CE - Sentencia 76001233300020200122701 de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

Demandada: UGPP

Temas: Aportes. 2013. Término de caducidad. Gestión administrativa tributaria.

Regla de correspondencia. Costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por las partes contra la sentencia del 18 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió (índice 37):

Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO -2019-00014, del 14 de enero de 2019, únicamente en lo se refiere a la inexactitud y la sanción por inexactitud y solo respecto de los ajustes propuestos por la UGPP para el periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2013 y que se originan en la inclusión de pagos no constitutivos de salario en el IBC, por la interpretación

propuestos por la UGPP para el periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2013 y que se originan en la inclusión de pagos no constitutivos de salario en el IBC, por la interpretación errónea del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP eliminar los ajustes por inexactitud consignados en la Liquidación Oficial RDO -2019-00014, del 14 de enero de 2019, para los periodos de enero a diciembre de 2013 respecto de los siguient es pagos no constitutivos de salario: auxilios no constitutivos de salario (anteojos, de defunción, fondo mutuo); auxilios educativos trabajadores (educación primaria, educación secundaria, educación superior, beca universitaria trabajador, beca secundaria hijo); bonificaciones trabajadores (pago único, pensionados, escoltas, retiro); prima extralegal (otros pagos no detallados); auxilio de transporte especial, legal y/o extralegal; bonificación plan de retiro; y otros pagos no detallados en nómina, para ca da uno de los trabajadores de la sociedad por no integrar el IBC, conforme las consideraciones expuestas. Como consecuencia de las anteriores órdenes, la UGPP debe reliquidar la sanción por inexactitud impuesta en el acto demandado.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Condenar en costas a la parte vencida (parte demandada), conforme lo previsto en esta providencia. Fijar agencias en derecho en la suma del 3% de lo accedido en esta providencia, al haberse

Cuarto: Condenar en costas a la parte vencida (parte demandada), conforme lo previsto en esta providencia. Fijar agencias en derecho en la suma del 3% de lo accedido en esta providencia, al haberse aceptado parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Entre el 05 de febrero del 2013 y el 03 de enero del 2014, la actora autoliquidó los aportes al Sistema de la Protección Social (SPS), correspondientes a los periodos que van de

1 El expediente entró al despacho sustanciador el 29 de noviembre de 2024 (índice 3. Esta y las demás menciones de « índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).Radicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 enero a diciembre de 2013. Esas declaraciones fueron revisadas por la demandada, en el marco de un procedimiento administrativo en el cual profirió el Requerimiento para Declarar o Corregir RCD-2018-00533 del 10 de mayo de 2018, notificado el 18 de mayo siguiente y la Liquidación Oficial RDO -2019-00014, del 14 de enero de 2019 , por las conductas de mora e inexactitud. La decisión fue modificada por la Resolución RDC2019-02961, del 27 de diciembre de 2019, en el sentido de disminuir el monto de los

conductas de mora e inexactitud. La decisión fue modificada por la Resolución RDC2019-02961, del 27 de diciembre de 2019, en el sentido de disminuir el monto de los aportes liquidados y de la sanción por inexactitud impuesta (índice 21).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensio nes (índice 10):

Primera. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDC -2019-02961, del 27 de diciembre de 2019 y RDO-2019-00014, del 14 de enero de 2019.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar dejar sin efectos jurídicos las resoluciones anteriormente mencionadas.

Tercera. De manera subsidiaria declarar en firme las autoliquidaciones de los aportes relativas a los periodos que van de enero a diciembre de 2013.

Cuarta. Como consecuencia de la anterior pretensión, declarar la caducidad de la acción de fiscalización de la UGPP en contra de la actora por las vigencias comprendidas de enero a diciembre de 2013.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 2.°, 6.°, 29 y 121 de la Constitución; 128 del CST (Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950); 714 del ET (Estatuto Tributario); 30 de la Ley 1393 de 2010; 137 del CPACA; y 70 y 71

Constitución; 128 del CST (Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950); 714 del ET (Estatuto Tributario); 30 de la Ley 1393 de 2010; 137 del CPACA; y 70 y 71 del Decreto 806 de 1998, bajo el siguiente concepto de violación (índice 10):

Aseguró que la demandada perdió competencia para revisar las declaraciones d e los periodos de la litis, por cuanto el acto previo fue notificado el 18 de mayo de 2018, una vez transcurrido el término de tres años previsto en el artículo 714 del ET (modificado por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016) el cual, a su juicio, resultaba aplicable al caso por tratarse de una norma posterior más favorable. Añadió que, incluso si se considerara aplicable el término de cinco años consagrado en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, también habría operado la caducidad, en tanto que a la fecha de la notificación habían transcurrido cinco años desde la presentación de las declaraciones.

Planteó que la demandada infringió la regla de correspondencia prevista en el artículo 711 del ET, al proferir los actos demandados sin considerar los datos registrados en las autoliquidaciones presentadas ni su realidad. Como fundamento de dicha infracción, argumentó que el IBC (ingreso base de cotización) fue modificado sin una justificación válida y sin tener en cuenta los pagos efectuados ni las novedades reportadas para cada periodo.

Sobre la primera de esas cuestiones, invocando el criterio de decisión expuesto por esta Sección en la sentencia del 08 de julio de 2010 (exp. 17329, CP: Martha Teresa Briceño

periodo.

Sobre la primera de esas cuestiones, invocando el criterio de decisión expuesto por esta Sección en la sentencia del 08 de julio de 2010 (exp. 17329, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia ), alegó que la demandada carecía de competencia para clasificar como salario los pagos respecto de los cuales pactó su desalarización con los empleados, por tratarse de una potestad de los jueces ordinarios . Agregó que, en cualquier caso, los actos demandados fueron falsamente motivados e infringieron el debido proceso y suRadicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 derecho de defensa al clasificar como salario a los «auxilios por incapacidad » y a los pagos por «prórroga de incapacidad», «enfermedad general no reconocida por la EPS » y «auxilios de días iniciales», basándose en que supuestamente fueron informados como salario en la nómina entregada, lo cual –según aseguró– no correspondía con la realidad, pues demostró haber pactado su desalarización con los empleados. Además, señaló que, con esa actuación , también se desconoció la doctrina oficial de la entidad demandada, contenida en el Acuerdo 1035 de 2015, sobre la identificación de pagos sin connotación salarial. Añadió que, en todo caso, la demandada omitió exponer el razonamiento jurídico que la condujo a considerar dichos pagos como salariales, de modo que, al tratarse de

salarial. Añadió que, en todo caso, la demandada omitió exponer el razonamiento jurídico que la condujo a considerar dichos pagos como salariales, de modo que, al tratarse de rubros desalarizados, solo podían integrar el IBC en la parte que excediera el límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

A su vez, censuró que la demandada incluyera herramientas de trabajo –como auxilios de transporte, becas de estudio, gastos de viaje, gastos de representación, entre otros – en el cálculo del límite de los pagos desalarizados, a pesar de que dichos conceptos no remuneraban el servicio prestado por los empleados, sino que se reconocían para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, defendió que estos no estaban gravados con los aportes al SPS.

En cuanto a la violación de la regla de correspondencia por desconocer las novedades, se refirió en forma expresa a las vacaciones, incapacidades, licencias no remuneradas, permisos y suspensiones del contrato de trabajo, para señalar que la base gravable determinada en los actos para esos periodos contravenía los artículos 70 y 71 del Decreto 806 de 1998 y desconocía los días efectivamente laborados.

Finalmente, argumentó que la demandada omitió valorar las pruebas que allegó en el curso del procedimiento de revisión, las cuales, a su juicio, desvirtuaban las glosas formuladas a sus autoliquidaciones.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 21). Aseguró que el plazo de caducidad de la potestad de revisión aplicable a las autoliquidaciones de aportes que

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 21). Aseguró que el plazo de caducidad de la potestad de revisión aplicable a las autoliquidaciones de aportes que presentó para los periodos de 2013 era el de cinco años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 , por tratarse de una norma especial que se encontraba vigente al momento en que comenz ó su cómputo. Por ende, sostuvo que inició oportunamente el procedimiento de revisión con la notificación del requerimiento de información el 06 de mayo de 2014. Precisó que el artículo 714 del ET no era aplicable por tratarse de una norma sustancial que excedía el alcance de la remisión al procedimiento hecha en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 , y por no ser compatible con la naturaleza de los aportes al SPS, ni con el procedimiento establecido para su liquidación. Sostuvo que ello obedecía a que dichos aportes estaban asociados con el reconocimiento de prestaciones vitalicias no sujetas a prescripción.

Negó la infracción a la regla de correspondencia, por cuanto, desde el inicio de la actuación administrativa, formuló las mismas glosas a las autoliquidaciones revisadas y sancionó las mismas conductas infractoras, respecto de los mismos subsistemas y periodos. Además, rebatió que los planteamientos de la demandante sobre la modificación del IBC de los aportes sin considerar las declaraciones, la inobservancia de los pagos efectuados y el desconocimiento de las novedades reportadas configuraran una vulnerac ión a dicha regla . Censuró que, por esa vía, la actora hubiera omitido

los pagos efectuados y el desconocimiento de las novedades reportadas configuraran una vulnerac ión a dicha regla . Censuró que, por esa vía, la actora hubiera omitido identificar los casos concretos en los que se presentaron esas supuestas infracciones, impidiendo así el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.Radicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

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Planteó que, como titular de la potestad de gestión de los aportes al SPS, podía interpretar las normas laborales y las cláusulas contractuales para establecer los pagos que, por tener la connotación de salario, se incluyen en el IBC de esas contribuciones. Con todo, negó haber modificado la connotación de los pagos reconocida por la demandante, quien admitió que los «auxilios por incapacidad» y los pagos por «prórroga de incapacidad», «enfermedad general no reconocida por la EPS » y « auxilios de días iniciales» eran pagos salariales de los empleados y, por tanto, debían integrar la base gravable de los aportes; salvo en aquellos casos en los que acreditó el pacto de desalarización, eventos en los que únicamente adicionó al IBC la parte que excedía el límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Por otra parte, señaló que todos los pagos efectuados en el marco de la relación laboral, aun cuando no remuneraran directamente el servicio prestado, debían someterse al límite establecido para los pagos

los pagos efectuados en el marco de la relación laboral, aun cuando no remuneraran directamente el servicio prestado, debían someterse al límite establecido para los pagos de esa naturaleza. En consecuencia, defendió que lo s auxilios de transporte, becas de estudio, gastos de vi aje, gastos de representación y demás conceptos similares debían integrarse al IBC en la parte que excediera dicho tope.

Sobre las novedades, afirmó que fue la actora quien contravino la base especial de los artículos 70 y 71 del Decreto 806 de 1998, aplicable a los periodos de licencias, permisos remunerados, incapacidades, vacaciones y suspensiones del contrato de trabajo. Por otra parte, indicó que la actora no identificó las pruebas que supuestamente no fueron valoradas durante el procedimiento de revisión y aseguró que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración evidenciaba lo contrario, en tanto modificó la liquidación como resultado de la valoración probatoria efectuada. Finalmente, pidió que se impusiera condena en costas a la actora.

Sentencia apelada

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada (índice 37). Negó que hubiera operado la caducidad de la potestad de gestión de los aportes del sub lite , pues el requerimiento para declarar o corregir se notificó el 18 de mayo de 2018, es decir, dentro del término de cinco años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, disposición que consideró aplicable por tratarse de la norma especial vigente en la época de los hechos.

parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, disposición que consideró aplicable por tratarse de la norma especial vigente en la época de los hechos.

También descartó la vulneración a la regla de correspondencia alegada por la actora, al considerar que las glosas formuladas a las declaraciones se mantuvieron consistentes desde el acto preparatorio hasta el cierre de la actuación administrativa. Juzgó, además, que no se configuró una contravención al debido proceso ni al derecho de defensa de la demandante, quien tuvo la oportunidad de controver tir los planteamientos expuestos en los actos administrativos y de aportar las pruebas que estimaba idóneas para rebatirlos.

Por el contrario, en aplicación de las reglas de unificación fijadas por esta Sección en la sentencia del 09 de diciembre de 2021 (exp. 25185, CP: Milton Chaves García) consideró que la demandada infringió el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 al incluir en el IBC de los aportes al SPS pagos que no tenían por objeto remunerar el trabajo, sino que correspondían a herramientas para facilitar la prestación del servicio por parte de los empleados. Por consiguiente, le ordenó reliquidar la base grava ble excluyen do todos aquellos pagos respecto de los cuales reconoció que carecían de connotación salarial; en particular, los identificados en los actos demandados como auxilios para anteojos, de defunción, fondo mutuo, educativos, bonificaciones, prima extralegal, de transporte, plan de retiro y otros pagos no detallados en nómina. Pero prescindió de pronunciarse sobre

defunción, fondo mutuo, educativos, bonificaciones, prima extralegal, de transporte, plan de retiro y otros pagos no detallados en nómina. Pero prescindió de pronunciarse sobre la connotación de los pagos por «auxilios por incapacidad» y los pagos por «prórroga deRadicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 incapacidad», « enfermedad general no reconocida por la EPS » y « auxilios de días iniciales» así como sobre su inclusión en la base gravable de los aportes al SPS.

En cuanto a los ajustes a los aportes de los periodos en que se presentaron novedades, concluyó que estos respetaron las reglas previstas en los artículos 70 y 71 del Decreto 806 de 1998. Además, advirtió que la actora no identificó los casos específicos e n los que, según su alegato, se habrían infringido esas normas. Finalmente, confirmó los ajustes por mora, en la medida en que no fueron controvertidos por la demandante.

Recurso de apelación

Ambas partes apelaron la decisión del tribunal.

La actora (índice 42), si bien reconoció que la norma aplicable para determinar el término de caducidad de la potestad de gestión de los aportes al SPS era el parágrafo 2.º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, sostuvo que la actuación administrativa demandada fue extemporánea respecto de las autoliquidaciones correspondientes a los períodos

artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, sostuvo que la actuación administrativa demandada fue extemporánea respecto de las autoliquidaciones correspondientes a los períodos comprendidos entre enero y mayo de 2013, por cuanto el requerimiento para declarar o corregir fue notificado el 18 de mayo de 2018, cuando ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de presentación de cada una de esas declaraciones.

Insistió en la transgresión a la regla de correspondencia, toda vez que los actos acusados no se ajustaban a las autoliquidaciones que practicó para los periodos de la litis. En particular, cuestionó que se hubiera modificado el IBC sin tener en cuenta el valor reportado en las declaraciones y en la nómina; que se hubieran desconocido las novedades reportadas respecto de los trabajadores y la base gravable especial dispuesta en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 para los periodos de vacaciones; y que no se hubieran considerado en su totalidad los pagos realizados.

Agregó que la liquidación oficial carecía de motivación, por cuanto no explicó de manera suficiente cómo se determinó la presunta inexactitud en las autoliquidaciones revisadas. En particular, señaló que el acto se limitó a reproducir la respuesta al acto previo y a transcribir disposiciones normativas, sin desarrollar su aplicación concreta al caso examinado; es decir, sin exponer el cálculo de los aportes realizado, los pagos que fueron clasificados como salariales o extra-salariales, ni los datos utilizados para tal efecto.

En cuanto a la determinación oficial del IBC, reiteró que su contraparte no tenía potestad para establecer los pagos que tenían connotación salarial. Además, indicó que la

clasificados como salariales o extra-salariales, ni los datos utilizados para tal efecto.

En cuanto a la determinación oficial del IBC, reiteró que su contraparte no tenía potestad para establecer los pagos que tenían connotación salarial. Además, indicó que la demandada interpretó en forma errónea el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y pasó por alto que la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia del 17 de septiembre de 2020 (exp. 3235 -2016, CP: Gabriel Valbuena Hernández) declaró la nulidad parcial del Acuerdo 1035 de 201 5, al concluir que carecía de competencia para reglamentar el cálculo del límite establecido en esa disposición.

Por su parte, la demandada (índice 40) solicitó revocar la condena en costas impuesta, argumentando que como solo se declaró la nulidad parcial de los actos acusados, no podía considerarse como parte vencida en el proceso. Además, sostuvo que no se encontraba acreditado que hubiera actuado con temeridad o mala fe, ni que se hubieran causado las costas impuestas.

Pronunciamientos sobre el recurso

Las partes y el ministerio público guardaron silencio.Radicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA2

Problema jurídico

1Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos demandados, atendiendo a los

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CONSIDERACIONES DE LA SALA2

Problema jurídico

1Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos demandados, atendiendo a los cargos de apelación planteados por las partes contra la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada. Por tanto, deberá establecer si la demandada perdió competencia temporal para modificar las declaraciones de aportes presentadas por la actora para los periodos de enero a mayo de 2013 como consecuencia de la notificación extemporánea del requerimiento para declarar o corregir. En seguida, se definirá si los actos demandados contravinieron la regla de correspondencia prevista en el artículo 711 del ET, y si la demandada actuó sin competencia al clasificar como salario pagos que la demandante reportó como desalarizados. Por último, se decidirá sobre la condena en costas impuesta.

Es de precisar, que en el trámite de esta instancia la Sala tiene vedado analizar el cargo de apelación de la demandante encaminado a afirmar que la liquidación oficial carece de motivación, porque esa corresponde a una alegación novedosa que no fue planteada en la demanda. Por ello, no puede ser abordada por el tribunal de cierre, no solamente porque afectaría los derechos de contradicción y defensa de la contraparte, sino porque se violaría la prescripción del artículo 281 del CGP (Código Gen eral del Proc eso, Ley 1564 de 2012) en el sentido de que la sentencia tiene que ser consonante con lo aducido en la demanda o su reforma. También en virtud del principio de congruencia externa de

1564 de 2012) en el sentido de que la sentencia tiene que ser consonante con lo aducido en la demanda o su reforma. También en virtud del principio de congruencia externa de las providencias (artículo 328 del CGP), conforme al cual la Sección ha establecido que el recurso de apelación debe guardar unidad temática con lo discutido en sede de primera instancia, de suerte que los cargos formulados en la apelación que resulten novedosos frente a lo demandado no pueden ser objeto de pronunciamiento por esta corporación3.

Tampoco se pronuncia la Sala sobre el argumento de la actora según el cual la demandada interpretó erróneamente el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y desconoció la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la anulación parcial del Acuerdo 1035 de 2015 en lo relativo al cálculo del límite fijado en esa disposición, toda vez que en la sentencia de primera instancia, el tribunal le dio la razón a la demandante, en cuanto a que la Administración contravino esa disposición y, consecuentemente, le ordenó excluir del cálculo de los aportes los pagos que carecían de connotación salarial. Por tanto, a la actora no le asistiría interés para apelar esa concreta decisión del tribunal (artículo 320 del CGP).

Análisis del caso concreto

2El a quo juzgó que la notificación del requerimiento para declarar o corregir realizada el 18 de mayo de 2018 fue oportuna, por cuanto tuvo lugar dentro del plazo de cinco de años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Aunque en esta instancia la actora reconoce que ese era el plazo con el que contaba la demandada para

años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Aunque en esta instancia la actora reconoce que ese era el plazo con el que contaba la demandada para modificar las liquidaciones privadas de los aportes, sostiene que la notificación del acto previo fue extemporánea respecto de los períodos comprendidos entre enero y mayo de 2013, por cuanto el 18 de mayo de 2018 ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de presentación de cada una de estas.

2 En el presente asunto se había sorteado un conjuez por falta de cuórum para la aprobación de la providencia, pero habida cuenta de que el 14 de agosto de 2025 se posesionó como consejera de Estado de la Sección Cuarta la doctora Claudia Rodríguez Velásquez, el conjuez queda desplazado por la nueva integración de la Sala, según dispone el artículo 116 del CPACA. 3 Entre otras, en las sentencias del 26 de julio de 2012, exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2014, exp. 19031, CP: Jorge Octavio Ramírez y 19 de febrero de 2020, exp. 22748, CP: Julio Roberto PizaRadicado: 76001-23-33-000-2020-01227-01 (29611)

Demandante: Ingenio Providencia S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En esos términos, el pronunciamiento de esta Sala se ceñirá a definir si la demandada perdió la competencia temporal para modificar las declaraciones de los aportes que presentó la demandante para los periodos que van de enero a mayo de 2013,

7 En esos términos, el pronunciamiento de esta Sala se ceñirá a definir si la demandada perdió la competencia temporal para modificar las declaraciones de los aportes que presentó la demandante para los periodos que van de enero a mayo de 2013, considerando que, para el 18 de mayo de 2018, fecha en la que notificó el requerimiento para declarar o corregir, ya había transcurrido el plazo límite de cinco años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien en la contestación de la demanda, la UGPP sostuvo que ese término se interrumpió con la notificación del requerimiento de información realizada el 06 de mayo de 2014, tal argumento fue descartado por el a quo, al considerar que el requerimiento para declarar o corregir también debía notificarse dentro de ese plazo, so pena de que las declaraciones tributarias se tornaran inmodificables. Esta decisión no fue objeto de reparo por la demandada y, en todo caso, es concordante con el criterio de decisión expuesto por esta Sección en la sentencia del 19 de julio de 2023 (exp. 26571, CP: Wilson Ramos Girón), en la que estableció que «el acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad de la potestad de gestión de la UGPP, es el acto preparatorio previsto por la Ley, esto es, el requerimiento para declarar o corregir, que no el requerimiento de información, pues … este último no integra una etapa obligatoria del procedimiento de gestión, ni es un acto de proposición de glosas».

Con la anterior precisión, la Sala destaca que el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley

obligatoria del procedimiento de gestión, ni es un acto de proposición de glosas».

Con la anterior precisión, la Sala destaca que el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 establece que el procedimiento de gestión administrativa de los aportes al SPS debe iniciarse dentro de un plazo de cinco años contado «a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable».

Para los periodos del año 2013, el Decreto 1670 de 2007 fij aba los plazos para la autoliquidación y pago de los aportes al SPS. En concreto, atendiendo a los dos últimos dígitos de l NIT (número de identificación tributaria) de la actora ( i.e. 38), esta debía presentar las declaraciones de aportes el cuarto día hábil de cada mes (artículo 1.°). Así, para los periodos de enero a mayo de 2013, la demandante debió presentar las autoliquidaciones a más tardar el 06 de febrero, 06 de marzo, 04 de abril, 07 de mayo y 07 de junio de 2013, respectivamente. En línea con ello, se constata que la demandante presentó dichas autoliquidaciones dentro de los plazos referidos, los días 06 de febrero, 05 de marzo, 04 de abril, 03 de mayo y 06 de junio de 2013, respectivamente (índice 21).

A partir de lo anterior, se concluye que el término de cinco años para ejercer la potestad de revisión de esas declaraciones se cumplía los días 06 de febrero, 06 de marzo, 04 de

A partir de lo anterior, se concluye que el término de cinco años para ejercer la potestad de revisión de esas declaraciones se cumplía los días 06 de febrero, 06 de marzo, 04 de abril, 07 de mayo y 07 de junio de 2018. Por tanto, la notificación del requerimiento para declarar o corregir realizada el 18 de mayo de 2018 fue extemporánea respecto de las declaraciones correspondientes a los periodos de enero a abril de 2013, considerando que para esa fecha ya había vencido el plazo d e cinco años previsto en el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 . En cambio, respecto de la autoliquidación de l mes de mayo de 2013, dicha notificación fue oportuna, al haberse efectuado antes del 07 de junio de 2018. En consecuencia, prospera parcialmente el cargo de apelación.

3Adicionalmente, la demandante sostiene que las glosas practicadas mediante los actos acusados contravienen la correspondencia ordenada en el artículo 711 del ET, porque no guardan congruencia con las l