CE - Sentencia 76001233300020200093202 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Carmen Emilia Maldonado Navarro presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en

1 En adelante DEAJ.

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en

1 En adelante DEAJ. 2 La demanda fue presentada el 22 de julio de 2020 . Acta en el folio 13 del expediente digital en el índice 2 de Samai. 3 En adelante CPACA.Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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orden a que se inaplicaran por inconstitucionales los artículos de los decretos 57 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 del 2000, 1475 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1088 de 2010, 1039 de 2011, 784 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 en los que se dispuso que el 30% del salario correspondía a la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019 y 299 de 2020.

2. Como consecuencia de lo anterior que se declarara la nulidad de la Resolución

[DESAJCLR17-1671] del 2 de junio de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva

2. Como consecuencia de lo anterior que se declarara la nulidad de la Resolución

[DESAJCLR17-1671] del 2 de junio de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali4 y el acto ficto presunto negativo generado por la falta de respuesta al recurso de apelación propuesto contra esa decisión, por medio de los cuales se le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario básico y la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago de: a) la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional al salario ; c) las prestaciones sociales devengadas que se calcularon con base en el 70% de la asignación básica; ii) la actualización del valor de la condena; iii) los intereses previstos en los artículos 1 92 y 193 del CPACA; y iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

4.1. Carmen Emilia Maldonado Navarro ejerció el cargo de juez de la República en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, desde el año 2003 hasta, por lo menos, el 10 de agosto de 2017.

4.2. El 30 de mayo de 2017 solicitó ante la D ESAJ el reconocimiento de la prima especial de servicios como un monto adicional al salario básico y la reliquidación de sus prestaciones sociales de acuerdo con el 100% de la asignación mensual decretada por el gobierno nacional.

especial de servicios como un monto adicional al salario básico y la reliquidación de sus prestaciones sociales de acuerdo con el 100% de la asignación mensual decretada por el gobierno nacional.

4.3. La DESAJ profirió la Resolución DESAJCLR17-1671 del 2 de junio de 2017

4 En adelante DESAJ. 5 Folios 3 al 5 del documento 3 en el índice 2 de Samai.Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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mediante la cual negó la anterior solicitud. La demandante pr esentó recurso de apelación contra esa decisión el 15 de junio de 2017 , pero la entidad no dio respuesta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

6.1. De acuerdo con la postura del Consejo de Estado 7 las primas deben ser reconocidas como un beneficio adicional al salario, pues entender que dichos beneficios se encuentran incluidos en la asignación mensual básica implicaría disminuir la base salarial sobre la cual se calculan las prestaciones sociales l o que a su vez significaría una desmejora de las condiciones laborales y un desconocimiento del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.

6.2. A partir de la anterior interpretación es claro que la prima especial de servicios no se ha pagado en debida forma, pues en lugar de entenderse como un plus del

desconocimiento del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.

6.2. A partir de la anterior interpretación es claro que la prima especial de servicios no se ha pagado en debida forma, pues en lugar de entenderse como un plus del salario se determinó que el 30% de la asignación básica mensual de los servidores judiciales sería entendida como tal, por lo que no solo se dejó de reconocer dicho emolumento sino que las prestaciones sociales de origen laboral se calcularon solo a con base en el 70% del salario.

6.3. La parte demandada debe reconocer la prima especial de servicios por todo el tiempo en que la demandante ha laborado en la administración de justicia y ha tenido derecho a percibirla y debe reliquidar las prestaciones sociales en virtud del 30% del salario que fue deducido.

1.2. Contestación de la demanda

7. La DE SAJ se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de

acuerdo con las siguientes razones8:

7.1. De acuerdo con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 9 la prima especial de

6 Folios 6 al 9 del expediente digital en el índice 2 de Samai. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de mayo de 2010. Radicado 25000-23-25-000-2005-01134-01 (0419-07). 8 Documento 12 del expediente digital en el índice 2 de Samai. 9 Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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servicio creada por medio del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe pagarse como un emolumento adicional al salario y deben reliquidarse las prestaciones sociales de acuerdo con el 30% del salario deducido. Sin embargo , debe atenderse el término de prescripción previsto en el Decreto 3135 de 1969.

7.2. La prima especial de servicios se ha pagado de manera adicional al salario desde la expedición del Decreto 272 de 2021, por lo que resulta inviable reconocer los dineros causados antes de la citada fecha por no existir apropiación presupuestal para ello.

7.3. Son procedentes las excepciones de «inexistencia de causa para demandar» y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, Sala Transitoria, en sentencia proferida el 15 de mayo de 2024 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva es del siguiente tenor10:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional el artículo 8º del Decreto 194 de 2014. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme con lo explicado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS la excepción denominada “Inexistencia de causa para demandar”.

DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la excepción de prescripción trienal formulada por la parte demandada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

causa para demandar”.

DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la excepción de prescripción trienal formulada por la parte demandada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución DESAJCLR17-1671 del 02 de junio de 2017 “Por medio de la cual se resuelve un Derecho de Petición” y del acto ficto configurado ante el silencio de la administración frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución atrás citada.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a reconocer y pagar en favor de la señora Carmen Emilia Maldonado Navarro identificada con C.C. No. 31.199.303, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% r especto del 100% del salario básico, a partir del 30 de mayo de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Juez de la Repúbl ica, sin que supere el tope fijado anualmente por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que constituye factor de salario solo para efectos de las cotizaciones al sistema de seguridad social. La parte demandada también deberá

10 Documento 40 del expediente digital en el índice 2 de Samai.Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) de la señora Carmen Emilia Maldonado Navarro identificada con C.C. No. 31.199.303, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial. La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera e xpresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

[…]» [sic].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. De las pruebas aportadas al proceso se encontró que Carmen Maldonado Navarro laboró como juez de la República desde el 1 de julio de 2003 hasta, por lo menos, el 30 de junio de 2020 según certificado aportado al proceso.

9.2. En virtud de la actual posición del Consejo de Estado sobre la materia, la demandante tiene derecho al pago de la prima especial de servicios como un monto adicional al salario y no como parte de él, lo que implica que la demandada debe desembolsar el porcentaje del salario faltante y el valor resultante de la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes a pensión. Las sumas causadas antes del

adicional al salario y no como parte de él, lo que implica que la demandada debe desembolsar el porcentaje del salario faltante y el valor resultante de la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes a pensión. Las sumas causadas antes del 30 de mayo de 2014 se encuentran prescritas y la mentada prima solo constituye factor de salario para reali zar los mencionados aportes al sistema de seguridad social.

9.3. Solo hay lugar a efectuar el pago mencionado en caso de que de la reliquidación efectuada resulte un monto en favor de la demandante, teniendo en cuenta el tope establecido por el gobierno nacional y que a partir del Decreto 272 de 2021 ya se efectúa el reconocimiento de la prima en los términos explicados en la sentencia.

9.4. La falta de disponibilidad presupuestal no puede ser utilizada como excusa para no cumplir con los deberes salariales del empleador, pues así lo consideró la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2004.

1.4. El recurso de apelación

10. La DEAJ presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara laRadicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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sentencia de primera instancia de acuerdo con las siguientes razones11:

10.1. La prima especial de servicio no tiene carácter salarial por expresa disposición normativa por lo que el porcentaje de dicha prestación no puede hacer parte de la reliquidación de las prestaciones sociales, posición que fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996.

normativa por lo que el porcentaje de dicha prestación no puede hacer parte de la reliquidación de las prestaciones sociales, posición que fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996.

10.2. A partir del Decreto 272 de 2021 se ha efectuado el pago de la prima especial de servicio como un monto adicional al salario y calculado con base en el 100% de la asignación básica decretada anualmente por el gobierno nacional. En tal sentido, el presupuesto asignado corresponde a los em olumentos causados desde la vigencia del citado decreto, por lo que no existe apropiación presupuestal para asumir obligaciones previas derivadas de los efectos de la sentencia del 2 de septiembre de 201912.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad14.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 15, se circunscriben a

11 Documento 44 del expediente digital en el índice 2 de Samai. 12 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). 13 Auto en el índice 4 de Samai. 14 No obra memorial en el portal Samai.

12 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). 13 Auto en el índice 4 de Samai. 14 No obra memorial en el portal Samai. 15 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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establecer ¿si la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene carácter salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales? y ¿si la falta de disponibilidad presupuestal de la entidad demandada puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?

2.2. Marco Normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades

modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y

indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200717, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los

17 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados

17 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar18».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%

consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, des contaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201919, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del sa lario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del sa lario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el

18 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)Radicado: 76001-23-33-000-2020-00932-02 (3645-2024)

Demandante: Carmen Emilia Maldonado Navarro

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artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que ha bía sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201920.

24. Asimismo, el Consejo de Estado 21 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018). 21 Radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00 (1686 -07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

2016-00041-02(2204-2018). 21 Radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00 (1686 -07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del De creto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto

2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º d el Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º de