CE - Sentencia 76001233300020190055801 de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

Demandante: Hilda María Victoria Montaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2019-00558-01 (1150-2024) Demandante: Hilda María Victoria Montaño Demandado: departamento del Valle del Cauca Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Hilda María Victoria Montaño por intermedio de apoderad a y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que se declare la nulidad del acto ficto por medio del cual el departamento del Valle del Cauca negó la petición del 12 de julio de 2016, respecto del

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó que se declare la nulidad del acto ficto por medio del cual el departamento del Valle del Cauca negó la petición del 12 de julio de 2016, respecto del el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías definitivas.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 causada desde el día 66 hábil siguiente a la radicación de la petición de cesantías hasta la fecha del pago, ii) que la suma reconocida sea indexada y actualizada, iii) se dé cumplimiento a la sentencia conform e a lo dispuesto en los artículos 187 y 195 del CPACA y iv) se condene en costas.

1 SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00002. – “002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf”.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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Hechos.

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Hilda María Victoria Monta ño laboró de forma ininterrumpida desde el 23 de junio de 1992 hasta el 28 de febrero de 2007 como funcionari a

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. La señora Hilda María Victoria Monta ño laboró de forma ininterrumpida desde el 23 de junio de 1992 hasta el 28 de febrero de 2007 como funcionari a administrativa al servicio del departamento del Valle del Cauca en la Secretaría

de Educación Departamental.

6. Ante su retiro, el día 26 de octubre de 2009 solicitó sus cesantías definitivas. Las cuales fueron reconocidas por la entidad territorial mediante la Resolución núm. 4090 del 8 de septiembre de 2014.

7. De conformidad con lo establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, la demandada contaba hasta el 26 de enero de 2010 para realizar el pago de las cesantías solicitadas, lo cual ocurrió sólo hasta el 30 de septiembre de 2015. Por lo que transcurrier on 2.069 días de mora, equivalentes a $71.350.155 COP por concepto de sanción moratoria.

Fundamentos de derecho y concepto de violación .

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 11, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006 y los Decretos 1160 de 1947 y 1045 de

1978.

9. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso que el departamento del Valle del Cauca incumplió el término para el pago de las cesantías descrito en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, toda vez que, la

9. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso que el departamento del Valle del Cauca incumplió el término para el pago de las cesantías descrito en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, toda vez que, la solicitud de sus cesantías se realizó el 26 de octubre de 2009 y la parte demandada tenía hasta el 26 de enero de 2010 para efectuar el pago de la prestación social reclamada, momento a partir del cual se generó la sanción moratoria a su favor, equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta el día del pago, el 30 de septiembre de 2015, por lo tanto, se causaron 2.069 días de mora.

Contestación de la demanda.

10. El departamento de l Valle del Cauca al contestar la demanda 2 se pronunció sobre los hech os y se opuso a todas las pretensiones al considerar que la Resolución núm. 4090 del 8 de septiembre de 2014, mediante la cual se le hizo

2 SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00002. – “008Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf”.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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el reconocimiento de las cesantías, fue expedida en el marco del acuerdo de restructuración de pasivos en que se encontraba la entidad. Dicha acreencia fue

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el reconocimiento de las cesantías, fue expedida en el marco del acuerdo de restructuración de pasivos en que se encontraba la entidad. Dicha acreencia fue parte del inventario de dicho acuerdo y fue objeto de transacción entre las partes.

11. Propuso las excepciones de «transacción de la obligación demandada», «inexistencia de la obligación demandada por buena fe exenta de culpa», «sometimiento de acreencia en el marco del acuerdo de restructuración de pasivoslegalidad del acuerdo», «prescripción» y «no procedencia del pago de intereses, ni indexación, en virtud de la aplicación del acuerdo de reestructuración,

Ley 550/99».

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 12 de octubre de 20233, resolvió: «PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción del derecho a la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Las agencias en derecho se fijan en el equivalente un (1) SMLMV. (…)»

13. Expuso que la ausencia de pago de las cesantías parciales o definitivas dentro de los 65 días posteriores a su solicitud genera la sanción consagrada en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2 006, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo.

14. La solicitud de las cesantías fue realizada el 26 de octubre de 2009 en vigencia del CCA, por lo que la fecha límite para el pago era el 25 de enero de 2010, pese

cada día de retardo.

14. La solicitud de las cesantías fue realizada el 26 de octubre de 2009 en vigencia del CCA, por lo que la fecha límite para el pago era el 25 de enero de 2010, pese a ello, solo ocurrió el 30 de septiembre de 2015. Y, la reclamación de la sanción moratoria fue presentada el 12 de julio de 2016.

15. Con fundamento en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 concluyó que el derecho al pago de la sanción moratoria se extinguió por prescripción, porque el período de tres años para su reclamación inició el 26 de enero de 2010 e iba hasta el 26 de enero de 2013, y la demandante solo lo peticionó hasta el 12 de julio de 2016.

16. Precisó que el inicio del proceso de reestructuración no suspende el término de prescripción de la sanción moratoria, pues dicha penalidad no constituye una prestación social ni una prerrogativa laboral.

3 Expediente digital – “030_SENTENCIA.pdf”Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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Recurso de apelación.

17. La apoderada de la señora Hilda María Victoria Montaño interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia , en el cual solicitó que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda .

17. La apoderada de la señora Hilda María Victoria Montaño interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia , en el cual solicitó que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda .

18. Expuso que la entidad territorial demandada , departamento del Valle del Cauca, se encuentra aún bajo el acuerdo de restructuración de pasivos, por lo que el pago de sus acreencias se somete a lo establecido en la Ley 550 de 199 9, que en su

artículo 58 numeral 13 dispuso:

«Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales: (…)

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.»4

19. Por lo que, en el presente caso no es dable aplicar el régimen gen eral de prescripción contenido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino el dispuesto en el específico contenido en la Ley 550 de 199 9.

19. Por lo que, en el presente caso no es dable aplicar el régimen gen eral de prescripción contenido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino el dispuesto en el específico contenido en la Ley 550 de 199 9.

20. Que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 citada por el tribunal, solo es aplicable a los casos de prescripción de sanción moratoria de la Ley 50 de

1990.

21. Y añadió lo siguiente:

«Ahora bien, si en gracia de discusión fuera posible aplicar el termino de prescripción de 3 años establecido en la legislación laboral, tal situación no puede aplicarse a la totalidad de la sanción de moratoria generada, sino a la sanción moratoria genera da con anterioridad al 12/07/2013 (esto es 3 años anteriores a la primera solicitud de pago de sanción moratoria ocurrida el 12/07/2016)

(…)

4 Citado por la recurrente.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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La sanción moratoria se causa a partir del día 65 después de la fecha de solicitud de la prestación social, en el presente caso la solicitud se efectuó el 26/10/2009 y el vencimiento para el pago fue el 25/01/2010.

(…)

Que la sanción moratoria se causa diariamente desde la fecha límite de pago y HASTA

vencimiento para el pago fue el 25/01/2010.

(…)

Que la sanción moratoria se causa diariamente desde la fecha límite de pago y HASTA la fecha de pago, es decir el pago de las cesantías hace que la sanción cese y no que se extinga en su totalidad, puesto que el pago diario de la sanción queda supeditado al pago total de las cesantías.

4. En vista de lo anterior, la solicitud del pago de la sanción moratoria efectuada el día 12/07/2016, interrumpió la prescripción de la sanción moratoria causada desde el 12/07/2013 (esto es 3 años atrás de la reclamación) y hasta el 30/09/2015 (fecha de pago), no debe olvidarse que la presentación de la demanda se efectuó el 09/05/2019, es decir que la demanda se radicó dentro de los 3 años a la reclamación de la sanción moratoria, por lo que reitero se interrumpió la prescripción de la sanción moratoria causada entre el 12/07/2013 al 30/09/2015.»5

22. Finalmente, en forma subsidiara, «solicito se revoque la sentencia apelada, esto en el sentido de ordenar reconocer y pagar la sanción moratoria causada entre el 12/07/2013 al 30/09/2015, esto en atención a la solicitud del pago de la sanción moratoria efectuada el día 12/07/2016, que interrumpió la prescripción de la sanción moratoria causada desde el 12/07/2013 (esto es 3 años atrás de la reclamación) y hasta el 30/09/2015 (fecha de pago). »6

Trámite correspondiente a la segunda inst ancia.

sanción moratoria causada desde el 12/07/2013 (esto es 3 años atrás de la reclamación) y hasta el 30/09/2015 (fecha de pago). »6

Trámite correspondiente a la segunda inst ancia.

23. Mediante auto del 5 de marzo de 20247 se admitió el recurso de apelación.

24. Dentro de la oportunidad legal, no se emitió pronunciamiento alguno de las partes y del agente del Ministerio Público.

Control de legalidad.

25. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá a resolver el

recurso de apelación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Competencia.

5 Transcrito con los errores que ahí aparecen. 6 Transcrito con los errores que ahí aparecen. 7 SAMAI. 76001233300020190055801. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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26. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8.

27. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo

lo Contencioso Administrativo 8.

27. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo la parte demandante presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos expuestos en este.

Problema jurídico.

28. Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción, se ajusta a derecho o si, por el contrario, esta no operó, debido a que dicho término fue suspendido con ocasión del acuerdo de restructuración de pasivos celebrado por el departamento del Valle del Cauca.

29. A fin de dar respuesta a l problema jurídico, la Sala abordará los siguientes temas: I) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria , II) Sentencia de unificación SUJ -034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.

Prescripción de la sanción moratoria , III) Suspensión de la prescripción en los casos de restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), IV) Hechos probados y V) Caso concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria .

30. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20069, establece

que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

que:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya fuera del texto)

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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31. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone q ue la entidad pagadora tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

32. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el

parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelac ión dentro del término previsto en este artículo . Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

33. Esta Sección, en sentencia de unifi cación del 18 de julio de 2018, sentó

contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

33. Esta Sección, en sentencia de unifi cación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se

consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la r esolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

34. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se

34. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar en el siguiente cuadro:Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 65 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto

45 días posteriores a la ejecutoria

70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación

55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 9 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023. Prescripción de la sanción moratoria.

35. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o

Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023. Prescripción de la sanción moratoria.

35. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:

«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total. (ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

Demandante: Hilda María Victoria Montaño

para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

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(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción moratoria.

SEGUNDO: Advertir a los operad ores jurídicos y a la comunidad en general que las reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.» (negrilla fuera del texto)

36. Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en el artículo 4 del código sustantivo del trabajo 10, por las siguientes razones:

1. El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los servidores públicos.

1. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de

1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 165 de 194111, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como

1. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de

1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 165 de 194111, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para “las acciones que emanen de las leyes sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status». (Negrilla de la Sala)

1. Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982 12, ha sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto, el término prescriptivo en ella conten ida se aplica en el régimen de los empleados públicos, conforme a los siguientes argumentos:

«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos, especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la

10 RTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,

10 RTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. 11 ARTICULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo. 12 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia del 23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.Radicado: 76001-23-33-000-2019-00558-01

Demandante: Hilda María Victoria Montaño

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exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo 2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la jurisdicción del trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a empleados públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo

públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de “obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas en ella, sin circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del Decreto 2159 no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o procedimental»

1. Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, comoquiera que dichas sanciones no e