CE - Sentencia 76001233300020190120801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024)

Demandante: María Emilia Pinilla Villafañe

Demandada: UGPP

Temas: Falta de competencia para expedir los actos administrativos demandados. Reintegro de mayores valores pagados por concepto de pensión. Ámbito de la autotutela administrativa.

Principio de legalidad. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia proferida el dos (02) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que concedió las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Emilia Pinilla Villafañe , instauró demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que

Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 030737 del 15 de octubre de 2019 y RDP 034445 del 18 de noviembre de 2019, por medio de las cuales la UGPP ordenó reintegrar al Tesoro Público la suma de $344.741.808 «(…) por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas».

A título de restablecimiento del derecho se anule el cobro de los mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales con cargo a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.2

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024)

Como pretensión subsidiaria que se declare la prescripción desde el 14 de octubre de 2016 , hacia atrás , y que se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 29 de noviembre de 1976, la Ca ja Nacional de Previsión Social – Cajanal-, mediante Resolución 5232 , reconoció pensión de jubilación a favor del señor Samuel Pinilla Serrano, en cuantía de $4.091.01 efectiva a partir del 04 de julio de

mediante Resolución 5232 , reconoció pensión de jubilación a favor del señor Samuel Pinilla Serrano, en cuantía de $4.091.01 efectiva a partir del 04 de julio de 1974, día siguiente a su fallecimiento1. La pensión fue sustituida a sus hijos Marlody Nancy y Diego Luis Pinilla Villafañe, representados por su hermana, la señora María Emilia Pinilla Villafañe -hoy demandantepor ser en quien residía la custodia de los menores.

Que en febrero de 2019 se suspendió repentinamente el pago de la prestación a los beneficiarios, razón por la que se elevó petición ante la UGPP, solicitando la actualización de datos para reactivación de la nómina y se completó un formato entregado por los funcionarios de la UGPP.

Que, el 10 de mayo de 2019 recibió respuesta a su solicitud en donde le indican que «(…) la reincorporación a la nómina de pensionados y el reporte de las mesadas pensionales de abril y mayo de 2019, se encuentran en liquidación mediante solicitud de novedad»2

Que, en el mes de octubre de 2019, la demandante recibió citación para notificación de la Resolución RDP 030737 del 15 de octubre de 2019, por la que la UGPP determinó unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales con cargo a Recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones por conducto del Tesoro público.

Que, el 12 de noviembre de 2019 presentó recurso de reposición que fue resuelto en la Resolución RDP 034445 del 18 de noviembre de 2019, notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se confirmó la decisión.

en la Resolución RDP 034445 del 18 de noviembre de 2019, notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se confirmó la decisión.

Finalmente, resaltó que la actora es mayor de 60 años y no cuenta con recursos para subsistir por sus propios medios.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

1 Página 1 de la demanda. SAMAI, gestión en otras corporaciones. 2 Página 4 de la demanda. SAMAI, gestión en otras corporaciones.3

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) Citó como vulnerad os el artículo 83 de la Constitución Política y los artículos 136 numeral 2 y 164 de la Ley 1437 de 2011. También el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Para desarrollar el concepto de violación, transcribió la sentencia del 02 de febrero de 2017 emitida por esta Corporación en el expediente 15001233300020130071801 (1218-2015), en la que se resolvió el problema jurídico relativo a la forma en que debía computarse el término de prescripción para los derechos laborales 3.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien la admitió y notificó4.

Al contestar la demandada, la UGPP señaló que, encontrándose en plena ejecución

La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien la admitió y notificó4.

Al contestar la demandada, la UGPP señaló que, encontrándose en plena ejecución de las funciones propias de la entidad, advirtió el cobro de mayores valores de mesadas pensionales, por lo que procedió a la suspensión de nómina de pensionados de junio de 2019, puesto que la demandante actuaba en calidad de curadora de sus hermanos menores, a quienes se les había extinguido el derecho al cumplir los 25 años de edad, demostrando su condición de escolaridad; razón por la que expuso que se realizó la liquid ación de los valores adeudados por $344.741.808, derivados del pago de mesadas con posterioridad al cumplimiento de dicha edad.

Que, los actos demandados son legales porque se fundamentan en el artículo 125 superior por el cual se concedió la facultad de cobro coactivo a algunas autoridades públicas y que, la UGPP , estaba facultada para ejercer la prerrogativa de cobro coactivo de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011.

Luego del traslado de las excepciones, el 18 de mayo de 2022 se dio trámite de sentencia anticipada y se dispuso correr traslado para alegar 5.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones . Indicó que dentro del caso no lograba acreditarse que la demandante hubiera actuado con mala fe, recordando que no bastaba con que la entidad expusiera la ilegalidad en el

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones . Indicó que dentro del caso no lograba acreditarse que la demandante hubiera actuado con mala fe, recordando que no bastaba con que la entidad expusiera la ilegalidad en el reconocimiento o pago de la mesada pensional, sino que debía quedar demostrado, en sede administrativa y judicial, que existieron maniobras fraudulentas.

Que, si en sede administrativa no se había expuesto argumento alguno relacionado

3 Página17 de la demanda. SAMAI, Gestión en otras corporaciones. 4 Índices 04 a 20 de SAMAI. Gestión en otras corporaciones. 5 Índice 29 de SAMAI, Gestión en otras corporaciones.4

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) con la existencia de fraude, la entidad no podía exigir la devolución de suma alguna.

Consideró que para el caso la UGPP se había limitado a indicar que la demandante adeudaba una suma de dinero al Sistema General de Pensiones por concepto de mayores valores de mesadas recibidas atendiendo el cumplimiento de la mayoría de edad de los beneficiarios de la pensión.

Por último, destacó que la demandante es una persona con 71 años, sujeto de especial protección constitucional, razón por la que consideró que imponerle la carga de devolver la suma de dinero solicitada , constituía un impacto económico que, posiblemente, superaba su capacidad económica.

RECURSO DE APELACIÓN

especial protección constitucional, razón por la que consideró que imponerle la carga de devolver la suma de dinero solicitada , constituía un impacto económico que, posiblemente, superaba su capacidad económica.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP, expuso que estaba revestida de la facultad de cobro coactivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006. También explicó que tenía por objeto misional el reconocimiento y administración de los recu rsos de derechos pensionales y de las prestaciones económicas, por lo que estaba plenamente facultada para realizar cobros con la finalidad de evitar un detrimento patrimonial.

Que con los actos administrativos demandados se había respetado el debido proceso y que no era necesario iniciar una demanda de lesividad, puesto que se habían resuelto los recursos por ella presentados en sede administrativa y «(…) en el marco del proceso coactivo (…) las reglas especiales establecen las particularidades del trámite, las cuales constituyen el marco de acción de la entidad cuya observancia demarca la garantía del debido proceso »6

Argumentó, además, que no era cierto que no se hubiera demostrado la mala fe de la demandante, pues a su juicio era evidente , por el sólo hecho de no haberle informado a la entidad que sus hermanos habían cumplido la mayoría de edad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de noviembre de 2024 se admitió el recurso.7 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de noviembre de 2024 se admitió el recurso.7 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es de finir si los actos administrativos demandados que determinaron que la señora María Emilia Pinilla Villafañe

6 Página 3 del recurso de apelación. Índice 47 SAMAI, gestión en otras corporaciones. 7 Índice 4 de SAMAI.5

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) adeudaba la suma de $344.741.808 a favor del Sistema General del Pensiones por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas, están viciados de nulidad.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso, iii) el debido proceso administrativo, iv) la competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, v) el principio de autotutela administrativa y finalmente, iii) se resolverá el caso concreto.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que, mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue proferido conforme a derecho y que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese sentido, esta figura, consagrada legalmente en el ar tículo 88 del CPACA, conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga sobre quien la alega,8 pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En relación con dicha presunción , existe una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de

judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas y el concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos administrativos acusados, le correspon de analizar de forma oficiosa preceptos o argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente . Es decir, se puede flexibilizar el principio de justicia rogada9 con el fin de dar protección al ordenamiento

8 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019). 9 Sobre la justicia rogada se puede revisar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -010-S2 del 21 de abril de 2018, radicado: 81001 -23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CESUJ2-010-18.6

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) superior.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 10 ha señalado que:

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General del Proceso y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia 10 ha señalado que:

«(…) [a]l encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos».

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación,11 al indicar que dicho deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial , se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales.

Así entonces, considera la S ubsección que en virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental es dable acudir al deber interpretativo del juez y desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación inmediata en la actuación administrativa que p rodujo los actos administrativos demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden

demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior se desprenden diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha versado sobre la posibilidad o no de que la demandante tenga la obligación de restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

10 Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-2019. 11 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, radicado: 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).7

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024)

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024)

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por part e de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el legislador, pa ra garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías fun damentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones pú blicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos .12

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencia s a la administración pública atiende a diferentes factores que

12 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C -014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, d ebe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».8

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la regularidad de su ejercicio. [...]».8

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) pueden identificarse como el funcional o jerárquico ,13 el material,14 el territorial 15 y en algunos casos el temporal.16

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece de capacidad par a actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado .17

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209 superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser responsables por infringir la Consti tución y las leyes, lo son también

13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127. 14Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125. 15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125. 15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125. 16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127. 17 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).9

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse

la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la misma normativa dispone que «(…) [l]os servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas , tienen una consagración legal expresa que habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse. 18

Resolución al caso concreto

Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos administrativos objeto de controversia, la UGPP actuó de manera autónoma en defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar si la UGPP contaba con la competencia normativa necesaria para adoptar y ejecutar las medidas de autotutela en cuestión. 19

El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales: el pensional y el parafiscal.

Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales: el pensional y el parafiscal.

En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «(…) [e]l reconocimiento de derechos pensionales (…) causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidac ión». Igualmente, en el artículo 156, el legislador invistió por seis (6) meses de facultades

18 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica». 19 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 25000administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica». 19 Igual análisis se llevó a cabo en el asunto de esta Subsección fallado el 25 de abril de 2024, radicado 2500023-42-000-2016-03936-01 (6195-2019)10

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Radicado: 76-001-23-33-000-2019-01208-01 (5659-2024) extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que expidiera normas con