CE - Sentencia 76001233300020190122902 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-000-2019-01229-02 (3701-2024)

Demandante: Ana Lucia Rozo Arango

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tema: Relación laboral encubierta/ Madre comunitaria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Lucía Rozo Arango contra la sentencia de 17 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La parte demandante solicitó la nulidad del oficio S-2019-167123-7600 de 22 de marzo de 2019 expedido por el director regional (E) de la regional del Valle del Cauca del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las acreencias laborales a que tiene derecho; en consecuencia, solicitó el pago de los conceptos salariales

Cauca del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las acreencias laborales a que tiene derecho; en consecuencia, solicitó el pago de los conceptos salariales que de ello se derivan, tales como, primas, auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, subsidio de transporte, seguridad social, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaci ones sociales, valores que deberán indexarse y aplicárseles el interés legal vigente.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

Afirmó que prestó sus servicios desde el mes de julio de 1997 como madre comunitaria del hogar comunitario Manguitos 7, en virtud de contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 2 Que el vínculo tuvo vigencia hasta el 8 de agosto de 20 16 por cierre del hogar comunitario.

Que durante toda su vinculación cumplió un horario de 8:00 AM a 4:00 PM, de lunes a viernes y todos los meses del año. En algunas ocasiones dicho horario se extendía porque algunos padres trabajan después de este.

comunitario.

Que durante toda su vinculación cumplió un horario de 8:00 AM a 4:00 PM, de lunes a viernes y todos los meses del año. En algunas ocasiones dicho horario se extendía porque algunos padres trabajan después de este.

Que recibía órdenes por parte de la autoridad administrativa y permanecía a la espera de l os funcionario s de la institución que tenían a cargo la entrega de provisiones, inspecciones a la sede, así como, visitas a las personas encargadas de la atención a los niños, alimentación y cuidado.

Que sus servicios eran remunerados mensualmente, recibiendo el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Sustentó como vulnerados el Decreto 640 de 2001, el numeral 2° del artículo 155 del CPACA, y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la declaración de la existencia de un contrato entre una persona y una institución del Estado, con la consecuente declaración de las acreencias derivadas del mismo.

Como concepto de violación, en resumen, sostuvo que la relación laboral inició durante el mes de julio de 1997 hasta agosto de 2016, en la cual permaneció permanente e ininterrumpidamente a órdenes del ICBF, presentándose informes sobre la labor desplegada y en disposición de atención de los funcionarios de la institución con el objeto de darles a conocer el funcionamiento del hogar comunitario, las necesidades y en general cualquier inquietud o situación presentada.

1.4. Contestación de la demanda

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por conducto de apoderada

comunitario, las necesidades y en general cualquier inquietud o situación presentada.

1.4. Contestación de la demanda

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por conducto de apoderada contestó la demanda d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, oponiéndose a las pretensiones de la demanda. En efecto destacó que la vinculación social o contractual no se surtió con la entidad pública sino con la asociación de hogares de bienestar familiar -paso del comercio, Cooperativa de bienestar social -Coobisocial y la Fundación social y cultural San Antonio de Padua, en ese sentido, la demandante no ha tenido ninguna clase de relación legal y reglamentaria o contractual con la institución.

Explicó que la creación de los hogares comunitarios del bienestar se indicó en el documento Conpes de 1986 que aprobó el plan de lucha contra la pobreza absoluta y la generación de empleo, lo cual posibilitó que la mujer se vinculara a los procesos productivos del país con la seguridad que las madres comunitariasRadicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 3 asumían el cuidado de sus niños dentro de su mismo entorno y el desarrollo del principio de solidaridad.

Igualmente, aseguró que por disposición del Decreto 2388 de 1979 y la Ley 1098

3 asumían el cuidado de sus niños dentro de su mismo entorno y el desarrollo del principio de solidaridad.

Igualmente, aseguró que por disposición del Decreto 2388 de 1979 y la Ley 1098 de 2006, el ICBF tiene a su cargo actuar como ente rector y orientación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, encaminado a satisfacer en forma permanente y obligatoria las necesidades de la sociedad colombiana relacionadas con la integración y realización armónica de la familia, la protección preventiva y especial del menor necesitado y la garantía de sus derechos, por ello, para dar cumplimiento a la atribución, canaliza s us compromisos a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar del que hacen parte los hogares comunitarios e infantiles. Para tal efecto, la ley permit ió la suscripción de contratos especiales de aporte, de ahí que, legal y contractualmente el contrato de aportes tiene implícita la ausencia de relación laboral entre la institución y los trabajadores de los hogares comunitarios o Infantiles.

En consecuencia, el contrato de aporte celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la asociación de hogares de bienestar familiar-paso del comercio, la Cooperativa de bienestar social-Coobisocial y la Fundación social y cultural San Antonio de Padua, personas jurídicas autónomas e independientes, sin ánimo de lucro de beneficio social, vinculadas al sistema nacional de bienestar familiar, la operación o prestación de la atención de los infantes beneficiarios del programa de HCB será realizada por las entidades, organismos oficiales o por particulares legalmente autorizados. Razón por la que el ICBF lo único que realiza es coordinar la integración funcional de dichas entidades.

programa de HCB será realizada por las entidades, organismos oficiales o por particulares legalmente autorizados. Razón por la que el ICBF lo único que realiza es coordinar la integración funcional de dichas entidades.

Finalmente, hizo hincapié en que no era procedente predicar la solidaridad laboral pues la dependencia no intervino en la ocurrencia de los hechos que derivaron en la presentación de la demanda y no existe precepto legal que consagre la responsabilidad solidaria, de hecho, para conservar la absoluta independencia con los contratista u operadores de los programas y con el personal con quien este sostenga relaciones contractuales, en los contratos de aporte celebra dos con las asociaciones de padres de familia de los hogares infantiles y los demás operadores, se ha estipulado la autonomía del contratista para la vinculación del personal que requiere para cumplir con el objeto contractual y con las obligaciones emanadas del mismo.

Por lo tanto, formuló como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva ; ii) inexistencia de contrato o vínculo laboral entre el demandante y el ICBF; iii) imposibilidad jurídica del establecimiento público de orden nacional-ICBF para celebrar contratos de trabajo; iv) los actos atacados no constituyen actos administrativos; v) inexistencia o falta de causa para demandar; vi) cobro de lo no debido; vii) inexi stencia de solidaridad prestacional; viii) prescripción; ix) buena fe del demandado y c) genérica.Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

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Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 4 Igualmente, formuló llamamiento en garantía de la Fundación social y cultural San Antonio de Padua2, así como de la aseguradora solidaria de Colombia3.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 17 de abril de 2024, en la que negó las pretensiones de la demanda , y condenó en costas y agencias en derecho a la demandante por el valor de 1 SMMLV, con fundamento a los siguientes argumentos:

El ordenamiento jurídico no permite declarar una relación laboral encubierta en el período comprendido entre 1996 y el 11 de febrero de 2014. En dicho tiempo el desempeño como madre comunitaria era una actividad voluntaria y solidaria de carácter social y excluía la posibilidad de estructurar un a relación laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

No obstante, desde el 12 de febrero de 2014 las madres comunitarias deben tener vínculo laboral con los operadores de los hogares comunitarios, sin que exista solidaridad laboral con la autoridad administrativa, así lo contempló el artículo 2° del Decreto 289 de 2014.

En ese contexto, en el lapso de 12 de febrero de 2014 a 8 de agosto de 2016 la accionante gozó de vínculo laboral mediante contratos a término fijo con la Cooperativa de bienestar social y la Fundació n Social y Cultural San Antonio de

En ese contexto, en el lapso de 12 de febrero de 2014 a 8 de agosto de 2016 la accionante gozó de vínculo laboral mediante contratos a término fijo con la Cooperativa de bienestar social y la Fundació n Social y Cultural San Antonio de Padua.

De ahí que, la relación laboral entre la demandante y la empresa administradora del programa de hogares comunitarios está autorizada y regulada en la ley y ese mismo ordenamiento excluy ó la posibilidad de estructurar cualquier clase de vínculo laboral entre el ICBF y las madres comunitarias.

En lo concerniente a la condena en costas y agencias en derecho, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1° del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, especificó que era procedente imponer condena en costas a la parte vencida, en virtud de ello y dando aplicación al Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 se tasaron en la cuantía de 1 SMMLV.

1.6. Recurso de apelación

La señora Ana Lucía Rozo Arango interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada en primera instancia y en ese sentido expresó que los servicios

2 A través del auto 033 de 30 de enero de 2023 se aceptó el llamamiento en garantía, archivo titulado «17_AUTORESUELVELLAMAMIENTOENGARANTIA», expediente digital, consultado en el perfil de Tribunal Administrativo en la plataforma de gestión judicial Samai.

3 Mediante la providencia 029 de 30 de enero de 2023 se negó el llamamiento en garantía, archivo titulado «18_AUTORESUELVELLAMAMIENTOENGARANTIA», expediente digital, consultado en el perfil de

3 Mediante la providencia 029 de 30 de enero de 2023 se negó el llamamiento en garantía, archivo titulado «18_AUTORESUELVELLAMAMIENTOENGARANTIA», expediente digital, consultado en el perfil de Tribunal Administrativo en la plataforma de gestión judicial Samai.Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

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Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 5 prestados se ejecutaron en un inmueble de su propiedad, lugar en el que operaba el hogar comunitario y la entidad pública jamás le canceló un canon de arrendamiento.

En la fachada del inmueble siempre existió de forma clara y visible el logotipo de la autoridad administrativa y el nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así mismo, la comunidad del barrio en el que se encontraba el hogar comunitario da fe de la actividad ejercida.

La Ley 1607 de 2012 otorgó a las madres comunitarias y sustitutas una beca por un salario mínimo que, de manera progresiva en los años 2013 y 2014, diseñarían y adoptarían diferentes modalidades de vinculación con el propósito de garantizar una remuneració n para su mínimo vital, sin atribuirles calidad de funcionarios públicos, expidiéndose el Decreto 289 de 2014 que ordenó la vinculación de las madres comunitarias a través de contrato de trabajo.

El entendimiento que debe dársele al programa de becas es el de pago por la

públicos, expidiéndose el Decreto 289 de 2014 que ordenó la vinculación de las madres comunitarias a través de contrato de trabajo.

El entendimiento que debe dársele al programa de becas es el de pago por la prestación de un servicio, igualmente, el ICBF no permitía que el desarrollo de los programas se efectuara de forma colectiva, pues no se admitía la ayuda de otra persona.

La continuada subordinación y dependencia del ICBF acaeció con el control de forma permanente ya que debía permanecer en la sede del hogar comunitario a la espera de los funcionarios que le entregaban las provisiones que daba la institución, así como de las inspecciones que se hacían a la sede.

El horario de trabajo se determinó claramente desde que se recibía a los niños hasta las horas de la tarde en que eran entregados a los dependientes.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El 5 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al despacho para fallo4.

Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, la procuradora séptima delegada ante esta Corporación emitió concepto en el que solicitó confirmar la decisión de primer grado . Sostuvo que, la demandante pretende hacer valer que como e l hogar comunitario estaba ubicado en su inmueble, tenía un aviso de la razón social y que los habitantes de la comunidad podían dar fe del servicio prestado como madre comunitaria, desfigura la carga probatoria, toda vez que no es conducente, pertinente ni útil para acreditar la existencia y configuración de los elementos esenciales de una relación laboral,

podían dar fe del servicio prestado como madre comunitaria, desfigura la carga probatoria, toda vez que no es conducente, pertinente ni útil para acreditar la existencia y configuración de los elementos esenciales de una relación laboral,

4 Conforme al informe secretarial visto en el índice 10 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 6 así las cosas, es muy débil y poco robusta la actividad probatoria al no dar certeza de la relación en el período de 12 de febrero de 2014 a 8 de agosto de 2016.

No son ciertos los argumentos según los cuales las normas especiales no son aplicables en la medida que vulneran disposiciones de rango convencional y constitucional, dado que, como lo ha indicado la Corte Constitucional y el Tribunal de lo contencioso adm inistrativo, en el estudio del tránsito normativo de los programas de hogares comunitarios, la vinculación y actividades a cargo de las madres comunitarias se ajustan al ordenamiento jurídico, gozan de la certeza jurídica y presunción de legalidad.

En cuanto a las vinculaciones anteriores al 12 de febrero de 2014 con la Asociación de hogares de bienestar familiar paso del comercio, la Cooperativa de bienestar social y la fundación social y cultural San Antonio de Padua, la señora Ana Lucía Rozo Arango nunca tuvo vínculo laboral o contractual con el

Asociación de hogares de bienestar familiar paso del comercio, la Cooperativa de bienestar social y la fundación social y cultural San Antonio de Padua, la señora Ana Lucía Rozo Arango nunca tuvo vínculo laboral o contractual con el ICBF, pues la norma aplicable de la época hacía la salvedad y limitación para tal fin, es decir, fue con las organizaciones asociadas a las que les prestó sus servicios desde el 30 de julio de 1997 hasta el 30 de diciembre de 2015, a lo largo de su desempeño como madre comunitaria si tuvo una formalidad laboral, pero esta condición se dio solamente desde el 1 de febrero de 2016 (sic) al 8 de agosto de 2016.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita solamente a lo expuesto por la apelante, cuando sea apelante único.

De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida en primera instancia la parte demandada, la competencia se limitará a los argumentos manifestados en su recurso, sin perjuicio de las decisiones que se deban tomar de oficio de acuerdo con los casos previstos en la ley.

en primera instancia la parte demandada, la competencia se limitará a los argumentos manifestados en su recurso, sin perjuicio de las decisiones que se deban tomar de oficio de acuerdo con los casos previstos en la ley.

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 7 2.2. Problemas jurídicos

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿si la señora Ana Lucía Rozo Arango probó la existencia del elemento de la subordinación en la relación laboral encubierta o subyacente reclamada en la demanda con y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?

De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada por el fenómeno de la prescripción?

Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta

término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada por el fenómeno de la prescripción?

Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta ¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión a dicho vínculo?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trab ajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servici o y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienenRadicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 8 asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la existencia de una

personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones ema nadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».

2.4. Los hogares comunitarios de bienestar y la carencia de vinculo legal de las madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La Ley 75 de 1968 7 creó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asignándole dentro de una sus funciones «fundar, dirigir y administrar en distintas partes del territorio nacional centros pilotos de bienestar familiar y protección de los menores, con el objeto de investigar la mejor manera de coordinar la acción de los establecimientos públicos y privados en lo tocante a

distintas partes del territorio nacional centros pilotos de bienestar familiar y protección de los menores, con el objeto de investigar la mejor manera de coordinar la acción de los establecimientos públicos y privados en lo tocante a la salud, educación y rehabilitación de los menores, la vinculación de los grupos comunitarios a la protección de la familia y del niño y el ejercicio de la acción tutelar del Estado sobre los menores de conformidad con el capítulo I de la presente ley»8.

Posteriormente, la Ley 7ª de 19799 que fue reglamentada por el Decreto 238810 de la misma anualidad, otorgó al ICBF la competencia de celebrar contratos de aportes con el propósito de cubrir el servicio público de bienestar familiar11.

7 «Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto colombiano de Bienestar Familiar». 8 Contenida en el literal f del artículo 53 de la Ley 75 de 1968.

9 «Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones».

10 «Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7o. de 1979».

11 Artículo 21 de la Ley 7ª de 1989. «El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las siguientes funciones:Radicado: 76001-23-33-000-2019-01229-02

Número interno: (3701-2024)

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Demandante: Ana Lucía Rozo Arango

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 -65 - Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. - Colombia 9 En la anualidad de 1986 y con ocasión del plan de lucha contra la pobreza absoluta y para la generación de empleo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica 12, se erigieron los programas de hogares comunitarios de bienestar para apoyar a los padres en la atención, cuidado y educación de sus hijos, especialmente en los sectores más vulnerables.

Adicionalmente, la Ley 89 de 1988 13 incrementó los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objeto de dar continuidad y cobertura a los programas, la legislación se reglamentó mediante el Decreto 2019 de 1989 que hizo precisiones sobre los hogares comunitarios de bienestar14.

En lo concerniente a la vinculación de las madres comunitarias en los programas de hogares de bienestar, el artículo 4° de la precitada norma contempló que «la

[…]

9. Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo.

[…]

14. Crear programas de protección preventiva y especial para menores de edad, lo mismo que auxiliar técnica y económicamente a los organismos de esta naturaleza existentes en el país, cuando lo considere conveniente.

[…]

[…]

14. Crear programas de protección preventiva y especial para menores de edad, lo mismo que auxiliar técnica y económicamente a los organismos de esta naturaleza existentes en el país, cuando lo considere conveniente.

[…] Artículo 123. El ICBF, cuando las necesidades del servicio así lo demanden, podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Estos contratos se considerarán como administrativos y deben contener, entre otras, las cláusulas que sobre garantías, caducidad administrativa y reclamaciones diplomáticas, la Ley exige para los del Gobierno. La declaratoria de caducidad, llegado el caso, se hará mediante resolución motivada firmada por el Director General, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el Decreto 150 de 1976.

[…] Artículo 125. El ICBF, podrá celebrar los contratos de que trata el artículo 21, numeral 9° de la Ley 7ª de 1979 con Instituciones de Utilidad Pública o Social de reconocida solvencia moral y técnica, dando preferencia a las más antiguas y que hayan sobresalido por sus méritos y dotes administrativos.

Parágrafo. Cuando no se pueda celebrar contratos con Instituciones sin ánimo de lucro, se suscribirán con personas naturales de reconocida solvencia moral.

Artículo 126 . En todo caso, los contratos deben ceñirse en su celebración, desarrollo, cumplimiento e interpretación, a la naturaleza y a las modalidades del servicio de bienestar familiar.

Artículo 127. Por la naturaleza especial del Servicio de Bienestar Familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública

Artículo 127. Por la naturaleza especial del Servicio de Bienestar Familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dine