CE - Sentencia 76001233300020200113701 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 76001233300020200113701 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley 812 de 2003 . Subtema 2: aplicación de la Ley 71 de 1988.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia del 11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Fernando Echeverry Castañeda solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación conforme al régimen aplicable a los docentes oficiales vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. El Tribunal accedió a las pretensiones al considerar que su primera vinculación al servicio docente ocurrió el 15 de abril de 2003 y, por tanto, antes de la vigencia de esa ley. La Nación , Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio apeló

al considerar que su primera vinculación al servicio docente ocurrió el 15 de abril de 2003 y, por tanto, antes de la vigencia de esa ley. La Nación , Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio apeló la decisión, pues sostuvo que el demandante estaba sometido al Sistema General de Pensiones y debía acreditar los requisitos previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La Sala confirmará la sentencia, porque se acreditó que el demandante se vinculó al servicio docente oficial antes del 27 de junio de 2003, de modo que su régimen pensional era el previsto en las disposiciones anteriores aplicables al magisterio. En consecuencia, la liquidación de la prestación debía efectuarse conforme al régimen pensional que le correspondía, incluidos los factores salariales de la Ley 62 de 1985.Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

2

2. Antecedentes

2.1. Demanda

1. El señor Fernando Echeverry Castañeda , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada mediante apoderado judicial el 31 de agosto de 20201.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

la Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada mediante apoderado judicial el 31 de agosto de 20201.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

3. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 0078 del 1 de febrero de 2021, por medio de la cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación del municipio de Yumbo le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a su favor, en una cuantía equivalente al 75 % de los salarios y primas recibid os durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado el 13 de febrero de 2016; sin lugar a exigirle el retiro definitivo del servicio para su pago, con fundamento en la compatibilidad del salario percibido por la docencia oficial y la pensión.

5. Que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

6. Que las sumas reconocidas se ajusten de acuerdo con el IPC; y se otorguen los intereses de mora por los valores adeudados.

7. Que se condene en costas a la referida entidad.

2.1.2. Hechos

8. El señor Fernando Echeverry Castañeda hizo referencia a los siguientes

hechos:

9. Nació el 13 de febrero de 1956.

1 Acta de reparto , visible en: Samai, expediente digital, gestión en otros despachos,

8. El señor Fernando Echeverry Castañeda hizo referencia a los siguientes

hechos:

9. Nació el 13 de febrero de 1956.

1 Acta de reparto , visible en: Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300020200113700, índice 13, actuación «Envió de Notificación», documento « Anexo notificación del 5_AUTOADMITEDEMANDA(.zip) NroActua 13 », carpeta «76001 -23-33-000-2020-01137-00», archivo «002ActaDeReparto 2020-01137-00». Inicialmente, en el escrito de demanda se solicitó la nulidad del acto ficto presunto configurado por la falta de respuesta a la petición del 23 de diciembre de 2019. Sin embargo, con ocasión de la expedición de la Resolución 78 del 1.º de febrero de 2021, la demanda fue reformada para solicitar la nulidad de este último acto administrativo.Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

3

10. Indicó que efectuó aportes al sistema pensional administrado por Colpensiones, equivalentes a 1.054 semanas de cotización.

11. Señaló que prestó sus servicios como docente oficial y que, luego de surtir el trámite correspondiente, fue nombrado en propiedad mediante el Decreto 1345 del «20» de septiembre de 2005. Asimismo, manifestó que continuaba vinculado al servicio educativo oficial para la fecha de presentación de la demanda.

trámite correspondiente, fue nombrado en propiedad mediante el Decreto 1345 del «20» de septiembre de 2005. Asimismo, manifestó que continuaba vinculado al servicio educativo oficial para la fecha de presentación de la demanda.

12. Una vez cumplió 60 años de edad, solicitó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de una pensión de jubilación a partir del 13 de febrero de 2016, fecha en la que, según afirmó, consolidó su estatus pensional.

13. Mediante Oficio núm. 170 -29 del 1.º de octubre de 2019, la Secretaría de Educación del municipio de Yumbo le informó que debía presentar la solicitud a través del Sistema de Atención al Ciudadano y aportar, entre otros documentos, certificaciones de «no pensión» expedidas por la Gobernación del Valle del Cauca y la UGPP, así como los certificados salariales correspondientes a 2018 y 2019. Por esta razón, devolvió la documentación inicialmente presentada.

14. El 21 de octubre de 2019 interpuso recurso de reposición contra el anterior oficio. Sostuvo que la administración no podía exigir documentos innecesarios y explicó que había aportado una manifestación expresa de no percibir pensión.

También señaló que allegó los certificados salariales de 2015 y 2016 porque, a su juicio, el derecho pensional se había causado el 13 de febrero de 2016.

15. Mediante Oficio núm. 170 -29 del 6 de noviembre de 2019, la Secretaría de Educación de Yumbo indicó que los documentos requeridos eran necesarios para

15. Mediante Oficio núm. 170 -29 del 6 de noviembre de 2019, la Secretaría de Educación de Yumbo indicó que los documentos requeridos eran necesarios para tramitar la prestación ante la Fiduprevisora y precisó que la comunicación anterior constituía un acto de trámite y no una decisión de fondo.

16. El 23 de diciembre de 2019 presentó nuevamente la documentación y aportó las certificaciones de no pensión expedidas por el Departamento del Valle del Cauca y la UGPP. Ante la ausencia de una decisión de fondo, consideró configurado un acto administrativo ficto negativo respecto de la solicitud pensional.

17. Mediante la Resolución 0078 del 1.º de febrero de 2021, notificada el 16 de febrero siguiente, la Secretaría de Educación del municipio de Yumbo negó el reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación. Consideró que la vinculación del demandante al servicio docen te había ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y, por tanto, que su régimen pensional era el previsto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

18. Por lo expuesto , sostuvo que reunía más de 20 años de servicio docente yRadicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

4 más de 60 años de edad, y que debía aplicársele el régimen pensional anterior a la

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

4 más de 60 años de edad, y que debía aplicársele el régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003, con fundamento en los tiempos de servicio que afirmó haber prestado con anterioridad a su vigencia.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

19. El señor Fernando Echeverry Castañeda citó como normas vulneradas las siguientes: Ley 33 de 1985, artículo 1.º, inciso 2; Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1.º y 2.º; Ley 60 de 1993, artículo 6.º; Ley 115 de 1994, artículo 115; Ley 100 de 1993, artícu lo 279; Ley 812 de 2003, artículo 81; y Decreto 3752 de 2003, artículos 1.º y 2.º.

20. En el concepto de violación sostuvo que el acto administrativo acusado desconoció el régimen pensional que estimó aplicable a los docentes oficiales.

Explicó que las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 establecieron para los servidores públicos y docentes, respe ctivamente, un régimen de jubilación que permitía acceder a la prestación con veinte años de servicio y la edad exigida legalmente, y que la Ley 91 de 1989 remitió, para los docentes vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, a las normas prestacionales aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

21. Argumentó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 mantuvo el régimen

de 1990, a las normas prestacionales aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

21. Argumentó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 mantuvo el régimen anterior para los docentes vinculados al servicio público educativo oficial antes de su entrada en vigor, mientras que quienes ingresaron con posterioridad quedaron sometidos al Régimen de Prima Media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la edad especial establecida para el magisterio. Con fundamento en esa disposición, sostuvo que acreditaba una vinculación o experiencia docente anterior a junio de 2003 y que, por ello, debía respetársele el régimen pensional precedente, sin que fuera necesario que el vínculo hubiera permanecido ininterrumpidamente vigente para esa fecha.

22. Añadió que los artículos 1.º y 2.º del Decreto 3752 de 2003 imponían la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales, incluso de manera provisional, y regulaban la entidad responsable del reconocimiento de las prestaciones según el momento de su causación. A partir de ello, afirmó que las dificultades relacionadas con la afiliación o con el recaudo de aportes no podían trasladarse al trabajador para n egar el reconocimiento pensional y que las prestaciones causadas después de la afiliación debían ser reconocidas conforme al régimen especial del magisterio.

23. Asimismo, sostuvo que para determinar el régimen pensional aplicable debía atenderse a la existencia de servicios docentes anteriores a la Ley 812 de 2003 y no exclusivamente a la continuidad formal del vínculo. En esa medida, consideró

23. Asimismo, sostuvo que para determinar el régimen pensional aplicable debía atenderse a la existencia de servicios docentes anteriores a la Ley 812 de 2003 y no exclusivamente a la continuidad formal del vínculo. En esa medida, consideró computables los tiempos laborados en distintas épocas y bajo diversas modalidadesRadicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

5 de vinculación, incluidos los servicios docentes prestados mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, siempre que materialmente correspondieran al ejercicio de la función docente. Apoyó esta tesis en jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la valoración del tiempo de servicio y la inexistencia de una exigencia de continuidad para efectos pensionales.

24. Finalmente, invocó jurisprudencia de esta corporación según la cual los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 conservaban el régimen pensional anterior, particularmente el previsto en la Ley 91 de 1989 y, según el caso, en la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Con base en ese entendimiento, afirmó que el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse al no reconocerle la pensión de jubilación solicitada conforme al régimen que consideraba aplicable.

2.1.4. Contestación de la demanda2

25. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones

solicitada conforme al régimen que consideraba aplicable.

2.1.4. Contestación de la demanda2

25. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se opuso a la totalidad de las pretensiones.

Sostuvo que no procedía reconocer al demandante la pensión reclamada ni, por consiguiente, ordenar su inclusión en nómina, el pago de mesadas retroa ctivas, indexación o intereses, pues consideró que no acreditaba los requisitos legales para acceder a la prestación.

26. Como fundamento de su defensa, explicó que el régimen pensional de los docentes dependía de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial. Indicó que quienes se encontraban vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 conservaban el régimen anterior, mientras que los docentes que ingresaron desde el 27 de junio de 2003 quedaban sometidos al Régimen de Prima Media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la particularidad de que la edad pensional era de 57 años para hombres y mujeres. Para sustentar esta posición, acudió, entre otras disposiciones, a las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, al Acto Legislativo 01 de 2005 y a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de esta corporación.

27. Frente a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, señaló que esta modalidad permitía acumular los tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales con los aportes efectuados a entidades de previsión del sector público, siempre que

27. Frente a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, señaló que esta modalidad permitía acumular los tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales con los aportes efectuados a entidades de previsión del sector público, siempre que se acreditaran veinte años de aportes y la edad exigida. No obstante, sostuvo que dicha prestación operaba dentro del régimen de transición y que no resultaba aplicable al demandante. En acápite del «caso concreto», afirmó que aquel se había vinculado como docente en propiedad en «2015» y, por ello, estaba sometido integralmente a las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; además, indicó que el Fomag

2 Por auto del 25 de abril de 2024, se tuvo por no contestada el escrito de contestación presentado por Fomag - Secretaría de Educación del Municipio de Yumbo. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300020200113700, índice 29.Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

6 no tenía la naturaleza de entidad de previsión social a la que aludía la Ley 71 de 1988.

28. También se refirió a la compatibilidad entre la pensión y el salario en el régimen docente. Expuso que determinadas normas permitían a algunos docentes percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la remuneración derivada del ejercicio

1988.

28. También se refirió a la compatibilidad entre la pensión y el salario en el régimen docente. Expuso que determinadas normas permitían a algunos docentes percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la remuneración derivada del ejercicio de la docenci a, así como compatibilizar la pensión gracia con la ordinaria. Sin embargo, aclaró que tales beneficios no se extendían indistintamente a todos los docentes y que su procedencia dependía del régimen aplicable y del cumplimiento de los respectivos requisitos.

29. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido» y «legalidad del acto administrativo expedido». La primera se sustentó en que el actor no tenía derecho a la pensión reclamada debido a la fecha de su vinculació n y a la pérdida de continuidad laboral que alegó la entidad; la segunda, en que el acto cuestionado había sido expedido por autoridad competente, resolvió una solicitud particular, se ajustó a la ley y fue debidamente notificado.

Asimismo, formuló la excepción genérica y solicitó que no se impusieran costas, por considerar que no se acreditó su causación y que la entidad había actuado de buena fe3.

2.2. Sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sentencia del 11 de diciembre de 20244, accedió a las pretensiones de la demanda , y se abstuvo de

condenar en costas:

PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

condenar en costas:

PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución N° 0078 del 1 de febrero de 2021, por medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO.- ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca la pensión de jubilación por aportes al demandante, a partir del 13 DE FEBRERO DE 2016, fecha en que cumplió los requisitos para acceder a dicha prestación. Para su cálculo deberá tomar como

3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300020200113700, índice 16 , actuación «Contestacion de Demanda », documento «14_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACION_DDA_20(.zip) NroActua 17 », carpeta «14_760012333000202001137002CONTESTACIONDE20220618130209», archivo « Contestación Demanda (4)». 4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300020200113700, índice 39 , actuación «Sentencia».Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

7

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

7 ingreso base de liquidación, los factores salariales percibidos y cotizados durante el último año de servicio correspondiente al 13 de febrero de 2015 y 13 de febrero de 2016 fecha de adquisición del estatus pensional, siempre que se encuentren enlistados en la Ley 62 de 1985, con efectos fiscales del 11 de diciembre de 2016, por prescripción trienal.

CUARTO.- La entidad demandada hará la actualización sobre las diferencias adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final índice inicial

QUINTO.- La demandada dará cumplimiento al presente fallo en conforme a lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO.- Sin condena en costas.

31. La referida autoridad judicial analizó el régimen pensional aplicable a la situación del demandante y, en particular, si podía acumular las cotizaciones efectuadas al entonces Instituto de Seguros Sociales —posteriormente Colpensiones— con los tiempos servidos como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El Tribunal acudió al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005 y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, de los cuales

812 de 2003, al parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005 y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, de los cuales extrajo que los docentes vinculados antes del 2 7 de junio de 2003 conservaron el régimen pensional anterior, mientras que quienes ingresaron posteriormente quedaron sometidos al Régimen de Prima Media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

32. El Tribunal tuvo por demostrado, a partir del registro civil, que el demandante nació el 13 de febrero de 1956 y, por tanto, cumplió 60 años el 13 de febrero de 2016.

Asimismo, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral acreditó que laboró como docente oficial del Municipio de Yumbo en provisionalidad entre el 15 de abril y el 2 de junio de 2003 y que posteriormente se vinculó en propiedad desde el «10 de noviembre» de ese mismo año. A su vez, el reporte de Colpensiones registró «1.054,53» semanas de cotización correspondientes a distintos empleadores. Con base en esas pruebas, que no fueron objetadas ni tachadas de falsas, el Tribunal estableció que el actor había acumulado más de 20 años de aportes y aproximadamente 14 años de servicios al Magisterio para cuando adquirió la edad requerida.

33. A partir de esos hechos, el Tribunal aplicó la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994. Consideró que la prestación correspondía al 75 % del ingreso base de

adquirió la edad requerida.

33. A partir de esos hechos, el Tribunal aplicó la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994. Consideró que la prestación correspondía al 75 % del ingreso base de liquidación y que este debía establecerse con los factores salariales devengados yRadicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

8 efectivamente cotizados durante el último año de servicios, siempre que estuvieran comprendidos en la Ley 62 de 1985. Además, determinó que el Fomag debía reconocer y pagar la pensión, pues era la última entidad de previsión a la que se habían efectuado aportes por un período superior a seis años; Colpensiones, por su parte, debía concurrir mediante la cuota parte o el mecanismo pensional correspondiente por los aportes recibidos. Finalmente, estimó que el demandante no estaba obligado a retirarse del servicio docente para percibir la prestación, dado que podía recibir simultáneamente la pensión y la asignación derivada de la docencia oficial.

34. En cuanto a la prescripción, recordó que el derecho al reconocimiento de la pensión era imprescriptible, aunque las mesadas sí estaban sometidas al término trienal previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Como la reclamación administrativa se presentó el 11 de diciembre de 2019 y la demanda el 31 de agosto de 2020, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 11 de diciembre de

administrativa se presentó el 11 de diciembre de 2019 y la demanda el 31 de agosto de 2020, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 11 de diciembre de

2016. Por ello, aunque ordenó reconocer la pensión desde el 13 de febrero de 2016, fecha en que se consolidó el estatus pensional, fijó sus efectos fiscales a partir del 11 de diciembre de 2016.

35. En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de la Resolución 0078 del 1.º de febrero de 2021 y ordenó a la Nación, Ministerio de Educación, Fomag reconocer la pensión de jubilación por aportes desde el 13 de febrero de 2016, con una tasa de reemplazo del 75 % y un ingreso base de liquidación conformado por los factores salariales percibidos y cotizados entre el 13 de febrero de 2015 y el 13 de febrero de 2016 que estuvieran contemplados en la Ley 62 de 1985. También dispuso el pago de las mesadas no prescritas, su actualización conforme al índice de precios al consumidor y los descuentos legales a seguridad social. Negó los intereses moratorios, porque estimó que no procedían simultáneamente con la indexación.

36. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, porque no advirtió mala fe, actuación dilatoria ni carencia manifiesta de fundamento jurídico por parte de la entidad demandada.

2.3. Recurso de apelación

37. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación5 contra la sentencia de primera instancia. Solicitó revocarla y, en su lugar,

37. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación5 contra la sentencia de primera instancia. Solicitó revocarla y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, pues consideró que al señor Fernando Echeverry Castañeda no le era aplicable el régimen pensional reconocido por el

Tribunal.

38. Sostuvo que el régimen pensional de los docentes dependía de la fecha de

5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 76001233300020200113700, índice 43 , actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

9 vinculación al servicio público educativo oficial. Explicó que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y al parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, quienes ingresaron antes de la vigencia de aquella ley conservaron el régimen anterior, mientras que los vinculados con posterioridad quedaron sometidos al Régimen de Prima Media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad pensional, fijada en 57 años.

39. Afirmó que el demandante se vinculó en propiedad al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y que, por esa razón, no

excepción de la edad pensional, fijada en 57 años.

39. Afirmó que el demandante se vinculó en propiedad al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y que, por esa razón, no podía beneficiarse del régimen pensional anterior. En particular, sostuvo que no resultaban aplicables las disposiciones de la Ley 71 de 1988 ni el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no se acreditaban los presupuestos exigidos para conservar dicho beneficio. En consecuencia, consideró que su pensión debía reconocerse conforme a las reglas generales de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

40. Agregó que, bajo ese régimen, el demandante debía acreditar 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización, con una tasa de reemplazo entre el 65 % y el 85 %.

Señaló que no se demostraba el cumplimiento del número mínimo de semanas exigido y, por ello, estimó que la administración no había vulnerado sus derechos al negar el reconocimiento en los términos pretendidos.

41. Por otro lado , cuestionó los factores salariales utilizados para liquidar la prestación. Con fundamento en la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, sostuvo que, incluso para los docentes sometidos a la Ley 33 de 1985, únicamente podían incluirse los factores sobre los cuales se hubieran efectuado aportes, conforme a la Ley 62 de 1985. Añadió que, para quienes se vincularon después de la Ley 812 de 2 003, debían aplicarse los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

para quienes se vincularon después de la Ley 812 de 2 003, debían aplicarse los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

42. Finalmente, invocó los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional. Señaló que reconocer una prestación sin correspondencia con las cotizaciones efectuadas afectaría el equilibrio financiero del Sistema y desconocería la relación que debe existir entre los aportes y el monto de la pensión. Por estas razones, solicitó revocar la sentencia del 11 de diciembre de 2024 y negar las pretensiones de la demanda.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

43. Esta corporación dictó auto el 9 de octubre de 20256 en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes 7, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó

6 Samai, índice 4. 7 Se deja constancia, pese a que se prescindió el termino para la presentación de alegatos de conclusión de segunda instancia, la parte demandada presentó dicho escrito. Ver en Samai, índice 8, expediente digital.Radicación: 76001-23-33-000-2020-01137-01 (0635-2025)

Demandante: Fernando Echeverry Castañeda

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag

10 notificar por estado a estas y al Ministerio Público, este último guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

10 notificar por estado a estas y al Ministerio Público, este último guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El Consejo de Estado, Sala de l

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...