CE - Sentencia 76001233300020190097301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

Demandante: EDUARDO JOSÉ BARONA CORREA Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN Temas: Renta 2014. Notificación del requerimiento especial. Avalúo como costo fiscal. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 3 de octubre de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió1:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la demandada, las cuales se liquidarán conforme a los artículos 365 y subsiguientes del Código General del Proceso. Se fijan las agencias en derecho a favor de la parte demandada y a cargo de la parte demandante, en la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda .

(…)».

ANTECEDENTES

Proceso. Se fijan las agencias en derecho a favor de la parte demandada y a cargo de la parte demandante, en la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda .

(…)».

ANTECEDENTES

El 25 de agosto de 2015 2, el señor Eduardo José Barona Correa presentó la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2014.

En desarrollo de la investigación adelantada contra el contribuyente, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali profirió el auto de inspección tributaria No. 052382017000174 de 24 de mayo de 2017 3, notificado el 26 del mismo mes y año.

Posteriormente la DIAN expidió el Requerimiento Especial No. 052382017000116 de 29 de noviembre de 2017 4, notificado por aviso publicado en la página web de la entidad el 3 de enero de 2018, toda vez que la notificación por corr eo realizada el 30 de noviembre de 2017, fue devuelta con la anotación «DIRECCIÓN ERRADA / DIRECCIÓN

NO EXISTE»5.

1 Índice No. 48 de SAMAI del tribunal. 2 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. II TOMO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Página 54 PDF. Formulario 210, no obligado a llevar contabilidad . La declaración fue presentada inicialmente mediante formulario No. 2110606093451 y corregida por formulario No. 2110606105395, ambos de 25 de agosto de 2015. 3 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. expediente I12014-2017-530 tomo I. Páginas 19 y 20 PDF.

formulario No. 2110606105395, ambos de 25 de agosto de 2015. 3 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. expediente I12014-2017-530 tomo I. Páginas 19 y 20 PDF. 4 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. II TOMO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Páginas 23 a 34 PDF. 5 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. II TOMO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Página 43 PDF.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

Demandante: EDUARDO JOSÉ BARONA CORREA

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La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 052412018000068 de 21 de junio de 2018 -notificada el 22 de junio de 201 8-6, mediante la cual modificó la liquidación privada para incrementar la renta gravable por comparación patrimonial en la suma de $4.495.839.000, rechazó la suma de $4.833.055.000 por concepto de costos por ganancias ocasionales – determinando este valor en $849.600.000-, e impuso sanción por inexactitud en la tarifa del 100% por valor de $1.966.932.000, determinando un valor a pagar de $3.939.029.000.

El 15 de agosto de 20187, el contribuyente presentó recurso de reconsideración contra el acto de determinación, el cual fue decidido mediante la Resolución No.

pagar de $3.939.029.000.

El 15 de agosto de 20187, el contribuyente presentó recurso de reconsideración contra el acto de determinación, el cual fue decidido mediante la Resolución No. 992232019000021 del 20 de junio de 20198, expedida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que modificó la Liquidación Oficial de Revisión No. 052412018000068 de 21 de junio de 2018, en el sentido de revocar la adición de la renta gravable por c omparación patrimonial en la suma de $4.495.839.000, modificar la sanción por inexactitud para fijarla en la suma de $483.305.000, y determinar un saldo a pagar de $971.775.000, por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014.

DEMANDA

Eduardo José Barona Correa, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA., formuló las siguientes pretensiones9:

«1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:

• Resolución Liquidación Oficial de Revisión No. 052412018000068, del 21 de junio de 2018; impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable

2014.

• Resolución Recurso de Reconsideración que confirma No. 992232019000021 del 20 de junio de 2019, mediante la cual se decide el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Liquidación Oficial de Revisión No. 052412018000068 del 21 de junio de 2018.

2. Que como consecuencia de la anterior declaratoria, RESTABLECER EN SU DERECHO

interpuesto en contra de la Resolución Liquidación Oficial de Revisión No. 052412018000068 del 21 de junio de 2018.

2. Que como consecuencia de la anterior declaratoria, RESTABLECER EN SU DERECHO al señor EDUARDO JOSÉ BARONA CORREA , disponiendo que no está obligado a pagar mayor impuesto ni sanciones por el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable de 2014.

3. Condenar en costas procesales y agencias en derecho a LA NACIÓN - DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - Administración Seccional de Impuestos de Cali.».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículo 29 de la Constitución Política. • Artículos 126-1, 239-1, 261, 263, 271-1, 282, 565, 647, 703, 706, 714 y 733 del Estatuto Tributario. • Artículos 84, 85, 137 y 138 del CPACA. • Artículos Ley 1116 de 2006. • Artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

6 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. II TOMO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Página 84 PDF. 7 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. II TOMO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Páginas 99 a 135 PDF.

8 Índice No. 27 de SAMAI del tribunal. SEGUNDA PARTE DEL 2 TOMO. Páginas 66 a 87 PDF. 9 Índice No. 15 de SAMAI del tribunal. 3EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITAL201900973(.PDF) NroActua 15.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

Demandante: EDUARDO JOSÉ BARONA CORREA

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• Decreto 663 de 1993.

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Firmeza de la declaración privada del impuesto de renta año gravable 2014. El contribuyente presentó y pagó su declaración de renta y complementarios el 25 de agosto de 2015, por lo que el término de firmeza de la declaración privada establecido en el artículo 714 del ET -2 años-, se debe contar desde la fecha de su presentación en debida forma.

En razón a que fue efectuada una inspección tributaria, se suspendieron los términos para notificar el requerimiento especial por un espacio de 3 meses, lo que traduce que podía notificarse hasta el 25 de noviembre de 2017 ; sin embargo , el envío de la notificación ingresó a la empresa de correo el 30 de noviembre de 2017 a las 10:54, es decir, por fuera del término habilitado, implicando la firmeza del denuncio privado.

Los actos proferidos al interior del proceso de fiscalización fueron notificados de manera exitosa por correo a la dirección que aparece registrada en el RUT del

es decir, por fuera del término habilitado, implicando la firmeza del denuncio privado.

Los actos proferidos al interior del proceso de fiscalización fueron notificados de manera exitosa por correo a la dirección que aparece registrada en el RUT del contribuyente, excepto el requerimiento especial, el cual se envió de forma extemporánea y además “se envió a una dirección que la empresa de correos entendió mal, ya que acudió a una dirección diferente”.

La empresa de correos Inter Rapidísimo señaló, en el acta de supervisión de terreno, que en la Avenida 3 no había placa 7-115, asegurando que la dirección correcta debía ser la Avenida 3 Oeste; sin embargo, la DIAN no intentó enviarlo a esta última dirección sugerida por la empresa de correos porque seguramente consideraron que se encontrarían por fuera del término para desvirtuar la presunción de veracidad del denuncio rentístico del año 2014, decidiendo aplicar la notificación por aviso sin que fuera procedente y en contravía del derecho de defensa y contradicción que le asiste al contribuyente, vulnerando el debido proceso.

Falsa y falta de motivación en la liquidación oficial. La Administración tributaria realizó una interpretación del ordenamiento jurídico con el propósito de aumentar la carga impositiva del contribuyente, ya que, al no incorporar una información económica en el denuncio rentístico del año 2013, se generó una diferencia por comparación patrimonial, que en el último acto administrativo fue corregido, sin perjuicio de que persisten vicios que tornan nula la decisión.

En este caso, se incorporó en la declaración de renta del año gravable 2013 el avalúo catastral sobre el cual se pagó el impuesto predial de dos inmuebles, ya que este se

persisten vicios que tornan nula la decisión.

En este caso, se incorporó en la declaración de renta del año gravable 2013 el avalúo catastral sobre el cual se pagó el impuesto predial de dos inmuebles, ya que este se mantuvo vigente por todo el pe riodo gravable 2013, pese a que con posterioridad (diciembre) fue modificado por medio de la Resolución No. 76 -520-2173-2013 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGACde Palmira; es decir, en la declaración indicada se informó un avalúo de $849.600.000 y $168.618.000, en vez de incorporar el avalúo de los bienes inmuebles en las sumas de $5.097.600.000 y $1.011.708.000, respectivamente, ya que los primeros valores fueron los que rigieron prácticamente por todo el año gravable 2013, por lo que los avalúos determinados por el IGAC justifican la diferencia patrimonial existente entre el 2013 y el 2014.

De acuerdo con el Estatuto Tributario se pueden realizar ajustes al valor patrimonial de los activos fijos que permiten, para el caso de los bienes inmuebles, tomar el mayor valor entre el precio de adquisición y el avalúo catastral, teniendo que incorporar en elRadicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

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denuncio rentístico del contribuyente el que resulte mayor, como efectivamente se hizo

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denuncio rentístico del contribuyente el que resulte mayor, como efectivamente se hizo para el año en que se podía hacer el ejercicio, es decir, en el 2014.

En sentencia de 10 de mayo de 2018 -exp. 20677-, el Consejo de Estado expuso la posibilidad legal que tiene un contribuyente no obligado a llevar contabilidad a tomar como costo fiscal de un bien inmueble, que tenga la naturaleza de activo fij o, el autoavalúo o avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial unificado, sin que este valor necesariamente coincida con el valor patrimonial del bien declarado en el denuncio rentístico.

No existe incremento injustificado del patrimonio ya que la prueba contenida en la Resolución No. 76 -520-21732013 del IGAC es pertinente y constituye una prueba válida para restarle fuerza a la presunción legal del artículo 72 del ET, ya que el acto administrativo da cuenta del incremento del avalúo efectuado por parte de una autoridad competente para dicho efecto.

La DIAN toma la declaración de renta del año 2013 para establecer la comparación patrimonial cuando ésta se encontraba en firme, por lo que el proceso de fiscalización se apoyó en un denuncio rentístico sobre el cual ya no se tenía competencia temporal.

Falsa motivación por aplicación indebida de la sanción por inexactitud. En los actos administrativos cuestionados se evidencia la diferencia de criterios en la interpretación de las normas aplicables respecto de la sanción por inexactitud discutida, puesto que

Falsa motivación por aplicación indebida de la sanción por inexactitud. En los actos administrativos cuestionados se evidencia la diferencia de criterios en la interpretación de las normas aplicables respecto de la sanción por inexactitud discutida, puesto que las modificaciones no aceptadas por la DIAN corresponden a la manera como se presenta la información del patrimonio en un denuncio rentístico atado a la realidad económica.

El artículo 647 del E.T no establece como hecho generador de la sanción llevar a la declaración datos correctos y reales , sino que solo procede cuando los datos declarados son falsos o inexistentes, situación que no se presenta en este caso, ya que los datos reportados se encuentran debidamente soportados en los actos administrativos del IGAC frente a los bienes de propiedad del señor Eduardo José Barona Correa. Además, la sanción previs ta en el artículo 647 del ET fue derogada con el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016 , así como la imposición de inexactitud del artículo 239-1del ET incluido mediante el artículo 6 de la Ley 863 de 2003 , por lo que el principio de favorabilidad supone la improcedencia de la sanción.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

El requerimiento especial fue notificado oportunamente antes de la firmeza de la declaración de renta, ya que el término de firmeza se debe empezar a contabilizar a partir del 1° de septiembre de 2015 -fecha de vencimiento del plazo para declarar, para el caso del actor -; sin embargo, como el 26 de mayo de 2017 fue notificado auto de

partir del 1° de septiembre de 2015 -fecha de vencimiento del plazo para declarar, para el caso del actor -; sin embargo, como el 26 de mayo de 2017 fue notificado auto de inspección tributaria, dicho término fue suspendido por 3 meses, es decir, que la firmeza solo operaría hasta el 1° de diciembre de 2017 ; así, como quiera que el requerimiento especial se notificó el 30 de noviembre del mismo año, se concluye que fue notificado en oportunamente. La notificación del requerimiento especial se efectuó mediante envío de correo a la dirección registrada por el contribuyente en el RUT, la cual fue devuelta por la causalRadicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

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dirección errada / dirección no existe, por lo que se procedió a notificar a través de la página web el 3 de enero de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 568 del ET.

A través de auto comisorio de 15 de junio de 2018, la entidad dispuso a un funcionario para que ubicara al contribuyente en la dirección “AV 3 7-115 AP 10 02 ED PORADA DEL MAR ” en la ciudad de Cali , y en el acta de verificación de esta diligencia, el funcionario comisionado confirma que la nomenclatura no existe, gestiones que se adelantaron en aras de asegurar que la correcta dirección a la que se envió la notificación.

En lo que respecta a los costos fiscales en materia de inmuebles para que sean

funcionario comisionado confirma que la nomenclatura no existe, gestiones que se adelantaron en aras de asegurar que la correcta dirección a la que se envió la notificación.

En lo que respecta a los costos fiscales en materia de inmuebles para que sean reconocidos, el contribuyente lo puede llevar si el avalúo formado o actualizado figura en la declaración de renta y/o en la declaración del impuesto predial unificado del año anterior a la enajenación , y, en este caso , el contribuyente no declaró ni pagó el impuesto predial con el nuevo avalúo en el año 2013 ; por tanto, de acuerdo con el artículo 72 del ET, no se le puede aceptar el costo fiscal que declaró en su denuncio rentístico.

En la declaración de renta y complementarios del contribuyente del año gravable 2013, se registró el valor de predio No. 00 -01-0009-3627-000-001 en la suma de $849.600.000, mientras que el predio No. 00-01-0009-06309-000 no fue registrado.

Sobre los dos predios citados el contribuyente había constituido una fiducia mercantil y, el 1° de julio de 2014, suscribió un documento de cesión de derechos fiduciarios por el 100% a la sociedad Jaramillo Mora S.A., por un valor de $7.310.623.619, valores que fueron cancelados al actor y reportados en la exógena de la sociedad mencionada; sin embargo, el contribuyente reportó en su declaración del año 2014 ingresos por 1.005.496.000.

El contribuyente, en su declaración de renta del año 2014, reportó costos por ganancias ocasionales por la suma de $5.682.655.000, valor que fue rechazado por la

1.005.496.000.

El contribuyente, en su declaración de renta del año 2014, reportó costos por ganancias ocasionales por la suma de $5.682.655.000, valor que fue rechazado por la DIAN toda vez que en el denuncio rentístico del año 2013 no estaba registrado dicho valor, por lo que no se cumplió con uno de los requisitos exigidos en el artículo 72 del ET para que pueda ser aceptado como costo fiscal.

Adicional a lo anterior, el señor Barona canceló el valor del impuesto predial de los dos predios, por el año 2013, sobre el avalúo sin tener en cuenta el valor actualizado del mismo, por lo que es otra ra zón por la que se procedió a rechazar el valor declarado en el denuncio rentístico del año 2014.

El contribuyente no cumplió con ninguna de las exigencias legales, no pagó el predial sobre el ava lúo actualizado y tampoco incluyó en la declaración de renta del año anterior a la enajenación , el predio con el avaluó actualizado, por lo que procede el rechazo a los costos fiscales que declaró en su denuncio rentístico del año 2014.

No se puede predicar una falsa motivación por parte de la entidad al momento de expedir los actos demandados, toda vez que probatoriamente se encuentra demostrado que el rechazo de los costos fiscales tiene respaldo legal.

Finalmente, está probado que el contribuyente registró costos inexistentes que no cumplieron con los requisitos para su aceptación, lo cual da como resultado un menor impuesto a pagar, y configura así una conducta sancionable en el estatuto tributario

Finalmente, está probado que el contribuyente registró costos inexistentes que no cumplieron con los requisitos para su aceptación, lo cual da como resultado un menor impuesto a pagar, y configura así una conducta sancionable en el estatuto tributario en el artículo 647 del ET, por lo que procedía la sanción por inexactitud.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

Demandante: EDUARDO JOSÉ BARONA CORREA

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Finalmente solicitó la condena en costas.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, argumentando lo siguiente10:

El término previsto de dos (2) años para la notificación del requerimiento especial inició el 1 de septiembre de 2017 , el cual fue suspendido por tres meses debido al auto de inspección tributaria proferido el 24 de mayo de 2017, por lo que la entidad tenía hasta el 1° de diciembre de 2017 para notificar dicho requerimiento.

Según el RUT del demandante, vigente para el 4 de mayo de 2017, estando en curso el trámite administrativo, la dirección que registraba el contribuyente era AV 3 7 115

AP 10. 02 ED PORADA DEL MAR

El requerimiento especial fue expedido el 29 de noviembre de 201 7 y notificado por correo certificado a través de la empresa Inter Rapidísimo a la dirección registrada en

AP 10. 02 ED PORADA DEL MAR

El requerimiento especial fue expedido el 29 de noviembre de 201 7 y notificado por correo certificado a través de la empresa Inter Rapidísimo a la dirección registrada en el RUT del demandante, esto es, AV 3 7 115 AP 10 02 ED PORADA DEL MAR, el 30 de noviembre del mismo año, es decir, dentro del término, sin que existiera firmeza de la declaración privada.

La empresa de correo certificado devolvió el paquete por motivo de “DIRECCIÓN ERRADA / DIRECCIÓN NO EXISTE” y la anotación de supervisión “En la AV 3 no hay placa 7-115 es el B/Centenario puede o debe ser AV 3 oeste”, por lo que la DIAN hizo uso de la notificación por aviso establecida en el artículo 568 del ET ., y conforme a esta norma, para efectos de los términos de la administración, la fecha de notificación se entiende surtida en la primera fecha de introducción al correo, ocurrida el 30 de noviembre de 2017.

El 18 de diciembre de 2013 , el Instituto Geográfico Agustín Codazzi expidió la Resolución No. 76-520-2173-2013 mediante la cual resolvió modificar el avalúo de los predios Nos. 000100093627000 por valor de $5.097.600.000 y 000100096309000 por valor de $1.011.708.000.

Para el año gr avable 2013 , el contribuyente escogió declarar el predio No. 000100093627000 por el valor que tenía al momento del pago del impuesto predial - $849.600.000y no declaró el predio No. 000100096309000 . De igual manera, en la

000100093627000 por el valor que tenía al momento del pago del impuesto predial - $849.600.000y no declaró el predio No. 000100096309000 . De igual manera, en la misma declaración, el demandante registró un patrimonio líquido de por valor de $3.401.101.000.

Para el año 2014, tuvo en cuenta los valores de los predios referidos por el IGAC y los del impuesto predial unificado pagado en dicho año , lo que hizo que su patrimonio ascendiera a la suma $10.237.807.000, por lo que, en un principio, existía para la DIAN una diferencia patrimonial a justificar de $6.836.706.000. Respecto a la comparación patrimonial la DIAN terminó tal discusión en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, en el sentido de tener en cuenta el avalúo determinado por el IGAC para los dos predios y revocó parcialmente la liquidación oficial, para excluir el valor de $4.495.839 .000 como renta gravable, pues el aumento en el patrimonio del demandante provino de causas justificadas, por lo que la entidad

10 Índice No. 48 de SAMAI del tribunal.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

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tuvo en cuenta dicha prueba y no incurrió en falta o falsa motivación al momento de expedir los actos demandados.

La sanción por in exactitud impuesta se encuentra ajustada a derecho y no evidencia

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tuvo en cuenta dicha prueba y no incurrió en falta o falsa motivación al momento de expedir los actos demandados.

La sanción por in exactitud impuesta se encuentra ajustada a derecho y no evidencia una diferencia de criterio en el caso, toda vez que está probado que, con referencia a la venta de los predios ya mencionados, el contribuyente omitió ingresos y se cuenta con prueba idónea para soportar los costos y deducciones, lo que derivó en un menor impuesto a cargo.

No se encontraron probadas las costas dentro del proceso, y en aplicación del numeral 4 del artículo 366 del CGP, en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, fijó las agencias en derecho en el 3% de las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:

Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio que da cuenta de la falta de competencia por el factor temporal en la notificación del requerimiento especial, configurándose firmeza del denuncio rentístico del año gravable 2014.

La Dian vulneró el debido proceso toda vez que no surtió en debida forma la notificación de requerimiento especial como acto previo para modificar el denuncio rentístico del año gravable 2014.

La autoridad tributaria dispuso el uso de la notificación por cor reo para satisfacer el principio de publicidad de sus actuaciones ; sin embargo, al momento de realizar la notificación del requerimiento especial, la empresa de correos certificó que la dirección era errada, hecho que fue controvertido con el certificado de nomenclatura que se aportó en sede administrativa, el cual da cuenta que la dirección registrada en el RUT

notificación del requerimiento especial, la empresa de correos certificó que la dirección era errada, hecho que fue controvertido con el certificado de nomenclatura que se aportó en sede administrativa, el cual da cuenta que la dirección registrada en el RUT era correcta.

Dado que la dirección registrada era correcta, la DIAN no podía utilizar la notificación por aviso, pues ésta solo se habilita cuando a pesar de que la dirección para surtir la notificación por correo es correcta, el correo se devuelve por cualquier circunstancia.

La indebida notificación del requerimiento especial vulneró el derecho de defensa y contradicción del contrib uyente frente a la pretensión de la autoridad tributaria de modificar su denuncio rentístico del año 2014.

El a quo incurrió en defecto fáctico ya que omitió valorar en su conjunto la certificación de nomenclatura y el RUT en cuanto a la dirección registrada, los cuales dan cuenta de la indebida notificación del requerimiento especial.

Defecto sustantivo por inaplicación de norma que habilitaba a tomar como costo fiscal los avalúos catastrales fijados por autoridad catastral. En el año 2013 , el contribuyente declaró en su patrimonio 2 bienes inmuebles por la suma de $848.600.000 y $168. 618.000, con la naturaleza de activos ; sin embargo, a finales del año gravable 2013, la autoridad catastral notificó la resolución por medio de

la cual efectuó rectificación de los datos catastrales de los predios Nos. No. 00 -010009-3627-000 y 00-01-0009-6309-000, actualizando su avalúo en $5.097.000.000 y $1.011.708.000, respectivamente.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672)

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La diferencia patrimonial se justificó por la realización de la denominada conservación catastral por parte de la autoridad catastral, lo que implicó un nuevo avalúo cata stral sobre los predios, que podía ser tomado como costo fiscal en el periodo gravable 2014, puesto que la vigencia fiscal de dichos avalúos producto de la rectificación fue a partir de enero 1 de 2014.

La diferencia patrimonial que se tomó como renta suj eta a imposición, se justificó en el proceso de conservación catastral efectuado por la autoridad catastral que deriv ó en un nuevo avalúo de los bienes inmuebles del contribuyente, lo cual le habilitó para tomar como costo fiscal el avalúo catastral de los bienes inmuebles producto de la rectificación catastral en el marco del proceso de conservación catastral.

Defecto sustantivo por inaplicación de la causal eximente de la sanción por inexactitud, por diferencia de criterio en el derecho aplicable y por cuanto no se configuran los presupuestos típicos de dicha sanción.

Las diferencias de criterio que surgen en este caso , entre la Administración y el

por diferencia de criterio en el derecho aplicable y por cuanto no se configuran los presupuestos típicos de dicha sanción.

Las diferencias de criterio que surgen en este caso , entre la Administración y el contribuyente, en cuanto a las glosas propuestas en los actos administrativos demandados que modificaron la declaración del impuesto de renta del año gravable 2014, son puntos de pleno derecho , lo cual constituye una exoneración para la imposición de la sanción por inexactitud.

La declaración del año grav able 2014 registró la totalidad de los ingresos originados en dicho ejercicio fiscal y todas las deducciones, gastos y descuentos están soportados y se ajustan a normatividad vigente, ya que en ningún momento se han incorporado en el denuncio rentístico datos que no correspondan a la realidad.

Las partidas rechazadas en los actos demandados obedecen a una clara diferencia de criterio con la DIAN, relativa a la interpretación del contexto económico y jurídico y no a la utilización de datos falsos o incompletos en la declaración de renta del año gravable 2014, ya que dichas partidas son reales y están registradas en los libros de contabilidad de la sociedad y cuentan con los respectivos soportes fiscales y contables.

De la improcedencia de la condena en costas y/o agencias en derecho porque no se encuentran probadas su causación.

En el expediente no se encuentra acreditada la causación de las costas y/o agencias en derecho, por lo que no se cumple con lo preceptuado en la norma de procedimiento a la cual se acude por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se admitió mediante auto

a la cual se acude por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se admitió mediante auto de 9 de julio de 2025.

El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014, presentada por Eduardo José Barona Correa.Radicación: 76001-23-33-000-2019-00973-01 (29672