CE - Sentencia 76001233300020210010801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Trece (13) de noviembre Dos mil Veinticinco (2025)

Radicado: 76001233300020210010801 (0560-2025)1

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional,

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Reconocimiento de pensión Ley 71 de 1988

Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca 2, Sala Quinta de decisión que negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1. Pretensiones.

La señora Arcenia Hernández Arroyo , por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, para solicitar que se declare la nulidad de l Oficio No.0421H -18-01-108-2021 del doce (12) de enero de dos mil veinte uno (2021) , por medio de l cual, la

solicitar que se declare la nulidad de l Oficio No.0421H -18-01-108-2021 del doce (12) de enero de dos mil veinte uno (2021) , por medio de l cual, la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura negó el reconocimiento de la pensión jubilación.

1 Expediente híbrido, las actuaciones digitales pueden ser consultadas en el aplicativo Samai Consejo de Estado, en el siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202100108011100103 2 Sala integrada por los magistrados: Guillermo Poveda Perdomo (ponente), Paula Andrea Gartner Henao y Katia Alexandra Domínguez Garces 3 Expediente digital, otras corporaciones2

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

2

A título de restablecimiento del derecho, la accionante pidió que se condene al demandado a: i) reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de Arcenia Hernández Arroyo desde el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); ii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437, iii) pagar las mesadas atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho; iv) el pago de los intereses moratorios; v) el pago de los ajustes de valor a los que haya lugar; y vi) el pago de las costas, expensas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

pago de los intereses moratorios; v) el pago de los ajustes de valor a los que haya lugar; y vi) el pago de las costas, expensas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante relató que nació el cuatro (4) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) y, para la fecha de presentación de la demanda (Veinte 20 de enero de Dos mil Veintiuno 2021), contaba con más de 55 años de edad.

La accionante sostuvo que realizó aportes a Colpensiones, equivalentes a 291.86 semanas. Además, prestó sus servicios como maestra, a través de órdenes de prestación de servicio, los meses de marzo, junio y julio de 2003, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Posteriormente, fue vinculada, como docente en propiedad, a través de la Resolución No. 15 del primero (1°) de septiembre de dos mil tres (2003) , expedida por la Coordinación de Educación Contratada, Vicariato Apostólico de Buenaventura, hasta la fecha de presentación de la demanda, inclusive.

La demandante sostuvo que, tiene el derecho al reconocimiento de la pensión con 55 años de edad y 20 años de tiempo de servicios ; con los periodos acreditados se puede concluir que adquirió el estatus pensional el Cuatro (4) de diciembre de Dos mil Dieciocho (2018).

La parte accionante informó que el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020) solicitó el reconocimiento y pago de la pensión ; sin embargo, la parte demandada negó la petición, a través del oficio demandado.

La parte accionante informó que el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020) solicitó el reconocimiento y pago de la pensión ; sin embargo, la parte demandada negó la petición, a través del oficio demandado.

1.2. Concepto de violación.

La señora Arcenia Hernández invocó como normas violadas el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo 6 ° de la Ley3

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

3

60 de 1993, el artículo 115 de 1995, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y los artículos 1 ° y 2° del Decreto 3752 de 2003.

La demandante expuso que, de acuerdo con las normas que rigen la pensión de jubilación docente, en concreto, las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, los maestros vinculados después de 1990, antes de la entrada en vigor de esta última, tienen derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación , con fundamento en la Ley 33 de 1985, en este caso, la señora Arcenia Hernández Arroyo se encontraba vinculada con anterioridad al veintitrés (23) de junio de dos mil tres (2003)4.

En este sentido, el acto administrativo demandado, vulneró las disposiciones legales en que debería fundarse y, por lo tanto , es procedente declarar la nulidad y, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda, por tratarse

En este sentido, el acto administrativo demandado, vulneró las disposiciones legales en que debería fundarse y, por lo tanto , es procedente declarar la nulidad y, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda, por tratarse de una grave injusticia interpretada por la entidad demandada, teniendo en cuenta que , la intención del legislador fue proteger los derechos de las personas que han laborado como docentes antes del 2003.

2. Contestación de la demanda5.

La NaciónMinisterio de Educación Nación, contestó la demanda y, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; fundado en apartes de la Ley 91 de 1989, la Ley 115 de 1994, así como del Decreto 3135 de 1968, la Ley 33 de 1985; y de la Ley 812 de 2003, que definen el régimen de pensión aplicable a los docentes en cada caso.

De acuerdo a si la vinculación al servicio oficial ocurrió antes o después de la entrada en vigencia de esta norma y que, en el caso, de la señora Arcenia Hernández Arroyo la vinculación fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por consiguiente, se encuentra amparada por el régimen pensional de prima media consagrado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación o

4 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 5 Índice 14 Sami Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

4

5 Índice 14 Sami Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

4

cobro de lo no debido y la genérica.

3. La sentencia de Primera Instancia6.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sala Quinta de Decisión , con sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas para la parte demandante.

En la sentencia , el Tribunal afirmó que , la demandante pretende que se le tengan en cuenta las vinculaciones por orden de prestación de servicios que, suscritas en el mes de marzo, junio y julio de 2003 , con la Diócesis de Buenaventura, en el marco del programa Educación Nacional Contratada, por un (1) mes cada una, para prestar sus servicios como docente de tiempo completo en la Escuela Vista Hermosa de dicho Distrito.

Sin embargo, no dem ostró que las actividades contratadas encierran una verdadera relación laboral y que el docente fue incluido al servicio público educativo oficial, por consiguiente, este periodo no puede ser tenido en cuenta para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Además, «sí llama la atención de la Sala el hecho de que el vínculo contractual de la señora Hernández Arroyo como docente haya sido con la Diócesis de Buenaventura para un periodo de tiempo muy limitado y en el marco de un programa de Educación Nacional Contrata y n o claramente con una entidad territorial o con la Nación para la prestación del servicio educativo oficia».

de tiempo muy limitado y en el marco de un programa de Educación Nacional Contrata y n o claramente con una entidad territorial o con la Nación para la prestación del servicio educativo oficia».

«En consecuencia, la parte actora no acreditó su vinculación como docente al servicio educativo oficial antes del 26 de junio de 2003, es decir, qu e no puede acceder a la pensión en los términos previstos por las Leyes 33 y 62 de 1985 o 71 de 1988, sin pasar por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, porque no era docente a su fecha entrada en vigor y, en esa medida, no se encontraba exceptuada de su aplicación».

El A quo , además, verificó si la demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para concluir que, para la fecha de entrada en vigencia de esta normativa, la demandante contaba con 30 años de edad, además, acreditó cotizaciones a partir del primero (1°) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995),

6 Índice 29 ibidem5

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

5

para concluir que, no cumplió ninguno de los requisitos para ser benefici aria del régimen de transición de esta norma.

En consecuencia, comoquiera que, la demandante no fue vinculada como docente oficial antes del Veintiséis (26) de junio de Dos mil Tres ( 2003) y no tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos p ara ser

En consecuencia, comoquiera que, la demandante no fue vinculada como docente oficial antes del Veintiséis (26) de junio de Dos mil Tres ( 2003) y no tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos p ara ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a tener aportes al sector público y privado, no es posible acceder al reconocimiento pensional ya sea en los términos de la Ley 33 de 1985 o conforme la L ey 71 de 1988. Por consiguiente, no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.

4. El recurso de apelación7

La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado. En concreto, sostuvo lo siguiente:

El Tribunal descartó la vinculación oficial que tuvo la señora Arcenia Hernández Arroyo a través de órdenes de prestación de servicios, por el término de tres (3) meses y veintinueve (29) días, así como los respectivos aportes que realizó al antiguo Instituto de los Seguros Sociales, semanas que fueron trasladadas a Colpensiones, esto antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

La demandante laboró en total 23 años, un mes y dieciséis (16) días, de la siguiente manera:

El tiempo laborado para el Fomag, mediante nombramiento en provisionalidad y en propiedad corrió desde el Primero (1°) de septiembre de Dos mil Tres (2003) hasta el Veintitrés de julio de Dos mil Veinte (2020), para un total de diecisiete (17) años, seis (6) meses y trece (13) días.

(2003) hasta el Veintitrés de julio de Dos mil Veinte (2020), para un total de diecisiete (17) años, seis (6) meses y trece (13) días.

Los aportes realizados al ISS, hoy Colpensiones , se produjeron desde el Primero (1°) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos mil Dos (2002) y desde el primero (1º)

7 Índice 32 Sami Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

6

de agosto de Dos mil Tres (2003) hasta el Treinta y uno (31) de agosto de Dos mil tres (2003), en total Cinco (5) años, dos (2) meses y (4) cuatro días.

Por consiguiente, l a demandante tiene el derecho a que la pensión le sea reconocida de acuerdo con lo previsto en la Ley 71 de 1988, que consagró una pensión de jubilación por aportes, en el sentido de computar tiempo de cotización tanto en el sector público, como en el privado, además, del prestado para la docencia oficial.

La señora Arcenia Hernández Arroyo , por ser mujer, tiene el de recho al reconocimiento pensional que se pide al cumplir 55 años de edad y completar 1000 semanas de cotización, requisitos que acreditó la accionante ante la entidad de previsión social, por ello, lo procedente es el reconocimiento pensional.

5. Trámite de la apelación.

1000 semanas de cotización, requisitos que acreditó la accionante ante la entidad de previsión social, por ello, lo procedente es el reconocimiento pensional.

5. Trámite de la apelación.

Mediante auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025) 8, fue admitido el recurso de apelación, conforme con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no corrió traslado para alegar de conclusión.

En el término de ejecutoria del auto admisorio, la parte demandante9 presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos del recurso de apelación.

A través de auto del Cinco (5) de septiembre de Dos mil Veinticinco (2025) 10, el despacho disp uso la práctica de una prueba de oficio, consistente en requerir a la Secretaría de Educación de Buenaventura, para que remitiera , con destino a este proceso certificación en la que se precise el tiempo laborado por la señora Arcenia Hernández Arroyo, como docente de dicho ente territorial.

Asimismo, debería remitir copia de los actos administrativos de su vinculación, en especial, del periodo servido como docente por órdenes de prestación de

8 Índice 4, aplicativo Samai Consejo de Estado 9 Índice 9 ídem 10 Índice 12, aplicativo Samai Consejo de Estado7

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

7

servicios en la modalidad de Educación Nacional Contratada.

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

7

servicios en la modalidad de Educación Nacional Contratada.

La secretaría de Etnoeducación del Distrito Especial de Buenaventura, por Oficio 0422H-07-18-16, del Seis (6) de octubre de Dos mil Veinticinco (2025)11, anexó certificación sobre el tiempo laborado por la demandante para esa secretaría.

II. CONSIDERACIONES

2.2. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso -CGP12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.3 Problemas jurídicos

La Sala deberá establecer ¿si el tiempo de servicios que prestó la demandante por vinculación a través de órdenes de prestación de servicios es válido para el reconocimiento de la pensión de la pensión de jubilación?

¿La señora Arcenia Hernández Arroyo acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.4. marco normativo y jurisprudencial y 2.5. Caso concreto

11 Índice 23 12 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

11 Índice 23 12 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»8

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

8

2.4. Marco Normativo y jurisprudencial

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuesta por ello, como una garantía irrenunciable de todas las personas13.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración

las personas13.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual establece que: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coopera ción internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad».

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales14, asimismo el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona 15, d e manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales16.

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o mental para obtener los me dios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.

13 Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999. 14 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. 15 Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia

15 Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia 16 “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes9

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

9

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir riesgos que son propios a la condi ción humana que no pueden desconocerse y requiere un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”17 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un «salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo ». Por lo tanto, «el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador»18.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de

de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador»18.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».

Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio c oncebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro po r vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los

17 Sentencia T 163 de 2013. 18 Sentencia C.177 de 1998.10

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

10

18 Sentencia C.177 de 1998.10

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

10

empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el cual

«para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981 , nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990 , cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año . Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional»(Subrayado fuera de texto).

Sin embargo, la norma en comento no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, que corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985 19, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión

El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% d el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como d icho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 200320, puesto que a través del artículo 81 21 introdujo importantes cambios en el régimen de los

19 De acuerdo con la precisión realizada por el Consejo de Estado: Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A. Radicado 68001233100020110027601 MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 20 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario" 21 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003.11

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo

Nacional 3752 de 2003.11

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

11

docentes oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo oficial sería

«[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser a filiados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

La Sección Segunda del Consejo de Estado, e n el marco de l anunciado cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019 22, en la cual estableció el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada

sentencia:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para

necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada

sentencia:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes qu e se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres ».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 23 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde:

«al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el

deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el

22 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés. 23 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.12

Nº Interno: 0560-2025

Demandante: Arcenia Hernández Arroyo Demandada: FOMAG y otros

12

mencionado artículo»24.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los d ocentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 25. Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 9 1 de 1989. Los factores que se

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 9 1 de 1989. Los factores que se deben inc