CE - Sentencia 76001233300020180119301 de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Demandado: DIAN

Tema: Renta 2013. Costos. Deducciones. Operaciones simuladas.

Sanción por inexactitud

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de 30 de noviembre de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida1.

Antecedentes administrativos

El 14 de septiembre de 2014, Raúl Fernando Saavedra Escobar presentó la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2013, en la que registró costos por $2.175.881.000, deducciones p or $979.303.000, renta líquida gravable de

de renta y complementarios por el año gravable 2013, en la que registró costos por $2.175.881.000, deducciones p or $979.303.000, renta líquida gravable de $276.653.000, impuesto a cargo de $69.213.000 y saldo a favor de $18.755.000.

Previo Requerimiento Especial 212382016000045 de 30 de noviembre de 2016 y su respuesta, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá profirió la Liquidación Oficial de Revisión 212412017000020 de 12 de julio de 2017, en la cual modificó la liquidación privada para rechazar costos de $1.250.068.000 (para un total costos de $925.813.000) y deducciones por $ 115.841.000 (para un total deducciones de $863.462.000) . Así, determinó renta líquida gravable de $1.642.762.000, impuesto a cargo de $526.946.000, saldo a pagar por impuesto de $438.978.000 y sanción por inexactitud de $457.568.000, para un total a pagar de $896.546.000.

El 11 de septiembre de 2017, el contribuyente presentó recurso de reconsideración, decidido mediante Resolución 99223201800072 de 10 de julio de 2018, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en el sentido de confirmar la liquidación oficial de revisión.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante formuló

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante formuló

1 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la parte vencida, según lo expuesto en las consideraciones de este proveído.Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 las siguientes pretensiones:

Primera.- Sean declaradas nulas las resoluciones, la primera, proferida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Seccional de Impuestos de Tuluá, Liquidación Oficial Impuesto Renta Sociedades y/o naturales obligados contabilidad – Revisión No. 21 2412017000020 correspondiente al año 2013 de fecha 2017/07/12 y el segundo proferido por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, Resolución Recurso de Reconsideración que confirma No. 99223201800072 de fecha 2018/07/10, de la Seccional Tuluá, por medio de las cuales se modificó la Declaración del Impuesto de Renta Sociedades y/o Naturales Obligados Contabilidad del año gravable 2013.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare la firmeza de la declaración privada del Impuesto de Renta y Complementarios presentado en fecha 2014/04/24 por medio del

Naturales Obligados Contabilidad del año gravable 2013.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare la firmeza de la declaración privada del Impuesto de Renta y Complementarios presentado en fecha 2014/04/24 por medio del formulario No. 1104603381206 y adhesivo No. 91000232960762 (sic) y corregida por medio de la Declaración Privada del Impuesto de Renta y Complementarios de fecha 2017/03/04 por medio del Formulario No. 1104606273377 y adhesivo No. 91000405894339 (sic) y se deje sin efectos la Sanción por Inexactitud del artículo 64 7 del Estatuto Tributario, confirmada con ocasión de la Resolución del Recurso de Reconsideración que Confirma.

3. Condenar en costas a la demandada.

Invocó como disposiciones violadas los artículos 83, 228, 338 y 363 de la Constitución Política (CP); 623, 640, 647, 648, 742, 744, 745, 746 y 778 del Estatuto Tributario (ET); 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); 243 a 247 del Código General del Proceso (CGP) ; y 251 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Se vulneraron los principios de buena fe, espíritu de justicia, carga de la prueba , presunción de inocencia y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al calificar de supuestas las operaciones realizadas con el proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez, sin aportar material probatorio que sustentara el desconocimiento de los costos.

presunción de inocencia y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al calificar de supuestas las operaciones realizadas con el proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez, sin aportar material probatorio que sustentara el desconocimiento de los costos.

En su calidad de contribuyente siempre ha actuado de buena fe en todas las relaciones comerciales, tanto con los proveedores como con los clientes «y es así que dentro de su objetivo principal es actuar con lealtad, confiabilidad y seguridad, que se traduce en una máxima de Buena Fe, ante todo, demostrando que desde su registro e inscripción como comerciante con una amplia tradición comercial que data desde el año 2003, jamás ha tenido inconvenientes en relación con los impuestos municipales o nacionales». Además, el hecho de que el tercero no cumpliera con sus obligaciones fiscales prueba que fue el proveedor quien actuó con mala fe, más no el contribuyente, razón por la que no se le pueden atribuir responsabilidades por actuaciones de terceros.

Durante la investigación realizada no se aplicaron las reglas sobre pruebas documentales ni se dio valor a las aportadas, las cuales eran ciertas, reales, idóneas, directas, pertinentes y conducentes para probar los hechos y demostrar la realidad de las operaciones de compra realizadas con el tercero Pedro Nolasco Bonilla Vásquez . Afirma que el concepto de fraude fiscal se debe aplicar en conjunto con las pruebas que reposan en el expediente.

Se denegó el principio de espíritu de justicia por no practicar una nueva inspección tributaria, necesaria para probar los hechos alegados. La DIAN tenía la carga de demostrar que la operación declarada es inexistente y pese a contar con el sistema de

Se denegó el principio de espíritu de justicia por no practicar una nueva inspección tributaria, necesaria para probar los hechos alegados. La DIAN tenía la carga de demostrar que la operación declarada es inexistente y pese a contar con el sistema de información exógena, en el que estaban reportadas las operaciones con el proveedor,Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 desestimó dichas pruebas y dio prevalencia a indicios, cuya subjetividad puede arrojar resultados equivocados en la apreciación de la prueba. También omitió que los vacíos probatorios deben resolverse en favor del contribuyente.

Los actos acusados adolecen de expedición irregular -por falta de motivaciónpues no se explicó el desconocimiento de costos, y de falsa motivación, por cuanto las operaciones desarrolladas con el proveedor y su sociedad Mundial de Distribuciones y Servicios son reales. Explicó que «[s]í se pudo comprobar la realidad de la operaci ón de compra realizada con el tercero Bonilla Vásquez Pedro Nolasco por el año 2013, que es propietario (según las pruebas que reposan en el expediente) del establecimiento “MUNDIAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS” los cuales se pagaron en efectivo con la ev idencia demostrada a través de los recibos de Caja expedidos por el proveedor, donde constata el pago a Él realizado y las facturas canceladas a través de dichos

cuales se pagaron en efectivo con la ev idencia demostrada a través de los recibos de Caja expedidos por el proveedor, donde constata el pago a Él realizado y las facturas canceladas a través de dichos documentos, demostrando así la realidad y verdad real de las operaciones de la empresa, según los argumentos y apreciaciones que se están desarrollando en el cuerpo de este escrito ». El contribuyente conocía al proveedor, contaba con copia de la cédula, certificado de existencia y representación de la sociedad Mundial de Distribuciones y Servicios, RUT y resolución de facturación expedida por la DIAN, lo cual desvirtúa las afirmaciones de compras ficticias o simuladas. Además, en la actuación administrativa se aportaron las facturas expedidas por el proveedor, que cumplen los requisitos legales.

El hecho de que se cuestionara al contribuyente por adquirir préstamos extra bancarios para pagar a sus pr oveedores en efectivo desconoce la realidad de los empresarios, que, en momentos de crisis, acuden a los particulares ante la falta de apoyo gubernamental.

La sanción por inexactitud es improcedente, pues los datos registrados son reales, no hubo abuso ni ánimo defraudatorio al Estado 2. Para su tasación, la DIAN debió tener en cuenta la corrección a la declaración privada presentada y aplicar favorabilidad.

Contestación de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

El apoderado del contribuyente funda su argumentación en la vulneración del principio de buena fe, con la pretensión de justificar el comportamiento de su defendido en la actuación del proveedor. Sin embargo, no es válido despojarse de responsabilidad en

El apoderado del contribuyente funda su argumentación en la vulneración del principio de buena fe, con la pretensión de justificar el comportamiento de su defendido en la actuación del proveedor. Sin embargo, no es válido despojarse de responsabilidad en la falta de honestidad o de lealtad de un tercero, como si ese tercero fuer a ajeno a la relación entre el particular y la administración de impuestos. De ahí que no pueda el contribuyente pretender esquivar su responsabilidad, con el argumento de que la culpa solo es del aparente proveedor que incumplió sus obligaciones fiscales.

El contribuyente era conocedor de la «empresa desfalcadora que se estaba gestando» y a ello se llega a partir de los graves indicios: el pago en efectivo de grandes sumas de dinero, por encima de los mil doscientos millones de pesos; la existencia de la sociedad Mundial de Distribuciones y Servicios s olo en el papel; la falta de capacidad instalada del proveedor que permitiera comprobar que contaba con el material para enajenar; al aparente proveedor no le suministraron las mercancías vendidas y tampoco es productor de bienes; y gran parte del dinero para pagar al aparente proveedor fue obtenido de aparentes créditos sobre los cuales no existen pruebas de realidad.

En el trámite administrativo se le solicitó al contribuyente información sobre las retenciones practicadas al proveedor, frente a lo cual contestó que no se practicaron;

2 No invocó exculpación ni aludió a diferencia de criterios.Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

2 No invocó exculpación ni aludió a diferencia de criterios.Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 se indagó sobre los pagos y la respuesta fue que estos se hacían en efectivo, pese a ser montos bastante considerables; se inquirió sobre los recursos financieros para el pago del acreedor y se manifestó que estos fueron obtenidos con créditos extra bancarios, lo cual “resulta al menos sospechoso”, ya que acceder a las extrañas condiciones del acreedor, quien no pretende dejar huella del crédito otorgado, es una estrategia de evasión fiscal, que no es del comportamiento de una persona correcta.

Los actos q ue profiere la administración tributaria no pretenden imponer castigos de ningún orden; los pronunciamientos están soportados en circunstancias fácticas que se subsumen en presupuestos normativos, con lo cual resulta exagerado que el contribuyente manifies te que existe falta de apoyo gubernamental al empresario, cuando la pretensión de la Administración es llegar a la verdad fiscal de los contribuyentes.

Antes de afirmar que el actor realizó operaciones simuladas, se desplegó la actividad fiscalizadora e investigativa que concluyó la inexistencia de los costos. No se denegó el principio de espíritu de justicia porque no era necesaria la práctica de otra inspección tributaria. La decretada el 21 de junio de 2016, mediante Auto 212382016000042, que

el principio de espíritu de justicia porque no era necesaria la práctica de otra inspección tributaria. La decretada el 21 de junio de 2016, mediante Auto 212382016000042, que fue debidamente notificada al contribuyente, dio todas las oportunidades para aportar pruebas. No es procedente suspender el término de firmeza de la declaración privada en dos ocasiones, ni puede existir concurrencia de las mismas.

En todo caso, el contribuyente conocía que el procedimiento de fiscalización se inició porque en otras obligaciones fiscales, de otros contribuyentes, se pudo determinar que el aparente proveedor es proveedor de personas que se dedican a otras actividades y a quienes se le s desconocieron los mismos co stos porque se demostró que las operaciones eran ficticias . También conocía que el proveedor Bonilla Vásquez no cumplía con sus responsabilidades tributarias y se llega a tal conclusión a partir de los graves indicios demostrad os: pagos en efectivo de grandes sumas de dinero; existencia formal, que no material del establecimiento de comercio Mundial de Distribuciones y Servicios; el presunto proveedor no tiene capacidad instalada de la cual se pueda comprobar que tenía material para enajenar; al aparente proveedor no le suministraron las mercancías vendidas y tampoco se demostró que fuera proveedor; gran parte del dinero para los pagos fueron obtenidos mediante créditos sobre los cuales no existen pruebas, entre otros aspectos.

Tampoco se configuran vacíos probatorios que deban resolverse en favor del actor. La carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las operaciones corresponde al contribuyente frente a comprobaciones especiales o exigencias legales. Y, aunque el actor cuestiona que las decisiones administrativas se tomaron con fundamento en la

carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las operaciones corresponde al contribuyente frente a comprobaciones especiales o exigencias legales. Y, aunque el actor cuestiona que las decisiones administrativas se tomaron con fundamento en la prueba indiciaria, lo cierto es que este es un medio de prueba completamente válido, establecido en las normas procesales.

No se discute si la contabilidad, como prueba documental, está llevada en debida forma, como tampoco que las facturas aportadas atiendan los requerimientos del artículo 617 del ET, porque se tuvo la precaución de construir una realidad aparentemente formal para poder acceder a beneficios tributarios a los que no se tenía derecho, conclusión a la que se llegó a partir de indicios.

Coincide en que la información exógena es una herramienta útil para el cumplimiento de las labores de fiscalización, pero disiente del actor en cuanto intenta soportar la realidad de la s operaciones comerciales con fundamento en que cumplió con la obligación de reportar a los terceros ante la administración de impuestos, pues elRadicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 aparente proveedor no cumplió con la obligación de reportar información exógena. De hecho, al aparente proveedor nadie lo reportó como cliente en operaciones comerciales de bienes para realizar su actividad económica, tampoco se reportaron los montos que se declararon como vendidos al actor, con lo que se concluyó que las operaciones reportadas no existieron.

de bienes para realizar su actividad económica, tampoco se reportaron los montos que se declararon como vendidos al actor, con lo que se concluyó que las operaciones reportadas no existieron.

No se configuró la expedición irregular -falta de motivación -, pues los actos acusados contienen las razones de la decisión administrativa, fundada en indicios que dieron cuenta de la existencia de operaciones simuladas . Tampoco se configuró falsa motivación, en tan to la actuación se fundó en hechos reales y, pese a la labor investigativa, no se demostró la existencia de los costos desconocidos. El concepto de fraude fiscal está establecido en el Concepto 51977 de 02 de agosto de 2005, expedido por la DIAN y se evidenció en cada uno de los indicios relacionados.

La sanción por inexactitud procede por la inclusión de costos inexistentes en la declaración tributaria, la cual se liquidó en el 100% de la diferencia entre el saldo a favor declarado y el determinado.

Desestimó la pretensión de que se deje sin efectos esa sanción, porque el contribuyente no aceptó total o parcialmente las glosas planteadas por la autoridad tributaria, de suerte que se desconoció lo establecido en el artículo 709 del ET, lo que resta validez a la corrección provocada. En ese entendido , si lo pretendido era la reducción de la sanción por inexactitud, debió pagar el 25% de la sanción impuesta y no modificar otros renglones.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en lo siguiente:

no modificar otros renglones.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en lo siguiente:

Luego de un recuento de los hechos, pruebas y actuaciones adelantadas en el marco del procedimiento administrativo está acreditado que el actor no logró justificar los costos y deducciones3 ni demostró la actividad comercial desarrollada. Si bien alega la realidad de las compras a su proveedor, soportado en facturas y contabilidad, lo cierto es que estos documentos no resultaron suficientes para acreditar las operaciones comerciales objetadas, como quiera que lo que se discute no son los requisitos formales, sino la materialización de las compras. En este entendido, no se cuestiona la realidad formal, la cual se ajusta a los requisitos de ley, sino la realidad material de las operaciones, por lo cual no es aplicable el beneficio establecido en el artículo 745 del ET, pues una vez sometido a comprobación especial, la carga de la prueba recaí a en el contribuyente.

Adicionalmente, se configuraron los presupuestos para la imposición de la sanción por inexactitud, debido a la inclusión de costos y deducciones improcedentes que derivaron en un mayor saldo a favor. Si el actor pretendía una reducción de la referida sanción, con ocasión de la corrección provocada, lo procedente era que pagara, además de la sanción por corrección, -y la aceptación total o parcial de las glosas propuestas por la administración de impuestos, más no la corrección de manera libre y voluntaria, como en efecto lo hizola sanción

3 La Sala advierte que, con la demanda, el contribuyente únicamente cuestionó el desconocimiento de costos por operaciones con

de impuestos, más no la corrección de manera libre y voluntaria, como en efecto lo hizola sanción

3 La Sala advierte que, con la demanda, el contribuyente únicamente cuestionó el desconocimiento de costos por operaciones con Pedro Nolasco Bonilla Vásquez, pero no se refirió a las deducciones que fueron desconocidas por la administración en punto a pagos por salarios de los que no pudo verificarse el pago de aportes a la seguridad social, pagos sin relación de c ausalidad con la renta y provisiones no justificadas, en cuantía de $115.840.585.Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 por inexactitud reducida (25%), y que le manifestara a la administración de impuestos su intención de acogerse a la o las glosas propuestas.

Condenó en costas y agencias en derecho a la parte vencida.

Recurso de apelación

El demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda, en punto a los costos declarados y reiteró que e l acervo probatorio aportado con aquella demuestra la trazabilidad de las operaciones desarrolladas con Pedro Nolasco Bonilla Vásquez y la forma de pago al proveedor de la mercancía. Se aportaron documentos con los requisitos del artículo 617 del ET, así como recibos de caja, expedidos por el señor Bonilla Vásquez y su establecimiento de comercio, los cuales fueron desestimados por la Administración y el Tribunal.

requisitos del artículo 617 del ET, así como recibos de caja, expedidos por el señor Bonilla Vásquez y su establecimiento de comercio, los cuales fueron desestimados por la Administración y el Tribunal.

Reiteró que se vulneraron los principios de buena fe, espíritu de justicia, carga de la prueba y presunción de inocencia al calificar de supuestas las operaciones realizadas con el proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez sin sustento, e insistió en que durante la investigación realizada no se aplicaron las reglas sobre pruebas documentales ni se dio valor probatorio a las aportadas, las cuales eran ciertas, reales, idóneas, directas, pertinentes y conducentes para probar los hechos y demos trar la realidad de las operaciones de compra realizadas con el tercero Pedro Nolasco Bonilla Vásquez.

De igual manera, el recurrente insistió en que se denegó el principio de justicia por no practicar una nueva inspección tributaria, necesaria para probar los hechos alegados y adujo que l a DIAN tenía la carga de demostrar que la operación declarada es inexistente y pese a contar con el sistema de información exógena, en el que estaban reportadas las operaciones con el proveedor, desestimó dichas prue bas y dio prevalencia a indicios , cuya subjetividad puede arrojar resultados equivocados en la apreciación de la prueba. También omitió que los vacíos probatorios deben resolverse en favor de la contribuyente.

Expuso nuevamente que los actos acusados adolecen de expedición irregular -por falta de motivaciónpues no se explicó el desconocimiento de los costos, y de falsa motivación, por cuanto las operaciones desarrolladas con el proveedor Bonilla Vásquez y su

Expuso nuevamente que los actos acusados adolecen de expedición irregular -por falta de motivaciónpues no se explicó el desconocimiento de los costos, y de falsa motivación, por cuanto las operaciones desarrolladas con el proveedor Bonilla Vásquez y su sociedad Mundial de Distribuciones y Servicios son reales. Los documentos aportados como prueba no fueron tachados de falsos. La empresa conocía al proveedor, contaba con copia de la cédula, certificado de existencia y representación de la sociedad Mundial de Distribuciones y Servicios, RUT y resolución de facturación expedida por la DIAN, lo cual desvirtúa las afirmaciones de simulación. Que el contribuyente pagara en efectivo las compras a su proveedor y que dicho efectivo hubiese sido obtenido de préstamos extra bancarios, no torna irreal la operaci ón y desconoce que los empresarios, en momentos de crisis, acuden a particulares para cumplir con sus obligaciones, ante la falta de apoyo gubernamental.

Dijo que la aplicación del concepto de fraude fiscal en la labor de interpretación de las normas tributarias deberá tener en cuenta los principios de equidad, eficiencia y progresividad, establecidos en el artículo 363 de la CP, así como el principio de reserva de Ley establecido en el artículo 338 ejusdem, en concordancia con el numeral 9 del artículo 95 y el artículo 228, también de la Constitución.

En cuanto a la sanción por inexactitud, dijo: «Estamos de acuerdo en el tratamiento que el Despacho hace acerca de la aplicación de la Sanción por Inexactitud, bajándolo del valor deRadicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Despacho hace acerca de la aplicación de la Sanción por Inexactitud, bajándolo del valor deRadicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 $732.109.000.oo al valor de $457.568.000.oo aplicando el principio de favorabilidad. El despacho debió haber tenido en cuenta la corrección a la declaración privada presentada, para bajar en igual proporción el valor determinado en la sanción. Si embargo, volvemos y ac laramos para concluir que dentro de las pretensiones de esta demanda estamos solicitando a título de restablecimiento del derecho, que se declare la firmeza de la declaración privada del impuesto de renta y complementarios […] y se deje sin efectos la Sanción por Inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario».

Pronunciamientos en segunda instancia.

La DIAN presentó escrito de oposición al recurso de apelación , en el que se reafirma en los argumentos expuestos en la contestación y solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. El ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

El debate jurídico se centra en determinar, conforme a los argumentos de apelación formulados por el demandante, si proceden (i) los costos por compras al proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez en cuantía de $1.250.068.0004 y (ii) la sanción por inexactitud.

formulados por el demandante, si proceden (i) los costos por compras al proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez en cuantía de $1.250.068.0004 y (ii) la sanción por inexactitud.

Para resolver, se reiterará el criterio expuesto en las sentencias del 10 de noviembre de 2022 y del 16 de febrero de 2023, Exps. 268295 y 263216, proferidas en asuntos con identidad fáctica y jurídica, respecto de operaciones con el mismo proveedor.

Costos por $1.250.068.000

En el sub examine, Raúl Fernando Saavedra Escobar registró en su liquidación privada de renta y complementarios del año 2013, la suma de $2.175.881.000, por concepto de costos, de los cuales la DIAN rechazó $1.250.068.000 (para un total costos de $925.813.000), por operaciones simuladas.

En desarrollo d el programa I1 – Indicios de inexactitud , la Dirección Seccional de Impuestos de Tuluá profirió el Auto de Apertura 212382015000246 de 19 de octubre de 2015, con el objeto de verificar la realidad económica de l contribuyente Raúl Fernando Saavedra Escobar.

Para el año discutido -2013el contribuyente desarrollaba la actividad de «fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas; mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo; alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.P. ». Según consta en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Tuluá, el señor Raúl Fernando Saavedra Escobar registró su actividad

Según consta en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Tuluá, el señor Raúl Fernando Saavedra Escobar registró su actividad el 01 de agosto de 2003 y se le asignó el número de matrícula mercantil 44427-17.

En cuanto a los costos por compras, el actor censuró el desconocimiento del valor probatorio de facturas , recibos de caja y contabilidad por parte de la DIAN y del Tribunal, y recalcó que ha actuado de buena fe en todas sus relaciones comerciales.

4 Se precisa que, aunque en la sentencia el tribunal refiere a costos y deducciones, los argumentos tanto de la demanda como de la apelación se limitan a controvertir costos por compras al proveedor Pedro Nolasco Bonilla Vásquez. 5 CP. Stella Jeannette Carvajal Basto. 6 CP. Wilson Ramos Girón. 7 Según consta en el expediente digital que obra en el índice 3 de Samai.Radicado: 76001-23-33-000-2018-01193-01 (28631)

Demandante: Raúl Fernando Saavedra Escobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Ahora bien, el artículo 771-2 del ET exige que las operaciones constitutivas de costos, deducciones e impuestos descontables estén soportadas en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requi sitos establecidos en la legislación vigente8, lo cual no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal 9, que en ejercicio de sus facultades de fiscalización puede verificar dichas transacciones y, si es del caso,

equivalentes con el lleno de los requi sitos establecidos en la legislación vigente8, lo cual no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal 9, que en ejercicio de sus facultades de fiscalización puede verificar dichas transacciones y, si es del caso, proceder a su rechazo. Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en la normativa tributaria o en la legislación civil, en cuanto sean compatib