativos diferentes, pues, en esencia, el restablecimiento pretendido (que es la consecuencia directa de la eventual declaratoria de nulidad de cualquiera de las manifestaciones censuradas en dichas actuaciones judiciales), en realidad ha sido igual en cada uno de los casos.

Aun así, lo cierto es que no son equiparables las dos causas planteadas en cada proceso judicial, porque se logró determinar que en la actuación 2004-03405 solo se estudiaron como períodos de labor docente del demandante los comprendidos entre el 17 de septiembre de 1979 y el 6 de diciembre de 1991, y del 3 de septiembre

proceso judicial, porque se logró determinar que en la actuación 2004-03405 solo se estudiaron como períodos de labor docente del demandante los comprendidos entre el 17 de septiembre de 1979 y el 6 de diciembre de 1991, y del 3 de septiembre de 1990 al 30 de diciembre de 2002 , ello sin examinar tiempos de servicio adicionales.

Incluso, es del caso destacar que , en dicho litigio, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto de los requisitos para acceder a la prestación bajo estudio se fundamentó en verificar que, durante el lapso anterior al 31 de diciembre de 198 0, el accionante laboró en calidad de docente

12 Ver índice 15 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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alfabetizador, razón por la cual no podía ser considerado maestro de educación formal, de manera que era improcedente otorgarle la pensión.

Lo expuesto significa que, como en la demanda origen del presente litigio no solo se solicita estudiar el tiempo de servicio en comento, sino también el comprendido entre el 3 de septiembre de 1990, y, al menos, hasta el 19 de noviembre de 201013, resulta evidente que, debido a la continuidad de la labor como educador del reclamante con posterioridad al último período objeto de demanda en el primer proceso, es posible asegurar que en la actualidad existe un interregno comprendido

resulta evidente que, debido a la continuidad de la labor como educador del reclamante con posterioridad al último período objeto de demanda en el primer proceso, es posible asegurar que en la actualidad existe un interregno comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 19 de noviembre de 2010 (7 años y 1 mes y 12 días) que no fue objeto de pronunciamiento judicial alguno.

Por tanto, al presentarse una falta de decisión frente a un nuevo lapso que influye en el estudio del requisito del tiempo de servicio del accionante, se concluye que ese solo hecho fundamenta y habilita un juicio general independiente al realizado en el anterior litigio en firme.

Bajo dicho entendido, ante la evidencia y puesta en conocimiento de una situación que es posterior al objeto de debate definido en la sentencia anterior (12 de junio de 2006), se estima que no se puede tener como acreditada la identidad de causa entre ambas actuaciones, lo que vuelve im posible configurar la excepción de cosa juzgada.

En consecuencia, habrá de resolverse de fondo la actual controversia bajo los siguientes planteamientos:

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación

1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

De igual forma , el artículo 3 .° de dicha norma estableció que : «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó» , mientras que el artículo

13 Cuando se expidió el certificado de tiempo de servicios que asegura que aún estaba activo en el servicio a esa fecha (ver folios 24 a 26), lo cual se corrobora con el hecho segundo de la demanda en la que se incluye este nuevo lapso de labor oficial (ver folio 43 vuelto).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto d e esta Ley» 14. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada

jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 16 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades

asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos re cursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía

directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenasCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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—situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos

—situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir , entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcald